Reiteramos los puntos principales que nos preocupan de la ley de trata que se intenta aprobar.
El tipo penal pone el énfasis en los medios utilizados para conseguir el sometimiento de las víctimas. La amenaza, la violencia, etc. deben ser causales de agravamiento, pero el hecho de que no puedan probarse dichas circunstancias no quiere decir que no se configura el delito de trata, si resulta claro que hay una situación de esclavitud o servidumbre. (privación de la libertad; obligación de hacer o no hacer; venta, alquiler y leasing de personas; torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes; retención de documentación, etc.)
Es necesario CREAR POR LEY UN PROGRAMA NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA TRATA DE PERSONAS, a diferencia del proyecto que ha obtenido media sanción que no incluye un Programa. Los Decretos pueden ser derogados y, a juzgar por la experiencia con el Decreto 1281 que se sancionó en Noviembre del 2007, pueden no ser implementados.
Otros puntos que nos preocupan:
* La búsqueda de las personas desaparecidas;
* Una política de identificación activa de las víctimas;
* La importancia de que se reconozca la situación de las victimas sin que sea necesario que las mismas declaren en un proceso judicial. Esto es importante por que los programas de protección que existen son para TESTIGOS. Si la víctima decide no declarar (esto pasa en la mayoría de los casos), entonces nos preguntamos: La protección que se acuerde dependerá de la buena voluntad de un funcionario público ¿qué organismo decidirá la protección por vía administrativa?
Otros cuatro puntos que nos parecen críticos y en los que no coincidimos con las propuestas en discusión son:
1) Las penas son bajas teniendo en cuenta la gravedad del delito (de lesa humanidad). El proyecto de Vilma Ibarra propone una mínima de 3 a 6 años (excarcelable) y el de la Diputada Córdoba 4 a 15 años. A nosotros nos parece incongruente que la pena por trata para explotación sexual, por ejemplo, sea inferior a la pena por violación (6 a 15 años). En el caso de trata sexual podríamos hablar de una situación de “violación sistemática”, en ese sentido nos parece que nunca debería ser inferior. En ese sentido proponemos que la pena mínima sea de 6 a 15 años.
2) Ninguno de los dos proyectos se refiere específicamente a la REINSERCIÓN de las víctimas. Ambos proyectos hablan de asistencia de un modo genérico, sin referirse a las necesidades de reinserción posteriores a la asistencia de emergencia. Las organizaciones que trabajamos con las víctimas sabemos que este es el mayor cuello de botella, una vez que se rescató a una víctima es necesario brindarle apoyo para que pueda rehacer sus vida. El Protocolo de Palermo habla de educación, salidas laborales, capacitación, etc. Esto es fundamental en lo que hace a la garantía de no repetición que debe brindarse a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las propuestas en discusión aseguran solamente apoyo para el retorno de la víctima. Generalmente se retorna a la víctima a su lugar de origen (en los que generalmente sigue operando la red que las reclutó en primera instancia y con frecuencia las condiciones de seguridad no son las adecuadas) y allí el Estado se desentiende de la suerte de la víctima. Nada dice de la posibilidad de asistir a la víctima en su “reubicación” si esta decide no retornar o si las condiciones de seguridad no permiten su retorno. Un proyecto que no asegure la reinserción no cumplirá acabadamente con las responsabilidades asumidas por el país al ratificar la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus protocolos complementarios.
3) El Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Este derecho a la reparación, que se desprende claramente de la normativa internacional de derechos humanos ratificada por Argentina y que tiene rango constitucional, no esta mencionado en ninguna de las propuestas en discusión. La reparación puede adoptar muchas formas, además de la pecuniaria. Una política reparatoria que se propone, por ejemplo, es brindar prioridad a las víctimas de trata en los planes sociales del Gobierno. Se requiere tan sólo una decisión política y no implica recursos adicionales pero puede ayudar a miles de víctimas que hoy se encuentran enfermas a consecuencia de los padecimientos que debieron soportar y en la indigencia más absoluta.
4) Por último nos preocupa la sostenibilidad de los servicios de asistencia y reinserción para las víctimas. Ambos proyectos proponen que: “El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley”. La propuesta de la Fundación El Otro es que se incluya la imposición de multas en cada artículo del Código (tal como lo hacen la ley Colombiana y la Brasilera, por ejemplo) y el decomiso e incautación de los bienes producto de la trata de personas, con destino exclusivo para los programas de asistencia y reinserción de las víctimas de trata. Ello nos parece central para poder brindar la asistencia integral que las víctimas necesitan y, también nos parece un acto de justicia.
Escrito por Santiago García 
