TRATA DE PERSONAS: “PRACTICA ODIOSA” QUE PUEDE REQUERIR LA INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La responsabilidad en la trata de personas 
     
 
 
Manuel Morales Lama

En el marco del debido respeto a los derechos humanos, la protección de las personas contra lo que se ha convenido en denominar “prácticas odiosas”, constituye uno de los asuntos más preocupantes y delicados en la vida interna e internacional de los Estados y se ha convertido en uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta cuando se evalúa la imagen y prestigio internacionales de un país.

En la actualidad se consideran “prácticas odiosas”: la trata de personas, la esclavitud (y prácticas análogas) y el tráfico ilícito de estupefacientes (M. Diez de Velasco). Este trabajo versará sobre la primera de éstas, es decir, acerca de la trata de personas la cual es oportuno recordar que, antes del proceso evolutivo que ha experimentado el tema, solía denominarse “trata de blancas”.

Evidentemente éste es un fenómeno muy antiguo, pero su enfrentamiento y estudio ha adquirido una mayor relevancia en las últimas décadas. Es decir, se trata de un problema viejo con un nombre nuevo, cuya atención al mismo genera hoy mayor interés.

La trata de personas se conceptualiza, en esencia, en el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños” (New York, 2000/art. 3, apartado a.), como: “La captación, transporte, transferencia o acogida de seres humanos, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción (rapto, fraude, engaño y abuso de poder) o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, que incluye: la prostitución ajena, la servidumbre, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, e incluso la extracción de órganos”.

Hay que resaltar, en relación a las indelegables obligaciones de los países en esta materia, que según afirma la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navanethem Pillay: “Los Estados serán responsables tanto por sus propios actos como por las omisiones que incumplan compromisos contraídos en virtud del Derecho Internacional. En adición a ello los Estados en general no podrán eludir la responsabilidad de los actos de particulares cuando se haya demostrado su capacidad para influir en un resultado diferente y más positivo en relación con la norma aplicable”.

En el orden práctico, es evidente el grave perjuicio que representa para los Estados en su imagen y prestigio internacionales, el hecho de ser objeto de acusaciones y consecuentes condenas de esa naturaleza en tribunales internacionales, más grave aún si han tenido “carácter recurrente”, porque dicho perjuicio suele adquirir connotación de estigma.

Es fundamental que los países, ante la existencia de tales reprobables prácticas, tomen efectivamente las pertinentes medidas para la prevención y debida erradicación en su territorio. Asimismo deben proceder en relación a su propia defensa ante acusaciones de ese carácter, cuando corresponda.

Fuera de los casos de evidente y probada culpabilidad, téngase presente la existencia de acusaciones, que incluso “pudieran generar condenas”, como consecuencia de haber tenido el Estado en cuestión “una débil defensa”, por no haber contado con un adecuado “Consejo de Defensa”, o bien porque no prevalecieron para la selección de éste los imprescindibles criterios técnicos que garanticen la eficiencia de su labor.

Ocasionalmente tales acusaciones han resultado ser la consecuencia de “estrategias mal intencionadas” que tienen su verdadero origen en intereses “encontrados o contrapuestos” con los del Estado de que se trate, sea en el orden comercial o turístico o incluso, en ocasiones, por “divergencias sobre el legítimo ejercicio de la soberanía”.

Téngase en cuenta que ante la comprobada existencia de “prácticas odiosas”, en caso de que el Estado objeto de tales acusaciones no tomara las medidas correctivas de lugar, es evidente que la situación requerirá, conforme a normas internacionales, la efectiva intervención de carácter colectivo de la Comunidad Internacional, a través de los mecanismos establecidos y “voluntariamente consentidos”, al respecto.

En lo referente a las políticas públicas corresponde a los Estados tipificar en sus legislaciones la criminalidad de los actos de esa naturaleza, su enjuiciamiento, así como llevar a cabo iniciativas para su prevención y la consecuente asistencia a las víctimas del delito de trata de personas (Eric Tardif).

En el mismo contexto, conforme coinciden en afirmar tratadistas contemporáneos, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone importantes responsabilidades añadidas a los Estados cuando se trata de identificar a los menores de edad víctimas de trata, y de velar “por su seguridad y bienestar tanto inmediatos como a largo plazo”.

Por su vinculación con el presente trabajo, conviene recordar la célebre frase de Kofi Annan: “No tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos”.

El autor es Premio Nacional de Didáctica y embajador de carrera.

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