E0 PIDDE INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y PERMANENTE PARA ESTOS POLICÍAS

Estimadxs: 

Cuando leo casos como este se me revuelve el estómago y vuelvo a pensar que es necesario incorporar a la ley de trata la IN HABILITACIÓN ABSOLUTA Y PERMANENTE PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS PARA TODOS AQUELLOS QUE SEAN SENTENCIADOS POR TRATA, algo que Esclavitud Cero propuso pero que no quedó incluido en la modificación de la ley de trata. Imaginemos que la mayoría saldrá en unos cinco a siete años de la cárcel y luego pueden postularse a cargos electivos !!!!!!!!  Es esencial que criminales como los que se describen en este caso no puedan nunca más en sus vidas ejercer un cargo público. Merecerían perpetua por lo que hicieron.

Saludos asqueados, 

Mercedes Assorati

 

VIOLACIÓN Y TRATA: UN HÁBITO POLICIAL

 
Correpi
 

Entre 2009 y 2011, dos hermanas de 13 y 16 años, fueron sistemáticamente violadas y forzadas a prostituirse por la división de Montada de la policía federal. En ese lapso, la menor de las chicas tuvo dos bebés. Uno de los policías llegó a reconocer su paternidad, claro que “por solidaridad”, según dijo, sin admitir la violación.

Las dos nenas se encontraban en “situación de calle” -eufemismo que refiere a la situación de tener que meter la mano en la mierda o en tachos de basura buscando que comer, de estar a tiro de los esbirros, etc.- cuestión por la que resulta fácil odiar al “género humano”, mucho más a los verdugos directos. En este caso, los verdugos se calculan entre 130 y 200, aunque sólo 10 se encuentran formalmente imputados en la causa penal y fueron indagados después que no prosperó la maniobra de archivo intentada por el primer fiscal, César Augusto Troncoso, en virtud de tratarse, curiosamente y según éste, de “cuestiones sociales”.

Algunos de los imputados son el sargento Sebastián Borfitz, el cabo primero Héctor Diego Palavecino, los cabos Fermín Olmedo, Héctor Taborda Sotelo y los agentes Héctor Daniel Martínez, Mauricio Sebastián Acevedo, Gustavo Raimundo Salinas y Miguel Ángel Campero. Al momento de producirse la separación de la fuerza, el 14 de marzo pasado, la mayoría de ellos había sido cambiado de destino. Sólo Palavecino y Olmedo permanecían en la policía Montada, mientras que Borfitz estaba en la comisaría 50ª, Taborda Sotelo en Tránsito, Martínez en la 5ª, Acevedo en el GEOF, Salinas en la Guardia de Infantería y Campero en la Subdelegación Salvador Mazza de Jujuy.

Una de las chicas declaró “nos llevaban a estaciones, dependencias públicas y pensiones donde vivían algunos acusados. Dibujé esos lugares en croquis por pedido de los investigadores. Nos gritaban y amenazaban que si le contábamos a alguien nos iban a meter en un auto y nos iban a tirar muertas por ahí”. Les pagaban entre 15 y 40 pesos a cambio de sexo. “A veces teníamos sexo con muchos. Llegué a contar más de 12. También nos golpeaban.” Con el tiempo, los uniformados fueron estableciendo una red de trata, a través de la cual, iban “pasándose el contacto” de las chicas entre los diferentes cuerpos policiales.

Las hermanas cuentan que no eran las únicas, que se hacía lo mismo con muchas otras chicas que no recuerdan o no podrían reconocer, ya que se encontraban en igual situación que ellas. En más de una oportunidad fueron encerradas durante dos o tres días, donde varios policías abusaban de ellas, inclusive al mismo tiempo. La privación ilegítima y la violación en grupo fueron la bandera de esta red que impulsaron estos servidores de la ley, estos hijos del estado. Para colmo de males, las hermanas se encuentran custodiadas por la Gendarmería Nacional, como si esto garantizara la seguridad de alguien.

La historia es siempre la misma: con el uniforme calzado y el fierro brillando al sol, la policía legitima a diario su absoluta impunidad como fuerza de acción directa del estado. Una vez más y para quien lo quiera ver, surge a la vista de todos, que los verdugos de azul son protagonistas en el armado de redes de trata y casos de violación, y no casualmente el blanco se encuentra entre clases populares.

Apelan a la invisibilidad, y creen encontrarla en la impunidad con que se perpetúan estos hechos: siempre encuentran sosiego en la complicidad establecida entre el lavado de manos del estado y el amparo desinformativo que aseguran los medios. Lo más preocupante es que pretenden que tales situaciones se naturalicen cada vez más. Pero acá hay ojos que no corren la vista y que no van a permitir un pestañeo. No le decimos que no a la realidad, la repudiamos y la denunciamos.

Ante la ignominia del estado, la única víctima es nuestro pueblo, y es frente a ello que sólo hay una sola respuesta: resistir y organizarnos para defender nuestra dignidad y salir a luchar por nuestros derechos.

¡Ladren lo que ladren los demás, a no quedarse dormidos!

 

Coordinadora contra la Represión Policial y Institucional (Bs. As., Argentina)

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