TRATA, TRÁFICO, DROGAS Y LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA

Para Afip, la red de colombianos detenidos podría terminar en tráfico de drogas

Investigan también posible lavado de dinero. La causa en Córdoba salpicó a la ex legisladora Liliana Juncos.

 

ECHEGARAY. (Archivo).

ECHEGARAY. (Archivo).

 

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, señaló hoy que “la red de 27 ciudadanos colombianos detenidos por liderar un circuito de trabajo ilegal, por despliegue territorial, también podía derivar en otras actividades ilícitas como lavado de dinero y tráfico de drogas”.

“La plataforma desarrollada para actividades ilícitas nos plantea dudas que no se circunscribía exclusivamente de una red dedicada a la trata de personas y pensamos que podía terminar en maniobras de lavado de dinero y tráfico de drogas”, indicó Echegaray durante una conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.

El funcionario brindó detalles de los procedimientos que se llevaron adelante para desbaratar a una red internacional de trabajo ilegal, que terminó con 27 ciudadanos colombianos detenidos y 231 trabajadores asistidos (en su mayoría colombianos) a través de 74 allanamientos en 10 provincias, con la participación de más de 500 agentes de la Afip.

 

“Se secuestraron armas, municiones, divisas, vehículos y pasaportes falsificados en 74 allanamientos, de los cuales 33 se realizaron en la provincia de Córdoba, dónde se rescataron 81 personas”, indicó Echegaray.

Modus operandi. El funcionario explicó el modus operandi de esta organización delictiva, que la Justicia comenzó a investigar en 2011, tras detectarse unos 3.000 ingresos al país, entre 2009 y 2011, de ciudadanos colombianos “que lo hacían sin equipaje, ni dinero y con el mismo domicilio en la ciudad de Córdoba”.

“Los talleres clandestinos se dedicaban a la construcción de canastos de mimbre y muebles de menor valía, desarrollando una plataforma logística para la distribución de estos productos”, subrayó.

En tal sentido, añadió que llamó la atención las “reiteradas importaciones de cintas plásticas ecuatorianas, todas a nombre del mismo importador y con similar despachante de aduana”, y resaltó las acciones estratégicas de la Afip que se impulsaron a partir de 2011 para detectar todos estos ilícitos.

Entre las acciones estratégicas puntualizadas por Echegaray, recordó la puesta en marcha del “control de operaciones de cambio, la regulación de giro de divisas por giros postales, la matriz de riesgo selectiva para analizar importaciones, la red de acuerdos de intercambios de información y la utilización inteligente de la base de datos”.

Asimismo, el titular de la Afip informó que frente a esta situación y tras detectarse una suerte de migración de estas actividades a otros países de la región, se procedió a notificar a distintos organismos y ministerios de los gobiernos de “Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela”.

En la Argentina, se efectuaron “reportes de actividades sospechosas ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), como así también se puso al tanto de esta realidad a los ministerios de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo Social”.

“Queremos dejar en claro, y así se lo hicimos saber a las autoridades colombianas que la Argentina ha sido y es un país abierto a la recepción de todos los hermanos latinoamericanos”, concluyó el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

En Córdoba. Uno de los allanamientos realizados el miércoles en Córdoba fue en dos propiedades de la exlegisladora Liliana Juncos, quien tras difundirse esa información renunció a su cargo de asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, de Unión por Córdoba.

TRAS LOS OPERATIVOS DE TRATA, RENUNCIÓ LA EX LEGISLADORA JUNCOS

La dirigente justicialista dejó su cargo como asesora de Patricio Serrano en el Concejo Deliberante, en el bloque de Unión por Córdoba. Fue tras un allanamiento en dos de sus propiedades.

  • Villa 9 de julio. Los allanamientos detectaron los talleres en donde se producían los muebles (Ramiro Pereyra).

Villa 9 de julio. Los allanamientos detectaron los talleres en donde se producían los muebles (Ramiro Pereyra).

 Liliana Juncos dejó de ser asesora del edil justicialista Patricio Eduardo Serrano en el Concejo Deliberante de Córdoba luego de que dos de sus propiedades fueran allanadas en el marco de una causa por trata de personas.

La novedad fue difundida ayer al mediodía por el bloque peronista del Concejo en un comunicado en el que se explica que se debe a “la necesidad de que el proceso judicial determine las responsabilidades del caso en que fue mencionada por el fiscal Enrique Senestrari”.

Senestrari, tal como ayer reveló La Voz del Interior, allanó el miércoles el domicilio particular y un galpón que pertenecen a la exlegisladora Juncos, en el marco de un megaoperativo por una red de trabajo esclavo de ciudadanos colombianos.

 

Los allanamientos formaron parte de los más de 70 operativos hechos en Córdoba y en otras nueve provincias, según confirmó el fiscal federal número 1, Enrique Senestrari. Unas 220 personas fueron asistidas y hay unos 20 detenidos.

Sin imputación. El fiscal precisó que Juncos, quien hasta ayer era asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, no está imputada y “no hay ninguna prueba contra ella, sino que ella y su entorno podían tener en su propiedad alguna información útil para la causa”.

“Se verificó que hubo unos contactos de gente de la familia Juncos que estaba gestionando contratos de servicios a nombres de estas personas colombianas”, señaló el fiscal.

Senestrari indicó que por el momento no está claro si los contactos fueron efectuados por ella o por personas allegadas.

Juncos estuvo al frente de la Subdirección de Jurisdicción de Programas Especiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. También fue exlegisladora y exconvencional constituyente.

Producción de muebles. La red de explotación estaba destinada supuestamente a la producción de muebles de plásticos y canastos que se vendían. “Las personas eran captadas

en Colombia y hemos detectado que eran personas de escasa instrucción y un nivel econó­mico bajo. Salían con carros a los barrios para vender estos productos, de manera informal y en cuotas, y con un sistema aceitado para poder venderlo entre los más humildes”, ex­plicó.

El ingreso de los trabajadores explotados data de 2009.

“Estamos investigando cuánto se le pagaba a esta gente, no tenían dinero encima, no conocen la ciudad, tenían sus permisos de inmigración vencidos o de forma irregular”, explicó.

La organización. “Se secuestraron 250 mil pesos. Tenemos unas 200 personas rescatadas y muchos no admiten que la situación es irregular. Hay dos menores involucrados como víctimas, tenemos que ver bien porque me parece que uno de ellos es argentino”, dijo el fiscal en declaraciones radiales. “Había grupos familiares encargados de los lugares, pero todos en la misma situación y del mismo origen”, remarcó.

Los operativos se hicieron con participación de Afip, DGI, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, Migraciones y Gendarmería.

Qué se investiga

Argentina. Se realizaron más de 70 allanamientos en Córdoba (Río Cuarto, Villa del Rosario, Villa Nueva y Pilar, entre otras ciudades), Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Buenos Aires.

Delitos. Los delitos que investiga la fiscalía son tráfico de personas, trata de personas con fines de explotación laboral y fabricación y venta clandestina de muebles.

El texto original de este artículo fue publicado el jueves 14 de junio de 2012 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.

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