E0 RECOMIENDA: HISTORIA DE LA TRATA EN ARGENTINA

Historia de la trata, prostitución y legislación

La trata de personas no es un fenómeno nuevo en nuestro país sumado a la prostitución de mujeres. El antiguo reglamento de prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875 decía simplemente con suma hipocresía: “No podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubiera entregado a la prostitución con anterioridad”.

En la Argentina de aquellos años, y en Buenos Aires sobre todo, había más extranjeros que nativos, y muchos más hombres que mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias de rufianes dominaban no solo el negocio de la prostitución, sino, el denominado “trata de blancas”, denominado así por esclavas sexuales que eran traídas de Polonia para la prostitución en nuestro país.

Cafiolos, cafishios, macrós, rufianes y proxenetas de todo el mundo tenían en Buenos Aires, en la ruta a Buenos Aires, la meca de la prostitución mundial de esos años. El dinero y el poder se entrelazaban como hoy en día, sobre este sucio negocio de esclavas sexuales, y la tolerancia pasaba a ser complicidad y asociación en las utilidades.

En este marco, un joven diputado socialista llamado Alfredo Lorenzo Palacios propone una ley que penaliza la explotación de la prostitución de mujeres y niñas. Es la primera ley en América que protegía a las víctimas, combate el flagelo y penaliza a sus responsables.

La Ley fue sancionada el 23 de septiembre de 1913 bajo Ley Nacional #9143 y sería conocida mundialmente como la “Ley Palacios”. Esta ley reformaba el Código Penal, la figura del proxenetismo. De hecho, En el año 1999, en el marco de la Conferencia Mundial Organizándonos contra la explotación sexual regional y global (Dhaka – Bangladesh, 25 al 30 de enero de1999) la propuesta de rendir homenaje a la Ley Palacios, acordada en 1996 entre el Consejo Nacional del Menor y la Familia de Argentina y la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, figuró en primer término entre las conclusiones para América Latina: “Adoptar a nivel mundial el 23 de septiembre como el Día contra la prostitución, en reconocimiento a la Ley Palacios, primer intento legislativo en el continente contra la prostitución de mujeres, niñas y niños”. 

Años más tarde, en el Boletín Oficial de 11 de enero de 1937 (17 de diciembre de 1936) se promulga la denominada ley de profilaxis antivenérea, o Ley Nacional # 12.331 que en su Artículo #15 prohíbe en todo la república el establecimiento de  “casas de tolerancia”, y en su Artículo #17 penalizaba a quienes incurrían reincidir en esta conducta.

Ha sido concebida desde su sanción, el 17 de enero de 1937, como herramienta legislativa para atacar el fenómeno de la esclavitud sexual de mujeres. El espíritu de esta ley aludía a proteger como bien jurídico la “libertad y dignidad” de las personas e implicó una adscripción de la república argentina al denominado sistema abolicionista que castiga al proxeneta y prohíbe todo castigo a la meretriz. Ley actualmente vigente.

Primera legislación, reforma y deficiencias

Nuestro país, tras los  compromisos internacionales asumidos por el estado que gozan de jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico internacional (lease:Convención sobre el Crimen Organizado Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas –como así- la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena), y ante la observancia de organismos internacionales para el debido cumplimiento de estos compromisos, Argentina crea por Decreto Presidencial #1281/07 una especie de Programa para prevenir el delito de trata de personas pero el decreto tuvo una suerte de acción para parar las posibles acciones de sanción por incumplimiento más que una legitima intención de prevenir el delito de trata de personas.

Durante el 2008 se presentaron en el Congreso de la Nación diversos Proyectos de Ley con la intención de tipificar el delito penalizando a quienes incurren en la trata de personas. Entre los presentados existían interesantes proyectos (Proyecto Dip. Oscar Massei, entre otros), pero siguió adelante el Proyecto de Ley de la diputada Vilma Ibarra que –en mi opinión personal- sería el peor proyecto existente para tipificar el delito, dado que la figura penal propuesta podía configurarse con medios comisivos.

 En un delito complejo en nuestro país, una figura penal de este tipo ponía en el centro de una investigación a una presunta víctima que debía probar que había existido fraude, engañado, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, acciones difícilmente probatorias y dejaba a la victima confrontada por la defensa del tratante en un presunto juicio oral y constituyendo en si la palabra de la víctima contra el tratante tomando la garantía en defensa en juicio en la acción de interrogar o repreguntar a los presuntos testigos. Como regla general, la víctima terminaba con un defensor oficial y el tratante con el mejor abogado que pueda pagar el dinero.

Es así que el 9 de abril de 2008 se sanciona la Ley Nacional 26.364 (proyecto Dip. Vilma Ibarra), siendo que diversas organizaciones de derechos humanos y humanitarias habían criticado las deficiencias, up supra, del proyecto en el recinto legislativo previo aprobación.

Su incorporación en el Código daba prisión con una mínima de tres (3) años en el caso de mayores de 18 años (Art. 145bis) lo que jurídicamente se denominaría “dosimetría penal”, dado a que un delito tan complejo no podía tener una mínima que podría generar la excarcelación cuando la violación simple tiene una mínima de cuatro (4) años.

Existiendo una tipificación penal impropia para la complejidad de la acción delictual, las organizaciones del crimen organizado en nuestro país observaron propicio otorgar ciertas libertades como breves salidas y dar a la victima su documento como forma de burlar a la ley vigente y dificultar la configuración del delito en un presunto allanamiento.

Es así que en diversos informes de organizaciones gubernamentales indicaban considerables procedimientos, rescate victimas, imputados pero casi nulas condenas (dos o tres como máximo).

En algunos casos, las acciones típicas de la trata de personas no se fueron dando como forma para la captación, y las organizaciones criminales transnacionales aceitaron sus modalidades operativas centrando su atención en mujeres en extrema pobreza en los lugares de origen.

En algunos casos investigados por nuestra organización no gubernamental defensora de derechos humanos durante el 2008-2011 observamos que las víctimas eran reclutadas en sus lugares de origen (Rep. Dominicana y Paraguay) en barrios pobres donde vivían en precarias casas hacinadas en pequeños espacios junto con sus familias.

El ofrecimiento dejaba afuera toda acción de engaño o fraude (en algunos casos investigados) y lisa y llanamente se le ofrecía a la víctima trabajar de prostituta en Argentina donde se les argumentaba que ganarían muchísimo dinero y que si lo hacían por un tiempo podrían volver a su país de origen con muy buen dinero.

Con esta acción el tratante dejaba el libre consentimiento de la victima a trabajar como prostituta en un país desconocido, pero para concretar el viaje está debía pagar el costo del pasaje por su cuenta, eliminando acciones típicas de la trata.

Muchas de estas mujeres viajaban a nuestro país con el sueño de poder volver con dinero suficiente para poder tener un buen pasar para ellas y sus familias, y mientras estuvieran aquí poder hacerles llegar mensualmente dinero a sus familias. Tal es el caso que durante el 2008 una familia tipo en Paraguay comía todo un mes con 300 pesos Argentinos. Estas mujeres se sacrificaban por el bienestar de sus familias en sus lugares de origen.

Durante su llegada a la Argentina estas mujeres eran llevadas directamente a los prostíbulos donde comenzaban a trabajar con las mismas modalidades de explotación y viviendo hacinadas en los prostíbulos haciendo pases una y otra vez esperando reunir el dinero para pagar el prestamos del pasaje pedido, reunir dinero pasa su familia y poder irse lo antes posible para volver con sus seres queridos.  

Las formas de dejarlas más tiempo se ejercía al cobrar los elementos de higiene más caros que en un comercio, la comida más cara y la ropa… de esta forma la víctima le quedaba un poco de margen de dinero dificultando poder reunir en una forma de ahorro.

En casos investigados se observó este tipo de conductas por parte de tratantes, por lo cual, en los procesos de allanamiento este tipo de víctimas pasaban “desapercibidas” por no percibir las acciones típicas de la trata de personas.

Otra forma de mantenerlas en los prostíbulos yacía por su condición de extranjera; el desconocer la cultura y costumbres, y la carencia total de documentación que les permitiese su permanencia en nuestro país las obligaba a quedarse en el prostíbulo; nadie les daría trabajo y no contaban con dinero suficiente para afrontar un alquiler, etc. Muchas mujeres eran prostituidas en estas condiciones. 

Durante el periodo 2008-2012, una cantidad incierta de mujeres eran ingresadas a la argentina de forma “legal” pero después de vencidas sus permisos eran ilegales y se encontraban en cualquier parte de nuestro país en situación de “esclavitud”. Esta problemática de ingresos y salida de personas en condición de trata era un verdadero problema de seguridad de estado.

Otro problema creciente es la modalidad de secuestro; esta acción se ha incrementado dado a las dificultades, recursos humanos y costos que genera captar y reclutar mujeres y con el contra punto de ser arrestados en estos procesos. Para el crimen organizado le es más redituable secuestrar sin tener mayores inconvenientes para dicho fin eligiendo victimas de interés para los propósitos de explotación.

Las redes criminales vinculadas a la trata de personas se encuentran asociadas y estrechamente relacionadas con el narcotráfico, dado que ha sido más redituable y con menos persecución que transportar y vender estupefacientes. Una mujer en situación de esclavitud genera aproximadamente a un tratante la suma total mensual de entre 30mil pesos. De hecho, en procedimientos se ha podido comprobar que solamente un fin de semana, un prostíbulo generaba  50mil a 60mil pesos producto de la trata de personas.

Las redes del narcotráfico tiene sus rutas establecidas, lo único que cambia es lo que se transporta, en este caso; seres humanos.

Durante diversas investigaciones en argentina y el extranjero nos hemos encontrado con la existencia de numerosos actores detrás de la trata de persona, muchos brindan protección una acción que permite que la trata pueda subsistir, caso contrario, sería muy difícil su accionar de forma deliberada.

En un caso en la patagónica investigado producto de un dato de una mujer que había podido escapar de una red, los datos aportados por la víctima indicaban que en el lugar de explotación, un prostíbulo llamado “Copacabana” existían menores en situación de prostitución. En el proceso de investigación y labores de inteligencia se estableció que en el mismo lugar se encontraba una sociedad que prestaba servicio a la legislatura, la sociedad estaba compuesta por diversas personas, profesionales y un ex gobernador.

En el proceso se constato que las oficinas de esta empresa fantasma en Buenos Aires funcionaba un prostíbulo. También relacionaba a un diputado en estas maniobras.

Está red descubierta solamente por asociación ilícita lavaba los activos de la trata de personas en un casino de propiedad de uno de los socios de la red.

En otro caso, una red que operaba diversas provincias en la Patagonia tenía protección de diversos jerárquicos policiales en dos provincias, incluyendo a un ex jefe policial provincial. En la investigación por la supuesta desaparición de una adolescente de 15 años el resultado dejó que policías de la comisaría cercana al prostíbulo beneficiaba al tratante al fichar a víctimas de trata de personas. También producto de los testimonios de víctimas menores indicaba que algunos agentes policiales avisaban al tratante cuando se produciría un allanamiento donde autos oficiales de la policía ayudaban al tratante a trasladar a las victimas. En otro caso incluye a la misma red, en una escucha telefónica un comisario avisa al tratante de un procedimiento y a cambio pide servicios sexuales.

En otro caso investigado durante el 2008 centra a una víctima de trata mayor de 18 años, en la intervención realizaba con asistencia de psicólogos tomando recaudos en todos el proceso bajo estrictos protocolos, al llegar al lugar donde se encontraba la víctima que pudo escapar de un proxeneta que la tuvo cautiva bajo la modalidad de engaño por enamoramiento.

En la entrevista se reveló aspectos típicos de la trata de personas y las expresiones verbal/corporal que nos indicaba sobre su frágil condición como víctima. Durante el proceso de entrevista, sonó el teléfono fijo del lugar donde la víctima recibe la primera amenaza de muerte. Al anotar el número que me asombrará que lo hicieran desde una línea fija, nos depusimos a formular una denuncia penal utilizando nuestro nombre para proteger hasta las últimas instancias a la víctima amparándonos en estándares internacionales de derechos humanos.

Al tomar contacto el juez federal con el preventivo (denuncia), inicia la intervención de las líneas fijas y celulares que se aportaron. El asombro es que la amenaza a la víctima había salido del poder judicial.

La trata de personas subsiste gracias a la protección que le brindar los diversos funcionarios de los estamentos nacionales y provinciales. Sin esto, difícilmente pueden operan. Otro beneficio ha sido la omisión pasiva producto del desconocimiento de las modalidades operativas de las redes del crimen organizado vinculado a la trata de personas.

En un caso investigado y denunciado por nuestra organización, una menor pudo entregar un papel a un eventual conductor que se encontraba en la banquina por haber pinchado una cubierta, al llegar a su casa, la persona encuentra entre las llaves el papel y lo lee: “Soy Leslie, me tienen secuestrada, por favor ayúdame pero no llamés a la policía por que están involucrados”. Al denunciar el caso ante la fiscal competente se le indicó en la formal denuncia penal que no se comisionara policías por presunta vinculación de estos con la trata. La fiscal convoco a policías para la investigación no encontrando a la menor.

El desconocimiento de los operadores judiciales sobre la magnitud del delito ha sido otro elemento a beneficio de las redes de trata.

La reforma de la Ley de trata de personas ha sido una respuesta parcial para combatir el delito de forma integral persiguiendo no solamente la conducta de la figura de latrata de personas, sino, de sus delitos conexos que comprende el promover, facilitar y explotar económicamente la prostitución ajena. Esto se suma a una serie de acciones como prohibir los avisos clasificados de sexo, que han ayudado a obstaculizar la explotación sexual ajena obligando a las redes de trata de personas a idear nuevas formas de burlar la ley, pero dejando en ese paso la puerta abierta para ser perseguidos y encarcelados durante ese proceso.  Gracia a estas acciones penales, se crea verdaderos obstáculos a la redes de trata pero estas medidas penales serán eficientes durante un tiempo porque siempre las redes intentarán estar tres pasos delante de cualquier medida de obstaculizar sus actividades o intento de desalentar su accionar para esclavizar a seres humanos para la explotación sexual y laboral.

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