APUNTES DE E0 sobre el INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO SOBRE TRATA DE PERSONAS

Estimadxs: 
 
Les hacemos llegar el apartado sobre Argentina del Informe que anualmente elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la Trata de Personas en el mundo. 
 
En términos generales nos parece un buen informe que pone de manifiesto la gravedad de la trata en Argentina y la falta de voluntad política para castigar a lxs funcionarixs públicos involucradxs, dejando entrever el grave problema de corrupción que nos aqueja. El informe presenta también con claridad los problemas de la persecución penal de la trata de personas y el alto nivel de impunidad en los casos. 
 
El informe se hace eco de los problemas que presenta la asistencia a las víctimas y resulta claro que el Gobierno Argentino no actúa con transparencia al NO brindar información sobre:
 
1) Los fondos y recursos humanos destinados a las Oficinas de Asistencia a la Trata en el país, 
2) No informa cuántas víctimas fueron asistidas en los albergues que el Estado dice administrar o a los cuales apoya durante el año
3) No informa en qué consistió la asistencia brindada a las más de 1000 víctimas rescatadas, ni durante cuánto tiempo se brindó ni cual fue el destino de las mismas;
4) No informa cuántas víctimas asistió la Oficina de Rescate durante el año;
5) No informa cuántas víctimas extranjeras asistió la SENAF, si se les brindó residencia temporal y si las que retornaron estaban debidamente informadas de sus posibilidades de residencia y asistencia en el país, antes de la repatriación.
6) No informa si se coordinó con la sociedad civil la derivación de víctimas a fin de que reciban servicios especializados brindados por organizaciones religiosas y ONGs, que no son cercanas al Gobierno, pero que si tienen una larga experiencia en estos temas y recursos para asistir a las víctimas. 
7) No se informa si se identificaron, asistieron y/o repatriaron víctimas Argentinas explotadas en el exterior. 
8) No se informa sobre el resultado de las investigaciones sobre los 75 oficiales de policía que fueron separados de la Policía Federal sospechados de complicidad en casos de trata de personas; 
9) No se informa sobre el estado de la investigación contra el Ex Jefe de la División Trata de Personas de la Policía Federal, Comisario Fernández, acusado de regentear prostíbulos, entre otras acusaciones.
10) No se da a publicidad el supuesto Plan Nacional de Acción que sigue el Gobierno Nacional respecto a la trata de personas.  
 
Por otra parte, también nos preocupa que la información sobre la trata de menores de edad Bolivianxs hacia la Argentina que facilitamos, no haya recibido mayor inclusión en el informe ya que estamos hablando de más de 10.000 menores de edad Bolivianos que son traficados hacia la Argentina cada año, la mayor parte de ellos con destino para la explotación laboral, aunque hay víctimas que también son explotadas sexualmente. 
 
También nos preocupa que el informe del Departamento de Estado no recoja la situación que viven los defensores de derechos humanos que se ocupan de trata de personas que son objeto de inteligencia por parte de las autoridades. Ello se produce mediante el Proyecto X, denunciado el año pasado y sobre el que el Ministerio de Seguridad no brindó una clara explicación, y en la Policía Federal a través del agente infiltrado hace 10 años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, que se denunciara este año. No sabemos que otros agentes puedan estar realizando inteligencia sobre organizaciones sociales que no han cometido ningún delito, más que ayudar a víctimas de trata y a la sociedad en estos temas, sin apoyo del Estado Nacional. 
 
Lo cierto es que las ONGs que trabajan la temática denuncian anualmente: amenazas de muerte, ataques y golpizas, ataques informáticos, escuchas telefónicas, interceptación de correos electrónicos, seguimientos y presiones varias incluyendo obstaculización administrativa para obtener su reconocimiento como ONGs por parte de la IGJ, además de otro tipo de obstáculos administrativos. Tal vez esto resulte normal para el público norteamericano pero, en Argentina, resultan injerencias indebidas en la privacidad de las personas, claramente inconstitucionales, además de moralmente reprobables. 
 
Otra preocupación menor es que año a año se reitere en el informe que la pena por trata es adecuada y es que es tan grave con la pena por violación, a pesar de que hemos aclarado este punto a la Embajada año tras año. Por eso copiamos la aclaración que hicimos en nuestro aporte para el informe de este año, que no fue tenida en cuenta y, por tercer año consecutivo, se hace una afirmación errónea: 
 

“…También resulta mayor la pena por violación y por abuso sexual gravemente ultrajante.  En el último informe del departamento de Estado se sostiene, respecto a la violación que  “Dichas penas (por trata) son lo suficientemente severas y equivalentes o superiores a las previstas para otros delitos graves como la violación”. En el caso de violación esto no es correcto. En el caso de abuso sexual (sin acceso carnal) si la pena es menor pero cuando existe acceso carnal (violación) la mínima es de 6 y la máxima de 15 y cuando el abuso fuere altamente ultrajante (el caso de la trata), también es mayor la pena que en el delito de trata, llegando la máxima a 10 años.

Pero tal vez, la incongruencia de la pena de trata, que no sólo es un delito gravísimo sino que por ser una forma moderna de esclavitud debería ser imprescriptible, queda más expuesta cuando se analiza el artículo 167 quater del Código Penal, que se ocupa del abigeato (robo de ganado), que impone una pena que va de 4 a 10 años. Es decir, la máxima supera la máxima de la trata, que es de 8 años. En una palabra, para nuestro Código Penal resulta más grave robar una vaca y cambiarle la marca, que someter a un ser humano a la esclavitud.

Aquí copiamos los artículos del Código Penal mencionados, para que no existan dudas.

ARTICULO 142 bis. – Se impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero, a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años.

ARTICULO 119. – Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si:

a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;

b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;

c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;

d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;

f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).”

Lamentamos no poder darles aún la versión en Español del Informe, la Embajada informó que estará dicha versión en los próximos días. Por el momento les acercamos aquí abajo la versión en Inglés y , en días venideros, les haremos llegar la versión en Español.

Aprovechamos para solicitar, apelando a nuestro derecho a la información, que brinden una respuesta a la sociedad civil sobre los 10 puntos mencionados más arriba, ya que dicha información resulta vital para la planificación de las actividades de la sociedad civil en materia de trata de personas.  

Un saludo solidario, 

 

Mercedes Assorati
Coordinadora General
ESCLAVITUD CERO
TEL/FAX: (011) 4 775-6610 CEL: (011) 15 5 620-3649
E-mail: assoratimi@gmail.com
 
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Trafficking in Persons Report 2013
OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS
June 19, 2013
 
ARGENTINA (Tier 2)
 
Argentina is a source, transit, and destination country for men, women, and children subjected to sex trafficking and 
forced labor. Argentine women and children, including many from rural areas or northern provinces, are forced into 
prostitution within the country, particularly in urban centers or provinces in central and southern Argentina. A 
significant number of foreign women and children, primarily from Paraguay and the Dominican Republic, are 
subjected to sex trafficking in Argentina. A large number of Bolivians, Paraguayans, and Peruvians, as well as 
Argentine citizens often from poorer northern provinces, are subjected to forced labor in sweatshops, agriculture, 
supermarkets, and domestic work. Children in street vending or begging are reportedly vulnerable to forced labor. To 
a more limited extent, Argentine women and girls have been found in sex trafficking in other countries.
 
The Government of Argentina does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking; 
however, it is making significant efforts to do so. During the year, authorities convicted approximately 17 trafficking 
offenders and identified a significant number of potential victims. The government continued to support four shelters 
that provided specialized services to female trafficking victims and passed a new comprehensive trafficking law in 
December 2012. Funding for victim services, however, remained inadequate in light of the number of victims 
identified during the year, particularly in forced labor. Trafficking-related corruption remained a serious concern, while 
the government failed to hold criminally accountable any officials complicit in human trafficking through convictions or 
sentences during the year.
 
Recommendations for Argentina: 
 
Follow through on numerous investigations of trafficking-related complicity by 
prosecuting, and when appropriate, convict officials complicit in human trafficking; increase funding for shelters and 
specialized services, particularly for forced labor victims, in partnership with NGOs, at the federal, provincial, and 
local level; ensure that foreign victims are consistently offered services, including shelter and job consultations, and 
the opportunity to remain in the country after being identified; increase efforts to investigate, prosecute, convict, and 
punish trafficking offenders, especially labor trafficking offenders; continue to develop and implement protocols for 
local-level officials to identify and assist trafficking victims; and strengthen anti-trafficking coordination among the 
federal and provincial governments, civil society, and different actors on the federal level.
 
Prosecution
 
The Government of Argentina maintained law enforcement efforts during the year, though there were few convictions 
for forced labor and no reported convictions of public officials complicit in trafficking. The government enacted a new, 
more comprehensive trafficking law in December 2012, prohibiting all forms of human trafficking and prescribing 
penalties of four to 15 years’ imprisonment. Such penalties are sufficiently stringent and commensurate with those 
prescribed for other serious crimes, such as rape. The previous federal anti-trafficking law prohibited all forms of 
human trafficking, prescribing penalties of three to 10 years’ imprisonment but included a legal loophole involving victim consent that was closed in the new law. NGOs and officials noted that some prosecutors used prostitutionrelated statutes to address sex trafficking crimes. NGOs and officials commented these statutes can yield inadequate 
criminal penalties.
Authorities carried out 368 preliminary trafficking investigations in 2012. The anti-trafficking prosecutor’s office 
(UFASE) did not report how many prosecutions were initiated during the year but noted an overall decrease in 
prosecutions. In 2012, the government convicted 15 sex trafficking offenders and two labor trafficking offenders with 
sentences ranging from two to 15 years’ imprisonment. Sentences were suspended in cases where penalties were 
two years’ imprisonment or less. The government also secured convictions of two sex trafficking offenders under 
other penal code statutes; the two were sentenced to 21 and 23 years’ imprisonment. In comparison, in 2011 
authorities reported convicting 28 sex trafficking and three labor trafficking offenders. In December 2012, judges 
acquitted all of the defendants in Argentina’s most high-profile sex trafficking case after 10 years of investigation due 
to a reported lack of evidence; many NGOs and political organizations alleged complicity between judicial officials 
and trafficking offenders in this case, while other observers suggested the case was poorly investigated and 
executed.
The Ministry of Security coordinated the efforts of different federal law enforcement entities. Some NGOs reported 
that coordination between law enforcement officials and judicial officials was sometimes weak at the critical local 
level. Although trafficking is a federal crime, some trafficking cases were investigated or prosecuted at the local level 
under other statutes, such as those penalizing servitude or the promotion of prostitution, and were not immediately 
transferred to the appropriate federal authorities. This was sometimes due to misclassification or a desire to pursue 
cases at the local level. Some officials and NGOs noted significant delays caused by confusion over which authorities 
had jurisdiction, and in some cases testimonies were discarded during this process. The government continued to 
provide anti-trafficking training to law enforcement, judicial, and immigration officials, sometimes in partnership with 
international organizations, and reported training 800 senior police officials in 2012. Argentine prosecutors 
coordinated with the Government of Paraguay and other foreign governments on transnational trafficking 
investigations.
According to NGOs, international organizations, and officials, the trafficking-related complicity of some government 
officials was a serious concern. Some police officers reportedly condoned human trafficking activity or tipped off 
brothel owners about impending raids, and some judges reportedly did not adequately investigate signs of official 
complicity in trafficking cases. Authorities reported filing 71 cases of trafficking-related complicity in 2012, including 
one of a deputy police commissioner accused of holding four trafficking victims captive. It was unclear what progress 
had been made in the investigations initiated in 2010 of 75 Buenos Aires police officers accused of trafficking-related 
complicity and of the former head of the anti-trafficking police unit accused of running brothels. The government did 
not report convicting any government employees for alleged complicity in trafficking-related offenses during the 
reporting period.
 
Protection
 
The Argentine government reported identifying a significant number of potential trafficking victims and continued to 
fund several shelters providing services to female sex trafficking victims, but resources dedicated to specialized 
services, particularly for forced labor victims, did not fully meet the needs of the large number of trafficking victims 
identified during the year. The Ministry of Security reported identifying approximately 1,000 potential human 
trafficking victims: 525 potential labor trafficking victims and 430 potential sex trafficking victims; 169 children and 807 
adults. The majority of sex trafficking victims identified were Argentine citizens, while the majority of labor trafficking 
victims were Bolivians. NGOs asserted that some officials erroneously categorized cases of labor exploitation that did 
not rise to the level of forced labor as human trafficking. The Ministry of Security reported developing written 
procedures on victim assistance during and immediately following raids, and immigration officers received training on 
victim identification procedures, but implementation of systematic procedures to identify victims among vulnerable 
populations varied by province.Authorities did not report how many victims received comprehensive services, such as shelter, in 2012. According to 
NGOs and some officials, the quality and level of victim care varied widely by province, and most provinces lacked 
dedicated resources to care for trafficking victims, particularly forced labor victims. The Office for Rescue, with an 
inter-disciplinary team located in Buenos Aires, took initial victim statements, generally within a week of identification, 
and reportedly provided emergency post-rescue care to some victims, including access to legal, medical, and 
psychological services. NGOs gave mixed assessments of the office’s effectiveness. Two provincial-level offices 
were reportedly opened in Chaco and Santa Fe during the year, but the government did not publicly report on the 
budget or staffing for these offices. After victims provided their initial testimony, the Secretariat for Childhood, 
Adolescence, and Family (SENAF) was responsible for providing follow-up assistance to them. However, specialized 
services and reintegration efforts were limited.
The Office for Rescue maintained a shelter in the capital to care temporarily for trafficking victims, though it was 
unclear how many of the victims identified during the year stayed at this shelter, or where they were housed 
immediately following law enforcement raids. Federal, provincial, and municipal authorities provided various amounts 
of funding to four shelters for women and child victims of sex trafficking and abuse across the country, one of which 
was operated by an NGO, but authorities did not report how many of the victims they identified were assisted at 
these shelters in 2012. There were no specialized shelters for forced labor victims, and it is unclear how many of the 
525 potential labor trafficking victims identified during the year received services after giving their initial statements to 
authorities.
Argentine authorities encouraged victims to assist with the investigation and prosecution of their traffickers, and some 
victims did so during the year. NGOs reported that some victims and families had difficulty obtaining security 
protection. Despite legal provisions for financial restitution to trafficking victims, there were no known cases of victims 
receiving restitution during the year. There were no specific reports of identified victims being jailed or penalized for 
unlawful acts committed as a direct result of their being subjected to human trafficking. Authorities did not report how 
many foreign victims received temporary residency during the reporting period. Long-term residency was available 
through Argentine immigration policy, though it was not trafficking-specific, and it was unclear how many foreign 
victims received this status during the year. It was also unclear to what extent foreign victims were fully informed of 
their residency and assistance options before their repatriation. NGOs stated that the federal government’s de facto 
protocol of quickly returning foreign victims to their country or province of origin was not always in the victims’ best 
interest, and asserted that federal entities do not consistently refer victims to specialized services in their place of 
origin. The government did not report identifying or assisting any repatriated Argentine victims of trafficking.
 
Prevention
 
The Government of Argentina maintained prevention efforts during the year. The trafficking law mandated new 
interagency coordination mechanisms, including a federal council and an executive committee, both under the 
presidency. Federal authorities reported funding public awareness efforts, including public service announcements 
about trafficking shown on long distance buses and aired on television, and maintaining two anti-trafficking hotlines 
administered by the ministry of security and the Office of Rescue. Some provincial governments partnered with 
NGOs in prevention efforts and developed anti-trafficking action plans. UFASE published a review of its antitrafficking efforts in 2012. The government started requiring Dominican citizens traveling to Argentina to have tourist 
visas, citing the high number of Dominicans exploited in sex trafficking in the country. NGOs continued to report 
some isolated cases of child sex tourism, though there were no reported investigations or prosecutions for this crime. 
The government did not report providing anti-trafficking training to Argentine troops prior to their deployment abroad 
on international peacekeeping operations.

2 respuestas a APUNTES DE E0 sobre el INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO SOBRE TRATA DE PERSONAS

  1. Silvio Marcelo Santo dice:

    En la zona oeste de San Miguel , Jose C Paz y Malvinas Argentinas ,hay un individuo que se mueve en una camioneta roja ,marca chevrolet , de los años 70 , esta persona se llama LEOPOLDO RAUL SALAS y se dedica a secuestrar mujeres mayores y menores para entregarlas en un famoso prostibulo de la zona , que se encuentra en la ruta 197 y se llama “SILVER”. Alli las drogan y las golpean para luego someterlas a prostituirse. Este señor , LEOPOLDO RAUL SALAS , trabaja para el intendente de malvinas argentinas , el señor JESUS CARIGLINO , actuando con la inpunidad que le da ser ladero de el señor cariglino. Se lo suele ver por las zonas antes mencionadas en su camioneta ,con la cual hace publicidad para las campañas politicas , y dice tener una empresa de publicidad llamada “MASTER PUBLICIDAD” ,ojala esto llege a quien corresponda

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