DECLARACION DE ONGS COLOMBIANAS EN III CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

DECLARACIÓN DEL CAPÍTULO COLOMBIA DEL OBSERVATORIO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS, EN EL MARCO DEL TERCER CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

 

 

Las organizaciones de la sociedad civil y las universidades  que forman parte del Capítulo Colombiano del Observatorio, declaramos con ocasión del Congreso:

 

  1. La lucha contra la trata de personas debe ir más allá de la retórica. La simple ratificación de un tratado por parte del Estado Colombiano y su incorporación al orden jurídico interno es un avance, pero no es suficiente.

 

  1. El centro de la lucha contra la trata de personas debe hacerse en el marco de la promoción y garantía de los Derechos Humanos de las personas en riesgo y de las víctimas de trata.

 

  1. Las acciones sobre el tema, deben tener en cuenta los enfoques centrados en las personas, reconociendo la diversidad contemplada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Bloque de Constitucionalidad. Esto se hace efectivo, mediante la incorporación de enfoques etario,  de género, de etnia y diferencial.

 

  1. Se resalta que las acciones en Colombia llevadas a cabo desde la ratificación del Protocolo de Palermo, se han centrado en comprender y abordar la trata transnacional, sin dar la atención debida a la trata interna, de la cual hay cada vez más indicios de su alta prevalencia.

 

  1. La creación del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas y su descentralización, es un claro avance en la conformación de espacios intersectoriales para hacer frente a la problemática. Sin embargo, se hace necesario que adelanten y faciliten acciones concretas, efectivas y con continuidad, que redunden en la efectiva mitigación de la Trata de Personas en Colombia.

 

  1. Es imperativo que el Gobierno Colombiano reconozca al fin el rol de las organizaciones de la sociedad civil y la academia en la lucha contra la trata de personas en Colombia, como aliados. Esto significa, la apertura de los espacios consultivos institucionales y la construcción conjunta de todas las políticas públicas sobre el tema.

 

  1. Las organizaciones de la sociedad civil y academia, debemos mantener los espacios de coordinación recientemente creados. De esta manera, lograremos continuar y fortalecer desde nuestro rol el trabajo realizado y la incidencia ante las instancias públicas y demás actores.

 

  1. Celebramos el trabajo conjunto que se abre en este tipo de espacios, para coordinación de acciones entre la academia y las ONG. Sin embargo, se hace necesaria la integración de más universidades y ONG en todas las regiones del país.
  2. Se hace un llamado urgente al sector privado a asumir su rol corresponsable en la lucha contra la trata de personas, vigilando que en su cadena de suministros no se tolere la explotación en ninguna de sus formas.

 

  1. Se invita a los medios de comunicación a ir más allá de su rol informativo y contribuir también a evitar la normalización del fenómeno y sus causas en la sociedad, así como a hacer denuncias activas, preservando siempre la integridad de las victimas.

 

  1. Se hace un llamado urgente a visibilizar a las víctimas de trata de personas en el marco del conflicto armado colombiano y se exige al Gobierno adelantar acciones para incluir este tema como de especial prioridad en todos los espacios en los que se busque atender asuntos referidos a finalización del conflicto y garantía a las víctimas de verdad, justicia, reparación y no repetición.

 

  1. Se reconoce el proceso de formación a servidoras y servidores del Estado y se invita a Gobierno, Sociedad Civil, Cooperación Internacional y Academia a profundizar la formación especializada de las personas que conforman la institucionalidad.

 

  1. La cooperación internacional ha tenido un rol esencial en la orientación y posicionamiento en la agenda pública del tema de trata de personas en Colombia. Se hace un llamado a ampliar el espectro de conocimiento adquirido por las organizaciones en el mundo y hacer una eficiente generación de capacidad instalada.

 

  1. Es responsabilidad del Estado, garantizar y restituir los derechos de las víctimas. El Gobierno Colombiano debe adelantar acciones de prevención que aseguren la garantía efectiva de derechos, asegurar sin condiciones la atención de emergencia y mediata; y evitar que se sostenga la impunidad que sigue impidiendo que las víctimas accedan a su derecho a verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

 

 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 18 de julio de 2013

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