LEE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ LIJO QUE IMPUTÓ AL SUBCOMISARIO

Estimadxs: 

Hemos bajado en la página de documentos la Resolución judicial completa por la que el que el Juez Lijo  imputa y dicta prisión preventiva a un Subcomisario de la Policía Bonaerense por el delito de trata de personas.

Para ver la resolución completa haz click en:  https://esclavitudcero.files.wordpress.com/2008/03/resolucionlijo.pdf

Aqui abajo te adelantamos la descripción de los hechos para que adviertas la crueldad y la tortura a la que son sometidas las víctimas de trata de personas. 

A. ACERCA DEL HECHO IMPUTADO.

Las personas involucradas en esta investigación ocuparon diferentes
roles para realizar en diferentes ámbitos de competencias la explotación sexual de
personas -en total, al menos, 31 víctimas -. Al respecto, se pudo verificar a partir de
los aportes que realizó cada uno, que dirigieron su actuar para obtener en definitiva,
un beneficio económico mediante el sometimiento y explotación que ejercían sobre
sus víctimas.
Si bien cada uno de los victimarios cumplió un rol preciso que fue
adjudicado en forma global al formalizarse la imputación, lo cierto es que sus
funciones no se circunscriben en un determinado contexto sino que la informalidad
propia de la organización criminal determinaba la mutación de roles en razón de las
necesidades que el comercio de personas requería. Esta informalidad en los hechos
determinó la inexistencia de una estructura definida que permita explicar en forma
sencilla el rol de cada uno de sus integrantes. Para ello en los parrafos que siguen se
describe con precisión la dimensión específica del hecho investigado. Entiendo que
este análisis es el más adecuado porque permite verificar en forma concreta cómo
ingresó cada individuo al ámbito de lo prohibido y en qué medida fue abarcado por
la investigación. De esta forma, principalmente se pretende garantizar el principo de
congruencia entre la imputación y el hecho acreditado -que dará lugar a la
acusación-, y, al mismo tiempo, el correcto ejercicio de la defensa en relación con el
hecho concreto que en esta decisión será definido.
I. B. INICIO Y CONEXIÓN FÁCTICA DE LOS DOMICILIOS INVESTIGADOS.
El día 29 de abril del corriente año se recibe una denuncia en la
Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de
Trata, en la que se pone en conocimiento que en el inmueble de la calle L. nº1471 de
la Ciudad de Buenos Aires, funcionaba un prostíbulo y allí habría retenida una
persona de nombre Y.. Esta denuncia fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal,
y, en consecuencia, de las medidas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad se
constató que allí efectivamente funcionaba un prostíbulo que se encontraba a cargo
de V. E. S. de G. y se obtuvo un volante en donde constaban los números de
teléfono del lugar xxxx-xxxx y xxx*xxxx-. En función de ello, y evaluando la
gravedad del delito denunciado y con la premura con la que debe actuarse en estos
casos, se intervinieron los número de teléfonos de aquel lugar mediante auto
fundado. A partir de la escucha telefónica se tomó conocimiento de la existencia de
otros domicilios que tendrían conexión con el que dio inicio a la causa, uno ubicado
también en la calle L. nº1035 y otros que estaban ubicados en la localidad de San M.
y eran administrados por S. F. (A. nº 1616, M. nº 1540, B. nº 1xxx, P. nº 1868, R. nº
1269 y M. nº 1010). (ver puntos de prueba III. a, a. 1, a. 2, a. 3, a. 5, a. 8, a. 9 VII,
a.9.XII, a. 9 XV, a. 10 III, a. 10 XV, a. 10).
El punto de conexión del domicilio de la calle L. nº1035 con el inicial, se verificó en razón de tareas de campo que permitieron observar que uno de los tarjeteros que trabajaba en L. nº1475 ingresó al inmueble ubicado en la misma calle a la altura del nº 1035. Allí, según averiguaciones posteriores, también funcionaba un privado y estaba a cargo de G. A. (ver punto de prueba a. 10. XV). Respecto de la vinculación de los domicilios de San M. con el de la denuncia inicial, se perfeccionó a partir de que la persona a la que se había hecho referencia en la denuncia -Y.-, habría sido trasladada a dicha localidad. Este contexto habilitó la investigación de dichos lugares y las tareas de inteligencia dieron cuenta de que efectivamente en todos estos lugares funcionaban prostíbulos de las mismas características y modalidad, asimismo la explotación en esos lugares estaba a cargo de personas que tenían vinculos y relaciones con la titular de la explotación en el domicilio inicial -L. 1471 de la Ciudad de Buenos Aires -.
De hecho, las primeras transcripciones de escuchas telefónicas determinaron que V. E. S. de G. fue socia de S. F., y que a ella le debía una suma de diez mil pesos, producto de un préstamo que recibió vinculado a la ganancia que le redituaba la explotación de personas (ver puntos de prueba III. c 1, c 2 y c3). Estas constancias probatorias determinaron la conexión que existía entre estas dos personas, y, en consecuencia, el vínculo entre el domicilio denunciado y los ubicados en la localidad de San M..

II. HECHO GENERAL. ALCANCE DEL DOMINIO Y APORTE EN CADA ÁMBITO DE EXPLOTACIÓN.

Los hechos que seran acreditados en esta decisión serán los siguientes: Al menos desde el 29 de abril, hasta el 10 de septiembre de este año los imputados llevaron adelante diferentes tipos de aportes particulares para promover, facilitar y comercializar la prostitución de 31 mujeres, mediante su captación y acogimiento con fines de explotación sexual, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad. La captación de las víctimas se habría perfeccionado mediante la publicación de avisos en los diarios en los cuales solicitaban “señoritas” Asimismo, el acogimiento habría sido promovido confiriéndoles vivienda y comida que era descontada de su aparente ganancia. También les tramitaban los documentos a las mujeres extranjeras y carnets de AMMAR, por los cuales las víctimas debían pagar cien ($100) pesos mensuales, para simular el ejercicio libre e independiente de la prostitución, cuando en verdad la organización mencionada se dedicaba a la trata
de personas.
Con el fin de cumplir su cometido, simulaban el ámbito permitido de la actividad, indicándoles de qué manera debían comportarse en caso de que alguna fuerza de seguridad irrumpiera en cualquiera de los inmuebles donde las explotaban.
De hecho hacían carteles con todo lo que debían manifestar en esos casos y las instruían a decir que era un trabajo que les gustaba y las amenazaban de que no se victimizaran porque eso sí sería un problema. 
Puntualmente de un diálogo se desprende “…fijate que todas tengan su documento, y que todas tengan su carnet, vos les tenés que hablar a las chicas, y le tenés que decir, las tenés que inculcar, inculcar, a veces no hay que perder tanto el tiempo en pelotudeces, sino hay que hacer simulacros de allanamientos, saben que nadie las puede obligar a declarar, lo saben, ustedes lo único que pueden declarar Poder Judicial de la Nación
es yo trabajo acá, yo pago mi parte, me llevo todo mi dinero, nadie me obliga,
trabajo los días, las horas que quiero, somos nuevas, acá no hay dueña, no hay
recepcionista, no hay nada, todas trabajamos por un fin, para mantener el lugar y
para mantener nuestra familia…”.
Generalmente las víctimas realizaban turnos de doce, veinticuatro y treinta y seis horas seguidas, llegando a hacer hasta dieciocho “pases” por día, por los cuales los clientes abonaban entre setenta ($70) y doscientos ($200) pesos, pero a ellas se le descontaba entre el treinta y sesenta por ciento de lo abonado. Además les tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza una suma diaria de entre veinticinco ($25) y cincuenta ($50) pesos. Incluso, debían preguntarle a los encargados y dueños de los prostíbulos a que hora podían dormir y comer. Y también las despertaban de sus descansos para obligarlas a atender a los clientes por fuera del turno asignado, extendiéndose por más tiempo del acordado.
Mediante la situación de sometimiento, indujeron a una de estas víctimas a tener un aborto. El día 28 de agosto S. le dijo a R. y a V. que una de las mujeres sometidas a la explotación sexual debía interrumpir su embarazo. Hicieron referencia a la colocación intravaginal de cuatro pastillas abortivas que le produjeron un profundo sangrado, e inclusive manifestaron que lograron tocar el feto y apoyarse sobre su panza para tratar de que lo expulse.
En los domicilios donde se practicaba la explotación se encontraban en precarias condiciones de salubridad e higiene, en un estado de deterioro avanzado y mecanismos de seguridad tales como cámaras de video, barretas en las puertas o jaulas de contención. Las direcciones eran L. 1471 y 1035 de esta ciudad y A. 1616,
M. 1540, M. 1xxx, T. 1382, P. 1868, R. 1269 y B. 1010, todos estos de la localidad
de San M., provincia de Buenos Aires, lugares que contaban con protección policial
y asesoramiento a cambio del pago semanal de una suma aproximada de entre
setecientos pesos ($700) y ($1500) pesos. Esto era llevado adelante en principio por
M. A. V., W. R. A. y D. O. con los dueños y encargados de los prostíbulos con quienes tenían un arreglo económico. En general S. acordaba con O. o V. y éste a su vez organizaba con A. la forma de lograr la cobertura. 
La división de roles y grado de explotación puede precisarse del siguiente modo:
1) S. F. y su concubino 2) M. R. G. ejercían el control -en algunos lugares con mayor intensidad- de los inmuebles ubicados en A. 1616, M. 1540, M. 1xxx, P. 1868, R. 1269, y T. 1382 de la localidad de San M., precisamente, en este último lugar era donde se hacía la comida, que luego se les cobraba a todas las mujeres que ejercían la prostitución en aquellos inmuebles. Inclusive la calidad de la comida que se les hacia a las víctimas, dependía de la cantidad de dinero recaudado por cada una de ellas. En este punto debe aclararse que el domicilio de la calle M. – B.- nº1010 estaba a cargo de una persona que de acuerdo a las escuchas telefónicas fue identificada como Melina, mientras que los otros dos eran controlados por una persona identificada como O. que recibía como apodo “El tucu” -R. nº 1269- y otra identificada como V. -P. nº 1868-. Cabe destacar que estas tres personas no fueron halladas al momento de materializarse los allanamientos.
Respecto de estos domicilios en particular y según la hipótesis que fundamentó los allanamientos:
A) A. nº 1616, se encontraba a cargo de G. M. Pririz -no pudo ser hallada al realizarse el allanamiento-, quien a su vez era la encargada de arreglar con la policía. El lugar era custodiado por 3) J. C. G. y 4) C. A. L., quienes distribuían las mujeres y contabilizaban los pases. Concretamente, en este lugar se sometió al menos a cuatro víctimas.
B) M. nº1540 se encontraba a cargo de una persona identificada en las escuchas como “R.”, quien regenteaba el lugar junto a S. F. con quien distribuían a las víctimas por distintos prostíbulos. Allí se sometió a tres mujeres. 
C) B. (ex M.) 1xxx, estaba a cargo de 5) M. L. E. y la seguridad de 6) R. D. V. y 8) L. A. C., mientras que 7) E. R. cumplía funciones de tarjetero. Al practicarse el allanamiento, se identificó a tres víctimas. 

D) P. 1868 se encontraba a cargo de 9) M. O. C., allí había cinco víctimas.

E) R. 1269 estaba a cargo de 10) H. N. B. y su seguridad era 11) S. Ros, en el lugar había tres víctimas.
F) B. nº1010 se encontraba como encargada Melina -quien no fue hallada al realizarse el allanamiento-, y se sometió a dos personas. Por su parte 12) V. E. S. de G. controlaba el prostíbulo de la calle

G) L. nº1471, 13) V. H.C. oficiaba de tarjetero del lugar y quien lo regenteaba era G.
E. A. V. -no fue hallada al practicarse el allanamiento -. Allí había dos mujeres sometidas.
H) 14) G. J. L. A. controlaba el privado de la calle L. nº1035 y allí se encontraron nueve víctimas.  En relación con 15) M. A. V., 16) W. R. A. y 17) D. A. O. como ya fuera referido habrían actuado en forma coordinada con quienes dirigian la organización de la explotación en los privados de San M. brindado protección y asesoramiento en su condición de pertenecer o haber pertenecido a una fuerza de seguridad recibiendo a cambio el pago semanal de una suma aproximada a los setecientos pesos ($700) o ($1500) pesos.

Una respuesta a LEE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ LIJO QUE IMPUTÓ AL SUBCOMISARIO

  1. ¿HASTA CUÁNDO TODO ÉSTO?

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