NOTAS SOBRE AVANCE DE NARCOTRÁFICO EN ARGENTINA Y ESCENARIOS

Narcotráfico: se vende cada vez más cocaína producida en el país

Los laboratorios son más sofisticados y con mayor capacidad de elaboración; dos de las cocinas descubiertas podían fabricar más droga que toda la incautada en un año por la policía

Por Daniel Gallo  | LA NACION

 
 

Laboratorios que pueden producir hasta 700 kilos de cocaína por mes, mayor cantidad de cocinas de estupefacientes desbaratadas por las fuerzas federales y hasta casos de “alumnos” que fueron enviados a “escuelas” de Bolivia para aprender a cocinar droga forman parte del preocupante escenario del narcotráfico local. La Argentina dejó de ser un país de paso de la droga para transformarse en tierra de consumo. Y lo preocupante, ahora, es que ya es un país productor de droga.

Este escenario y la violencia que ha desatado en el país fueron lo que llevó a la Iglesia a advertir sobre el avance del narcotráfico y a denunciar la complicidad estatal, y a la Corte a reclamar urgentes medidas al Gobierno para frenar el avance de ese flagelo.

Los laboratorios de estupefacientes empezaron a surgir con fuerza en los últimos cuatro años y se hicieron más complejos. Dos de esos centros de producción descubiertos en los últimos 16 meses ingresaban en el mercado más cocaína que las 5,6 toneladas decomisadas este año por las fuerzas federales y la policía bonaerense. El consumo interno de droga ya tiene una importante fuente de abastecimiento local.

Hace diez años, la Sedronar señalaba la desarticulación de diez laboratorios, artesanales, con capacidad de procesar mínimas cantidades de cocaína. Este año ya son 20 las cocinas descubiertas por la policía bonaerense, que el año pasado desarticuló 21 de esas fábricas de drogas.

Un detenido por tenencia de cocaína en la cercanía de la frontera argentino-boliviana dio el aviso en 2009. En su declaración judicial aseguró que “en un lugar ubicado en el medio del monte cerca de la ruta que va hacia Santa Cruz de la Sierra era entrenado para ser llevado a trabajar en una cocina de drogas en Buenos Aires”. El hombre, trabajador humilde, dijo haber caído en esa red a causa de sus deudas por consumo de cocaína. Casos similares se repiten en otros expedientes.

La Policía Federal descubrió un laboratorio de cocaína en un country de la localidad santafecina de Funes. Las investigaciones determinaron que ese lugar tenía posibilidad de introducir en el mercado 5 toneladas al año.

Volumen similar a la incautación anual. Una cocina más grande fue descubierta el año pasado en Los Polvorines, en el conurbano bonaerense, en capacidad de procesar 8 toneladas al año. Ese aumento de la producción local tuvo que ver, en la mirada de las fuerzas de seguridad, con el perfeccionamiento del trueque de pasta base aportada por los proveedores extranjeros a sus socios locales a cambio de la colaboración de bandas argentinas en diferentes niveles del tráfico, desde su transporte, acopio y salida a mercados europeos. Ese pago con material sin procesar permitió el desarrollo de organizaciones locales y afianzó la comercialización interna.

Pese a detectarse laboratorios más importantes, la producción local aparece, por su volumen mediano, destinada a ser parte del consumo local y no a integrarse en cargamentos mayores. Así lo demuestra también el hecho de que se mantiene el flujo de un importante ingreso de cocaína procesada en el exterior.

Algunas investigaciones judiciales permiten avalar esa teoría, que es sustentada también por los investigadores de las fuerzas de seguridad. El año pasado, el juzgado federal de Concepción del Uruguay trató una investigación que fue iniciada como comercialización de drogas en la ciudad entrerriana de Concordia y concluyó con el allanamiento de una cocina de drogas en Los Polvorines, en un caso distinto al consignado antes en la misma localidad del conurbano bonaerense.

Tras una primera denuncia sobre la venta de drogas minorista, las escuchas telefónicas derivaron la pesquisa de Entre Ríos a Buenos Aires, ya que el sospechoso inicial mantenía numerosos diálogos con un potencial proveedor de cocaína. Seguimientos posteriores ratificaron el contacto entre esas personas. En el expediente judicial se destaca que en el domicilio allanado en el conurbano “se halló una verdadera cocina de estupefacientes”.

Se detalló en esa pesquisa que se encontraron varios kilos de cocaína, reflectores para el secado de la pasta base al tratarse con precursores químicos (en cantidad hallados en esa vivienda). También se secuestraron balanzas y máscaras para la manipulación de ácidos. Incluso en las conversaciones telefónicas quedó registrada la queja del comprador por la mala calidad de un cargamento.

Esa investigación sirve para establecer que núcleos argentinos de baja capacidad operativa consiguieron establecerse como proveedores de drogas sin depender de organizaciones externas más que como abastecedoras de la materia prima, la pasta base. El expediente también hace referencia a la poca complejidad que mostraba la organización en sus etapas de transporte y comercialización de la droga.

Algo similar se detectó en otro grupo que directamente fabricaba la cocaína en Concordia. Así se puede observar la multiplicación y escasa relación entre las bandas, ya que mientras un grupo de narcovendedores se abastecía de la producción de Buenos Aires, otra banda tenía su propia cocina en esa ciudad. Ese caso quedó al descubierto antes, en 2011, tras la explosión del laboratorio casero y la muerte de una persona en el lugar.

Esa característica de bajos niveles de coordinación entre bandas que comparten territorios cercanos también es encontrada en otros casos investigados por las fuerzas de seguridad, que antes de hablar de carteles de drogas instalados en la Argentina apuntan a la integración de clanes, de grupos menores como responsables del narcomenudeo que fue puesto en la polémica pública por la advertencia lanzada por la Iglesia hace diez días.

Esos elementos dispersos entre sí, pero con capaces de dominar una zona sobre la base de la venta de drogas aparecen como el peligro señalado por el documento de los obispos, que llamaron la atención en particular por los riesgos que se pasan en los barrios más carenciados en los que se instalan minicocinas de cocaína.

Entre esos lugares figura el asentamiento conocido como villa 1-11-14, en el bajo Flores. La Policía Federal y el Juzgado Federal N° 12 llevaron adelante un procedimiento en 2012 contra el narcomenudeo en esa zona. Los datos en ese expediente señalan en toda su dimensión la peligrosidad marcada por la Iglesia: calles interiores tomadas por soldados-narcos y muchas armas en el lugar, incluso varias con silenciadores, propias de sicarios.

Los vendedores se encuentran allí “sentados en cajones de manzanas, en sillas en medio de los pasillos, con riñoneras cruzadas al pecho, siendo celosamente custodiados por satélites y personas armadas que controlan que la actividad se desarrolle sin mayores inconvenientes”, se indicó en el expediente judicial sobre la venta de drogas en la villa 1-11-14. En ese operativo conjunto entre la Policía Federal y la Gendarmería fueron secuestradas 17 armas de fuego. Las fuerzas de seguridad debieron abrirse paso entre barricadas.

Hace pocos días, la Gendarmería ingresó nuevamente en la villa 1-11-14 y desactivó una cocina de cocaína, que producía limitadas cantidades de droga. Una de las maniobras que llevó a la proliferación de laboratorios narcos en la Argentina fue el armado de esas minicocinas, que pueden abastecer un reducido mercado, aunque suficiente para que cada grupo sostenga su propio control del territorio de venta de droga.

Otros laboratorios cuentan con mayores capacidades de producción, tal como se reseñó los descubiertos en Funes y en Los Polvorines, cocinas casi industriales a las que puede agregarse en dimensiones la detectada en 2011 en las inmediaciones de Paraná, en un descubrimiento casual, dado que la caída de una avioneta en ese campo fue la alerta para las autoridades.

También otra forma indirecta de verificación sirve para apuntalar el crecimiento de la producción de drogas en la Argentina. Cada vez más precursores químicos son secuestrados por movimientos irregulares del material en tránsito opuesto a las zonas de frontera.

Muchas sustancias son controladas por el Registro Nacional de Precursores Químicos, a cargo de la Sedronar, debido a su potencial uso en la elaboración de cocaína. La venta de esos químicos es monitoreada desde la fábrica hasta su destino final en procura de evitar desvíos ilegales. El contrabando de esas sustancias hacia Bolivia fue siempre el camino inverso del ingreso de la cocaína en el territorio argentino. Sin embargo, los actuales decomisos marcan caminos diferentes en esa comercialización ilegal. De las 92 toneladas de precursores químicos incautadas por Gendarmería este año, 66 toneladas eran desviadas desde Salta hacia Catamarca, con un posible destino a cocinas de drogas en otras provincias argentinas.

Y la producción de drogas locales alcanzó incluso al sur del país, con una cocina detectada en Chubut.

En un cinematográfico operativo fue capturada una avioneta con cocaína

Gendarmes ocultos en un camión y un helicóptero tomaron por sorpresa a los narcos

Más de 300 kilogramos de cocaína fueron incautados de una avioneta que aterrizó en una estancia de la localidad correntina de Santo Tomé y diez presuntos narcos fueron detenidos en el operativo realizado por Gendarmería, informó el fiscal Benito Pont, a cargo de la causa. Y en otro operativo desarrollado en Formosa, fueron incautados 47,5 kilogramos de cocaína ocultos en un vehículo que llegaba de Paraguay por el puente San Ignacio de Loyola.

En el caso de la avioneta decomisada, la droga tuvo su origen en Bolivia y fue hallada en un avión Cessna 200, que apenas aterrizó fue rodeado por una treintena de gendarmes que llegaron al lugar escondidos en un camión térmico.

Simultáneamente, aterrizó en el establecimiento rural un helicóptero de Gendarmería con oficiales y más efectivos para reducir a los presuntos miembros de la banda de narcotraficantes.

El golpe de mano efectuado por los gendarmes llegó en medio de la polémica pública por la llamada ley de derribo, regla que habilitaría el disparo sobre los vuelos ilegales y que es reclamada por la oposición y desechada por el Gobierno.

La Gendarmería sostiene 23 grupos especiales de vigilancia en las zonas de pistas clandestinas. Una de esas investigaciones logró desarticular a esa banda.

El fiscal federal Pont, a cargo de la causa, confirmó también que entre los detenidos en este denominado operativo “Ciervo Blanco” hay ciudadanos paraguayos, brasileños, peruanos y argentinos.

Detalló además que en el allanamiento dispuesto por la jueza federal de Paso de los Libres, Mabel Borda, se hallaron tres avionetas más y diversos tipos de vehículos.

En la estancia, que había sido alquilada por un hombre de doble nacionalidad argentino-brasileña, se encontró también un taller con todo tipo de herramientas y equipamiento para adaptar aviones y autos para el traslado oculto de la droga, explicó el fiscal. “Tenían una logística importante”, señaló Pont, a la vez que enumeró: una pista de aterrizaje de mil metros “muy bien hecha” y hasta un camión tanque con bomba eléctrica para surtir de combustible a las aeronaves para, de esa manera, asegurar el sostén logístico.

En tanto, dijo que en el lugar también se encontraron todo tipo de armas y, entre ellas, “un fusil automático norteamericano, lo más moderno que existe en armamento”.

El fiscal federal explicó que el “éxito del operativo «Ciervo Blanco» es resultado de una investigación de la Gendarmería que duró meses. Todo fue supervisado por el Juzgado Federal de Paso de los Libres. El operativo se llevó a cabo ayer, en la ruta 40, en una estancia de Santo Tomé, localidad ubicada a 395 km. de la capital correntina.

Con la colaboración de César Sánchez Bonifato.

El flagelo del narcotráfico / El análisis internacional

La OEA plantea cuatro escenarios frente al problema de las drogas

A pedido de los presidentes de la región, el organismo internacional desarrolló modelos de estudio frente a potenciales alternativas; la peor opción es retirarse del combate ante el avance del narcotráfico

Por Daniel Gallo  | LA NACION

El problema del narcotráfico es una preocupación central en cada vez más gobiernos americanos. Atrás quedaron los años en que países productores de cocaína -Colombia, Perú y Bolivia- y el mayor consumidor -Estados Unidos- apoyaban la guerra contra las drogas en esos territorios.

Las rutas empezaron a ser el eslabón comercial más redituable. Y la lucha por ese control logístico aumentó la violencia en casi toda la región. Por eso los presidentes pidieron en 2012 que la Organización de Estados Americanos (OEA) estudiase alternativas. Los mandatarios recibieron en agosto pasado documentos de cuatro posibles escenarios, que fueron presentados públicamente anteayer en la OEA.

Los equipos técnicos de esa organización entrevistaron a 75 personas en el continente para, a partir de las opiniones especializadas en diferentes campos, poder trazar potenciales resultados de cuatro posibles decisiones: el aumento de la presión contra la oferta, la regulación o legalización directa de alguna droga, la toma de conciencia por parte de la sociedad o la ruptura del orden internacional por parte de uno o varios países que se retiren de la lucha en forma aislada.

En la Argentina fueron entrevistados Rafael Bielsa, ex canciller y secretario de la Sedronar hasta marzo de este año; el juez federal Sergio Torres; el académico Juan Tokatlian, y Gabriela Touze, directora de la Fundación Intercambios.

Durante su presentación realizada anteayer en Washington, Paul Simons, secretario de la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas (Cicad), aseguró que esos escenarios “no son necesariamente pronósticos ni futuros preferidos, sino futuros posibles”.

Y agregó: “El primero se llama Juntos, enfocado en definir el problema de las drogas como un problema de inseguridad, de instituciones débiles, tanto de fuerzas de seguridad como judiciales. La idea es fortalecerlas con más cooperación interna e internacional”.

En la segunda alternativa, conocida como Caminos, “la respuesta es empezar a probar diferentes regímenes regulatorios”, explicó Simons, según consignó la agencia EFE.

El tercer escenario, denominado Resiliencia, apunta a la toma de compromiso de la sociedad civil que, en conjunto con administraciones municipales, apuesta a un cambio comunitario, a la tarea de prevención y promoción de valores de vida que cambiarían la forma de relacionarse de las sociedades con las drogas. Es el diseño más ideal y utópico.

En el escenario final, llamado Ruptura, se plantea el desafío a la comunidad internacional lanzado por alguna nación que desista unilateralmente de colaborar en la lucha contra las drogas. Para Simons, es la alternativa que debe evitarse “a toda costa”.

Si bien el informe de la OEA señala que no se tomará preferencia por ninguno de los escenarios en procura de presentar en todos los casos sus oportunidades y peligros, en el escrito las conclusiones son mejores frente a la opción de reforzar la cooperación internacional y sostener la lucha contra las drogas con mayor empeño. Mediante reformas legales, asistencia en la preparación policial y apoyo entre los países, ese escenario visualiza que en 2025 el comercio de drogas seguirá vigente, pero las naciones habrán recuperado el control de sus territorios y los niveles de violencia serán menores.

Al mencionar la regulación de marihuana como alternativa se llega a una conclusión intermedia, con mejoras en el gasto público, pero con similares conflictos que los actuales por el tráfico de cocaína, que en ningún caso se espera legalizar.

Más allá del bien común proclamado por el tercer escenario, frente a la cuarta alternativa, el país aislado se convertiría en un narco-Estado y quedaría al borde de la guerra militar en la región.

LA ADUANA SUMARÁ MÁS ESCÁNERES

El director de la AFIP, Ricardo Echegaray, recordó ayer que la mercadería que circula por los pasos “habilitados” de frontera están a cargo de la Aduana y que “fuera” de ellos, el control le corresponde a “la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval”. Según informó la agencia DyN, también reiteró que “el año próximo está presupuestada la incorporación de 15 escáneres más para el control en las fronteras”, dijo el funcionario en un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Fideicomisos. Respecto del control de narcotráfico en la frontera, Echegaray añadió: “En la actualidad tenemos 21 equipos y para fin de año vamos a tener 24 escáneres”.

LAS DIFERENTES OPCIONES

¿Cómo se entiende el problema de las drogas?

  • Seguridad
    Es parte de un problema mayor de inseguridad pública, con instituciones débiles e incapaces de controlar las consecuencias del narcotráfico, como el crimen organizado, la violencia y corrupción
    Regulación
    El problema es que el régimen legal y regulatorio actual para controlar el uso de drogas a través de sanciones penales (especialmente, arrestos y encarcelamiento) están causando demasiado daño
    Sociedad
    El problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción
    Ruptura
    Los países donde se producen las drogas (especialmente, cocaína) y aquellos por donde se hace el tránsito del contrabando de los estupefacientes están pagando costos insoportables y injustos

La respuesta que se debe intentar dar

  • Seguridad
    Fortalecer las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad pública mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con los ciudadanos y una cooperación internacional mejorada
    Regulación
    Probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciando con lo relacionado con la marihuana
    Sociedad
    Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud pública, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, empresas y organizaciones no gubernamentales
    Ruptura
    Algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra las drogas o llegan a aceptar la producción y el tránsito de estupefacientes por su territorio. Eso se debe revertir

Retos para la puesta en práctica de la respuesta

  • Seguridad
    Mejor seguridad ciudadana y mayor credibilidad en las instituciones estatales, lo que respalda el incremento en la recaudación impositiva; además, esto promueve una renovada alianza hemisférica
    Regulación
    Desarrollo de mejores políticas de drogas mediante una experimentación rigurosa; los recursos para el control de drogas y de consumidores se reasignan para la prevención y el tratamiento
    Sociedad
    Comunidades más inclusivas, menos violentas y más sanas que asumen un rol activo en la lucha contra las drogas y el crimen
    Ruptura
    Reducción de la violencia; mayor atención a las prioridades domésticas sobre las internacionales; liberación de recursos que actualmente se invierten en seguridad y en la ejecución de la ley

 

Desafíos que presenta la opción de respuesta

  • Seguridad
    La reconstrucción de instituciones estatales frente a la oposición de intereses; una cooperación internacional dispersa y vacilante; actividades criminales que se desplazan hacia lugares con instituciones más débiles
    Regulación
    La reconstrucción de instituciones estatales frente a la oposición de intereses; una cooperación internacional dispersa y vacilante; actividades criminales que se desplazan hacia lugares con instituciones más débiles
    Sociedad
    Recursos y capacidades insuficientes de muchos gobiernos locales y de ONG para abordar los problemas; demoras antes de que la respuesta logre reducir el crimen relacionado con las drogas
    Regulación
    La reducción en la aplicación de la ley permite la expansión de los mercados y ganancias de las drogas; cooptación de estados por parte de bandas criminales; conflictos por la violación de tratados internacionales.

 

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