VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI: EL DESAFÍO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL PAPEL DE LOS JÓVENES

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI: EL DESAFÍO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL PAPEL DE LOS JÓVENES.

(dirigido a Estudiantes y Profesionales de Ciencias Económicas)

Por Mercedes Assorati

Programa Amartya Sen – 2000 jóvenes por una economía con rostro humano

Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Nuestro País hace tiempo que constituye un ejemplo paradigmático de ANOMIA. No se cumplen las leyes y, a veces, ni siquiera se respetan las las sentencias judiciales. La palabra griega anomía, fue empleada por el sociólogo Émile Durkheim a principios del siglo XX, para caracterizar una situación de ausencia de “NOMOS”, es decir, ausencia de normas de comportamiento, de normas de convivencia, ausencia de solidaridad. Precisamente son las NORMAS y los VALORES, las que permiten funcionar a las sociedades.

“Anómica” es una sociedad desintegrada, descompuesta, sin norte. Es una sociedad en la cual las instituciones, las leyes, las normas pierden su función integradora y existen solo formalmente. Los dirigentes de tal sociedad pierden el respeto y el prestigio frente a la población y la solidaridad social disminuye a niveles mínimos.

Una sociedad en estas condiciones no nos provee, al decir de Ortega y Gasset, de “UN PROYECTO SUGESTIVO DE VIDA EN COMÚN”, no tiene un norte, no tiene un objetivo. El Estado no tiene una función moral sino que se vuelve presa de las apetencias de dinero y de poder personales y se vuelve vulnerable, presa fácil de bandas, de asociaciones delictivas, de gavillas que se apropian del sistema político para su propio beneficio.

En todo el continente asistimos a situaciones similares, nos enfrentamos en particular al CRIMEN ORGANIZADO que se cuela y coopta al Estado; que corrompe al sistema judicial, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; que recluta a nuestros jóvenes, que los vuelve adictos hipotecando nuestro futuro como sociedad y como país; que comienza –casi sin que nos demos cuenta- a regir nuestros destinos al tiempo que acelera la descomposición social.

Aquellos que crean que pueden pescar en ese río revuelto, tienen una visión corta, no ven más que su propia nariz. Si bien pueden amasar una fortuna en corto tiempo -tenemos sobrados ejemplos que son del dominio público- no ven que a la larga sus acciones que implican la descomposición social, el irrespeto a la ley, la desarticulación institucional, tarde o temprano volverán como un boomerang a estallarles en la cara.

Algunos pensarán aquí: “¿Esto que tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer al respecto? Es demasiado grande para nuestras fuerzas, no tenemos los medios…” Son los comentarios más usuales que escucho de las personas con las que reflexiono acerca de estos temas: “Nosotros no podemos combatir al crimen organizado, no hay nada que podamos hacer”.

Pero la disyuntiva que se plantea es la siguiente: O hacemos algo o nuestros hijos tendrán que trabajar para el crimen organizado o ser sus esclavos.

Con esta reflexión quiero proponerles un repaso de algunos conceptos clave de derechos humanos para explicar cómo, en esta época en que nos toca vivir, las más graves violaciones a los derechos humanos son en su mayoría atribuibles a actores no estatales: carteles de la droga, redes de trata de personas, maras: REDES DE CRIMEN ORGANIZADO.

Para los defensores de derechos humanos, ello hace más difícil el combate y la clarificación de responsabilidades. Sin embargo, toda vez que estos actores no estatales: paramilitares, carteles de la droga, maras, grupos delincuenciales actúan con la aquiescencia o se benefician de la omisión sistemática del Estado, o se utiliza el aparato del Estado para la comisión del delito, estas violaciones son atribuibles al Estado y debemos denunciarlas y exigir como sociedad que cesen. Es necesaria una mayor participación social en la veeduría de las acciones del Estado, en el seguimiento y en la denuncia, en la exigencia del cumplimiento de la ley y en el respeto de los principios democráticos.

Una vez hecho este repaso que les propongo y analizados algunos casos prácticos, la propuesta es que ustedes, profesionales y estudiantes de Ciencias Económicas, entre los que se encuentran futuros líderes que regirán los destinos del país, entiendan que, tanto en sus actos personales como profesionales, estarán realizando una opción ética de la cual dependerá el futuro de la sociedad en la que viven y estarán abriendo o cerrando el camino a las generaciones venideras.

A lo largo de mi vida he sufrido toda clase de violencias, de discriminación, de persecución, de amenazas, de injusticias pero, como siempre digo, mi profesión es antes que nada, ser una optimista incurable, por ello creo que es posible un futuro diferente.

Quiero transmitirles pues una visión de la realidad y la gravedad de la situación de derechos humanos, pero también la posibilidad de un futuro mejor.

Creo en ustedes, creo en los jóvenes y en su capacidad para desde la no violencia, lograr los cambios que hacen falta: recuperar la institucionalidad, las normas, los valores y construir un Estado justificado éticamente. Un Estado cuya razón de ser sea lograr el bienestar de las personas que están bajo su jurisdicción, no un Estado cooptado por bandas de crimen organizado en el que los seres humanos son meros objetos, bienes de intercambio, cuya vida y dignidad no interesan a nadie.

DERECHOS HUMANOS

Después de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional se convenció de que para preservar la paz y la seguridad en el mundo, debía intervenir en los casos en que los Estados avasallan los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción.

La declaración universal y las convenciones internacionales que le siguieron entienden que el control de las acciones del Estado no puede dejarse en manos de las instituciones domésticas, exclusivamente. A partir de esta gran hecatombe que fue la segunda guerra mundial y con la seguridad de que el hombre podía llegar a la destrucción total del planeta, se planteó la creación de instancias internacionales para la protección de los derechos de las personas.

Existen diversas definiciones de los derechos humanos, en general se entiende que los derechos humanos son aquellos que tenemos por el mero hecho de ser personas, que son interdependientes, inalienables e irrenunciables y que los Estados no los “crean” sino que los reconocen porque hacen parte de nuestra dignidad como seres humanos.

A los efectos de esta charla, sin embargo, les propongo una definición un poco más técnica, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, que entiende como derechos humanos a aquellos “derechos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

El reconocimiento de estos derechos implica acuerdos supra-nacionales que relativizan el principio de no-injerencia en los asuntos internos de un Estado. Es decir, los Estados se han comprometido a que, si los violan y no los respetan, la comunidad internacional puede intervenir para proteger a los individuos que se encuentran a merced de Estados violadores. La mayoría de las convenciones de derechos humanos prevén herramientas a disposición del hombre común para defenderse de los abusos del Estado.

El sistema de derecho internacional busca asegurar un estándar mínimo de respeto al ser humano: la declaración universal de derechos humanos busca dar a los individuos la posibilidad de defenderse frente al poder omnímodo del Estado.

La filosofía detrás de los derechos humanos es la de proteger a los individuos frente al poder inmenso que maneja un Estado, desproporcionado frente a los recursos de un ciudadano o residente común.

OBLIGACIONES DEL ESTADO

Las obligaciones del Estado pueden dividirse en tres formas: obligación de respetar (abstenerse de interferir en el disfrute del derecho), proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho) y realizar (adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho).

RESPETAR. Los Estados tienen el deber de asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y otros representantes de la ley, los ciudadanos, las empresas, las corporaciones y otros actores no gubernamentales que operen dentro de su jurisdicción. Para lograr ello el Estado debe en algunos casos abstenerse de actuar, por ejemplo abstenerse de limitar la libertad de expresión, o de limitar el derecho de las personas a ejercer su derecho de reunión y asociación. En otros casos el Estado debe actuar, por ejemplo protegiendo el derecho a la libertad de reunión y expresión si pudiera ser amenazado por personas con opiniones diferentes.

PROTEGER: El Estado debe proteger los derechos humanos a través de las leyes y normas, considerando como ilícita toda acción u omisión de un órgano o funcionario del Estado que lesione los derechos humanos o de los particulares que puedan violentar los derechos de terceros. Ello incluye también el deber de prevenir las violaciones.

En una palabra debe existir un “estado de derecho” en el que las constituciones y las leyes respeten los derechos humanos. Además deben existir recursos sencillos, oportunos y eficaces para aquellos casos en los que existan violaciones puedan remediarse mediante un sistema judicial competente, imparcial e independiente.

Es irrelevante que el órgano o funcionario proceda en violación de la ley o fuera del ámbito de su competencia. Si actúa aprovechándose de los medios o poderes de que dispone por su carácter oficial como órgano o funcionario o, en el caso de un particular si actúa con el conocimiento o la aquiescencia del Estado o se beneficia del no hacer o de la omisión consciente del Estado, el Estado es responsable de estas violaciones.

PROMOVER: Los Estados tienen el deber de asegurar que se fomenten y pongan en práctica los derechos humanos, de tal forma que los individuos puedan disfrutarlos plenamente. Ello implica el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas que conduzcan a un mejor conocimiento y un ejercicio más fácil de los mismos; la asignación de un presupuesto adecuado y otros recursos propios del Estado, así como la creación de un espacio en el que la sociedad civil y las organizaciones  no gubernamentales puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible.

Puesto que son los Estados quienes se comprometen mediante la ratificación de convenciones y pactos internacionales a garantizar determinados derechos a las personas sometidas a su jurisdicción, sólo los Estados pueden violar los derechos humanos de las personas, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos.

Las violaciones pueden ocurrir por acción, por omisión, o cuando el Estado no puede proteger o garantizar un derecho. Los particulares pueden violar los derechos humanos cuando actúan como agentes estatales, o con la aquiescencia del Estado.

 

 

 

EJEMPLOS: LA TRATA DE PERSONAS

El término “trata de personas” es una forma moderna de nombrar un problema milenario: LA ESCLAVITUD: “aquella situación en la que se ejercen derechos de propiedad sobre el individuo y se capturan o adquieren para el comercio de los hombres”

Según la definición moderna la “trata” es el reclutamiento, la captación, el traslado y la acogida de personas con fines de explotación. Dicha explotación tiene distintas variables, puede ser explotación sexual, puede ser explotación laboral incluida la explotación de personas en actividades delincuenciales o, incluso, puede ser la explotación para la extracción de órganos o tejidos humanos.

Parece increíble pero, en los cinco siglos que duró la época colonial en América se traficaron 11 millones de esclavos a América pero en la actualidad existirían más de 13 millones de personas esclavizadas. Es decir, que existen más esclavos en la actualidad –en la que la esclavitud se encuentra prohibida- que en los 500 años en que la esclavitud era legal.

En la Argentina, las estimaciones más optimistas indican que existirían más de 1 MILLON DE PERSONAS ESCLAVIZADAS. Desde la aprobación de la ley de trata, en el año 2008, el Estado ha rescatado unas 8.151 víctimas (al 31 de marzo de 2015). Ello implica un promedio de casi 1.164 víctimas rescatadas por año. PARECIERA QUE SON MUCHAS VÍCTIMAS RESCATADAS, PERO SI ARGENTINA SIGUE CON ESTA CIFRA ANUAL DE RESCATES Y LAS VÍCTIMAS SUMAN UN MILLÓN, SE DEMORARÍAN MIL AÑOS EN RESCATARLAS !!!!

La trata de personas es un delito que para perpetrarse requiere, al menos de la omisión estatal. En muchos de los casos judicializados de trata se presenta incluso, connivencia y o aquiescencia estatal.

Pensemos en la trata sexual: por ejemplo, una adolescente Paraguaya que es traída a la Argentina para ser explotada en uno de los más de 2000 prostíbulos que existen en la ciudad de Buenos Aires.

Primera pregunta: ¿Cómo ingresa la adolescente no acompañada a la Argentina? Puede ser que lo haga a través de un paso no habilitado de manera ilegal. Sin embargo, en el grueso de los casos ingresan en ómnibus de larga distancia de manera legal. Primera responsabilidad para el Estado: omisión de controles o aceptación de coimas para permitir el ingreso.

Segunda pregunta: ¿Cómo puede ser explotada en un prostíbulo si los prostíbulos están prohibidos en todo el territorio de la República Argentina? Segunda responsabilidad para el Estado: omisión de control sobre prostíbulos prohibidos y, encima, connivencia: la mayoría de los prostíbulos gozan de protección policial en la modalidad de servicio adicional, pagado por los proxenetas.  Los municipios, por su parte, habilitan locales, que saben que son prostíbulos porque allí permiten la presencia de “alternadoras” con eufemismos como “local bailable clase C”, etc.

En los casos en que se han logrado cerrar prostíbulos, las personas que quedan detenidas son los encargados o las encargadas (muchas veces ex víctimas de trata) y no los grandes tratantes, porque no se investiga adecuadamente y no se logra llegar al vértice de la pirámide.

Tercera Pregunta: ¿Por qué en los casos de trata no se procesa y condena a los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por las omisiones y acciones que permiten el desarrollo del delito?

Cuarta Pregunta: ¿Por qué no se investiga en todos los casos la ruta del dinero para llegar a las cabezas de las organizaciones criminales?

La trata sexual viene acompañada, en general, de algún otro delito. El 70% de estos casos se relaciona directamente con el narcotráfico.

En la mayoría de los prostíbulos se vende droga. Muchas de las víctimas de trata en Argentina son obligadas a vender droga o a entregarla en los prostíbulos en los que son explotadas.

Aún más, se han investigado prostíbulos y se ha determinado que algunos no son económicamente rentables, la verdad es que muchos de los prostíbulos se han transformado en kioscos de venta minorista y hasta mayorista de droga.

Las rutas de la droga y de la trata coinciden en muchos casos. Por ejemplo se ha probado que los Zetas en Mexico financian compras de droga con la trata de personas. En Honduras más de 10.000 niños por año han estado saliendo del país, escapando de las maras que los explotan en actividades delincuenciales de extorsión, sicariato y venta de drogas. Si se niegan los niños son torturados y asesinados.

No se investiga la ruta del dinero. La investigación de lavado de dinero está en pañales en nuestro país. Recién en el año 2000, Argentina tuvo su ley de lavado y se creó la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de su control. Sin embargo, casi no se habían producido condenas  contra este delito ya que era muy difícil de probar por lo inadecuada y casi imposible de aplicar que era la ley, que recién fue modificada en el 2011.

Todas las falencias legislativas y la ausencia de un política seria de persecución penal del crimen organizado, volvieron a la Argentina un país muy seductor para los lavadores de dinero. Argentina se ha transformado en un centro logístico internacional para el transporte de droga a Estados Unidos y Europa. En el país se produce droga y es el segundo país de América en consumo de cocaína.

Afortunadamente, este año se ha procesado por lavado de dinero al “Clan de los Ale”, conocidos proxenetas Tucumanos, quienes serían los responsables del secuestro y desaparición de Marita Verón, pero el caso del secuestro y desaparición de Marita, sigue impune.

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL ESTADO EN DERECHOS HUMANOS

La trata de personas es una actividad ilegal que, en general, es perpetrada por bandas de crimen organizado que no forman parte del Estado, lo mismo que el narcotráfico. Sin embargo, para que el crimen ocurra se requiere, al menos, de la omisión del Estado.

El delito de trata, entraña una cadena de violaciones a los derechos humanos y el Estado, habiendo tomado conocimiento de la situación, no ha cumplido acabadamente con los deberes de respeto, garantía y prevención de los derechos humanos.

En el caso de la trata, a pesar de las prédicas incesantes de las ONGs, el Estado no termina de adecuar la legislación. Recientemente se ha reglamentado, con dos años de retraso la ley de trata pero la reglamentación es totalmente insuficiente y no ha tenido en cuenta la mayoría de las recomendaciones de las organizaciones que nos dedicamos a la lucha contra la esclavitud.

No son suficientes los controles de las habilitaciones de locales que funcionan como prostíbulos o maquilas, etc.; es decir no está desarrollando tareas de prevención de la trata, está incumpliendo sus deberes hacia los derechos humanos. No es suficiente el control de ingreso y de salida de menores hacia y desde la Argentina.

El Ministerio Público Fiscal ha caracterizado las redes de trata en el país como no profesionalizadas, poco estructuradas, muchas veces de carácter familiar, y “SIN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y OPERACIONAL RESPECTO DEL ESTADO, en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. Sin embargo, a la fecha deben existir unas 4 condenas de funcionarios públicos por trata de personas.

Existe responsabilidad internacional del Estado tanto por omisión como por acción ya que agentes estatales –violando la legislación vigente- protegen prostíbulos, talleres clandestinos, granjas, emprendimientos agrícolas y otros lugares, en los que el Estado tiene conocimiento de que hay personas sometidas a formas modernas de esclavitud.

Si una vez que se ha producido el delito, el Estado no asegura a las víctimas la reparación adecuada ni la asistencia a la que se ha comprometido en un instrumento internacional, está violando su obligación de protección.

Si la persecución penal de la trata está dificultada por que el Estado no ha adaptado adecuadamente su legislación y la legislación existente no constituye un remedio judicial efectivo o resulta insuficiente para garantizar que los tratantes sean procesados y condenados y las víctimas obtengan justicia y reparación, está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos humanos.

En este escenario el Estado sería, prima facie responsable por omisión, y en algunos casos por acción, de violación a los derechos humanos.

La situación en Argentina bien podría caracterizarse como una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que afectan especialmente a las personas más vulnerables: mujeres, niños y niñas, migrantes.  

Pero en cuestiones de derechos humanos, seguimos mirando hacia atrás. En la época de la dictadura se supone que en los 10 años que duró, unas 30.000 personas resultaron desaparecidas. En la actualidad, el Estado rescata unas 1000 víctimas de trata cada año. Esas 1000 víctimas serían la punta del iceberg ya que se estima que se denuncia tan sólo un 1% de los casos. Es decir que anualmente existirían unos 100.000 casos, lo cual implicaría UN MILLÓN DE CASOS EN 10 AÑOS. Ayer el Diputado Vera denunció que en la salada solamente existirían unas 100.000 víctimas de trata laboral (10 personas x 10.000 talleres textiles en operación).

Parece que sería hora de mirar hacia el presente cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, porque tenemos más de un millón de víctimas en nuestro país que están sufriendo mientras miramos al pasado.

¿QUE PUEDEN HACER LOS JÓVENES PARA CAMBIAR ESTO?

  • Dejar de naturalizar la explotación sexual y no comprar sexo: comprar el cuerpo de una persona para tener sexo es una indignidad, atenta contra la integridad física, moral y psíquica de las víctimas y es una violencia ejercida por parte de quien dispone a voluntad del cuerpo de otro.
  • Dejar de naturalizar la explotación laboral y no comprar artículos producidos con trabajo esclavo: Existen leyes laborales y deben cumplirse. Por favor no compren ropa ni artículos producidos con trabajo esclavo, con la sangre y el sudor de niños, niñas, mujeres y hombres que son tan seres humanos como ustedes.
  • Dejar de comprar y consumir drogas: Cada vez que ustedes compran drogas están alimentando a las redes de crimen organizado que están esclavizando personas, corrompiendo a sus Estados y sembrando la muerte.
  • No paguen coimas ni ayuden a otros evadir sus obligaciones: No se presten a acciones ilegales, paguen las multas, no las coimas. Piensen que la corrupción mata: faltan los remedios en los hospitales, falta mantenimiento en los trenes, faltan escuelas. Eso sí, verifiquen que el Estado utilice el dinero de los impuestos en lo que debe utilizarse y que no sea una rueda más de la corrupción.
  • Denuncien la trata, el narcotráfico y la corrupción: Hoy existe la posibilidad de denunciar en forma anónima, o siempre pueden acudir a ONGs o, incluso, al sistema internacional de derechos humanos.
  • Realicen veeduría ciudadana sobre la actuación del Estado y el uso de los recursos públicos: El seguimiento de presupuesto anual del Estado resulta urgente. Los estudiantes y profesionales de ciencias económicas están preparados para ello.
  • Capacítense e investiguen sobre la temática del lavado de dinero. Se necesitan más especialistas que logren desenmarañar las redes de crimen organizado para lograr que las condenas lleguen a las cabezas de las redes de crimen organizado.
  • Donen su tiempo a ONGs e Iglesias que asisten a las víctimas. La acción del Estado es todavía muy débil y existen millones de víctimas que necesitan apoyo y también su conocimiento para la investigación de las redes de crimen organizado.
  • Únanse para exigir al Estado: nuevas leyes, mejores políticas públicas, una justicia independiente e imparcial, medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, la correcta utilización de los recursos del Estado y la protección y asistencia para las víctimas.
  • Utilicen las redes sociales para difundir e incitar a otros al cambio. La mayoría de las personas quieren un cambio pero no encuentran canales para expresarse y aportar su granito de arena por un mundo mejor. Generen esos canales.

ES NECESARIO COMPRENDER LA GRAVEDAD QUE NOS PLANTEA LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN ARGENTINA Y TOMAR CONCIENCIA DE QUE, SI NO HACEMOS ALGO HOY, ES PROBABLE QUE NUESTROS HIJOS E HIJAS NO TENGAN MÁS OPCIÓN QUE SER PARTE DEL CRIMEN ORGANIZADO O SER SUS ESCLAVOS.

REITERO LO DICHO AL PRINCIPIO DE ESTA CHARLA: TANTO EN SUS ACTOS PERSONALES COMO PROFESIONALES ESTÁN REALIZANDO UNA OPCIÓN ÉTICA DE LA CUAL DEPENDERÁ EL FUTURO DE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVEN y EN BASE A LA CUAL ESTARÁN ABRIENDO O CERRANDO EL CAMINO A LAS GENERACIONES VENIDERAS.

MUCHAS GRACIAS

Tegucigalpa, Honduras

10-04-2015

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