INFORME 2015 SOBRE TRATA DE PERSONAS

INFORME 2015 SOBRE TRATA DE PERSONAS

Publicado por la Oficina para el Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas

27 de julio de 2015

ARGENTINA (Categoría 2)

Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.

Mujeres y niños argentinos son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual dentro del país al igual que mujeres y niños provenientes de otros países de América Latina. En menor medida, hombres, mujeres y niños argentinos son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en otros países. Ciudadanos transgénero de origen argentino son víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual dentro del país y en Europa Occidental.
Hombres, mujeres y niños provenientes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y otros países son sometidos a trabajo forzado en una diversidad de sectores que abarcan talleres clandestinos, agricultura, venta ambulante, producción de carbón vegetal y ladrillos, tareas domésticas y pequeños emprendimientos. Los ciudadanos chinos que trabajan en supermercados son vulnerables al delito de servidumbre por deudas. Funcionarios argentinos informan casos aislados de víctimas extranjeras reclutadas en la Argentina y que son sometidas a la trata de personas en otros países.
 Algunos funcionarios, principalmente a nivel provincial, incluidos funcionarios policiales e intendentes, protegen burdeles en los que hubo trata de personas. Organizaciones no gubernamentales y funcionarios denuncian que los jueces reciben sobornos de parte de los responsables de la trata o no investigan adecuadamente los indicios de complicidad oficial. Una entidad gubernamental denunció que en el 40 por ciento de los casos de trata de personas con fines de explotación sexual hubo complicidad policial ya sea por consumo de servicios sexuales o por contactos personales con los propietarios de burdeles; situación que desincentiva las denuncias de explotación por parte de las víctimas.
 El gobierno de Argentina no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas; sin embargo, lleva a cabo esfuerzos significativos en este sentido. Las autoridades identificaron una cantidad significativa de potenciales víctimas de la trata de personas, lanzaron una campaña de concientización a nivel nacional y condenaron a una mayor cantidad de tratantes; incluidos tres funcionarios gubernamentales cómplices del delito de trata con fines de explotación sexual. No obstante, los fondos gubernamentales destinados a brindar servicios a las víctimas fueron insuficientes para brindar asistencia a la gran cantidad de víctimas potenciales identificadas durante el año. Las autoridades no informaron la cantidad de víctimas, particularmente de trabajo forzado, que recibieron servicios especializados o refugio en 2014, lo cual genera preocupaciones respecto de que muchas víctimas podrían no tener acceso a servicios más allá de la asistencia de emergencia.
 La corrupción relacionada con la trata, principalmente entre funcionarios gubernamentales del nivel provincial, continuó siendo motivo de seria preocupación.
Recomendaciones para Argentina:
Aumentar los fondos destinados a brindar servicios especializados a las víctimas, particularmente para las víctimas de trabajo forzoso, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, a nivel nacional, provincial y municipal; aumentar la persecución penal y condenas con sentencias disuasivas para funcionarios gubernamentales cómplices de la trata; aumentar la disponibilidad de refugios, servicios de asistencia legal, médica y programas de empleo destinados a las víctimas; ofrecer sistemáticamente a las víctimas extranjeras, la oportunidad de permanecer en el país y documentar cuántas lo hacen; fortalecer los esfuerzos destinados a investigar, procesar, condenar y castigar a los responsables de la trata con sentencias lo suficientemente severas; fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad civil, que incluya establecer el Consejo Federal sobre trata de personas e implementar un plan anti-trata que cuente con un presupuesto; mejorar los esfuerzos para reunir datos relacionados con la identificación y asistencia a las víctimas para verificar que reciban atención más allá de los servicios de emergencia, y continuar capacitando funcionarios y brindando asesoramiento sobre identificación y asistencia a las víctimas.
Persecución penal
El gobierno de Argentina mantuvo los esfuerzos de aplicación de la ley. La Ley 26842 aprobada en 2012, prohíbe todas las formas de trata de personas y establece penas privativas de la libertad que van de 4 a 10 años.
 Dichas penas son suficientemente severas y guardan relación con las penas establecidas para otros delitos graves tales como la violación. La ley establece como agravantes el uso de la fuerza, fraude y coerción, más que como elementos esenciales del delito y estipula que facilitar o usufructuar la prostitución de terceros y la venta ilegal de órganos configura el delito de trata de personas. El gobierno reglamentó artículos de la ley en enero de 2015; dicha reglamentación especifica los procedimientos de asistencia a las víctimas y estipulan la colaboración entre distintas oficinas gubernamentales, entre otras disposiciones. Si bien la trata constituye un delito federal, algunas autoridades provinciales investigaron o persiguieron penalmente casos de trata en virtud de distintas leyes relacionadas con la explotación y el proxenetismo, lo cual dificulta la recolección de datos abarcadores. La confusión con respecto a si la competencia correspondía al gobierno federal o a los gobiernos provinciales originó demoras significativas en las investigaciones y procesamientos relacionados con la trata de personas. Las autoridades no informaron la cantidad total de casos de trata investigados por la policía en 2014.
 La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, (PROTEX) que monitoreó las causas de trata tramitadas en los tribunales del país, abrió investigaciones en 139 casos de trata con fines de explotación sexual y 59 casos de trata con fines de explotación laboral. En 2014, las autoridades procesaron a 66 personas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y a 26, por el delito de trata con fines de explotación laboral. Esto implica una disminución con respecto a las 249 personas procesadas por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en 2013.
 En 2014, el gobierno condenó a 37 personas responsables de la trata con fines de explotación sexual y a 18 personas por el delito de trata con fines de explotación laboral y absolvió a siete presuntos tratantes de personas con fines de explotación sexual en una causa. Las penas fueron de 1 a 14 años de prisión. Las autoridades no informaron cuántas sentencias quedaron en suspenso si bien los informes periodísticos indicaron que algunos tratantes cumplieron sus condenas bajo el régimen de “probation” y al menos un tratante condenado continuó operando un burdel en el que se había detectado trata de personas con fines de explotación sexual.
 Comparativamente, en 2013, las autoridades condenaron a 39 tratantes. El gobierno brindó capacitación contra la trata de personas a la policía, fiscales, funcionarios judiciales y otros funcionarios, que incluyó un curso de capacitación virtual. El conocimiento en materia de trata de algunos jueces provinciales fue limitado; situación que en ocasiones, obstaculizó los esfuerzos para hacer penalmente responsables a los tratantes. Algunos materiales de difusión oficiales y funcionarios del gobierno sostuvieron erróneamente que para que se configurara el delito de trata, era necesario que las víctimas hayan sido transportadas.
 En 2014, los fiscales argentinos trabajaron en coordinación con gobiernos extranjeros en 5 investigaciones transnacionales relacionadas con la trata de personas. Las autoridades iniciaron investigaciones y persecuciones penales por complicidad relacionada con la trata de personas, que incluyeron la acusación contra cuatro intendentes en la provincia de La Pampa por proteger el funcionamiento de burdeles en donde presuntamente existía trata de personas con fines de explotación sexual.
 En 2014, el gobierno condenó a tres funcionarios policiales por trata de personas; uno fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso mientras que los otros dos funcionarios recibieron una condena de cuatro años y medio de prisión efectiva. Investigaciones previas por complicidad relacionada con la trata siguieron su curso e incluyeron dos causas separadas del año 2013 en las cuales subcomisarios presuntamente brindaron protección a burdeles en donde se explotaban a víctimas de la trata; una investigación del año 2010, de más de 70 funcionarios de la policía de Buenos Aires acusados de aceptar sobornos a cambio de protección a burdeles, y una investigación de 2010, del ex jefe de la unidad anti-trata de la policía acusado de regentear burdeles.
 Protección
 Los esfuerzos del gobierno para brindar asistencia a las víctimas de la trata continuaron siendo dispares. El Programa de Rescate—un equipo de funcionarios del gobierno con sede en Buenos Aires, responsables de la coordinación de los servicios brindados a las víctimas de la trata a nivel nacional—informó la identificación de 1.509 víctimas potenciales de la trata de personas en 2014 comparado con 1.746 víctimas potenciales en 2013. Esta cantidad podría incluir la cantidad total de personas encontradas durante allanamientos relacionados con la trata de personas, algunas de las cuales probablemente eran víctimas de explotación laboral sin mediar fuerza, fraude o coerción. De las víctimas potenciales, 942 fueron mujeres, 564 hombres y tres personas transgénero.
Las autoridades no informaron cuántas de estas víctimas eran adultos o niños, cuántas eran ciudadanos argentinos o extranjeros nacionalizados o cuántas eran víctimas de la trata con fines de explotación sexual o laboral. Algunos funcionarios federales contaban con procedimientos para la identificación y asistencia de las víctimas pero la implementación de procedimientos sistemáticos para identificarlas entre las poblaciones vulnerables varió según la provincia en cuestión. Algunos de los funcionarios que brindan la atención inicial a las víctimas poseían un conocimiento limitado de la trata de personas. Los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas de servidumbre doméstica fueron débiles. Las autoridades no informaron cuántas víctimas recibieron servicios integrales en 2014 o cuántos fondos destinaron los gobiernos a nivel federal, provincial y local, a los servicios para las víctimas de la trata.
 El Programa de Rescate tomó declaración inicial a las víctimas y brindó servicios de emergencia a una cantidad no especificada de víctimas, con posterioridad al rescate durante operativos de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Desarrollo Social supervisó los servicios brindados a las víctimas, y cada provincia contó con una entidad gubernamental designada, responsable por la coordinación de los servicios de protección a las víctimas a nivel local. La calidad y nivel de asistencia a las víctimas variaron según la provincia y en su mayoría, no contaban con recursos asignados a la atención de las víctimas de trata de personas; especialmente de las víctimas de trabajo forzoso. Las autoridades federales y provinciales informaron que otorgaron fondos por un monto no especificado a una ONG para brindar servicios a las víctimas. La mayoría de los refugios administrados por el gobierno u ONG brindaron asistencia a las víctimas de la trata conjuntamente con víctimas de la violencia de género u otras poblaciones. Las autoridades no informaron cuantas víctimas de la trata fueron asistidas en refugios o alojadas en hoteles durante 2014.
 El gobierno anunció una nueva iniciativa destinada a mejorar el panorama laboral de las víctimas de trabajo forzoso, si bien no informó cuántas víctimas recibieron servicios de asistencia laboral en 2014. Los servicios especializados fueron limitados y las ONG informaron que existe una necesidad imperiosa de refugio, capacitación laboral, servicios legales y asistencia de emergencia. La ley contra la trata de personas promulgada en 2012 preveía la creación de un fondo para las víctimas por parte del gobierno pero este fondo no fue creado en 2014. Una nueva dependencia de la Procuraduría brindó asistencia a las víctimas durante los juicios y las derivó para recibir servicios gubernamentales y legales gratuitos: fueron 80 víctimas potenciales del delito de trata con fines de explotación sexual y 97 víctimas potenciales de la trata con fines de explotación laboral en 2014. No se informaron casos específicos de víctimas identificadas que hayan ido a la cárcel o hayan sido penalizadas por actos ilícitos cometidos en relación directa al hecho de haber sido sometidas a la trata de personas. Las autoridades no informaron cuántas de las víctimas extranjeras recibieron residencia temporaria o de largo plazo según prevé la ley. Tampoco hubo precisiones sobre si las víctimas extranjeras fueron informadas plenamente sobre sus opciones de residencia y asistencia antes de la repatriación. Las autoridades no identificaron ni asistieron a ningún ciudadano argentino víctima de trata en el extranjero durante 2014.
Prevención
 El gobierno mantuvo los esfuerzos de prevención. En enero de 2015 las autoridades reglamentaron la actuación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, un amplio grupo de trabajo cuya creación fue estipulada por la Ley contra la Trata de Personas promulgada en 2012 y que preveía la participación de entidades nacionales de gobierno, funcionarios provinciales y ONG, si bien el Consejo no estuvo formado en 2014. El Comité Ejecutivo, una entidad más reducida para la lucha contra la trata de personas y destinada por ley a implementar las iniciativas del Consejo Federal, lanzó una campaña de concientización contra la trata de personas en 2014.
 
 Las autoridades no crearon un plan nacional contra la trata de personas según lo estipula la ley; sin un plan no se pudieron destinar asignaciones presupuestarias específicas a nuevas estructuras contra la trata de personas. Algunos gobiernos provinciales implementaron esfuerzos de prevención. Las ONG y las autoridades municipales siguieron manifestando preocupación acerca del turismo sexual infantil, si bien no se registraron investigaciones ni persecuciones penales por este delito. El gobierno continuó implementando esfuerzos proactivos para registrar a los trabajadores informales y empleadores en áreas rurales e investigar el incumplimiento de las leyes laborales. La campaña nacional contra la trata de personas incluyó esfuerzos para reducir el consumo de servicios sexuales pero las autoridades no informaron esfuerzos para reducir la demanda de trabajo forzoso. El gobierno brindó capacitación para combatir la trata de personas a tropas argentinas, previo a su despliegue en el extranjero en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz.

2 respuestas a INFORME 2015 SOBRE TRATA DE PERSONAS

  1. Anónimo dice:

    Mas claro imposible. Gracias Mercedes y un abrazo. Fui su alumna en el primer diplomado de Villa Maria ,Córdoba
    .

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  2. FILATINA dice:

    Sin necesidad de comparar con otros genocidios, la UCEP era el órgano oficial instituido especialmente para la acción violenta contra el pueblo en Buenos Aires. La llamada UCEP, era una invención de Macri, pero también de Larreta, Piccardo y Maquiavelo Montenegro: se encargaba de pegar con palos a los indigentes más pobres, viejos y desvalidos de la calle, para echarlos de las plazas y sitios donde se albergaban porque no tenían otro lugar dónde ir, ante la inoperancia de esa clase de “gente” de gobierno de la CABA que no accionaba el presupuesto especial que tenían para resolverles el drama. Y como no se iban, los mojaban de noche (para que no se viese) con el camión hidrante: sus colchones y abrigos, así se tenían que ir o morirse de pulmonía. No es exageración. No fue una vez sola. No es invento mío. No intervengo en partidismos. Obvio que soy contra esta clase de acciones, como contra de la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas (otra ilegalidad permitida en la CABA por la gente de ese gobierno) de lo que en Buenos Aires está lleno de ejemplos, de ambos lados del Riachuelo.
    Hubo 7 personas de la calle que fueron víctimas de estas violencias, que se animaron y prestaron su testimonio ante la Defensoría del Pueblo, y se pudo hacerles cerrar la UCEP a esos cretinos (que son igualmente votados por la gente desinformada, hasta el presente, como fue votado Hitler en su momento).
    La UCEP era un órgano de choque contra el pueblo conformado por barrabravas de Boca incorporados por el ex presidente de ese club, institucionalizados para pegar palos, patadas y trompadas a la gente decente, con apoyo policial (Metropolitana y a veces la misma Federal). Tuve la ocasión de hablar con gente de la calle para corroborar todo esto y participar en una denuncia amplia en la Defensoría del Pueblo de la CABA para que eso aCABAra.
    También usaron la UCEP con la Policía Metropolitana, para pegarles a los chicos, estudiantes y grandes, asistentes, alumnos y profesores de la Sala Alberdi, del Centro Cultural La Sala, y de la Huerta Orgánica de Caballito, sitios donde se daban cursos y videos documentales ambientales gratis para todos, sin que se gastara un peso del dinero público. En todos esos sitios estuve y soy testigo de lo que digo.
    ¿Te acordás del correo argentino quién se robó la plata que reclaman los buitres y la pagamos nosotros? Hay un infograma que recuerda el caso que circula por internet.
    En otras fotos se puede ver a Macri con su esposa Awada, (vergonzante primera dama de la ciudad capital de Argentina), en ocasión de viajar ambos para agradecer en Cancún al proxeneta Martins, (ex-SIDE prófugo de Argentina), su aporte varias veces millonario “para la campaña”, que le sirve también para que se le sigan permitiendo tener abiertos varios suyos entre los 1350 prostíbulos que hay dentro de la ciudad, forrada de papelitos de propaganda de PROstitución. Obvio que a cambio de dejarle traficar mujeres en sus prostíbulos de Buenos Aires y llevar selectas a Cancún. Las fotos no mienten. Como esto es verdad histórica, no admito a los críticos de internet cuando lo público, que se me digan que lo digo por ser de la oposición. Ver fotos. http://www.bastadetrata.wordpress.com

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