PROTECCION DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Resumen ejecutivo: “Mecanismo de protección a defensoras              y defensores de Derechos Humanos y periodistas”

 

Presentación

Este documento es producto del intercambio y análisis de las problemáticas comunes que enfrentan en México dos actores en el espacio público, que en su quehacer desarrollan acciones fundamentales para la democracia: periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos.

Asimismo, es resultado de un proceso de diálogo retomado en el 2009 entre organizaciones que  enfocan su esfuerzo en la defensa y promoción de los derechos humanos y otras específicamente dedicadas al derecho a la libertad de expresión enfocado al ejercicio de la libertad de prensa.

Este documento ha sido posible por el esfuerzo del grupo de trabajo integrado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Centro Nacional de Comunicación Social, el Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Protection International, la Secretaria ejecutiva de Red Todos los Derechos para Todos y Todas, y la asesoría de Peace Brigades International y Global Rights.

 

Introducción

Actualmente en México las personas y organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos, así como los periodistas, se enfrentan a diversos riesgos: vigilancia, hostigamiento, desprestigio, robo de información, judicialización indebida, amenaza de muerte, asesinato y desaparición forzada provenientes de diversos actores estatales y paraestatales. Asimismo padecen de una mayor inseguridad como consecuencia de las políticas de seguridad pública (seguridad nacional), tales como la militarización y la criminalización de la protesta social; grupos paramilitares y actividades de grupos de sicarios (crimen organizado) que actualmente enfrenta el país.

Como consecuencia, organizaciones civiles de derechos humanos y periodistas por separado, hemos externado que ante la falta de una respuesta contundente de las instancias responsables de brindar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos se requiere emprender urgentemente acciones y propuestas para impulsar medidas de prevención, protección e investigación, eficientes.

Hemos comprobado que en la mayoría de los casos, el Estado no ha logrado el esclarecimiento de los hechos, la ubicación de los responsables y el sometimiento a proceso conforme a derecho de los mismos. La impunidad, la ausencia total de procesos de investigación y de acceso a la justicia ha hecho más vulnerables a las y los defensores de derechos humanos y a periodistas, pues cuando el Estado renuncia al cumplimiento total de su deber de garantía y protección el mensaje da impunidad a los perpetradores.

En ese contexto, ARTICLE 19 propuso al Gobierno Federal, desde agosto de 2008, el diseño e instrumentación de un Comité de Protección a Periodistas,[1] como un mecanismo preventivo potencialmente efectivo. Dicho Comité se establecería dentro del Estado, como una respuesta al clima de violencia e impunidad.

Por otra parte, se han revisado las experiencias de Guatemala, Colombia, Brasil, Congo y Nepal para entender los procesos que se emprendieron para implementar mecanismos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos.

En 2009, diversas organizaciones abordamos conjuntamente el análisis y ubicación de patrones de riesgo, así como propuestas de acompañamiento propio que permita condiciones para el goce del derecho a defender y la libertad de expresión; con el fin de colocar en la agenda la diversidad de problemas y retos que enfrentamos los defensores y periodistas, para impulsar un cambio que permita el acceso a la justicia, la protección de la labor de las y los defensores y con ello la mejora de la democracia.

 

  1. Sobre el Derecho a Defender los Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas que aun hoy en sociedades democráticas, las defensoras y defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; agresiones, amenazas y hostigamientos; campañas de desprestigio, inicio de acciones judiciales; restricción de información en poder del Estado; abusivos controles administrativos y financieros; e impunidad en relación a quienes son autores de estas violaciones, en un contexto en el que su labor no está debidamente reconocida ni valorada por las autoridades y donde esta situación se agrava cuando las y los defensores pertenecen o trabajan con ciertos sectores como son los dedicados a reivindicar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la defensa del territorio de los pueblos indígenas- o los que trabajan a favor de los derechos de determinadas poblaciones marginadas o discriminadas como lo son los migrantes y población LGBTTI, quienes suelen enfrentar modalidades de hostigamiento y riesgo propias a su condición o su trabajo.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos analizó 128 casos de ataques y presuntos actos de agresión contra defensoras y defensores mexicanos ocurridos entre el 2006 y agosto de 2009, en la que documentaron 10 homicidios y 26 procesos penales emprendidos en contra de 32 defensores y defensoras presuntamente iniciados como represalia por su labor. En dicho informe la OACNUDH pudo constatar que la impunidad rige en más del 98% de los casos. La CNDH, por su parte, mediante su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, ha identificado que las y los defensores en México enfrentan “violaciones sistemáticas” que incluyen “homicidios, amenazas, secuestro, tortura y detenciones arbitrarias”[2].

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (un reconocido proyecto internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en un informe publicado en 2009 tras una misión al país, concluyó que México es “un país donde las personas involucradas en la protesta social a nombre de la defensa de sus derechos humanos, de la defensa de los recursos nacionales, de su cultura o de la ecología se hallan expuestas a la represión” y notó la impunidad que rige “con relación a las amenazas y los hostigamientos de que son blanco, circunstancias por las cuales se ven obligados a recurrir a la vía internacional”[3]. Amnistía Internacional abunda en su Informe sobre la situación de riesgo a las y los defensores mexicanos, publicado en enero de 2010, que “México es un país peligroso para defender los derechos humanos”.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha constatado a partir del análisis de los casos presentados en el marco del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, que con relación a las y los defensores, “[e]s evidente que la omisión del Estado mexicano respecto de su obligación de garantizar la seguridad pública, humana y legalidad, así como de efectuar una investigación efectiva y completa de los ataques contra las y los defensores, genera impunidad, y con ello la repetición crónica de las agresiones”.[4]  Por otra parte, las y los defensores y organizaciones no gubernamentales que tienen medidas cautelares o provisionales, muchos de ellos integrantes de la Red TDT, comúnmente encuentran que las autoridades, sobre todo locales, no implementan tales medidas de manera eficaz, una situación grave tanto por la urgencia de proteger a estos grupos y personas como por el número inédito de defensores que se han visto obligados a obtener medidas de protección: en este momento, por ejemplo, más de 100 defensores tienen medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual de por sí es un indicio de un serio problema en la protección de defensores a nivel nacional.  Por lo cual se puede concluir que la situación requiere urgentemente de la instrumentación de un Mecanismo para garantizar la prevención, protección, investigación y sanción de las agresiones cometidas en contra de los defensores de derechos humanos.

En síntesis podemos decir que la situación de las y los defensores de derechos humanos se resume de la siguiente manera.

  • Existe un uso indebido de leyes y disposiciones jurídicas por parte del Estado para impedir la labor de las y los defensores así como para criminalizar la protesta social.
  • Existe la fabricación de delitos o expedientes para incriminar a defensoras y defensores de derechos humanos con el objetivo de perjudicar su labor y seguridad.
  • Persiste un alto número de violaciones de derechos humanos cometidas en su contra que permanecen en la impunidad lo cual repercute negativamente en su labor y seguridad.
  • Se comienza a documentar que las agresiones que sufren las y los defensores de derechos humanos provienen de autoridades estatales, federales, militares y en ocasiones de poderes fácticos protegidos por autoridades gubernamentales.
  • La falta de implementación integral de medidas de protección a favor de las y los defensores
  1. Sobre agresiones a la libertad de expresión y de prensa

México ha padecido en los últimos años el crecimiento exponencial de agresiones y ataques en contra de periodistas. El asesinato constituye la agresión más categórica y uno de los indicadores más ilustrativos de la violencia en que periodistas y comunicadores ejercen su trabajo. [5] Más aún, el índice de homicidios de periodistas arroja una medición de la calidad democrática y el respeto al Estado de Derecho, con base en la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.

El Estado mexicano ha mostrado apertura para la adquisición de compromisos internacionales relativos a la protección de periodistas y al  establecimiento de un diálogo con la sociedad civil para la búsqueda de soluciones concretas.[6] No obstante, a pesar de las abrumadoras cifras y agresiones sistemáticas contra periodistas y de los múltiples señalamientos realizados por actores nacionales e internacionales, el Estado mexicano no ha puesto en marcha una política preventiva de protección para hacer frente a los ataques contra periodistas y comunicadores.

A pesar de los compromisos internacionales adquiridos, de los múltiples señalamientos por la comunidad internacional, y de la intensificación de las agresiones, el Estado mexicano continúa sin tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad de prensa en el país.

La falta de voluntad política  ha derivado en la incapacidad de articular el aparato gubernamental para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano. La muestra más contundente de la inacción del Estado, a pesar de la gravedad y urgencia de la problemática que se enfrenta, es la conformación de un patrón de impunidad frente a los casos de agresión contra las y los periodistas, que ha perpetuado su repetición.  (…) Por lo tanto, a partir de una concepción integral de los derechos humanos y teniendo en cuenta su carácter interdependiente, el Estado mexicano, a través de sus acciones y omisiones, no sólo ha incumplido sus obligaciones de proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, cuyo pleno ejercicio es una herramienta para alcanzar otras libertades individuales, sino también los derechos a la vida y a la integridad personal; a la libertad personal; al debido proceso y a las garantías judiciales[7].

 

  1. Compromisos del Estado Mexicano sobre el derecho a defender y la libertad de expresión y prensa

Más allá de la obligación general de proteger a las y los defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores asumida mediante la ratificación de tratados internacionales, diversos órganos internacionales han dirigido recomendaciones al Estado mexicano sobre la situación de las y los defensores, tras haber llevado a cabo análisis o visitas al país.

Para mencionar unos ejemplos recientes, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) en 2009 diversos Estados parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaron la necesidad que el Estado mexicano tomara medidas para proteger a las y los defensores, recomendando entre otros que “investigara los casos de agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos”, “arbitrara medidas estructurales para combatir sistemáticamente la violencia y la violación de los derechos fundamentales que sufrían” y “mejorara la eficacia de las ‘medidas cautelares’ para proteger a los defensores de los derechos humanos e investigara las denuncias de asesinatos, amenazas, agresiones y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos, a fin de someter a la justicia a los autores”[8].

El Estado mexicano, como parte de su política interna en materia de derechos humanos, así como en respuesta a las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos en el marco del EPU y otros órganos internacionales de derechos humanos, se ha comprometido a implementar las recomendaciones internacionales citadas y, en general, a proteger a las y los defensores de derechos humanos.  En relación a las obligaciones de la Administración Pública Federal, dicho compromiso se encuentra plasmado hasta ahora en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, el cual establece los siguientes lineamientos de acción y responsables, entre otros:

 

  1. Propuesta de Integración de Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

La construcción del Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiene como base la atención para la prevención, protección e investigación, asimismo es un espacio en que se opera en sesión diferenciada para la atención de cada unos de los grupos. El diseño y la labor del Mecanismo se debe caracterizar por los siguientes lineamientos generales, los cuales se deben contemplar y sustentar en su Acuerdo de Creación y marco regulatorio:

 

  1. Objetivo general del Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Hacer que el Estado cumpla su responsabilidad fundamental y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por medio de la adopción de las medidas necesarias para instaurar las condiciones necesarias, así como las garantías jurídicas para que todas las personas sometidas a su jurisdicción, incluidos los defensores de derechos humanos, periodistas y otros grupos, individualmente o en asociación con otros, puedan poner en práctica todos estos derechos y libertades.

Objetivo particular: Proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de las poblaciones objeto que se encuentren en situación de riesgo debido al ejercicio de sus actividades o funciones de derechos humanos, políticas, sociales o humanitarias.

Poblaciones meta: Defensoras y defensores de derechos humanos y  periodistas.

  1. Estructura del Mecanismo

Composición permanente del Mecanismo: donde se integraran las Instituciones para la promoción y defensa de los derechos humanos existentes en las diferentes instancias desde la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación (SEGOB), CNDH, Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), representantes de organizaciones de la sociedad civil experta en derechos humanos y libertad de expresión, representantes del medio periodístico y otros especialistas o expertos y expertas independientes en evaluación de riesgo a defensores y periodistas con enfoque psicosocial y delegados de sectores protegidos (Defensores/ras y periodistas).

Invitados especiales permanentes: de acuerdo al caso que se analice en la sesión de Mecanismo: solicitantes de las medidas, y ONGs nacional o extranjera que acompañan, asesoran y tienen conocimiento del caso.

Invitados a sesiones especiales no permanentes del Mecanismo: Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados; organismos públicos estatales de derechos humanos; procuradurías estatales de justicia; secretarías de seguridad pública estatales y locales; Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Poder Judicial, Organismos de investigación civil, Secretaría de Salud Pública y Órganos Internacionales.

 

  1. Funciones generales del Mecanismo
  • Recibir y tramitar las solicitudes e información relacionadas con violaciones al derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión.
  • Analizar y verificar la documentación relacionada con las solicitudes; solicitar información complementaria para analizar la situación particular del solicitante y realizar una entrevista personal con el solicitante, para ampliar la información relacionada con su situación particular.
  • Coordinar con las entidades competentes dentro del mecanismo la evaluación de riesgo; implementación de las medidas de prevención y protección otorgadas; análisis de ataques, y de seguimiento y evaluación de medidas de prevención y protección.
  • Trasladas a las autoridades competentes las solicitudes o información que no sean competencia del mecanismo
  • Suministrar la información requerida por los organismos de control del estado y demás autoridades competentes
  • Elaborar informes sobre la situación nacional en materia de defensores y defensoras y periodistas.
  • Presentar, a título consultivo, al gobierno, al Poder Legislativo y a cualquier otro órgano pertinente, dictámenes, recomendaciones, propuestas de ley e informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección de los defensores y periodistas; y podrán hacerlos públicos
  • Promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales relativos a defensoras de derechos humanos y periodistas de los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva. Además, se debería alentar la ratificación de esos instrumentos internacionales o la adhesión a esos textos y asegurar su aplicación.
  1. Comité Coordinador del Mecanismo

El Mecanismo deberá contar con una estructura centralizada, capaz de coordinar, monitorear y solicitar rendición de cuentas a las autoridades estatales y federales. En su mayor parte las acciones serán instrumentadas por la Administración Pública Federal y la CNDH. Desde una instancia en la Secretaría de Gobernación especializada para coordinar el mecanismo, integrarán además Presidencia, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB, CNDH, PGR, SSP, OACNUDH, equipo de personas expertas en derechos humanos y libertad de expresión (representantes de la sociedad civil y periodistas); expertos y expertas independientes en evaluación de riesgo a defensores y periodistas con enfoque psicosocial y delegados de sectores protegidos (Defensores/ras y periodistas).

  1. Miembros del Comité Coordinador del Mecanismo

Instancia de la APF que preside el Comité Coordinador:

  1. Será una nueva instancia en la Secretaría de Gobernación especializada para coordinar el mecanismo.

Miembros permanentes:

  1. Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
  2. Presidencia
  3. Procuraduría General de la República (PGR).
  4. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
  5. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
  6. Equipo de personas expertas en derechos humanos y libertad de expresión (Representantes de la sociedad civil y periodistas).
  7. Expertos y expertas independientes en evaluación de riesgo a defensores y periodistas con enfoque psicosocial.
  8. Delegados de sectores protegidos (Defensores/ras y periodistas).

 

  1. Funciones del Comité Coordinador
  2. Sesiones ordinarias y extraordinarias para evaluar el funcionamiento, avances y deficiencias del Mecanismo y el nivel de cumplimiento del PNDH y de las recomendaciones internacionales vigentes en la materia.
  3. Instrumentación de medidas para corregir cualquier deficiencia detectada.
  4. Manejo del presupuesto del Mecanismo.
  5. Tomar conocimiento de todas las medidas instrumentadas por el mecanismo y suplantar sus acciones cuando sea necesario.
  6. Sistematizar la información recabada por el Mecanismo.
  7. Mantener sitio Web del Mecanismo.
  8. Capacitar a los miembros del Mecanismo en los protocolos correspondientes a la evaluación de riesgo y a los agentes del MP acerca de los protocolos de investigación de agresiones contra defensores y periodistas.
  9. Promover una iniciativa de ley para federalizar la competencia sobre delitos cometidos contra defensores presuntamente relacionados con sus actividades de defensa de los derechos humanos.
  1. Funciones del Mecanismo en evaluación del riesgo y medidas de prevención responsables de la evaluación de riesgos y la implementación de medidas puntuales de prevención

Instancia de la APF que preside:

  1. Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Miembros permanentes:

  1. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
  2. Procuraduría General de la República (PGR).
  3. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
  4. Las y/o los defensores en presunto riesgo y sus representantes.

Invitados ad casum, a discreción del Comité:

  1. Organizaciones no gubernamentales, locales, nacionales o internacionales, cuyos conocimientos serían útiles para la consideración de un caso bajo consideración del Comité.
  2. Cualquier otro invitado civil cuya aportación fuera de utilidad para el Comité.

Funciones en esta etapa:

  1. Recibir información sobre situaciones de presunto riesgo.
  2. Entrevistarse con las y los defensores afectados.
  3. Facilitar la apertura de una queja y una solicitud de medidas cautelares ante el organismo público correspondiente.
  4. Facilitar la denuncia penal ante la autoridad ministerial correspondiente.
  5. Evaluar la situación de riesgo.
  6. Acordar medidas de prevención puntuales o medidas de más largo plazo con el consentimiento informado de las y los afectados.
  7. Informar del caso al Comité Coordinador del Mecanismo.

 

  1. Medidas de prevención

El Mecanismo ofrecerá implementar medidas inmediatas mientras se lleva a cabo la evaluación del riesgo, las cuales deberán ser implementadas dentro de las 48 horas siguientes según el caso.

Catálogo de Medidas de prevención

Ejemplos de medidas de prevención que se deberán de considerar, en orden ascendiente de seriedad, incluyen:

  • Instructivo de medidas preventivas individuales y colectivas
  • Curso de auto-protección y auto-seguridad individuales y colectivas
  • Acompañamiento en eventos determinados en calidad de observadores de derechos humanos.
  • Emisión de un pronunciamiento público por las dependencias que forman parte del Mecanismo para contrarrestar declaraciones públicos hechas por otros actores que buscan deslegitimar a las y los defensores o ponerlos en riesgo.
  • Entrega de equipo celular o radio.
  • Instalación de cámaras, chapas, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o la casa de una persona.
  • Acompañamiento regular para determinados traslados o en otras situaciones de riesgo aumentado.
  • Rondines policiacos (en tal caso, el Comité consultará con la persona antes de pedir apoyo en este aspecto de las corporaciones policiacas locales o estatales; siempre que la persona afectada lo solicite, será la SSP la corporación a cargo de esta medida).
  • Escoltas y choferes para acompañar de manera permanente a la persona y a su familia o resguardar las instalaciones de una organización o grupo (en tal caso, el Comité consultará con la persona antes de pedir apoyo en este aspecto de las corporaciones policiacas locales o estatales; siempre que la persona afectada lo solicite, será la SSP la corporación a cargo de esta medida).
  • Apoyo para reubicar a una persona y su familia a otro lugar.

Funciones en esta etapa:

  1. Recibir información sobre situaciones de presunto riesgo.
  2. Entrevistarse con las y los defensores afectados.
  3. Desde el momento en que establece contacto con la persona o grupo afectado, el Comité ofrecerá medidas interinas a la persona o grupo mientras evalúa su situación de riesgo, proceso que no debe exceder las 48 horas.
  4. Se solicitará a la institución correspondiente, la realización de los estudios de nivel de riesgo y grado de amenaza de las personas que soliciten protección al mecanismo.
  5. Se presentará ante la instancia correspondiente para la reglamentación y evaluación de riesgos las solicitudes de protección, con sus respectivos soportes, para que se hagan las recomendaciones pertinentes.
  6. Facilitar la apertura de una queja ante el organismo público correspondiente.
  7. Facilitar la denuncia penal ante la autoridad ministerial correspondiente.
  8. El Comité recabará toda la información relevante sobre el riesgo, las medidas que pide la persona para evitar el riesgo, hechos de amenazas o agresiones pasadas y otra información.
  9. Evaluar la situación de riesgo.
  10. Acordar medidas de prevención puntuales o medidas de más largo plazo con el consentimiento informado de las y los afectados.
  11. Implementar las medidas de prevención y protección recomendadas.
  12. Informar del caso al Comité Coordinador del Mecanismo.

Funciones del Mecanismo: medidas de protección

  1. Implementar las medidas acordadas.
  2. Impulsar el cumplimiento de cualquier medida que quede a cargo de otra dependencia.
  3. Impulsar la investigación de los hechos.
  4. Monitorear de manera permanente la implementación de las medidas.
  5. Sostener reuniones periódicas para discutir las medidas.
  6. Cerciorarse de la adecuada investigación de los hechos.
  7. Informar del caso al Comité Coordinador del Mecanismo.

 

  1. Funciones del Mecanismo: medidas de investigación. Deberá generarse un protocolo de investigación.

Responsables de la implementación de medidas de investigación:

  1. Procuraduría General de la República (PGR) o, en su caso, Procuraduría General de Justicia Estatal.
  2. Las y/o los defensores en presunto riesgo y sus representantes (participan como coadyuvantes).

Funciones en esta etapa:

  1. Investigar el caso aplicado el Protocolo de investigación; consignar y procurar la sanción adecuada de los responsables.
  2. Informar del caso al Comité Coordinador del Mecanismo.
  1. Otras funciones fundamentales del Mecanismo
  2. Análisis de ataques, es decir, análisis de los patrones de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.
  3. Seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y protección.

[1] ARTICLE 19 convocó, junto con el Internacional Media Support, a las organizaciones internacionales más importantes en materia de promoción y defensa de las libertades de expresión y prensa a participar en la “Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación”  que visitaron México del 19 al 26 de abril de 2008. Con base en el balance y evaluación de dicha Misión Internacional, Article19 acordó con la Secretaría de Gobernación trabajar de manera conjunta- sociedad civil y gobierno- en el diseño e instrumentación de un Comité de Protección a Periodistas.

[2] CNDH, Guía para implementar medidas cautelares en beneficio de defensores y defensoras de los Derechos Humanos en México, mayo 2010, pág. 4.

[3] Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos,  México: Defensores de derechos humanos frente a la mutación política y la violencia, febrero de 2009, pág. 4, disponible en http://www.omct.org/pdf/Observatory/2009/Informe_Mision_Mexico.pdf.

[4] CNDH, Guía para implementar medidas cautelares en beneficio de defensores y defensoras de los Derechos Humanos en México, mayo 2010, pág. 5.

[5]              Mientras que del 2001 al 2003 tuvieron lugar los asesinatos de siete periodistas, del 2004 al 2006 el número de asesinatos subió a 20 casos. De éstos, 10 ocurrieron durante 2006. En 2008 se registraron 13 asesinatos, mientras que en 2009 se verificaron 11.

[6]              Derivado del Examen Periódico Universal de México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en febrero de 2009, el Estado mexicano aceptó las siguientes recomendaciones: 53.  Invitar a ONGs que trabajan el tema de la libertad de prensa  a un dialogo constructivo  sobre cómo detener la violencia contra los periodistas y garantizar la libertad de prensa; 56.  Poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la violencia contra los periodistas y personal de los medios de comunicación; ofrecer garantías a los mismos; garantizar su seguridad en el  desempeño de sus actividades profesionales en particular de aquellos que investigan y denuncian los casos de tráfico de drogas y la corrupción;  60.  Incrementar la efectividad de las medidas precautorias para proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo la adopción de efectivas  y comprehensivas estrategias de prevención, a nivel central y local, para prevenir los ataques y proteger la vida e integridad física de los defensores de los derechos humanos y periodistas y garantizar que esos programas estén respaldados por un firme compromiso político y  con recursos suficientes.

[7]  Informe presentado a la CIDH en Mayo de 2010 por ARTICLE19 y CENCOS

[8] Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: México, 5 de octubre de 2009, A/HRC/11/27, paras. 29, 44 y 45, respectivamente.

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