II Encuentro Nacional e Internacional

09/22/2010

II Encuentro Nacional e Internacional de Redes Sociales que luchan contra la Trata y el Tráfico de Personas

24 de Septiembre  de 2010  en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación

25 en el Auditorio  Kraft, Florida 681 2do. Subsuelo

PROGRAMA SEMINARIO 2010

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Anteproyecto de modificación a la Ley 26.364

08/03/2010

Adjuntamos el archivo que contiene el último anteproyecto disponible de dictamen del proyecto de la futura ley contra la Trata de Personas para que puedan prepararse para la audiencia pública del 3 de Agosto.

Es un “borrador” que contempla todo lo acordado hasta ahora, aunque aún quedan muchos puntos por discutir y definir. Agradecemos a la Diputada Claudia Rucci que nos lo hizo llegar.

ESCLAVITUD CERO

Estamos reenviando un archivo que contiene el útimo anteproyecto disponible
de dictamen del proyecto de la futura ley contra la Trata de Personas para
que puedan prepararse para la audiencia pública del próximo 3 de Agosto. Es
un *borrador* que contempla todo lo acordado hasta ahora, aunque aún quedan
muchos puntos por discutir y definir. Agradecemos a la Diputada Claudia
Rucci que nos lo hizo llegar.

H. Cámara de Diputados de la Nación — Comisión de Legislación Penal

08/02/2010

COMISIONES DE LEGISLACIÓN PENAL Y FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CITACIÓN A REUNION CONJUNTA

Se comunica que por indicación de la Presidencia, se cita a reunión conjunta de los/as señores/as diputados/as de las Comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la que se realizará el día 3 de Agosto de 2010, a las 15.00 horas en la Sala 1, of. 327/329 del 2º piso del  Edificio Anexo de la HCDN, a efectos del análisis del siguiente temario

TRATA DE PERSONAS (seguir leyendo)


Acuerdo en Diputados

06/25/2010

Estimadxs:

Con mucha alegría y satisfacción por el deber cumplido, adjuntamos un artículo que resume el acuerdo histórico al que se arribó en la Cámara de Diputados de la Nación.

Diputados de todos los partidos, incluido el Oficialismo, firmaron el acuerdo para modificar la ley de trata. Como saben en el acuerdo mínimo que se giró figuraba como punto principal el cambio en la tipificación de la ley de trata para desterrar la cuestión del consentimiento.

El acuerdo decía, les recuerdo, que el asentimiento o consentimiento de las víctimas es jurídicamente inválido ya que los derechos humanos no sólo son inalienables e intransferibles sino también irrenunciables. También se han comprometido a la creación de un Programa Nacional Contra La Trata De Personas que se elabore con la participación de la sociedad civl.

No sólo se han comprometido a imprimir celeridad a los cambios necesarios sino también a elaborar un proyecto de declaración para adoptar como propia la Declaración De Villa María para dar cumplimiento a todos los puntos que plaenteamos en la misma.  Asimismo, varias Comisiones hicieron hincapié en interpelar a la cúpula de la Policía Federal para pedir explicaciones sobre las denuncias que pesan sobre la División Trata de Personas.

Junto a La Alameda presentamos también un borrador de Proyecto de Ley para iniciarla discusión. Proponemos más que una mera ley de trata un Estatuto Anti Esclavitud que involucra la adaptación de la Legislación Argentina no sólo al Protocolo de Palermo sino a todas las Convenciones Internacionales relacionadas con el tema de la esclavitud. Aquellas organizaciones que asi lo deseen pueden adherir al proyecto y, también, proponer cambios y agregados.

A continuación el texto de la alocución de Mercedes Assorati en Diputados y el artículo de Noticias Urbanas y

Conferencia de Prensa de las Organizaciones Signatarias

de la Declaración de Villa María

Buenos Días a todos y todas y gracias por su interés en la trata de personas que constituye una crisis social y de derechos humanos que es necesario abordar con urgencia.

Queremos agradecer especialmente el apoyo de la Diputada Fernanda Gil Lozano, que es una abanderada de la lucha contra la trata de personas y la violencia contra las mujeres y que hace muchísimos años acompaña a las organizaciones en escarches, marchas, allanamientos, denuncias con un compromiso inquebrantable. Ella nos ha apoyado desde su bloque, en la organización de la presente conferencia de prensa.

Más de 500 personas pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, iglesias, sindicatos, funcionarios públicos y hasta miembros de las fuerzas de seguridad nos reunimos el pasado mes de mayo en el Primer Congreso del Interior contra la Trata de Personas en la ciudad de Villa María, Córdoba.

Allí compartimos nuestra preocupación por un estado de cosas que, en lo que hace a la trata de personas en Argentina, configura una situación de violación masiva y sistemática de los derechos de amplios sectores de la población, especialmente la más vulnerable: mujeres y niñas de baja extracción social, analfabetas, indocumentadas, migrantes, cabeza de hogar sin posibilidad de conseguir en sus lugares de origen trabajos que les permitan vivir con dignidad y hacer frente a las necesidades de sus familias. Por ello elaboramos la Declaración de Villa María y decidimos solicitar el auxilio y apoyo del Congreso para dar un paso firme en el combate contra la trata de personas en Argentina.

Tal como lo expresa el Procurador General de la Nación “…a partir de las investigaciones preliminares emprendidas se ha advertido el incumplimiento de las normas nacionales y supranacionales que se relacionan con el funcionamiento de las denominadas “casas de tolerancia” en donde se practica o se incita el comercio sexual de personas y se explota tal actividad por terceros participantes…De modo tal que los lugares de destino del proceso de trata con fines de explotación sexual…gozan (así) de un espurio e improcedente reconocimiento de hecho o legal, que termina siendo funcional a la existencia del circuito ilícito que se intenta combatir*. A pesar de las palabras del Procurador, las organizaciones realizamos una denuncia conjunta sobre 613 prostíbulos que funcionan en la ciudad de Buenos Aires en Diciembre del 2009 y, a la fecha, se han allanado tan sólo 40 lugares.

Nos preocupa la naturalización de la protección policial a prostíbulos, talleres clandestinos y otros locales en los que se somete a seres humanos a formas modernas de esclavitud. Nos parecen institucionalmente muy graves las denuncias penales que pesan contra el Jefe de la División Trata de Personas de la Policía Federal y otros miembros de dicha División en las que se imputa al Comisario Fernández, el regenteo de casas en las que se explota la prostitución; el cobro de coimas para “no encontrar” a víctimas de trata en determinados prostíbulos; la práctica de plantación de evidencias falsas y otra serie de sumamente graves irregularidades que ponen en entredicho el funcionamiento de todo el andamiaje institucional nacional, diseñado y puesto en marcha luego de la aprobación de la ley de trata. Pero los problemas que se derivan de la complicidad de agentes de policía, funcionarios públicos y miembros del poder judicial con las redes de trata no se limita al ámbito de la Capital Federal, sino que se verifica también en las Provincias, como por ejemplo en Río Negro en la que las organizaciones estamos denunciando a redes de trata desde el año 2005 sin resultados concretos u oportunos en la justicia y en la que el Comisario denunciado penalmente por su vinculación con redes de trata ha sido “premiado”, nada menos, que con la cartera de Seguridad y Justicia.

Nos preocupa que los jueces que investigan los casos de trata de personas se encuentren amenazados como el Dr. Alejandro Cilleruelo o reciban presiones de toda índole como la Jueza Bosco en Río Negro y que los policías que se han atrevido a investigar hasta las últimas consecuencias los casos de trata sean separados de las fuerzas policiales como el Comisario Gaumet en Córdoba o Oficial Ormeño en Río Negro. Nos preocupa que los casos no avancen y permanezcan impunes.

Nos preocupa la comprobación fáctica de que los remedios judiciales no están funcionando para los casos de trata de personas y que, por todo resultado, las organizaciones estemos recibiendo amenazas y sufriendo ataques contra nuestros miembros, nuestras sedes y computadores.

Es necesario restablecer el imperio de la ley y la justicia en lo que hace a la trata de personas en Argentina y, por ello, pensamos que un primer punto a abordar es la necesaria modificación de la Ley 26.364 de Trata de Personas que se ha mostrado ineficaz para enfrentar el desafío que propone el desarrollo del crimen organizado en el país, y que termina por invertir la carga de la prueba y descargarla sobre las víctimas indefensas y vulnerables, permitiendo que, en la mayoría de los casos, los perpetradores queden libres. Cinco condenas solamente se han logrado: dos de tan sólo 4 años, una de las condenadas es una ex víctima de trata, tratantes de poca monta pero ¿ningún funcionario público?

No, ninguno, cuando es claro que este delito para perpetrarse requiere, al menos de la omisión estatal y que, en la mayoría de los casos, la protección policial a burdeles y talleres clandestinos de confección de indumentaria permite que en los casos de trata se esté utilizando el aparato del Estado para la comisión del delito que, en palabras del Procurador, “termina siendo funcional al circuito ilícito que se intenta combatir”.

Por ello, invitamos a los legisladores de todas las ideologías y partidos políticos a suscribir un compromiso mínimo que asegure una pronta modificación de la Ley de trata de personas que permita cambiar el tipo penal inadecuado que tenemos, aumentar el monto de las penas y crear por Ley, tal como reclamamos desde el año 2005, un Programa Nacional Contra la Trata de Personas que permita a Argentina contar con un Plan Nacional de Combate contra la Trata de Personas y Protección, Asistencia y restitución de derechos para las víctimas.

Por más de medio millón de esclavos que sufren silenciosos en nuestro país, por las miles de víctimas desaparecidas que se encuentran en lo que podemos dar en llamar “centros clandestinos de explotación de seres humanos” por ellos, estamos hoy solicitando el compromiso de los y las honorables señores y señoras Diputados y Diputadas de la Nación. Muchas gracias,

Repercusiones: Noticias Urubanas

ANTE EL FRACASO

Buscan modificar la ley de trata

Diputados de la CC, PRO, Peronismo Federal, Socialismo, UCR, uno del FPV y adhesiones por izquierda recibieron con agrado un proyecto para modificar la ley de trata. Entre ellos un funcionario del Departamento de Estado norteamericano.

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Nuestra Postura Frente a la Ley de Trata

04/09/2008

Reiteramos los puntos principales que nos preocupan de la ley de trata que se intenta aprobar.

El tipo penal pone el énfasis en los medios utilizados para conseguir el sometimiento de las víctimas. La amenaza, la violencia, etc. deben ser causales de agravamiento, pero el hecho de que no puedan probarse dichas circunstancias no quiere decir que no se configura el delito de trata, si resulta claro que hay una situación de esclavitud o servidumbre. (privación de la libertad; obligación de hacer o no hacer; venta, alquiler y leasing de personas; torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes; retención de documentación, etc.)

Es necesario CREAR POR LEY UN PROGRAMA NACIONAL DE ABORDAJE INTEGRAL DE LA TRATA DE PERSONAS, a diferencia del proyecto que ha obtenido media sanción que no incluye un Programa. Los Decretos pueden ser derogados y, a juzgar por la experiencia con el Decreto 1281 que se sancionó en Noviembre del 2007, pueden no ser implementados.

Otros puntos que nos preocupan:

* La búsqueda de las personas desaparecidas;

* Una política de identificación activa de las víctimas;

* La importancia de que se reconozca la situación de las victimas sin que sea necesario que las mismas declaren en un proceso judicial. Esto es importante por que los programas de protección que existen son para TESTIGOS. Si la víctima decide no declarar (esto pasa en la mayoría de los casos), entonces nos preguntamos: La protección que se acuerde dependerá de la buena voluntad de un funcionario público ¿qué organismo decidirá la protección por vía administrativa?

Otros cuatro puntos que nos parecen críticos y en los que no coincidimos con las propuestas en discusión son:

1) Las penas son bajas teniendo en cuenta la gravedad del delito (de lesa humanidad). El proyecto de Vilma Ibarra propone una mínima de 3 a 6 años (excarcelable) y el de la Diputada Córdoba 4 a 15 años. A nosotros nos parece incongruente que la pena por trata para explotación sexual, por ejemplo, sea inferior a la pena por violación (6 a 15 años). En el caso de trata sexual podríamos hablar de una situación de “violación sistemática”, en ese sentido nos parece que nunca debería ser inferior. En ese sentido proponemos que la pena mínima sea de 6 a 15 años.

2) Ninguno de los dos proyectos se refiere específicamente a la REINSERCIÓN de las víctimas. Ambos proyectos hablan de asistencia de un modo genérico, sin referirse a las necesidades de reinserción posteriores a la asistencia de emergencia. Las organizaciones que trabajamos con las víctimas sabemos que este es el mayor cuello de botella, una vez que se rescató a una víctima es necesario brindarle apoyo para que pueda rehacer sus vida. El Protocolo de Palermo habla de educación, salidas laborales, capacitación, etc. Esto es fundamental en lo que hace a la garantía de no repetición que debe brindarse a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las propuestas en discusión aseguran solamente apoyo para el retorno de la víctima. Generalmente se retorna a la víctima a su lugar de origen (en los que generalmente sigue operando la red que las reclutó en primera instancia y con frecuencia las condiciones de seguridad no son las adecuadas) y allí el Estado se desentiende de la suerte de la víctima. Nada dice de la posibilidad de asistir a la víctima en su “reubicación” si esta decide no retornar o si las condiciones de seguridad no permiten su retorno. Un proyecto que no asegure la reinserción no cumplirá acabadamente con las responsabilidades asumidas por el país al ratificar la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional y sus protocolos complementarios.

3) El Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Este derecho a la reparación, que se desprende claramente de la normativa internacional de derechos humanos ratificada por Argentina y que tiene rango constitucional, no esta mencionado en ninguna de las propuestas en discusión. La reparación puede adoptar muchas formas, además de la pecuniaria. Una política reparatoria que se propone, por ejemplo, es brindar prioridad a las víctimas de trata en los planes sociales del Gobierno. Se requiere tan sólo una decisión política y no implica recursos adicionales pero puede ayudar a miles de víctimas que hoy se encuentran enfermas a consecuencia de los padecimientos que debieron soportar y en la indigencia más absoluta.

4) Por último nos preocupa la sostenibilidad de los servicios de asistencia y reinserción para las víctimas. Ambos proyectos proponen que: “El Presupuesto General de la Nación incluirá las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley”. La propuesta de la Fundación El Otro es que se incluya la imposición de multas en cada artículo del Código (tal como lo hacen la ley Colombiana y la Brasilera, por ejemplo) y el decomiso e incautación de los bienes producto de la trata de personas, con destino exclusivo para los programas de asistencia y reinserción de las víctimas de trata. Ello nos parece central para poder brindar la asistencia integral que las víctimas necesitan y, también nos parece un acto de justicia.


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