JUSTICIA PARA NATALIA ACOSTA

05/20/2016

ESCLAVITUD CERO se suma a este pedido de Justicia para Natalia Acosta, desaparecida y posible víctima de trata para explotación sexual y para sus familiares contra quienes se ha ejercido violencia institucional en detrimento de su derecho de acceso a la Justicia. Saludos,
Mercedes Assorati
“Justicia para la Familia de Natalia Acosta”
Natalia Liliana Soledad Acosta desapareció el 29 de mayo de 2009 por la madrugada. Se
la vio por última vez en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha, en la ciudad de Santa Fe.
Natalia tenía 21 años al momento de su desaparición. Durante tres años, la causa estuvo
en la justicia federal y se investigó el hecho como Trata de personas. En la actualidad, y
pese a las diversas pruebas aportadas por la familia de Natalia, el expediente se
encuentra en la justicia provincial, caratulado como Pedido de paradero. La denuncia
sobre la desaparición de Natalia fue realizada el mismo 29 en la Comisaría Primera de la
capital santafesina.
Los hechos
Natalia Acosta ejercía la prostitución bajo el control e influencia de quien era, por
entonces, su pareja, Eduardo Daniel Ruiz. Ambos vivían en la vecina localidad de Santo
Tomé.
La noche previa a su desaparición, un hombre habría llevado a Natalia a Místico, local de
stripers ubicado sobre calle San Martín al 2700 para que conozca el lugar. Esta persona –
identificada por la justicia- se habría hecho pasar por el dueño del club nocturno. En su
declaración testimonial, dicho individuo afirma no recordar a Natalia. Es importante
señalar otros dos datos relacionados con esta persona. La noche en que Natalia
desapareció, no se encontraba en Santa Fe. Había viajado a Angelica –departamento
Castellanos- a visitar a su madre. Por su parte, en su declaración dijo no recordar el
dominio (patente) de su auto. Esta persona no siguió siendo investigada.
Soledad Ruiz, hermana de Eduardo –pareja de Natalia–, ejercía la prostitución en la
misma esquina de 25 de Mayo y Suipacha. La noche en que Natalia desapareció ella no
estaba en el lugar. Soledad dijo, en relación al individuo que habría llevado a Natalia a
Místicoi, que siempre se presentaba a bordo de un auto color bordó. Lo cual da por
sentado que era conocido de Natalia y Soledad y las frecuentaba.
La noche de su desaparición, a las 3 de la mañana, Eduardo Ruiz le solicitó a Natalia que
regresara a su casa. A las 4.30 se envió mensajes de texto con Natalia y entre las 5 y las
7 de la mañana intentó comunicarse con ella llamando en reiteradas oportunidades a su
teléfono celular. Luego fue, junto a su madre, a los hoteles que Natalia frecuentaba.
Cuando eran las 9 de la mañana, Eduardo Daniel Ruiz se hizo presente en la casa de
María Cristina Balán y Ariel Acosta –padres de Natalia– para preguntar por ella. Media
hora antes, quien se había acercado al domicilio de barrio Centenario fue Soledad Ruiz,
cuñada de Natalia y hermana de Eduardo.
Eduardo Daniel Ruiz declaró como testigo. Pese a que afirmó, sobre la desaparición,
tener informaciones “muchas y no confiables”, además de descartar que Natalia “se haya
ido por propia voluntad”, no fue investigado ni se solicitó que amplíe su declaración.
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Tampoco se lo investigó por los hechos de violencia de género que surgen del expediente.
Según declaraciones de familiares, Ruiz habría llegado incluso a amenazar a Natalia en la
vía pública con un arma de fuego.
Las investigaciones
La información que a continuación se enumera integra el expediente de la causa por
averiguación de paradero. Estas pruebas se generaron gracias al aporte de los padres de
Natalia, María Cristina y Ariel, con la colaboración del Programa de Género, Sociedad y
Universidad de la Universidad Nacional del Litoral, las Organizaciones Sociales que
acompañaron desde un principio y de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las
Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Nación. Pese a este aporte, el
Juzgado Provincial de Instrucción Quinta Nominación no avanzó en la búsqueda de
Natalia.
Rodolfo Acosta es uno de los hermanos de Natalia. Estando preso en la cárcel de
Coronda, recibió la información de que su hermana había sido llevada a una casa en el
barrio Barranquitas, de Santa Fe. Las posibles direcciones donde podría estar eran
Cochabamba al 4100 en el citado barrio y Gobernador Vera al 4000, en barrio Roma. Dos
nombres, además de las direcciones, fueron aportados a la justicia. Ariel Acosta realizó la
denuncia el 4 de junio, seis días después de la desaparición de Natalia. El allanamiento
realizado no dio resultados positivos, ya que no se halló a Natalia ni se pudo dar con las
dos personas antes mencionadas. No hubo más investigaciones en este sentido.
Días después, un vecino de los padres de Natalia afirmó haberla visto en Rincón,
localidad costera ubicada a unos 10 kilómetros de Santa Fe, sobre la Ruta 1. El testigo
dijo reconocer a Natalia dentro de una camioneta negra, semidesmayada. El 17 de junio
de 2009 se realizó un nuevo allanamiento en la zona cercana a calle Los Caracoles y el
terraplén de defensa. No hubo resultados positivos y se abandonó esta pista.
En 2011, María Cristina y Ariel se enteraron de que en 2009 había aparecido, a través de
un operativo de Gendarmería Nacional, el teléfono celular de Natalia. El aparato fue
hallado en manos de Miguel Espinoza en una verdulería sobre la Ruta 2, que comunica a
Santa Fe con Monte Vera. Junto a este local hay una whiskeria. Espinoza, en su
explicación, aportó tres versiones diferentes. En primer lugar dijo que se había encontrado
el teléfono. Posteriormente afirmó haberlo comprado en una feria. Su versión final
establece que adquirió el celular en el Mercado de Productores y Abastecedores de
Frutas, Verduras y Hortalizas de Santa Fe, ubicado en Teniente Loza en el noroeste de la
ciudad. Este hecho fue investigado en una causa separada. La justicia provincial, según
consta en el expediente, nunca requirió información sobre los resultados obtenidos en
dicha investigación.
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El tercer allanamiento realizado para dar con el paradero de Natalia aconteció recién en
2012, casi tres años después de su desaparición. Una vez más, fueron Maria Cristina y
Ariel quienes aportaron los datos y realizaron los primeros recorridos por la zona en
cuestión. El juez de instrucción Darío Sánchez, sin investigación preliminar, ordenó que se
allane la casa de tolerancia “El Gitano” y otra cercana, ubicadas en la localidad de
Recreo, sobre la Ruta 70. El martes 26 de febrero los resultados de la pesquisa, como en
las anteriores, fueron negativos. Los padres de Natalia habían denunciado que su hija era
llevada a este local los fines de semana.
El Programa de Género de la Universidad Nacional del Litoral detectó, por su parte, que
figuraba un certificado de justificación de no emisión del voto de Natalia en las elecciones
primarias de la provincia de Santa Fe, que se llevaron a cabo el domingo 11 de agosto de
2013. La Ley N° 12.367 establece, en su artículo 16, que aquellos que no deseen o
puedan participar de una elección provincial justificarán su ausencia presentándose ante
la autoridad pertinente con su documento de identidad.
Ante esta situación y en conjunto con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las
Personas Damnificadas por el Delito de Trata, se solicitó el certificado a la Secretaria
Electoral de Santa Fe. La Secretaría envió el certificado pero anexó, además, un
comprobante de emisión de voto de Natalia en las elecciones primarias de 2013. Es decir,
para la justicia electoral Natalia a la vez que votó, se excusó de hacerlo. Esta
contradicción llevó al Programa de Género de la UNL a solicitar explicaciones. La
Secretaría Electoral de Santa Fe se limitó a responder que las actas de las mesas
electorales fueron destruidas por disposición 10/14.
El 23 de mayo de 2014 la doctora Zulema Rivera, abogada de la oficina de victimas del
Centro de Asistencia Judicial dependiente de la dirección provincial de acceso a la justicia,
solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones constancias de salidas u entradas del país
de Natalia. El pedido exigía se informe los movimientos, en caso de existir, desde el 29 de
mayo de 2009. Hasta la fecha, no hubo respuestas a dicha solicitud. La justicia provincial
tampoco se encargó de reiterar el pedido.
Por último, hubo dos llamados telefónicos anónimos, dos posibles pistas a investigar. En
mayo de 2015, un familiar de Natalia recibió un llamado de una persona que no se
identificó. Ésta dijo tener información sobre el paradero de Natalia y de lo que “habían
hecho”. Manifestó que Natalia había sido vendida y dijo que personas poderosas y
pesadas estaban involucradas. El segundo llamado se produjo en junio de 2015. Los
padres de Natalia asistieron al programa “Los unos y los otros”, que conducía Oscar
González Oro en el canal América para darle visibilidad al caso de su hija. Un anónimo se
comunicó con la producción del programa y afirmó que Natalia fue vendida a España. No
existió accionar judicial dirigido a investigar estos datos aportados.
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La actuación de la justicia provincial
Desde febrero de 2012 hasta marzo de 2013, la justicia provincial no determinó ninguna
medida investigativa para dar con Natalia. Sus acciones en ese período se limitan a un
oficio dirigido a la Unidad Especial de Trata de Personas de la Unidad Regional 1 para
que se continúe con la investigación tendiente a establecer el paradero de Natalia. El
oficio es de fecha 25 de marzo de 2013.
El accionar de los abogados del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, se limitó manifestar la
voluntad de que la causa no se archive. El pedido se hizo el 8 de agosto de 2014. Desde
dicha presentación no se incorporaron hipótesis de investigación ni se solicitaron nuevas
diligencias.
Finalmente, el 29 de mayo de 2014 la Justicia Federal remitió la totalidad de efectos
pertenecientes a la causa junto a las fotocopias certificadas de las mismas al Juzgado de
Instrucción Quinta Nominación, a cargo del Juez Darío Sánchez. El expediente incluía 51
cassetes de escuchas telefónicas, legajo de transcripción de las escuchas telefónicas, un
cd con archivos pertenecientes al celular, entre otros.
En junio de 2015, más de un año después de haber recibido toda la documentación, no se
había hecho análisis
alguno
. Si se realizó, no consta en el expediente provincial de
búsqueda de paradero. El Juez Sánchez negó tener dichas pruebas a su disposición.
A esta desidia e inacción se le suman las situaciones de violencia institucional que
sufrieron María Cristina y Ariel, padres de Natalia, por parte del Juez Sánchez y sus
dependientes. Estos últimos le negaron a la familia el acceso a las copias de la causa por
encontrarse el juez de vacaciones y expresaron, entre otras cosas: “Yo no voy a hacer
más nada total está investigando la gente de Buenos Aires” y “Vos estas cada día más
loca”.
La negación al acceso a la justicia es otro de los derechos vulnerados en esta causa ya
que, entre otras irregularidades, no se brindó un patrocinio jurídico especializado y no
hubo una respuesta oportuna y efectiva a las denuncias y pedidos realizados.
El año pasado la familia de Natalia presentó un escrito en carácter de víctimas y otra vez
el silencio fue la respuesta recibida. Por ello, en el mes de abril de 2016 solicitaron al
Ministerio Público de la Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe les brinde patrocinio
para poder participar como querellantes. Hasta el día de la fecha la justicia no se ha
expedido al respecto.
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POLICIA DE CATAMARCA ENCUBRE TRATA

05/05/2016

jueves, 05 de mayo de 2016
EN TUCUMÁN

Acusan a la policía de Catamarca de encubrir la trata de personas

Un fallo de la Cámara Federal de Tucumán sostiene que la policía de la provincia compondría una red dirigida a encubrir la trata de personas.

Acusan a la policía de Catamarca de encubrir la trata de personas

Un fallo de la Cámara Federal de Tucumán dejó en el centro de las miradas a la Policía de la Provincia ya que la acusa de que integraría una red dedicada a encubrir la trata de personas y proteger a los sujetes que perpetran tan cruel acto. La sentencia se contrapone a una dictaminada por la Justicia de Catamarca en primera instancia.
El fiscal de la Cámara de Apelaciones Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, se refirió al hecho y contó que la denuncia, la cual fue realizada por Ana María Contreras, presidenta de una ONG contra la trata de persona, sostiene que la policía encubrió a diversos regenteadores de prostíbulos. “Hay una denuncia que sostiene que existe una red de protección policial paga que protege a los regentes de prostíbulos catamarqueños. Hay testigos e incluso están los nombres de las personas involucradas”, comenzó contando el fiscal, quién luego agregó que “en su fallo, la Cámara Federal fue muy dura con la forma en que se investigó la causa y critica de forma severa al fiscal Sánchez Reynoso por su accionar, a quién acusa de no investigar de forma adecuada el supuesto delito”.
Por lo que contó el fiscal, “Sánchez Reynoso no tomó en cuenta la causa y adujo que no había motivos para proceder a la investigación, definición que tuvo su fallo en primera instancia. Sin embargo, la denunciante apeló y ahora la Justicia de Tucumán determinó lo contrario. De hecho, el fallo indica que Reynoso no realizó una investigación seria que apunte a esclarecer una denuncia tal gravedad y es por eso que la querella también solicitó que él sea apartado de la causa”.
Gómez también destacó que “dentro de la fuerza de seguridad hay oficiales muy honestos que se presentaron en el expediente, e incluso el fallo rescata el gran trabajo de la comisaría que participó en la investigación”.
Finalmente afirmó que “el fallo establece que la denuncia debe ser investigada y seguramente ahora se procederá a realizar una investigación seria”.

BUSCAMOS A GISELA LOPEZ

05/05/2016

GiselaLopez

Estimadxs:

Por favor ayudemos a la Red de ALerta de Entre Ríos en esta búsqueda. En especial a las y los amigas/os del Litoral. Reenvíen y difundan. Muchas gracias, Mercedes Assorati

Gisela López de 18 años se encuentra desaparecida desde el 22 de abril pasado en la localidad de Santa Elena, Departamento La Paz, Provincia de Entre Rìos; hasta el momento no hay ningún indicio de su paradero.

Gisela es de tez trigueña y contextura delgada, tiene pelo negro largo con mechas rojizas y mide alrededor de 1,60. Cuando salió de su casa vestía camisa blanca, jeans azules o calza negra con cortes en las rodillas y zapatos negros. Llevaba una mochila de color lila.
Apelamos a encontrar en forma urgente a Gisela Lopez.
Silvina Calveyra.
Presidenta Red de Alerta de Entre Ríos
Mexico 371. Casa2. Paraná. (3.100) Entre Ríos. Tel. 0343-155123087. reddealertaer@yahoo.com.ar. Face: Red De Alerta De Entre Ríos.

PEDIMOS JUSTICIA X LAS VÍCTIMAS DEL TALLER INCENDIADO DE LUIS VIALE

04/14/2016

Estimadxs: Es una vergüenza que a diez años del incendio en el Taller textil clandestino que funcionaba en la Calle Luis Viale, que causó la muerte a varias personas, incluyendo niños y una mujer embarazada se encuentre impune. Fue la primera denuncia que se hizo desde la Alameda con la ayuda de Mario Ganora desde la Defensoría del Pueblo y en la cual colaboré, en ese entonces desde la OIM, tomando las declaraciones a las personas que trabajaban en el taller y eran explotadas por los talleristas.

Por favor sumense a esta campaña para lograr que no quede impune, acompañen en el juicio y reclamen justicia. Es vital que como sociedad exijamos justicia y vigilemos que las autoridades judiciales cumplan con su tarea. Por favor, comprométanse con esta causa para que estos niños no hayan muerto en vano. El juicio inicia el próximo 18 de abril en el Tribunal Oral Criminal Nro 5 de CABA que está en Talcahuano 550 6° Piso.

RECLAMEMOS JUSTICIA !!!!!!!!!!

Saludo solidario,

Mercedes Assorati

ESCLAVITUD CERO

ENVIAR ADHESIONES A:

Por favor circular, firmar al pie y enviar adhesiones a juicioviale@gmail.com

Campaña por justicia para las víctimas del incendio del taller textil de la calle Luis Viale

 

El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale (Buenos Aires) provocó la muerte de cinco chicos y una mujer embarazada. Fue el incendio que visibilizó la problemática de los “talleres clandestinos”. A 10 años del hecho, los culpables siguen libres. El próximo 18 de abril comienza el juicio y los responsables podrían quedar libres.

 

En el taller, que desde su habilitación en 2000 no fue inspeccionado, vivían 64 personas. Aproximadamente la mitad eran chicos. Dormían en “habitaciones” de 3 x 2,5mts separadas por telas y tabiques de madera, compartiendo colchones, sin un espacio para comer y con un solo baño (sin agua caliente). Se trabajaba un promedio de 14 horas por día de lunes a viernes, y 5/6 horas el sábado. Los trabajadores cobraban $200 por mes, es decir, menos de un 25% del salario de convenio en aquel entonces.

 

Tras el incendio, el Gobierno de la Ciudad sólo les facilitó a los sobrevivientes subsidios de $300 (el salario mínimo era de $800). No se les ofreció ni siquiera alojamiento, y el estado tardó 52 días en entregar los cuerpos de las víctimas para ser velados.

 

Hasta el momento, los únicos imputados son los encargados del taller (Sillerico y Correa), mientras que los principales responsables, los dueños de las marcas, no fueron siquiera citados a declarar. Ello resulta llamativo ya que los empresarios Fischberg y Geiler no eran solo los dueños de las marcas Woll, JD y LDV-Lordeville, sino también de la propiedad de Viale. Se trataba de un taller satélite, práctica común en el ambiente de las marcas para deslindarse de responsabilidades: en vez de coser las prendas en sus propias fábricas, las marcas elijen a un empleado y ‘le ponen’ un taller, facilitándole las máquinas y el espacio, y haciéndole un contrato de alquiler ficticio para que aparezca como responsable. Naturalmente, el taller trabaja bajo exclusivas órdenes de las marcas, que controlan las condiciones de trabajo y el precio de la mano de obra.

 

Desde el incendio en Viale la situación no mejoró. Ninguna marca fue condenada y las causas están cajoneadas en los juzgados federales, mientras que la oficina de inspecciones de la Ciudad fue desmantelada. El 27 de abril del año pasado, un nuevo incendio en un taller previamente denunciado se llevó la vida de Rodrigo y Rolando. La causa avanza en la Justicia, y el resultado del juicio de Viale podría sentar jurisprudencia.

 

El Juicio comienza el 18 de abril. Se espera que la sentencia se dicte el 13 de mayo. El fiscal a cargo es Fabián Céliz y la causa está en manos del Tribunal Oral Criminal Nro 5 de CABA, cuyos jueces son Adrián Pérez Lance, Rafael Oliden y Fátima Ruiz López. La causa está caratulada como “Incendio o estrago agravado seguido de muerte”. Los jueces ya se manifestaron a favor de declararlo culposo, con lo cual la causa prescribiría tras diez años de numerosas dilaciones injustificadas en la Justicia.

 

Es por ello que familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes lanzamos esta Campaña, para que el caso no quede impune y para que el fallo del Tribunal siente jurisprudencia para los futuros juicios contra las marcas de indumentaria, principales causantes y responsables de la existencia de miles de talleres en donde los y las migrantes son frecuentemente reducidos a condiciones de servidumbre.

 

A 10 años del incendio:

Nunca nadie fue preso

Los principales responsables siguen libres

Las grandes marcas de indumentaria siguen fabricando en talleres similares al de Viale

 

Exigimos que los jueces Oliden, Ruiz López y Pérez Lance (TOC Nro 5) dicten un fallo ejemplar en el proceso de justicia contra la explotación en talleres, y que instruyan a que la justicia investigue a todos los responsables de estas formas de explotación hasta llegar a los culpables máximos: los empresarios Fischberg y Geiler.

 

Convocamos a personas, organizaciones sociales y políticas e instituciones de todo tipo a adherir al pedido de Justicia, para que nunca más mueran trabajadores, trabajadoras, niños y niñas en un taller de costura o en cualquier otra situación de explotación.

 

http://juicioluisviale.wordpress.com

@JuicioLuisViale

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#JuicioLuisViale  #TalleresClandestinos  #NoOlvidamos


LUCHAN EN SALTA CONTRA INSTALACIÓN DE ZONA ROJA

04/08/2016

Contra la zona roja: “La prostitución trae drogas y trata de personas”

SOCIEDAD

07/04/2016

Ante la posibilidad de trasladar la zona roja al Parque Industrial, las voces de los vecinos a través de sus centros vecinales empezaron a levantarse. Consideran que la zona se tornaría más peligrosa y que sería el vehículo para otras situaciones negativas para la comunidad.

Ayer por la tarde la comunidad trans volvió a marchar al Concejo Deliberante pidiendo una zona de convivencia  en  el Parque Industrial. “Sería en la segunda rotonda del Parque Industrial a la izquierda” afirmó Daniela Funes a los distintos medios. Afirmaron que ayer por la mañana mantuvieron una reunión con autoridades municipales quiénes les habrían planteado la opción.

En este marco, vecinos de Villa Mitre, uno de los barrios colindantes al Parque Industrial, dieron sus opiniones al respecto Adolfo Gómez, ex presidente del Centro Vecinal de dicha barriada sostuvo que es una idea que ya se manejaba desde el año pasado, pero sólo como tal, sin especificar cómo sería.

“La gente siempre va a decir que no, pero el año pasado eran ideas al aire, no había proyecto” sostuvo Gómez. Y ratificó la postura de los vecinos en no dejar que esto suceda ya que de lo contrario,  “se iba a tomar medidas de cortar las calles” agregó.

Además expresó que la zona se volvería más peligrosa, ya que por ahí circulan los vecinos hacia sus trabajos en su mayoría en las fábricas del Parque Industrial. “Nosotros tenemos horarios rotativos, no paramos nunca. Es un peligro porque alrededor están los asentamientos y sería un encuentro de delincuentes” afirmó Gómez, ex presidente del Centro Vecinal de Villa Mitre.

En una segunda opinión, el actual presidente del  centro vecinal, Federido Neufele, manifestó que las zonas más afectadas por esta iniciativa serían Floresta, 20 de Junio y Villa Juanita, al tiempo, que expresó su desacuerdo. “Yo no estaría de acuerdo porque el Parque Industrial está caracterizado por la gente que trabaja en las fábricas, mujeres, hombres, gente joven” expresó.

“No sólo es prostitución, sino que también puede llevar a la droga a la trata de personas, es un tema muy complejo. Debería verse la posibilidad de que no se haga aquí” finalizó.

Por último, si la intención de trasladar la zona roja al Parque Industrial continúa, convocará a los vecinos para asamblea y decidir la postura final y qué medidas se tomarían.

Fuente: InformateSalta


PROCESADOS X TRATA 2 VECES EN 14 MESES

02/18/2016

Estimadxs:

Estas situaciones me marcan que todavía tenemos un largo camino por recorrer en lo que hace a trata laboral. Luego de la frustración del caso “Nuestra Huella” y la impunidad en la que sigue la muerte del niño Ezequiel Ferreira, veo estos procesamientos en serie y la explotación que se sigue produciendo sin que nada cambie. Yo que soy siempre un modelo de optimismo siento que no hemos avanzado nada. Me equivoco ?

Saludos frustrados,

Mercedes Assorati

Mar del Plata: los procesan por segunda vez en 14 meses por trata con fines de explotación laboral en campos

17.02.2016

Se trata de dos hombres, dueños de establecimientos rurales dedicados a la producción frutihortícola. Una mujer y el encargado del predio situado sobre la ruta 88 también están procesados. La resolución judicial da cuenta de la precariedad habitacional del lugar donde vivían y trabajaban las víctimas, y los riesgos a los que los trabajadores estaban expuestos.

Son dos causas distintas, pero las semejanzas están a la vista: explotación laboral en campos; mismas modalidades de trabajo clandestino e ilegal con jornadas que superaban las 8 horas, sin cobertura médica ni seguridad social; precarias condiciones de vida, riesgos latentes por la manipulación de agroquímicos; voluntades corrompidas por la pobreza; mujeres que trabajan pero no son reconocidas como tales, niños y niñas que también viven allí en condiciones de hacinamiento; hombres y jóvenes, del norte argentino y Bolivia, lejos de sus ciudades y de tener algún día la posibilidad de un trabajo legítimo.

No sólo los hechos se repiten, también los acusados. Juan Martín Costantino, como cabeza de una organización que sacaba rédito económico de esa explotación, fue imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado en diciembre de 2014. La semana pasada el juez federal Santiago Inchausti volvió a procesarlo, junto a una hermana, su padre –también procesado en la causa anterior- y un hombre que cumplía el rol de encargado del campo situado en el kilómetro 9 de la ruta 88. Era otro campo, pero allí, entendió la justicia, se cometían los mismos delitos.

La causa, en la que interviene el fiscal federal Nicolás Czizik, se inició a partir de una denuncia de la Fundación Alameda, a la que fue agregada otra presentación sobre el mismo lugar, realizado por Stella Casasola, delegada regional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Tales presentaciones fueron realizadas al tomar conocimiento público el allanamiento realizado por el mismo Juzgado en el otro predio que poseían los imputados.

Las tareas de investigación estuvieron a cargo de personal de la delegación local de la Prefectura Naval Argentina y luego se dispuso la intervención telefónica de los números de las personas investigadas. Reunidas decenas de pruebas, se allanó la quinta denunciada –compuesta por dos predios rurales divididos por una calle de tierra, conocida como “La Loma” o “Aníbal”- y de las viviendas donde habitaban los tres principales sospechosos.

Juan Martín Costantino, Francisco Costantino y Mariela Soledad Costantino, fueron procesados como coautores y Rubén Sartor como partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre – 41 hechos en total (8 bajo la modalidad de acogimiento, 31 hechos bajo las modalidades de captación, traslado y acogimiento y 2 hechos bajo la modalidad de captación y recibimiento) -, que concurren en forma real entre sí.

A la mayoría de ellos –conocidos como “medieros”-, se les abonaba el 25% de su producción, aunque desconocían el precio de la mercadería, dado que lo fijaban discrecionalmente los dueños del lugar. A ello, se suma otro elemento fundamental: “Luego de liquidado el porcentaje el explotador retiene el dinero que les corresponde a los trabajadores, porque aduce que pueden perderlo, que pueden robárselo sus propios compañeros, o en algunos casos alegan que lo utilizan para reinvertir en el negocio”, según consta en el escrito de procesamiento.

Otra modalidad de trabajo por producción era la de un embalador, quien recibía cuatro pesos por cada cajón embalado. También, estaba el caso del trabajo por temporada: un hombre, quien vivía en el predio allanado junto a su mujer y su hija de dos años, había llegado hacía cuatro meses y mantenía su familia en virtud de ‘adelantos’ dado que no le habían pagado aún los meses completos trabajados.

A su vez, se detectaron casos de personas que habrían sido captadas y/o acogidas con idénticos fines y trabajaban a cambio de una retribución fija mensual, la que en la mayoría de los casos se encontraba “muy por debajo” de los parámetros de la legislación laboral vigente. Las mismas condiciones atravesaban otras dos personas cuyo trabajo se diferenciaba del resto porque se dedicaban a la albañilería.

Más allá de estas diferencias, las condiciones laborales y de pago, y las circunstancias habitacionales eran similares en todos los casos.

Precarierad Habitacional

El escrito firmado por Inchausti deja detalladas las condiciones edilicias “muy precarias” de las viviendas del predio. “Muchos han referido no contar con baños dentro de su hogar, encontrándose el mismo afuera, alejado y debiendo compartirlo con varias personas, siendo que la mayoría refirió no contar con agua caliente. Las dimensiones de estas viviendas eran pequeñas, siendo que en muchos casos los niños dormían en el mismo ambiente que sus padres”, precisa.

Al no contar los baños con agua caliente, los integrantes de las familias debían calentarla para poder asearse: como las casas no cuentan con gas, usaban garrafas que ellos mismos debían comprar.

De las inspecciones realizadas, consta también que no se observa en el lugar cloacas ni agua corriente potable; que en el sector de viviendas se encuentra una suerte de basural con residuos incinerados; y se observa la inmediatez entre las casas y los invernaderos en los que se desarrollan las labores, donde se opera con sustancias tóxicas tales como insecticidas, fertilizantes y otros agroquímicos.

Estas situaciones de precariedad habitacional fueron constatadas por el juez en la inspección judicial llevada adelante en diciembre pasado, en la que estuvieron presentes además del Fiscal interviniente, representantes de ATAJO en esta jurisdicción, para brindar contención a las víctimas.

Peligro, agroquímicos

La denuncia que dio inicio a esta causa, señalaba que a los trabajadores “la aplicación de agrotóxicos les ocasionan fuertes mareos, náuseas, cerrazón de los pulmones, tos, irritación de la visión, quemaduras en las manos y picazón en el cuerpo”. Incluso, daba cuenta de que en repetidas oportunidades los trabajadores se vieron obligados a salir del lugar donde realizan la aplicación y que había aves y sapos muertos dentro de las carpas por el efecto tóxico.

Frente a esta situación, la Justicia constató que los empleados carecen de elementos de seguridad y protección personal acordes para la tarea que realizan, tales como guantes, máscaras, botas de goma, aún cuando la disposición legal obliga a los empleadores a suministrar estos elementos.

Roles de los imputados

El procesamiento señala como principales responsables de las maniobras desplegadas al grupo familiar compuesto por Juan Martin, Mariela Soledad y Francisco Costantino, en carácter de dueños y responsables del negocio. Los hermanos son miembros de la sociedad Huertas del Sudeste S.A., encargada de la comercialización del producido de la quinta investigada, y los dos hombres son particularmente marcados por los testigos como ‘patrones’ del lugar.

Por su parte, Rubén Sartor era el encargado de los predios allanados, al igual que otro acusado sobre quien se dictó la falta de mérito. Según consta en el escrito judicial, el imputado impartía órdenes vinculadas a la actividad agrícola del lugar, era quien pactaba el porcentaje a ser abonado como suma salarial a los trabajadores y además actuaba como intermediario entre los empleados y los dueños.

Incluso, se ha conocido que Sartor se encargaba por intermedio de terceros de conseguir personas para que fueran a trabajar en los predios rurales allanados, en las precarias condiciones del lugar.

Sobre voluntades y libertad

El juez Inchausti reparó –en torno a las declaraciones prestadas por los trabajadores- que “si bien algunas de las presuntas víctimas manifestaron hallarse a gusto trabajando y residiendo en el predio, no obstante las condiciones en que se encontraban, lo cierto es que sus expresiones y el consentimiento que directa o indirectamente hubieran prestado para su acogimiento en el lugar, deben ser analizados partiendo del contexto social al que pertenecen, su situación económica, cultural, administrativa, su pertenencia a la población trabajadora de origen extranjero y/o migrante, lo que los ubica entre los colectivos más vulnerables al empleo irregular y a la explotación laboral”.

“Bajo ese tamiz –añadió-, desde que tal suerte de ‘voluntad’ no implica la ausencia de indicadores de trata y reducción a la servidumbre, sino la presencia de otros elementos, como las carencias sufridas en sus lugares de origen y una situación de vulnerabilidad y desamparo extremas que, en un país y una sociedad completamente ajenas, viene a robustecer, en la víctima, la percepción de ausencia de mejores opciones de vida y su no reconocimiento de tal condición”.

En otro pasaje, el magistrado reparó en que “la imposibilidad de disponer del dinero (de sus salarios que era retenido por los dueños del establecimiento rural) les impedía a los trabajadores trasladarse libremente y el caso en que decidieran irse de allí a su lugar de origen, sus posibilidades se veían aún más reducidas, pues los montos que implican esos traslados serían para ellos imposibles de afrontar”.

Decomiso y embargo

El juez actuante, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Código Penal, dispuso el decomiso preventivo del predio donde eran explotadas las víctimas.  A su vez, mandó trabar embargo sobre bienes y dinero de los imputados por tres millones y medio de pesos; y una caución personal por un millón de pesos.

 


Dictamen fiscalía por los 170 talleres textiles clandestinos

02/18/2016

El Fiscal concluye que existen zona “administrativamente liberadas” para el funcionamiento de los talleres esclavos !

"La Alameda"

maquinas

El fiscal Federico Delgado elevó un alarmante informe sobre los datos de 170 inmuebles denunciados por trata y sus dueños. La zona “administrativamente liberada” y el planteo a la Justicia

http://www.infobae.com/2016/02/15/1790177-cuanto-gana-mes-un-trabajador-esclavo-un-taller-textil

Por: Federico Fahsbender ffahsbender@infobae.com

En un principio, se trató de 170 domicilios denunciados como talleres de trabajo esclavo, una presentación hecha el 10 de noviembre pasado por el legislador Gustavo Vera, cabeza de La Alameda, y remitida por la PROTEX, el ala del Ministerio Público que investiga la trata tanto laboral como sexual a cargo del fiscal Marcelo Colombo. La sospecha se volvió obvia: el conjunto de estos domicilios sería el cuadro definitivo de la trata laboral de personas en suelo porteño, con zonas como Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.

La cuestión recayó en el fiscal Federico Delgado y su equipo en los tribunales de Comodoro Py, que requirieron informes y allanamientos a gran escala…

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