PARO DE MUJERES: 8 DE MARZO

02/14/2017

niunamenos


Costureros exigen que la Cámara textil termine con el trabajo en negro

02/04/2017

Es imprescindible que el Estado trabaje junto a los costureros y los talleristas para ir logrando, aunque sea paulatinamente, que la industria textil trabaje de acuerdo a la ley.

La Alameda

satadEl Sindicato Argentino de Trabajadores y Trabajadoras a Domicilio Textiles y Afines (SATaDTyA) de Mar del Plata junto a La Alameda exigieron a la Cámara Textil Argentina que “termine de una vez por todas con el trabajo en negro” y que junto al municipio de General Pueyrredón informen el listado de los trabajadores que se encuentran registrados legalmente.

Asimismo, los Costureros marplatenses remarcaron la necesidad de que ambos organismos detallen “cuáles son los talleres habilitados para tercerizar la producción de sus prendas”.

El SATaDTyA y La Alameda respondieron así luego de un comunicado de la Cámara Textil Argentina, en el que afirmaba “tener un sostenido compromiso por desalentar la informalidad laboral, como así también de realizar aportes significativos para mejorar la legislación vigente”.

Sin embargo, también acusó al Sindicato de Costureros de no tener personería jurídica, pretendiendo con esto, desmerecer la importancia de nuestro trabajo para enfrentar la terrible situación que atraviesan.

Por ese motivo, el SATaDTyA envió un comunicado…

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El Papa: todo esfuerzo contra trata de personas y contrabando de migrantes

01/25/2017

Continúen a contrastar y a combatir el fenómeno mafioso, “expresión de una cultura de muerte”, opuesta radicalmente a la fe y al Evangelio de Cristo: fue ésta en síntesis la invitación del Papa Francisco a los 40 representantes de la Dirección Antimafia y Antiterrorismo italiana, recibidos en audiencia, en la mañana de este lunes 23 de enero, en la Sala del Consistorio.
A quienes persiguen delitos de organizaciones criminales mafiosas y contrastan también el terrorismo, el Pontífice expresó su aprecio y aliento por la actividad que realizan definiéndola “difícil y arriesgada, pero indispensable para el rescate y la liberación del poder de las asociaciones criminales, responsables de violencias y abusos, manchados de sangre humano”.

En su discurso, el Papa remarcó la necesidad de la sociedad de ser “saneada de la corrupción, de las extorsiones, del tráfico ilícito de estupefacientes y de armas, de la trata de seres humanos, entre los cuales tantos niños, reducidos a la esclavitud”. Delitos que el Vicario de Cristo definió como “auténticas plagas sociales”, indicándolos asimismo como “desafíos globales que la colectividad internacional está llamada a enfrentar con determinación”. Un trabajo que, realizado en sinergia con otros Estados y con los medios eficaces, “constituye un encauzamiento eficaz y un presidio de seguridad para la colectividad”, agregó.

De ahí la exhortación del Pontífice a los magistrados investigadores, comprometidos en la lucha para erradicar el crimen organizado, a que dediquen “todo esfuerzo en contrastar especialmente la trata de personas y el contrabando de los migrantes: ¡estos son delitos gravísimos que afectan a los más débiles entre los débiles! – subrayó.

Y a este respecto el Santo Padre destacó la necesidad de incrementar las actividades de tutela de las víctimas, a través de la asistencia legal y social de “estos hermanos y hermanas nuestros, en busca de paz y de futuro”.

Como complemento de esta “valiosa obra de represión”, Francisco indicó intervenciones educativas dirigidas en particular a las nuevas generaciones, “en la familia, en la escuela, en comunidades cristianas y realidades deportivas y culturales”, que favorezcan “una conciencia de moralidad y de legalidad orientada a modelos de vida honestos, pacíficos y solidarios” que puedan “de a poco vencer el mal”.

Finalmente, el Pontífice expresó el deseo de que “el Señor les dé siempre la fuerza de seguir adelante y de no desalentarse, continuando en la lucha contra la corrupción, la violencia, la mafia y el terrorismo”. Y pidiendo “que el Señor toque el corazón de hombres y mujeres de las diversas mafias para que dejen de hacer el mal”, afirmó: “El dinero de los negocios sucios y de los delitos mafiosos es dinero ensangrentado y produce un poder inicuo. Y todos sabemos que el diablo entra por los bolsillos: es allí, la primera corrupción”.


FRONTERA LA QUIACA: ¿CUÁNTO CUESTA INGRESAR A UNA PERSONA SIN PAPELES?

12/30/2016

PUBLICADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DIARIO LA NACIÓN

Detrás del paso fronterizo con mayor volumen migratorio del Noroeste argentino se esconden historias humanas desoladoras; el tráfico ilegal de adultos y niños es un negocio instalado; varían los actores, pero no las formas; una investigación deFOPEA
SEGUIRDiego GrandaLA NACIONLUNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 • 12:25

Amor de madre
– Hay una muy parecida detrás de la esquina en donde están las otras chicas, pero le dicen Daniela, y tiene el pelito más largo.

El episodio ocurre en la Villa Imperial de la ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire. Mientras hace lo de siempre -cobrar limosna para limpiar el sucio baño de la terminal de ómnibus-, dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo, ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo rubio tapado por una capelina blanca.
Detrás de la esquina hay una whiskería -también les dicen “karaokes”-. Queda en el corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.

“A los karaokes también les dicen whiskerías. La ley boliviana los permite, aunque prohíbe la presencia de menores”
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Para esa fecha, Sotillo ya tenía contactos en todos los pueblos y suburbios de su jurisdicción consular y zonas cercanas. En el 2007, la Cancillería de los tiempos de Jorge Taiana la había asignado, por pensar distinto, a un destino que todos rechazaban en el departamento boliviano de Potosí, separado de La Quiaca por un río -que por lo seco, es más bien un arroyo-. Zona árida, desolada y fría. Faltaban relaciones internacionales en esos cientos de kilómetros de frontera de una tierra que se parte de seca. Y también oxígeno: se sitúa a 3.450 metros sobre el nivel del mar.
Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, cifra que reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión.

El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a una adolescente engañada, para algún tipo de explotación.

Las ayudó una coincidencia de la historia, más bien una ironía: ese mismo diciembre del 2013, la Justicia tucumana de primera instancia había absuelto a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón -hoy, ninguno de los jueces permanece en su cargo: o renunciaron o se jubilaron y enfrentan cargos por cohecho-. Además, el proyecto para una nueva ley antitrata estaba a horas de perder estado parlamentario en el Congreso Nacional. El país entero hablaba sobre el tema, y el costo político hacía que varias autoridades se movilizaran.

Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puñeno, cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que buscaban.

“Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados”, cuenta Carina. “No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada”. Dice que gritó tan fuerte que salió un hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la chica: “Daniela, vení para acá”.

“Era Antonella, que de a poco se acostumbraba a su nueva identidad. Había desaparecido a la salida de la escuela normal de La Quiaca”
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No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado que se encargó de llevarlas. Hacía frío y era de noche. “Por un instante, pensamos en indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes -cuenta Sotillo-, pero había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos”. El viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.

A diez metros del Puente Internacional Horacio Guzman hay tanta basura que la gente que pasa a diario por el río convive con decenas de cerdos.. Foto: LA NACION A diez metros del Puente Internacional Horacio Guzman hay tanta basura que la gente que pasa a diario por el río convive con decenas de cerdos.

“Lo fundamental para interpretar casos de trata es comprender la psicología de las chicas. Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones a sus derechos más íntimos y, por lo general, vienen de situaciones previas también de vulnerabilidad”, dice Marcela Rodríguez, responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación Argentina. “No es fácil obtener un testimonio, suelen sentir culpa o vergüenza. Y andá a conseguirles un psicólogo después; no es fácil, por la falta de recursos”. Las pericias médicas determinaron que Antonella no se vio involucrada en actividades sexuales, pero varios especialistas coinciden en señalar que los captores suelen someter a las víctimas a un período de “ablande”. A Antonella, a quien ya le habían cambiado la identidad, la salvaron a tiempo.

Como este caso, se repiten otros que no logran ser resueltos por la Justicia. El fiscal federal Federico Zurueta, con jurisdicción en Jujuy, advierte sobre una falla estructural: “Por ley, la trata es un delito federal, y el fuero federal en Jujuy no cuenta con recursos para asistir a las víctimas ni con psicólogos, ni lugares de albergue para alojarlas. La mayoría de los funcionarios, en general, no comprenden a las víctimas, no están acostumbrados, porque salvo en casos de trata, que es un delito relativamente novedoso -al menos en manuales jurídicos-, se trabaja siempre con potenciales delincuentes”. Y las víctimas de trata no son delincuentes, aunque muchas veces se las criminalice.

El caso de Antonella recibió el apoyo del defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas, quien organizó encuentros de concientización, pero la causa terminó en el Juzgado de Menores a cargo de la jujeña Pilar Medina, que “lo cajoneó”, según denuncia la madre. Al extremo de que hoy, cuatro años después, cada vez que la menor quiere cruzar a Bolivia por el paso legal, la detienen las fuerzas de seguridad por prevención ante un nuevo “abandono voluntario de hogar”, como reza la carátula.
“Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto sobre el rol de la mujer que se juega fuerte en la interpretación de los casos de trata”, así lo describe Marcelo Colombo luego de tres años a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la institución que creó el Ministerio Público Fiscal en el 2013 para asistir específicamente a las fiscalías en estas temáticas.

“Los operadores judiciales no entienden el sufrimiento, deben ponerse en los zapatos de la víctima. ´Si usted tenía una puerta ahí, por qué no se fue; si usted tenía un celular, por qué no mandó un mensaje´. Siempre colocando un prejuicio sobre la víctima, pensando que va a actuar como si fuese él, que tiene un hogar, un coche que lo lleva a su lugar de trabajo, que no sufrió manipulaciones psicológicas”, agrega.

Colador

Por la inexistencia absoluta de estadísticas, no es posible elaborar un número exacto de cuántos menores desaparecen en La Quiaca y en las poblaciones de los departamentos de Yavi, Santa Catalina y Rinconada. Pero existen historias de sobra.

La profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, Silvia Carretta, cuenta que “a menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se alarma”. Producto de su preocupación, en el 2014 colaboró en la elaboración de dos manuales de prevención que fueron difundidos por las escuelas de la zona. Uno para los niños y otro, para los maestros.

“Son chicos que crecen en familias de poco diálogo, con elevados grados de alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo, que no logran ver un futuro de providencia; por eso, ante cualquier oferta de trabajo, se van. En el caso de las mujeres, también hay que tener en cuenta que las familias de la Puna son machistas y las nenas escapan”, explica la docente.

La Quiaca y Villazón crecieron a principios del siglo XX, cuando el Tren Central Norte -rebautizado después como El Belgrano- unió a la Argentina con Bolivia. Pero la relación de los pueblos antecede incluso a la formación de los Estados nacionales, y eso se ve en la calle: a diario, argentinos y bolivianos pasan de un lado a otro sin ningún tipo de control. Son dos ciudades contiguas, pero el límite fronterizo es solo una línea imaginaria.
Cuando en 1993, el ferrocarril argentino dejó de funcionar, la postal que mejor representó al lugar fue la de una ciudad fantasma. Tardó años -de hecho, continúa en proceso- en reactivarse el comercio binacional por vía terrestre. Hubo un proyecto del entonces senador Guillermo Snopek -un reconocido jurista que luego fue gobernador de la provincia-para crear un territorio aduanero especial, una suerte de zona franca, pero fue vetado por Carlos Menem en 1994. El actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, anunció que en marzo del próximo año comenzará la obra de reactivación del tren. Por ahora, son sólo promesas de gestión.

“Se estima en 70 mil pesos el precio por llevar a una persona indocumentada de nacionalidad china desde Villazón, pasando por la quiaca, hacia Capital Federal”

En la frontera existe un paso de Migraciones, claro, pero a escasos diez metros la gente camina como si no estuviese cambiando de país. Por el mismo sendero en donde se transita, hay tanta basura que viven al menos una docena de cerdos. Vale tener en cuenta que en Jujuy, que tiene poco más de 700 mil habitantes, se radican unos 20 mil bolivianos por año.

El ex titular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi -desde este año, es juez subrogante del juzgado Federal N°1 de la misma provincia- explica que “existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga”.

Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.

En el último año se encontraron tres grupos de chinos cruzando la frontera irregularmente, en tres operativos distintos.. Foto: Prensa GendarmeriaEn el último año se encontraron tres grupos de chinos cruzando la frontera irregularmente, en tres operativos distintos.. Foto: Prensa GendarmeriaFoto 1 de 4
Hay expedientes judiciales que investigan corrupción en el reparto de cupos aduaneros. Son permisos que brinda el Estado argentino para pasar los productos por el control de Tres Cruces, en la ruta nacional N°9, para vendérselos a los bolivianos en La Quiaca, que luego los pasan a Bolivia en carritos, o a lomo, a diario. Este ir y venir vertiginoso de hombres y mujeres, algunos mayores o incluso muy jóvenes, de un lado al otro del límite es la máxima actividad económica de La Quiaca.

Las causas se encuentran en el fuero federal, por tratarse de importación y exportación. El comercio va variando de acuerdo con las fluctuaciones cambiarias de ambos países; hoy, se basa prácticamente en vender harina y azúcar argentina a Bolivia.

La última medida de control en la frontera fue crear un cerco -de alambre y vigas de cemento- de 500 metros de largo alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal. Fue una iniciativa de Gendarmería, costeada por el Ministerio del Interior durante la gestión de Florencio Randazzo. Pero a los pocos días, el alambrado ya estaba dañado, y así sigue.

Gendarmería creó un cerco alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal, pero está dañado, y la gente pasa igual.
Gendarmería creó un cerco alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal, pero está dañado, y la gente pasa igual.. Foto: LA NACION / Diego Lima
Es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan. Los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas.

A pocas cuadras del puente fronterizo hay prostíbulos. En Villazón, la ley boliviana los autoriza, aunque no permite la presencia de menores -valga la aclaración-. Varios de los rescates de la excónsul argentina, Reina Sotillo, según señala un miembro actual de la Defensoría del Pueblo boliviano, ocurrían allí. A plena luz del día. El mecanismo, poco usual, era el siguiente: el juez federal argentino Wenceslao Cardozo redactaba un permiso para que ella pudiera actuar, por una cuestión de competencias. Sotillo se presentaba en el lugar con ese permiso y sacaba a las chicas. Luego, se labraba un acta por el traslado del menor a su lugar de origen.

Precios

“Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno. Contó allí que “durante 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual”.

Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre del 2000, difieren las metodologías entre los países, que adoptaron distintas formas y procesos. Se trata, además, de un crimen transnacional.

La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra”, aseguró en el 2013 Mercedes Assoratti, la directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires (posteriormente, se editó un libro de circulación gratuita, con fondos de la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Gustavo Vera y el integrante de la ONG La Alameda, Lucas Schaerer).

“América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo”
Naciones Unidas
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“Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”, confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato. “En los últimos meses, se vio mucho tráfico ilegal de personas de nacionalidad china, que llegan al puerto de Perú, en barco, luego por tierra hasta Bolivia y hay gestores que les cobran por pasarlos a la Argentina y llevarlos hasta Buenos Aires”. Hay expedientes en la Justicia: el precio por llevar un chino indocumentado desde Villazón, pasando por La Quiaca, hacia Plaza Miserere, en el barrio de Once, Capital Federal, se estima en 70 mil pesos por persona.

Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. Pero si un abogado presenta una causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180 días hábiles -que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas-, en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, viven dos años con fondos públicos. Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.

Me vendieron

Uno de los “karaokes” más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24 horas. Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero hoy ya están gastadas y con restos de humedad. En el fondo, mientras suenan las últimas cumbias bolivianas, se sirve chicha y vino tinto. Es atendido por una mujer mayor. Quienes entran, suelen sentarse en una de las mesitas y quedarse largas horas. El pago se realiza al final.

Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una investigación periodística que busca concientizar a través de la información.

Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal.”Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ´volví´. Dios es tan grande que algún día va a pasar”. El 8 de diciembre del 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel -quien por entonces tenía 17 años- partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió ayuda en su muro de Facebook, “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a quedar así. Me traicionaron”.

A pesar de que la Justicia tiene todos los datos y se rastreó la ubicación del IP del ordenador (el número con el que la computadora se conecta a internet) al momento de postear en la red social, aún no dieron con su paradero. A Ariel Iván Llampa se lo tragó la tierra. Ceferino, su papá, se muestra con una actitud más resilente que su esposa (o menos, según como se mire): piensa que la policía de Villazón “lo mató” por alguna situación de violencia, o que “lo vendieron a los narcotraficantes”. Su caso fue un emblema. Junto al de Antonella, despertaron manifestaciones de algunos lugareños. Actualmente, reclaman cada tanto, con marchas o grafiti en las calles de La Quiaca.

“Según la pastoral de movilidad humana, 900 menores cruzan de forma irregular por la frontera por día. Desde La Quiaca a Villazón, o viceversa.”
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Muchos informes de organismos internacionales, como la ONU, pusieron foco en este paso fronterizo y todos coinciden en que se debe hacer algo. Al juez argentino Santiago Inchausti no le sorprende. “Sólo hay 153 personas condenadas por trata en la Argentina. Muy poco, teniendo en cuenta que América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo”, aseguró en el último coloquio de Roma contra el crimen organizado, del que participó Francisco, convirtiéndose en el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en discutir abiertamente sobre esta cuestión.

La disertación del joven juez dejó en evidencia la falta de resoluciones en nuestro país. Bergoglio sostenía, antes de ser ungido Sumo Pontífice, que en la Argentina “todavía hay esclavitud de diversas maneras, hay migrantes que son regenteados por migrantes de su mismo país, que ya son gente asumida por este sistema de esclavitud contra sus mismos hermanos”. Entre el 2008 y el 2012, Bergoglio, por entonces cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, y el padre Mario Videla, por entonces director del Departamento de Migraciones del arzobispado porteño, organizaron misas especiales para migrantes y víctimas de trata en los barrios de Barracas y La Boca.

La Pastoral Migratoria, que abrió un refugio en La Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda, asegura que por día pasan 900 menores de forma irregular por la frontera. “Son todos chicos del lugar que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman en un informe.

Desde que el padre Manolo Pliego, que dirigía el lugar, se fue a vivir a Cuba, y Jesús Olmedo fue asignado a la prelatura de Humahuaca, no se trabajó mucho más. En su momento, por ejemplo, tenían los recursos para interceder en casos de chicos a los que se detectaba pasando la frontera sin sus padres. O con permisos que -casualmente- siempre se redactan en el mismo estudio jurídico. Hoy, el refugio es atendido por dos mujeres del lugar: en el 2015 sólo albergaron a 36 personas y en el 2016, a una sola. “Pasa que ya no está el Padre, que era el que conseguía más recursos”, explica Norma Mamani, una de ellas.

Mulas

Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores; chicos que son llevados a trabajar a las minas del Puno peruano, donde 40 mil personas viven de la minería ilegal e informal, según el último informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional; o llevados a pisar la hoja en los campos de coca en Cochabamba o a las plantaciones de tomate en Fraile Pintado y de tabaco en San Pedro, Jujuy; a trabajos en talleres textiles en Buenos Aires; adolescentes que terminan enredadas en explotación doméstica o explotación sexual; o trabajos en fábricas de la Patagonia argentina.

El último caso público fue difundido por el departamento de prensa de Gendarmería el 6 de julio del 2016: una nena de tres años a la que buscaban en el conurbano bonaerense apareció en un recorrido del Escuadrón 21, en un paraje llamado “El Sauce”, a pocos kilómetros de La Quiaca, junto a un boliviano de 29 años que ya registraba una “causa por sustracción de menores en grado de tentativa”, según afirmó la gacetilla.

De acuerdo con las investigaciones de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, “existen organizaciones criminales en Oruro, Potosí y La Paz, desde donde se traslada a las víctimas de trata a Cochabamba y Santa Cruz, para después sacarlas del país por Yacuiba, Bermejo y Villazón, rumbo a la Argentina”. Basta con ir a la Plaza de Flores o a la terminal de Liniers, en Buenos Aires, para comprender la situación. De acuerdo al último censo, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad de bolivianos es la más numerosa entre las extranjeras, seguida de la de paraguayos y la de chinos.

500 metros es la distancia entre la “Calle Jujuy”, un cruce sin controles, y el Paso Internacional Horacio Guzmán.
500 metros es la distancia entre la “Calle Jujuy”, un cruce sin controles, y el Paso Internacional Horacio Guzmán.

A nivel provincial, no existe ninguna institución pública con un trabajo concreto sobre la cuestión. El tema no aparece en la agenda del Gobierno jujeño; incluso el Ministerio de Seguridad de la Nación, que prorrogó hasta diciembre de este año -a pesar de las críticas durante la última campaña electoral- el plan Escudo Norte de protección integral de fronteras, tiene su oficina más cercana en Tucumán, que queda a 616 km del límite argentino. La lejanía geográfica hace que el control se torne operativamente inviable. El Escuadrón 21 se encuentra bajo la órbita de ese ministerio. La extensión del plan creado por Cristina Kirchner en el 2011 se realizó a través de un decreto firmado por el actual presidente Mauricio Macri al poco tiempo de asumir.

Desde marzo del 2016, aproximadamente, grupos bolivianos bloquean el paso legal como manifestación diaria en contra de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF). Esta tarjeta es una propuesta del actual intendente quiaqueño, el reelecto Miguel Ángel Tito, para que los vecinos de ambas ciudades fronterizas posean una documentación que les permita el libre tránsito, registrado. Como las nuevas autoridades consulares no intervienen, los piquetes determinan que el único lugar posible para cruzar la frontera sea el río. La calle Jujuy -ocurrentemente, lleva el mismo nombre que la provincia-, a unos 500 metros del paso legal, se consolidó como el nuevo paso cotidiano, aunque sin control.

La cabo de la policía boliviana Lucía Ramírez Mamani, directora de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), asegura que “es frecuente recibir denuncias de personas perdidas o detectar tránsito irregular”. En el 2015, recibieron 387 denuncias, según consta en actas exhibidas a este cronista.

Lizeth Mollo asumió este año en la oficina de tráfico de personas, que depende del Ejecutivo boliviano. “En tres casos comprobamos que podían terminar en trata: dos, de menores llevados sin papeles a la Argentina, y uno desde la Argentina para acá”. Considera que el principal problema está en la demora de la Policía, tanto argentina como boliviana, en comenzar una búsqueda. Si un familiar realiza la denuncia, le exigen, primero, documento de identidad, que no todos tienen; y luego, esperar 48 horas para comenzar a buscarlo, por si anda por ahí. Antes de ese lapso no se hace nada, a pesar de que las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal indican lo contrario.

“Varios especialistas coinciden en que es necesario crear una agencia nacional de búsqueda de personas.”

Es lo que pasó con Ariel Llampa. Se demoró el inicio de la búsqueda. Con más celeridad, quizás su destino hubiera sido distinto. Su papá, Ceferino, relató ante la Justicia lo ocurrido esos primeros días de su desaparición. Supuestamente, a los pocos días, un mozo del hotel quiaqueño La Frontera escuchó hablar a un grupo de jóvenes sobre un chico al que “habían vendido”. La familia Llampa peregrina con una carpetita en busca de ayuda hace cuatro años.

“Tuvimos reuniones con Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Eduardo Fellner; todos fueron breves y no pasó nada. Nos afiliamos a la organización Túpac Amaru de Milagro Sala, pagamos todos los meses y asistimos a las asambleas, y nadie nos ayudó. Ahora, queremos juntarnos con Mauricio Macri. También intentamos hablar con Gerardo Morales y no pudimos”, cuenta Ceferino. “Queremos que vuelvan a aumentar el monto de la recompensa, yo no tengo plata para seguir luchando; a veces pienso en salir a pegar carteles, pero se me acaban las fuerzas. Quiero saber al menos qué fue lo que pasó”, agrega Justina.

Agujero negro

Según la PROTEX, hay actualmente en la Argentina 6.033 personas buscadas, aunque advierten que ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel nacional, la cifra debe ser mayor. Máximo, hermano de María Cash, la joven que despareció hace cinco años, insiste ante la ministra Patricia Bullrich en su pedido de crear una Agencia Federal de Búsqueda de Personas. Le presentaron un proyecto de ley cuando era diputada y, ahora que está a cargo de la cartera de Seguridad, recomiendan que sea directamente una subsecretaría del Ministerio. El Mercosur elevó informes en línea con el requerimiento de la familia Cash.

Si bien el último registro de María fue en Rosario De La Frontera, Salta, hay testigos que aseguran haberla visto en Jujuy. “Los juzgados federales no nos dan ni cinco de bolilla”, denunció Máximo en una reciente entrevista a LA NACIÓN. Su padre falleció en una ruta de La Pampa, en uno de sus viajes buscando pistas sobre su hija. Iba en búsqueda de una amiga, una de las últimas personas que la vio antes de que tomara un colectivo en la terminal porteña de Retiro con destino a Jujuy, donde la esperaba un amigo. “Mi papá era el que levantaba el polvo y salía a buscarla siempre, y creemos que en La Pampa lo embistieron”, dijo Máximo. Al resto de la familia no le quedan muchas fuerzas.
La calle Jujuy, a 500 metros del paso oficial, se convirtió en un cruce cotidiano y aceptado, aunque sin controles.. Foto: LA NACION / Diego Granda
Recientemente, la PROTEX le consultó a Migraciones sobre el paradero de 1060 personas desaparecidas en el 2016, y se registró que 72 presentaron pases fronterizos. Sin embargo, teniendo en cuenta la permeabilidad de éste y otros cruces fronterizos, se presume que el mayor volumen de tráfico no queda registrado. Las cifras continúan mostrando una tendencia contundente: el tráfico ilegal de migrantes atraviesa en un cien por ciento a las distintas modalidades de trata de personas que, sin dudas, es el ejemplo de ataque más flagrante a los derechos humanos que podemos encontrar en estos tiempos.

Diferentes especialistas coinciden en que ante la crisis humanitaria y migratoria que sufren varios países desarrollados, existe la posibilidad de que América Latina vuelva a ser “el destino de la esperanza”, como lo fue para nuestros abuelos, y de que recibamos en los próximos cinco años a un numeroso caudal de expatriados sin rumbo. La pregunta es: ¿estamos en condiciones de garantizar sus derechos humanos?

La versión original de esta investigación está disponible en Investigaciones FOPEA. Este trabajo fue realizado por Diego Granda para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como parte del proyecto La Otra Trama.

 


UNICO REFUGIO PROVINCIA BS AS EN PELIGRO POR FALTA DE PAGO

12/10/2016

Peligra el único refugio para víctimas de trata en la Provincia por falta de pago.
Con un comunicado oficial, la organización “Tiempo de Crecer” advirtió que “no recibió hasta el día de la fecha ni un solo mes de pago” por parte del Ejecutivo y exigen que “regularicen inmediatamente la deuda”

25.11.2016Provincia

En el Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, la organización de Villa Domínico “Tiempo de Crecer” denunció al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que lidera María Eugenia Vidal por no cumplir con el Convenio 2016 y dejarlos sin fondos para funcionar lo que agrava la situación de las víctimas que han sido recuperadas por redes de trata.

Por medio de una gacetilla de prensa la institución remarcó “la grave situación que atraviesa el Refugio para Victimas de Trata Tiempo de Crecer, el único Refugio con el que hoy cuenta la Provincia de Buenos Aires”.

Además, comunicaron que la organización “no recibió hasta el día de la fecha ni un solo mes de pago del Convenio del año 2016”, lo que agrava aún más “la situación de vulneración de derechos de las victimas alojadas y de todo el personal que trabaja diariamente para sostenerlo abierto”.

Tiempo de Crecer Asociación Civil que brinda contención y protección a las mujeres que han sido víctimas de trata y explotación, a través de un equipo interdisciplinario de profesionales que están comprometido con la causa y continúan trabajando a pesar de la falta de fondos que debería enviar Vidal.

Paralelamente, la organización remarcó que “la trata de personas es una de las peores formas de violación a los Derechos Humanos, que afecta particularmente a las mujeres” por lo que aprovecharon el Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres para alertar “a la sociedad de esta situación”.

Finalmente, Tiempo de Crecer concluyó: “exigimos a las autoridades de la provincia de Buenos Aires que regularicen inmediatamente la deuda que mantienen con el Refugio y con las victimas a las que están obligados a reparar”.


SE PUEDE DETENER A LOS QUE PEGAN PAPELITOS DE OFERTA SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA ???

11/24/2016

 

martes-rojos

Estimadxs:

En respuesta a una inquietud que me presenta Isabel Heguy respondo que es posible detener a las personas que pegan papelitos de oferta sexual en la vía pública.

Isabel nos cuenta: “A mí la policía me dijo que era muy difícil lograrlo xq no hay ley. El centro está lleno de tipos pegando papelitos y ya los podrían haber llevado presos a miles de esos !!! Están a pleno día, se los ve x todos lados. Después van grupos de mujeres desplegándolos …… Es de no creer que esto pase.!!!”

Lo que respondió el policía no es verdad. Si hay ley, la original de trata modificada por la Ley 26842 que amplía mucho el concepto de explotación y que permitiría detener a quienes pegan los papelitos de oferta sexual en la vía pública.

Qué dice la Ley de Trata modificada¨, nro. 26842?

ARTICULO 2º — Artículo 2º: Se entiende por trata de personas eofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

  1. a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;
  2. b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
    c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;
  3. d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;
    e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;
    f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

Si la ley define que el delito se puede configurar desde el OFRECIMIENTO esto quiere decir que no es necesario que se haya consumado la explotación para que la justicia pueda intervenir. Por otra parte, la nueva ley define la EXPLOTACIÓN también como: la “promoción” o “facilitación” de la prostitución ajena o cualquier otra “FORMA DE OFERTA DE SERVICIOS SEXUALES AJENOS”.

Toda vez que los papelitos que se pegan en la vía pública promueven o facilitan la prostitución ajena, deben entenderse DENTRO DE LAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN QUE DEFINE LA LEY y la persona que los pega, a mi entender podría ser procesada por facilitar la prostitución ajena en el sentido que le da la ley.

Por eso a quienes están activamente despegando los “papelitos” en vía pública, les proponemos que REALICEN LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES Y EXIJAN A LOS POLICÍAS QUE SE CAPACITEN EN LA NUEVA LEY DE TRATA PARA QUE COMIENCEN A APLICARLA !!!!. 

Un saludo solidario,

Mercedes Assorati

 

 

 


LEE EL TEXTO DEL PROTOCOLO CONTRA EL TRABAJO FORZOSO

11/22/2016

P029 – Protocolo de 2014, relativo a la Convención sobre el Trabajo Forzoso de 1930. (Entró en vigor el 09 de Noviembre de 2016)

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 28 de mayo de 2014, en su 103.ª reunión;

Reconociendo que la prohibición de la utilización del trabajo forzoso u obligatorio forma parte de los derechos fundamentales, y que el trabajo forzoso u obligatorio constituye una violación de los derechos humanos, atenta contra la dignidad de millones de mujeres, hombres, niñas y niños, contribuye a perpetuar la pobreza y es un obstáculo para la consecución del trabajo decente para todos;

Reconociendo el papel fundamental que desempeñan el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en adelante, el «Convenio», y el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), para luchar contra todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, pero que las lagunas en su aplicación requieren la adopción de medidas adicionales;

Recordando que la definición de trabajo forzoso u obligatorio prevista en el artículo 2 del Convenio abarca el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones, y se aplica a todos los seres humanos sin distinción;

Recalcando la urgencia de eliminar el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y manifestaciones;

Recordando que los Miembros que han ratificado el Convenio tienen la obligación de cerciorarse de que el trabajo forzoso u obligatorio sea objeto de sanciones penales, con inclusión de sanciones impuestas por la ley que sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente;

Tomando nota de que ha expirado el período transitorio previsto en el Convenio, y de que las disposiciones del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 ya no son aplicables;

Reconociendo que el contexto y las formas del trabajo forzoso u obligatorio han cambiado y que la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio, que puede implicar explotación sexual, suscita una creciente preocupación internacional y que su eliminación efectiva requiere acciones urgentes;

Tomando nota de que un número creciente de trabajadores se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio en la economía privada, de que ciertos sectores de la economía son particularmente vulnerables, y de que ciertos grupos de trabajadores corren un riesgo mayor de ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, en particular los migrantes;

Tomando nota de que la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio contribuye a garantizar una competencia leal entre los empleadores, así como protección a los trabajadores;

Recordando las normas internacionales del trabajo pertinentes, en particular el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), así como la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008);

Tomando nota de otros instrumentos internacionales pertinentes, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la esclavitud (1926), la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956), la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000), el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (2000), el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (2000), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006);

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones para subsanar las lagunas en la aplicación del Convenio, y reafirmado que las medidas de prevención y de protección y las acciones jurídicas y de reparación, tales como indemnización y readaptación, son necesarias para lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio, de conformidad con el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un protocolo relativo al Convenio,

adopta, con fecha once de junio de dos mil catorce, el siguiente Protocolo, que podrá ser citado como el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

Articulo 1
  1. 1. Al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir y eliminar su utilización, proporcionar a las víctimas protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización, y sancionar a los autores del trabajo forzoso u obligatorio.
  2. 2. Todo Miembro deberá formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso u obligatorio que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados.
  3. 3. Se reafirma la definición de trabajo forzoso u obligatorio contenida en el Convenio y, por consiguiente, las medidas mencionadas en el presente Protocolo deberán incluir actividades específicas para luchar contra la trata de personas con fines de trabajo forzoso u obligatorio.
Articulo 2

Las medidas que se han de adoptar para prevenir el trabajo forzoso u obligatorio deberán incluir:

  • (a) educación e información destinadas en especial a las personas consideradas particularmente vulnerables, a fin de evitar que sean víctimas de trabajo forzoso u obligatorio;
  • (b) educación e información destinadas a los empleadores, a fin de evitar que resulten involucrados en prácticas de trabajo forzoso u obligatorio;
  • (c) esfuerzos para garantizar que:
    • (i) el ámbito de la legislación relativa a la prevención del trabajo forzoso u obligatorio y el control de su cumplimiento, incluida la legislación laboral si procede, abarquen a todos los trabajadores y a todos los sectores de la economía, y
    • (ii) se fortalezcan los servicios de inspección del trabajo y otros servicios responsables de la aplicación de esta legislación;
  • (d) la protección de las personas, en particular los trabajadores migrantes, contra posibles prácticas abusivas y fraudulentas en el proceso de contratación y colocación;
  • (e) apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso u obligatorio y de responder a los riesgos que conlleva; y
  • (f)acciones para abordar las causas generadoras y los factores que aumentan el riesgo de trabajo forzoso u obligatorio.
Articulo 3

Todo Miembro deberá adoptar medidas eficaces para identificar, liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio y para permitir su recuperación y readaptación, así como para proporcionarles otras formas de asistencia y apoyo.

Articulo 4
  1. 1. Todo Miembro deberá velar por que todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, independientemente de su situación jurídica o de que se encuentren o no en el territorio nacional, tengan acceso efectivo a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización.
  2. 2. Todo Miembro deberá adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su sistema jurídico, las medidas necesarias para velar por que las autoridades competentes puedan decidir no enjuiciar ni imponer sanciones a las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio por su participación en actividades ilícitas que se han visto obligadas a cometer como consecuencia directa de estar sometidas a trabajo forzoso u obligatorio.
Articulo 5

Los Miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la prevención y la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Articulo 6

Las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del presente Protocolo y del Convenio deberán ser determinadas por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Articulo 7

Se suprimen las disposiciones transitorias del artículo 1, párrafos 2 y 3, y de los artículos 3 a 24 del Convenio.

Articulo 8
  1. 1. Un Miembro podrá ratificar el presente Protocolo al mismo tiempo que ratifica el Convenio, o en cualquier momento después de la ratificación del mismo, comunicando la ratificación formal, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
  2. 2. El Protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General. Desde dicho momento, el presente Protocolo entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de su ratificación. A partir de ese momento, el Convenio será obligatorio para el Miembro interesado, con la adición de los artículos 1 a 7 del presente Protocolo.
Articulo 9
  1. 1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Protocolo podrá denunciarlo en todo momento en que el Convenio esté abierto a la denuncia de conformidad con su artículo 30, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
  2. 2. La denuncia del Convenio de conformidad con sus artículos 30 ó 32 implicará, ipso jure, la denuncia del presente Protocolo.
  3. 3. Toda denuncia del presente Protocolo efectuada de conformidad con los párrafos 1 ó 2 de este artículo no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.
Articulo 10
  1. 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.
  2. 2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación, el Director General señalará a la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Protocolo.
Articulo 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y denuncias registradas por el Director General.

Articulo 12

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Protocolo son igualmente auténticas.


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