EDITORIAL DE CLARÍN: VIVIR Y MORIR ESCLAVIZADOS

05/03/2015

Vivir y morir esclavizados

Del editor al lector

El mapa está en la web y se lo encuentra fácil: basta con googlear laalameda.wordpress.com. Es un mapa del trabajo esclavo en la Ciudad, visible para quien quiera verlo pero invisible a veces o muchas veces para los que deben verlo: las autoridades y la Justicia.
Es un puñado de manzanas en Floresta y Flores. Un zona liberada a la ilegalidad que empezó hace un par de décadas y que ha crecido tan descontrolada como la nave espacial rusa que se desploma sobre la Tierra.
Esta zona es porteña pero no es única en el país. Muchos lo saben. Aunque en los hechos no parecen saberlo quienes más debieran saberlo.
Más de 60 íconos de máquinas de coser se tapan unos a otros en el mapa, apiñándose y casi tapando otro ícono, el de una comisaría. Indican las direcciones de los talleres clandestinos ubicados y denunciados por la ONG La Alameda.
En uno de ellos, el de Páez 2796, todo estaba tapiado con ladrillos. Tapiado y a la vista de quien quisiera verlo. Allí, en un sótano, murieron este lunes Orlando y Rodrigo Camacho, encerrados, carbonizándose.
Orlando tenía apenas 7 años. Rodrigo, 10. Vivían en una casa/taller o mejor sería decir sobrevivían con sus padres bolivianos en una de las habitaciones de esa casa/taller, que más que una casa era un tugurio.
Sus padres siguen internados por asfixia. No pudieron retirar los cadáveres de sus hijos. Tuvieron que hacerlo los abuelos.
No es el primer taller de hacer ropa que se incendia y mata. En marzo del 2006, hubo otras seis muertes. Y otros dos chicos murieron también. Vuelve a pasar, mientras los responsables de controlar se tiran las culpas unos a otros.
La gente se indigna con las muertes de los chicos. Por la edad de los chicos y por la crueldad de sus muertes. Es natural. Debiera ser natural indignarse de igual manera con la causa: el negocio de la venta ilegal de ropa.
La avenida Avellaneda cruza Flores y Floresta como otra Salada, con sus más de 800 manteros.
Hay una excusa inadmisible para tanta inadmisible complicidad o vista gorda. Se dice: es trabajo, como si no fuera pobreza y explotación que no se quiere admitir y corrupción que se quiere esconder.
Desde estos talleres ilegales se abastecen negocios millonarios que abastecen ilegalmente a la política. Habría miles, con sus secuelas de trata de personas y de prostitución. Si en la política se lo ve, no se nota.
Ante las muertes de los dos chiquitos, levantamos olas altas de bronca que poco después se aquietarán. Pero no es disparatado pensar que otras muertes se repetirán mientras se repita el trabajo esclavo.


EN HOTEL LAS NACIONES FUNCIONABA PROSTÍBULO

04/29/2015

B64KZ80CIAISSlOLa organización Hotel Las Naciones está acusada de recibir a mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente en diferentes departamentos del hotel bajo la fachada de “centro de masajes”. En diciembre, como resultado de 37 allanamientos en simultáneo, 23 víctimas fueron rescatadas.

El fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Taiano, solicitó la elevación a juicio de nueve personas acusadas de integrar una red de trata de personas que explotaba mujeres en situación de vulnerabilidad en el hotel Las Naciones, ubicado en avenida Corrientes 802/820.

Según informa el sitio Fiscales.gob.ar, durante la investigación se pudo constatar que el lugar funcionaba con la pantalla de ser un “centro de masajes”, que se promocionaba principalmente mediante un sitio en Internet. Los clientes se comunicaban telefónicamente a los números publicados en la página y eran atendidos por una “recepcionista” que acordaba una cita. Una vez en el edificio, se presentaban en el escritorio situado en el hall de entrada de la planta baja ante cuatro de los imputados, quienes los anunciaban por teléfono al departamento 1209, y adonde se dirigían luego. Allí, la “recepcionista” del lugar los derivaba para recibir servicios sexuales que brindaban las víctimas de la organización.

La organización habría funcionado al menos desde el 16 de diciembre de 2013 hasta el 3 de diciembre de 2014, cuando se allanaron 37 departamentos del hotel y dos domicilios privados de Puerto Madero, procedimiento que derivó en el rescate de 23 mujeres víctimas de explotación sexual. Luego, el 29 de diciembre, el juez federal Luis Rodríguez procesó a diez acusados y dictó la prisión preventiva para dos de las principales imputadas.

La investigación estuvo cargo de la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Ramiro González, y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), cuyo titular es Marcelo Colombo. El requerimiento de la elevación a juicio fue realizado por la Fiscalía a cargo González, quien se encuentra de licencia, por lo cual el trabajo lleva la firma de quien subroga su cargo, el fiscal federal Eduardo Taiano.


VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI: EL DESAFÍO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL PAPEL DE LOS JÓVENES

04/11/2015

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI: EL DESAFÍO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y EL PAPEL DE LOS JÓVENES.

(dirigido a Estudiantes y Profesionales de Ciencias Económicas)

Por Mercedes Assorati

Programa Amartya Sen – 2000 jóvenes por una economía con rostro humano

Universidad de Buenos Aires

INTRODUCCIÓN

Nuestro País hace tiempo que constituye un ejemplo paradigmático de ANOMIA. No se cumplen las leyes y, a veces, ni siquiera se respetan las las sentencias judiciales. La palabra griega anomía, fue empleada por el sociólogo Émile Durkheim a principios del siglo XX, para caracterizar una situación de ausencia de “NOMOS”, es decir, ausencia de normas de comportamiento, de normas de convivencia, ausencia de solidaridad. Precisamente son las NORMAS y los VALORES, las que permiten funcionar a las sociedades.

“Anómica” es una sociedad desintegrada, descompuesta, sin norte. Es una sociedad en la cual las instituciones, las leyes, las normas pierden su función integradora y existen solo formalmente. Los dirigentes de tal sociedad pierden el respeto y el prestigio frente a la población y la solidaridad social disminuye a niveles mínimos.

Una sociedad en estas condiciones no nos provee, al decir de Ortega y Gasset, de “UN PROYECTO SUGESTIVO DE VIDA EN COMÚN”, no tiene un norte, no tiene un objetivo. El Estado no tiene una función moral sino que se vuelve presa de las apetencias de dinero y de poder personales y se vuelve vulnerable, presa fácil de bandas, de asociaciones delictivas, de gavillas que se apropian del sistema político para su propio beneficio.

En todo el continente asistimos a situaciones similares, nos enfrentamos en particular al CRIMEN ORGANIZADO que se cuela y coopta al Estado; que corrompe al sistema judicial, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; que recluta a nuestros jóvenes, que los vuelve adictos hipotecando nuestro futuro como sociedad y como país; que comienza –casi sin que nos demos cuenta- a regir nuestros destinos al tiempo que acelera la descomposición social.

Aquellos que crean que pueden pescar en ese río revuelto, tienen una visión corta, no ven más que su propia nariz. Si bien pueden amasar una fortuna en corto tiempo -tenemos sobrados ejemplos que son del dominio público- no ven que a la larga sus acciones que implican la descomposición social, el irrespeto a la ley, la desarticulación institucional, tarde o temprano volverán como un boomerang a estallarles en la cara.

Algunos pensarán aquí: “¿Esto que tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer al respecto? Es demasiado grande para nuestras fuerzas, no tenemos los medios…” Son los comentarios más usuales que escucho de las personas con las que reflexiono acerca de estos temas: “Nosotros no podemos combatir al crimen organizado, no hay nada que podamos hacer”.

Pero la disyuntiva que se plantea es la siguiente: O hacemos algo o nuestros hijos tendrán que trabajar para el crimen organizado o ser sus esclavos.

Con esta reflexión quiero proponerles un repaso de algunos conceptos clave de derechos humanos para explicar cómo, en esta época en que nos toca vivir, las más graves violaciones a los derechos humanos son en su mayoría atribuibles a actores no estatales: carteles de la droga, redes de trata de personas, maras: REDES DE CRIMEN ORGANIZADO.

Para los defensores de derechos humanos, ello hace más difícil el combate y la clarificación de responsabilidades. Sin embargo, toda vez que estos actores no estatales: paramilitares, carteles de la droga, maras, grupos delincuenciales actúan con la aquiescencia o se benefician de la omisión sistemática del Estado, o se utiliza el aparato del Estado para la comisión del delito, estas violaciones son atribuibles al Estado y debemos denunciarlas y exigir como sociedad que cesen. Es necesaria una mayor participación social en la veeduría de las acciones del Estado, en el seguimiento y en la denuncia, en la exigencia del cumplimiento de la ley y en el respeto de los principios democráticos.

Una vez hecho este repaso que les propongo y analizados algunos casos prácticos, la propuesta es que ustedes, profesionales y estudiantes de Ciencias Económicas, entre los que se encuentran futuros líderes que regirán los destinos del país, entiendan que, tanto en sus actos personales como profesionales, estarán realizando una opción ética de la cual dependerá el futuro de la sociedad en la que viven y estarán abriendo o cerrando el camino a las generaciones venideras.

A lo largo de mi vida he sufrido toda clase de violencias, de discriminación, de persecución, de amenazas, de injusticias pero, como siempre digo, mi profesión es antes que nada, ser una optimista incurable, por ello creo que es posible un futuro diferente.

Quiero transmitirles pues una visión de la realidad y la gravedad de la situación de derechos humanos, pero también la posibilidad de un futuro mejor.

Creo en ustedes, creo en los jóvenes y en su capacidad para desde la no violencia, lograr los cambios que hacen falta: recuperar la institucionalidad, las normas, los valores y construir un Estado justificado éticamente. Un Estado cuya razón de ser sea lograr el bienestar de las personas que están bajo su jurisdicción, no un Estado cooptado por bandas de crimen organizado en el que los seres humanos son meros objetos, bienes de intercambio, cuya vida y dignidad no interesan a nadie.

DERECHOS HUMANOS

Después de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional se convenció de que para preservar la paz y la seguridad en el mundo, debía intervenir en los casos en que los Estados avasallan los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción.

La declaración universal y las convenciones internacionales que le siguieron entienden que el control de las acciones del Estado no puede dejarse en manos de las instituciones domésticas, exclusivamente. A partir de esta gran hecatombe que fue la segunda guerra mundial y con la seguridad de que el hombre podía llegar a la destrucción total del planeta, se planteó la creación de instancias internacionales para la protección de los derechos de las personas.

Existen diversas definiciones de los derechos humanos, en general se entiende que los derechos humanos son aquellos que tenemos por el mero hecho de ser personas, que son interdependientes, inalienables e irrenunciables y que los Estados no los “crean” sino que los reconocen porque hacen parte de nuestra dignidad como seres humanos.

A los efectos de esta charla, sin embargo, les propongo una definición un poco más técnica, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, que entiende como derechos humanos a aquellos “derechos contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

El reconocimiento de estos derechos implica acuerdos supra-nacionales que relativizan el principio de no-injerencia en los asuntos internos de un Estado. Es decir, los Estados se han comprometido a que, si los violan y no los respetan, la comunidad internacional puede intervenir para proteger a los individuos que se encuentran a merced de Estados violadores. La mayoría de las convenciones de derechos humanos prevén herramientas a disposición del hombre común para defenderse de los abusos del Estado.

El sistema de derecho internacional busca asegurar un estándar mínimo de respeto al ser humano: la declaración universal de derechos humanos busca dar a los individuos la posibilidad de defenderse frente al poder omnímodo del Estado.

La filosofía detrás de los derechos humanos es la de proteger a los individuos frente al poder inmenso que maneja un Estado, desproporcionado frente a los recursos de un ciudadano o residente común.

OBLIGACIONES DEL ESTADO

Las obligaciones del Estado pueden dividirse en tres formas: obligación de respetar (abstenerse de interferir en el disfrute del derecho), proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho) y realizar (adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad del derecho).

RESPETAR. Los Estados tienen el deber de asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y otros representantes de la ley, los ciudadanos, las empresas, las corporaciones y otros actores no gubernamentales que operen dentro de su jurisdicción. Para lograr ello el Estado debe en algunos casos abstenerse de actuar, por ejemplo abstenerse de limitar la libertad de expresión, o de limitar el derecho de las personas a ejercer su derecho de reunión y asociación. En otros casos el Estado debe actuar, por ejemplo protegiendo el derecho a la libertad de reunión y expresión si pudiera ser amenazado por personas con opiniones diferentes.

PROTEGER: El Estado debe proteger los derechos humanos a través de las leyes y normas, considerando como ilícita toda acción u omisión de un órgano o funcionario del Estado que lesione los derechos humanos o de los particulares que puedan violentar los derechos de terceros. Ello incluye también el deber de prevenir las violaciones.

En una palabra debe existir un “estado de derecho” en el que las constituciones y las leyes respeten los derechos humanos. Además deben existir recursos sencillos, oportunos y eficaces para aquellos casos en los que existan violaciones puedan remediarse mediante un sistema judicial competente, imparcial e independiente.

Es irrelevante que el órgano o funcionario proceda en violación de la ley o fuera del ámbito de su competencia. Si actúa aprovechándose de los medios o poderes de que dispone por su carácter oficial como órgano o funcionario o, en el caso de un particular si actúa con el conocimiento o la aquiescencia del Estado o se beneficia del no hacer o de la omisión consciente del Estado, el Estado es responsable de estas violaciones.

PROMOVER: Los Estados tienen el deber de asegurar que se fomenten y pongan en práctica los derechos humanos, de tal forma que los individuos puedan disfrutarlos plenamente. Ello implica el diseño y la puesta en práctica de políticas públicas que conduzcan a un mejor conocimiento y un ejercicio más fácil de los mismos; la asignación de un presupuesto adecuado y otros recursos propios del Estado, así como la creación de un espacio en el que la sociedad civil y las organizaciones  no gubernamentales puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera posible.

Puesto que son los Estados quienes se comprometen mediante la ratificación de convenciones y pactos internacionales a garantizar determinados derechos a las personas sometidas a su jurisdicción, sólo los Estados pueden violar los derechos humanos de las personas, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos.

Las violaciones pueden ocurrir por acción, por omisión, o cuando el Estado no puede proteger o garantizar un derecho. Los particulares pueden violar los derechos humanos cuando actúan como agentes estatales, o con la aquiescencia del Estado.

 

 

 

EJEMPLOS: LA TRATA DE PERSONAS

El término “trata de personas” es una forma moderna de nombrar un problema milenario: LA ESCLAVITUD: “aquella situación en la que se ejercen derechos de propiedad sobre el individuo y se capturan o adquieren para el comercio de los hombres”

Según la definición moderna la “trata” es el reclutamiento, la captación, el traslado y la acogida de personas con fines de explotación. Dicha explotación tiene distintas variables, puede ser explotación sexual, puede ser explotación laboral incluida la explotación de personas en actividades delincuenciales o, incluso, puede ser la explotación para la extracción de órganos o tejidos humanos.

Parece increíble pero, en los cinco siglos que duró la época colonial en América se traficaron 11 millones de esclavos a América pero en la actualidad existirían más de 13 millones de personas esclavizadas. Es decir, que existen más esclavos en la actualidad –en la que la esclavitud se encuentra prohibida- que en los 500 años en que la esclavitud era legal.

En la Argentina, las estimaciones más optimistas indican que existirían más de 1 MILLON DE PERSONAS ESCLAVIZADAS. Desde la aprobación de la ley de trata, en el año 2008, el Estado ha rescatado unas 8.151 víctimas (al 31 de marzo de 2015). Ello implica un promedio de casi 1.164 víctimas rescatadas por año. PARECIERA QUE SON MUCHAS VÍCTIMAS RESCATADAS, PERO SI ARGENTINA SIGUE CON ESTA CIFRA ANUAL DE RESCATES Y LAS VÍCTIMAS SUMAN UN MILLÓN, SE DEMORARÍAN MIL AÑOS EN RESCATARLAS !!!!

La trata de personas es un delito que para perpetrarse requiere, al menos de la omisión estatal. En muchos de los casos judicializados de trata se presenta incluso, connivencia y o aquiescencia estatal.

Pensemos en la trata sexual: por ejemplo, una adolescente Paraguaya que es traída a la Argentina para ser explotada en uno de los más de 2000 prostíbulos que existen en la ciudad de Buenos Aires.

Primera pregunta: ¿Cómo ingresa la adolescente no acompañada a la Argentina? Puede ser que lo haga a través de un paso no habilitado de manera ilegal. Sin embargo, en el grueso de los casos ingresan en ómnibus de larga distancia de manera legal. Primera responsabilidad para el Estado: omisión de controles o aceptación de coimas para permitir el ingreso.

Segunda pregunta: ¿Cómo puede ser explotada en un prostíbulo si los prostíbulos están prohibidos en todo el territorio de la República Argentina? Segunda responsabilidad para el Estado: omisión de control sobre prostíbulos prohibidos y, encima, connivencia: la mayoría de los prostíbulos gozan de protección policial en la modalidad de servicio adicional, pagado por los proxenetas.  Los municipios, por su parte, habilitan locales, que saben que son prostíbulos porque allí permiten la presencia de “alternadoras” con eufemismos como “local bailable clase C”, etc.

En los casos en que se han logrado cerrar prostíbulos, las personas que quedan detenidas son los encargados o las encargadas (muchas veces ex víctimas de trata) y no los grandes tratantes, porque no se investiga adecuadamente y no se logra llegar al vértice de la pirámide.

Tercera Pregunta: ¿Por qué en los casos de trata no se procesa y condena a los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por las omisiones y acciones que permiten el desarrollo del delito?

Cuarta Pregunta: ¿Por qué no se investiga en todos los casos la ruta del dinero para llegar a las cabezas de las organizaciones criminales?

La trata sexual viene acompañada, en general, de algún otro delito. El 70% de estos casos se relaciona directamente con el narcotráfico.

En la mayoría de los prostíbulos se vende droga. Muchas de las víctimas de trata en Argentina son obligadas a vender droga o a entregarla en los prostíbulos en los que son explotadas.

Aún más, se han investigado prostíbulos y se ha determinado que algunos no son económicamente rentables, la verdad es que muchos de los prostíbulos se han transformado en kioscos de venta minorista y hasta mayorista de droga.

Las rutas de la droga y de la trata coinciden en muchos casos. Por ejemplo se ha probado que los Zetas en Mexico financian compras de droga con la trata de personas. En Honduras más de 10.000 niños por año han estado saliendo del país, escapando de las maras que los explotan en actividades delincuenciales de extorsión, sicariato y venta de drogas. Si se niegan los niños son torturados y asesinados.

No se investiga la ruta del dinero. La investigación de lavado de dinero está en pañales en nuestro país. Recién en el año 2000, Argentina tuvo su ley de lavado y se creó la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de su control. Sin embargo, casi no se habían producido condenas  contra este delito ya que era muy difícil de probar por lo inadecuada y casi imposible de aplicar que era la ley, que recién fue modificada en el 2011.

Todas las falencias legislativas y la ausencia de un política seria de persecución penal del crimen organizado, volvieron a la Argentina un país muy seductor para los lavadores de dinero. Argentina se ha transformado en un centro logístico internacional para el transporte de droga a Estados Unidos y Europa. En el país se produce droga y es el segundo país de América en consumo de cocaína.

Afortunadamente, este año se ha procesado por lavado de dinero al “Clan de los Ale”, conocidos proxenetas Tucumanos, quienes serían los responsables del secuestro y desaparición de Marita Verón, pero el caso del secuestro y desaparición de Marita, sigue impune.

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL ESTADO EN DERECHOS HUMANOS

La trata de personas es una actividad ilegal que, en general, es perpetrada por bandas de crimen organizado que no forman parte del Estado, lo mismo que el narcotráfico. Sin embargo, para que el crimen ocurra se requiere, al menos, de la omisión del Estado.

El delito de trata, entraña una cadena de violaciones a los derechos humanos y el Estado, habiendo tomado conocimiento de la situación, no ha cumplido acabadamente con los deberes de respeto, garantía y prevención de los derechos humanos.

En el caso de la trata, a pesar de las prédicas incesantes de las ONGs, el Estado no termina de adecuar la legislación. Recientemente se ha reglamentado, con dos años de retraso la ley de trata pero la reglamentación es totalmente insuficiente y no ha tenido en cuenta la mayoría de las recomendaciones de las organizaciones que nos dedicamos a la lucha contra la esclavitud.

No son suficientes los controles de las habilitaciones de locales que funcionan como prostíbulos o maquilas, etc.; es decir no está desarrollando tareas de prevención de la trata, está incumpliendo sus deberes hacia los derechos humanos. No es suficiente el control de ingreso y de salida de menores hacia y desde la Argentina.

El Ministerio Público Fiscal ha caracterizado las redes de trata en el país como no profesionalizadas, poco estructuradas, muchas veces de carácter familiar, y “SIN AUTONOMÍA ORGANIZATIVA Y OPERACIONAL RESPECTO DEL ESTADO, en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. Sin embargo, a la fecha deben existir unas 4 condenas de funcionarios públicos por trata de personas.

Existe responsabilidad internacional del Estado tanto por omisión como por acción ya que agentes estatales –violando la legislación vigente- protegen prostíbulos, talleres clandestinos, granjas, emprendimientos agrícolas y otros lugares, en los que el Estado tiene conocimiento de que hay personas sometidas a formas modernas de esclavitud.

Si una vez que se ha producido el delito, el Estado no asegura a las víctimas la reparación adecuada ni la asistencia a la que se ha comprometido en un instrumento internacional, está violando su obligación de protección.

Si la persecución penal de la trata está dificultada por que el Estado no ha adaptado adecuadamente su legislación y la legislación existente no constituye un remedio judicial efectivo o resulta insuficiente para garantizar que los tratantes sean procesados y condenados y las víctimas obtengan justicia y reparación, está incumpliendo su obligación de garantizar los derechos humanos.

En este escenario el Estado sería, prima facie responsable por omisión, y en algunos casos por acción, de violación a los derechos humanos.

La situación en Argentina bien podría caracterizarse como una situación de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que afectan especialmente a las personas más vulnerables: mujeres, niños y niñas, migrantes.  

Pero en cuestiones de derechos humanos, seguimos mirando hacia atrás. En la época de la dictadura se supone que en los 10 años que duró, unas 30.000 personas resultaron desaparecidas. En la actualidad, el Estado rescata unas 1000 víctimas de trata cada año. Esas 1000 víctimas serían la punta del iceberg ya que se estima que se denuncia tan sólo un 1% de los casos. Es decir que anualmente existirían unos 100.000 casos, lo cual implicaría UN MILLÓN DE CASOS EN 10 AÑOS. Ayer el Diputado Vera denunció que en la salada solamente existirían unas 100.000 víctimas de trata laboral (10 personas x 10.000 talleres textiles en operación).

Parece que sería hora de mirar hacia el presente cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos, porque tenemos más de un millón de víctimas en nuestro país que están sufriendo mientras miramos al pasado.

¿QUE PUEDEN HACER LOS JÓVENES PARA CAMBIAR ESTO?

  • Dejar de naturalizar la explotación sexual y no comprar sexo: comprar el cuerpo de una persona para tener sexo es una indignidad, atenta contra la integridad física, moral y psíquica de las víctimas y es una violencia ejercida por parte de quien dispone a voluntad del cuerpo de otro.
  • Dejar de naturalizar la explotación laboral y no comprar artículos producidos con trabajo esclavo: Existen leyes laborales y deben cumplirse. Por favor no compren ropa ni artículos producidos con trabajo esclavo, con la sangre y el sudor de niños, niñas, mujeres y hombres que son tan seres humanos como ustedes.
  • Dejar de comprar y consumir drogas: Cada vez que ustedes compran drogas están alimentando a las redes de crimen organizado que están esclavizando personas, corrompiendo a sus Estados y sembrando la muerte.
  • No paguen coimas ni ayuden a otros evadir sus obligaciones: No se presten a acciones ilegales, paguen las multas, no las coimas. Piensen que la corrupción mata: faltan los remedios en los hospitales, falta mantenimiento en los trenes, faltan escuelas. Eso sí, verifiquen que el Estado utilice el dinero de los impuestos en lo que debe utilizarse y que no sea una rueda más de la corrupción.
  • Denuncien la trata, el narcotráfico y la corrupción: Hoy existe la posibilidad de denunciar en forma anónima, o siempre pueden acudir a ONGs o, incluso, al sistema internacional de derechos humanos.
  • Realicen veeduría ciudadana sobre la actuación del Estado y el uso de los recursos públicos: El seguimiento de presupuesto anual del Estado resulta urgente. Los estudiantes y profesionales de ciencias económicas están preparados para ello.
  • Capacítense e investiguen sobre la temática del lavado de dinero. Se necesitan más especialistas que logren desenmarañar las redes de crimen organizado para lograr que las condenas lleguen a las cabezas de las redes de crimen organizado.
  • Donen su tiempo a ONGs e Iglesias que asisten a las víctimas. La acción del Estado es todavía muy débil y existen millones de víctimas que necesitan apoyo y también su conocimiento para la investigación de las redes de crimen organizado.
  • Únanse para exigir al Estado: nuevas leyes, mejores políticas públicas, una justicia independiente e imparcial, medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, la correcta utilización de los recursos del Estado y la protección y asistencia para las víctimas.
  • Utilicen las redes sociales para difundir e incitar a otros al cambio. La mayoría de las personas quieren un cambio pero no encuentran canales para expresarse y aportar su granito de arena por un mundo mejor. Generen esos canales.

ES NECESARIO COMPRENDER LA GRAVEDAD QUE NOS PLANTEA LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN ARGENTINA Y TOMAR CONCIENCIA DE QUE, SI NO HACEMOS ALGO HOY, ES PROBABLE QUE NUESTROS HIJOS E HIJAS NO TENGAN MÁS OPCIÓN QUE SER PARTE DEL CRIMEN ORGANIZADO O SER SUS ESCLAVOS.

REITERO LO DICHO AL PRINCIPIO DE ESTA CHARLA: TANTO EN SUS ACTOS PERSONALES COMO PROFESIONALES ESTÁN REALIZANDO UNA OPCIÓN ÉTICA DE LA CUAL DEPENDERÁ EL FUTURO DE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVEN y EN BASE A LA CUAL ESTARÁN ABRIENDO O CERRANDO EL CAMINO A LAS GENERACIONES VENIDERAS.

MUCHAS GRACIAS

Tegucigalpa, Honduras

10-04-2015


EL “CLAN ALE” PROCESADO POR LAVADO DE DINERO

04/07/2015

Estimadxs:

Por fin se empieza a hacer un poco de justicia y los responsables del secuestro y desaparición de Marita Verón y de muchas, muchas mujeres más a las que explotaron salvajemente, están procesados por lavado de dinero. Sin embargo, el titular está errado porque el procesamiento no es por “trata de personas”. Sin embargo, se reconoce que -al contrario de lo fallado por el tribunal en el caso de Marita- una de las actividades de las que provenían los fondos ilegales era la trata. El tribunal deberá investigar.

Me alegra este procesamiento aunque, por supuesto, no me satisface. Este clan de proxenetas debería estar tras las rejas hace mucho tiempo y por el secuestro y desaparición de Marita Verón. El fallo por el cual fueron sobreseidos estos delincuentes sigue siendo un vergüenza nacional. En todo caso, aunque sea fueron procesados por algo !

Saludo solidario,

Mercedes Assorati

Procesan por trata para la explotación sexual al “clan Ale”
Lo hizo la Cámara Federal, al confirmar un fallo por lavado de dinero
Por Fabián López | Para LA NACION
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- La Cámara Federal de Apelaciones de esta provincia confirmó el procesamiento de nueve integrantes del “clan Ale” por lavado de dinero, y por primera vez señaló entre sus eventuales actividades ilegales la presunta trata de personas con fines de explotación sexual. Ya habían sido señalados por la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón, ocurrida el 3 de abril de 2002.

La medida ratifica la prisión preventiva dictada en diciembre de 2013 por el juez federal Fernando Poviña contra los hermanos Rubén “la Chancha” y Adolfo Ángel “el Mono” Ale; la ex mujer del primero, María Jesús Rivero; Fabián González; Víctor Suárez, y Oscar Roberto Dilascio (los dos últimos están prófugos de la Justicia).

Además, el tribunal confirmó el procesamiento, sin prisión preventiva, de María Cuño, Julia Picone y Valeria Bestán. Todos enfrentan cargos por el delito de lavado de activos agravado, para el que se prevén penas de entre cuatro años y medio y 13 años de prisión.

En la sentencia dada a conocer ayer por primera vez en la causa se acusa de manera directa a los miembros del clan Ale por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Según los camaristas, ésa sería una de las actividades ilegales de las que provendría el dinero mal habido de la organización criminal, junto con la evasión tributaria y el narcotráfico.

La Cámara ordenó que se amplíe la investigación con una serie de medidas que permitirían conocer la ruta del dinero del clan Ale y que ayudarían a revelar la identidad de las personas que habrían colaborado con los sospechosos, incluidos policías y políticos tucumanos.

Por eso, requirió medidas para establecer quiénes son los propietarios de los vehículos y las licencias de los remises de la empresa Cinco Estrellas, de los Ale, que según la denuncia eran utilizados para el traslado de mujeres explotadas sexualmente. Según confiaron a LA NACION fuente vinculadas a la investigación, algunas de las licencias estarían a nombre de legisladores peronistas.

A propósito, Susana Trimarco, la madre de Marita, denunció el sábado último que habría miembros del Congreso tucumano vinculados a “la Chancha” Ale, a quien la mujer acusa como principal responsable de la desaparición de su hija.

“¿Quién ha tenido los huevos para desenmascarar a estos sinvergüenzas?: yo. En la Legislatura hay muchos que están prendidos con «la Chancha», que los tiene bien agarraditos de los huevitos [sic]. Ninguno tiene la valentía que tengo yo, porque a mí me destruyeron mi familia”, dijo Trimarco a La Gaceta, al cumplirse 13 años de la desaparición de su hija.

El fallo de ayer apunta a dilucidar esa cuestión, que ya había sido denunciada anteriormente, según explicaron las fuentes consultadas. Además, los camaristas pidieron profundizar la investigación respecto de la Gerenciadora del NOA SA, creada en 2002 por “la Chancha” Ale para administrar los recursos del club San Martín de Tucumán, del que fue presidente hasta 2010.

El juez Poviña ya había advertido que la supuesta organización criminal se habría valido de la remisería Cinco Estrellas, y de las sociedades Points Limits SRL, Transportadora Leonel SRL y Gerenciadora del NOA SA para el “lavado de activos de origen ilícito”.

El magistrado consideró que los sospechosos son responsables de los delitos de lavado de activos y de asociación ilícita, aunque esa última imputación fue rechazada ahora por la Cámara Federal. Toda la investigación estuvo a cargo del fiscal federal de Tucumán Carlos Brito, con colaboración del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

Desde el año pasado, Rubén Ale tiene prisión domiciliaria por razones de salud. El fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, pidió que sea trasladado a una unidad del servicio penitenciario federal que cuente con servicio médico para atenderlo de sus problemas cardíacos, obesidad mórbida y Parkinson, entre otras enfermedades..


REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE TRATA: NO BENEFICIA A LAS VÍCTIMAS

04/06/2015

Lunes 06 de abril de 2015 | Publicado en edición impresa
Una reglamentación que no beneficia a las víctimas de trata

La reglamentación de la ley continúa respondiendo a una política paternalista por parte del Estado nacional que busca controlar todos los aspectos de la trata con prescindencia de la voluntad del resto de los actores
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El 19 de diciembre de 2012 se modificó la ley contra la trata (23364) sancionándose la ley 26842 en sesiones extraordinarias convocadas con urgencia por la presidenta Cristina Fernández, tras el fallo que absolvió a todos los acusados del secuestro y desaparición de Marita Verón. La nueva norma establecía en su artículo 28 la obligación de reglamentarla en un plazo máximo de noventa (90) días, que se cumplieron hace dos años, en marzo del año 2013. A pesar de los reiterados pedidos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a la trata de seres humanos, sólo en 2015 se reglamentó la ley. Por este incumplimiento gubernamental, nuestro país, que según las estimaciones más optimistas tendría más de un millón de víctimas necesitadas de asistencia y protección, a la fecha no cuenta aún con un plan nacional de combate contra la trata de personas. El Gobierno trató de cubrir este incumplimiento poniendo en funciones, en septiembre de 2013, al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y explicando que éste elaboraría el plan nacional contra la trata, para mostrar que el país estaba avanzando en el combate contra este flagelo. En dos años de actuación, los resultados que puede presentar este comité son casi nulos. El plan no se elaboró o si se elaboró nunca fue hecho público. El funcionamiento de este comité ejecutivo, a nuestro juicio resultaba ilegal, ya que era el brazo ejecutivo del Consejo Federal y funcionó sin la supervisión que indicaba la ley porque el consejo nunca se reunió. La razón de poner en funciones este comité y no al Consejo Federal es que el comité está formado por cuatro ministerios del Poder Ejecutivo, mientras que el Consejo Federal es un organismo que incluye a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, al Poder Judicial, a las OSC, al Congreso de la Nación, etcétera. La reglamentación de la ley de trata que se ha presentado el pasado 28 de enero continúa respondiendo a una política paternalista por parte del Estado nacional, que busca controlar todos los aspectos de la trata de personas con prescindencia de la voluntad del resto de los actores que marca la ley. La reglamentación no avanza en la clarificación de la asistencia a las víctimas como lo solicitara la organización Esclavitud Cero. Prácticamente ninguna de las preocupaciones que se plantearon públicamente fueron recogidas ni incluidas. En las garantías mínimas para las víctimas se atribuye toda la responsabilidad al Gobierno Nacional, en los ministerios de Justicia y Derechos Humanos hasta la declaración testimonial y en la asistencia posterior al Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, el verbo utilizado es procurará , por lo que si no lo hacen bien pueden alegar que lo intentaron. Cabe destacar que la actuación del Ministerio de Desarrollo Social ha sido altamente cuestionada por las OSC y por los organismos internacionales ya que no es transparente, y a pesar de estar funcionando hace años jamás ha dado un informe sobre el número de víctimas que exactamente asistió y durante cuánto tiempo. Tampoco ha aclarado en qué consistió la asistencia ni ha informado cuántas víctimas se contuvieron en los albergues que existen. Esclavitud Cero ha denunciado las falencias de la asistencia a las víctimas en reiteradas oportunidades, indicando que el modelo que se está desarrollando es inadecuado porque hace responsable en todo el país a la Oficina de rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creando una megaestructura nacional ineficiente en lugar de apoyar a los gobiernos locales en sus iniciativas, como los de Misiones o Santa Fe. El Gobierno Nacional se ocupa de la parte inicial del rescate hasta la declaración testimonial de la víctima y luego, en general, la retorna a su lugar de origen. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social ha delegado toda responsabilidad de asistencia en las provincias sin que se giren los fondos necesarios, que se quedan en las estructuras nacionales. Es decir, que el grueso de la carga de la asistencia a las víctimas recae en las provincias que con sus magros presupuestos no pueden hacerle frente. El Ministerio de Desarrollo social continuará pues “procurando la continuidad de la asistencia integral hasta la restitución efectiva de sus derechos” como hasta ahora, sin hacer casi nada y con escasos resultados. Tampoco se reglamentaron la asistencia psicológica y la asistencia médica gratuitas con el fin de garantizar la reinserción social. Esto hubiera sido muy importante, puesto que las víctimas de trata no pueden en general concurrir a los hospitales en forma sostenida, por un lado por problemas de seguridad y, por otro, porque con frecuencia los lugares de origen de las víctimas no cuentan con estos servicios y no se les está financiando el transporte a dichos lugares. Lo que se necesitaría es una asistencia móvil, al menos psicológica, para minimizar riesgos y asegurar el acceso a las víctimas. La reglamentación define el alojamiento adecuado, pero no crea un sistema nacional de albergues para víctimas por lo que si bien ahora sabemos cómo debería ser el alojamiento seguimos sin tener la menor idea de a qué lugares derivar a las víctimas. Frente a las miles de mujeres que se rescatan cada año, los albergues que existen tienen una capacidad muy reducida que no supera en todo el país las 50 o 100 víctimas. En cuanto a la asistencia y representación jurídica gratuita, no se establece un sistema para brindarla. Sólo se apunta que las víctimas podrán contar con ellas. Pero no está claro el cómo, ya que se asigna la responsabilidad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – que no tiene oficinas en todo el país ni suficientes abogados para brindarlo – y al Ministerio de Trabajo. En principio parecería que cualquier profesional , aunque no fuera abogado, podría brindar este servicio según la reglamentación. Ello hace pensar que será una asistencia y que no habrá representación jurídica gratuita por fuera del proceso penal contra los tratantes, para resolver los miles de problemas civiles, administrativos y de toda índole que enfrentan las víctimas. Lo más grave, sin embargo, es el hecho de que el Estado nacional podrá constituirse como parte querellante en los procesos judiciales sobre trata o delitos conexos. Teniendo en cuenta la complicidad estatal en muchos de los casos, ello terminaría en que el Estado será querellante y acusado en la mayoría de las causas, lo que no parece muy indicado. Esta disposición parece más bien peligrosa y se completa con la posibilidad de que los profesionales , que bien podrían ser profesionales informáticos, tendrán acceso a todas las causas de trata. Parecería que no es tan importante representar jurídicamente a las víctimas como inmiscuirse en toda causa de trata. En cuanto a la protección, no se reglamenta el artículo perdiéndose la posibilidad de fortalecer el Programa de Protección existente que es muy inadecuado para las víctimas de trata y cuyos recursos son mínimos. De hecho, según mi conocimiento, sólo 2 víctimas de las más de 6000 rescatadas lograron ingresar en este programa. Tampoco se reglamenta la forma en que se facilitará el reingreso de las víctimas de trata al sistema educativo. En cuanto a las víctimas menores de edad, tampoco hay reglamentación de este artículo y ello nos genera muchos cuestionamientos, ya que tal y como está de indefinido el artículo en la ley podría darse el caso de que a las víctimas menores de 18 años, que no pudieran ser reintegradas a sus familias, se les diera el mismo tratamiento que a los menores en riesgo o a los huérfanos a cargo del Estado, que no es el tratamiento específico que necesita una víctima de trata. Para finalizar, no se reglamenta tampoco la constitución y el funcionamiento del Fondo Especial para las Víctimas que crea la ley ni se clarifica la cuestión de los decomisos. En definitiva, parece que esta reglamentación no viene a solucionar ninguno de los problemas que en la práctica nos presenta la ley de trata, sino solamente a abrir un peligroso espacio para que el Poder Ejecutivo se inmiscuya en todos los casos de trata. Es urgente que se reúna el Consejo Federal que crea la ley y que se diseñen los lineamientos de una política de Estado en materia de trata de personas, con la participación de las provincias, del Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de las organizaciones sociales.

Por Mercedes Assorati

La autora es coordinadora general de Esclavitud Cero, esclavitudcero.wordpress.com.


BUENAS PRACTICAS: SUMATE A LA DESPEGATINA DE AVISOS DE OFERTA SEXUAL

03/24/2015

De: Recoleta Insegura <recoletainsegura@gmail.com>
Fecha: 24 de marzo de 2015, 13:50
Asunto: Fwd: #DESpegatina2015 #BastaDeTrata
Para:

Vecinos:
          RECOLETA INSEGURA apoya a Buenos Vecinos Once y los invita a participar de la “despegatina”.

Viernes 27 de marzo a las 12.00 en Pueyrredón y Corrientes
NO FALTES!!!
Tenemos una larga lucha contra la trata de personas en nuestro barrio. Los integrantes de nuestra ONG Buenos Vecinos Once, tenemos un enorme compromiso con una problemática que somete, daña y mata a millones de personas en el mundo.
 
Llevamos en el último año tres prostíbulos cerrados y 36 denunciados, solo en la Comuna 3!
La DESpegatina de papelitos de oferta sexual en la vía pública es una manera de darle luz a la problemática y empezar a interactuar con quienes aún no tienen información acerca de un modo de explotación sexual que esclaviza a muchas personas.
La trata o comercio con personas, es el modo de esclavitud del siglo 21, no te quedes ausente en esta lucha de todos.

Trata: Es un delito internacional de lesa humanidad y viola los derechos humanos tanto como de la persona, es una violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas.

SUMATE A LA LUCHA

 
Cels 1164741310  1168263896

 
 
@buenosvecinos11

PARA LA JUSTICIA NO HAY DUDAS: EN LA ARGENTINA SE FABRICA COCAINA

03/23/2015

Para la Justicia no hay dudas: En la Argentina se fabrica cocaína

23 de marzo de 2015

Varias sentencias judiciales confirmaron en los últimos dos años la elaboración local de droga, incluso, la producción completa; los fallos van en línea con la presunción del Papa Francisco.

El papa Francisco abrió la polémica este mes, al afirmar: “No tengo certezas, pero creo que se fabrica droga en la Argentina”. La controversia, en realidad, sólo es política, ya que para la Justicia no hay duda alguna sobre la fabricación de cocaína en nuestro país. Y así lo reflejan numerosos fallos en los últimos años.

Varios expedientes dan cuenta de la elaboración de estupefacientes en el país. En esos casos fueron decomisados precursores químicos y sustancias ilegales en diferentes etapas de preparación. El único interrogante pasa por conocer el volumen de la producción.

En agosto pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal de Salta confirmó condenas por “producción de sustancias estupefacientes”. El caso había empezado el 26 de julio de 2012, cuando gendarmes del Escuadrón 54 Aguaray patrullaban el paraje El Sauzal, en la frontera. Los agentes observaron “una montaña de desechos de hojas de coca trituradas de la que emanaba un fuerte olor químico, además de una pileta de lona y varios bidones de 200 litros”.

Ésa fue una clara evidencia de que allí se había montado un laboratorio de producción de cocaína. No se trataba de una “cocina” urbana -como las diez que, según el legislador porteño Gustavo Vera, de La Alameda, funcionan en la villa 1-11-14, del Bajo Flores-, sino de un lugar primario para llevar adelante el proceso de transformación de las hojas de coca en cocaína. Las sentencias por este caso fueron de cuatro años de prisión y una multa de mil pesos.

La Cámara Federal de Rosario trató un caso en agosto de 2014 en el que se investigó a una organización que había armado un laboratorio para la elaboración de cocaína en esa ciudad, con el fin de abastecer a los grupos dedicados al narcomenudeo.

En la resolución figura que fueron encontrados “elementos destinados a la producción y fabricación de estupefacientes”, como botellas de éter y ácido clorhídrico. Con esos precursores químicos no se estira la droga -esto es, bajar la calidad del producto para maximizar las dosis de venta y la ganancia-, sino que se elabora cocaína desde la pasta base, que en ese caso era obtenida en Salta.

En otro caso, la Cámara Federal de Mendoza definió, también en agosto pasado, que en un allanamiento se habían secuestrado “botellas que en su interior contendrían acetona, dos bidones de treinta litros con las leyendas desengrasante amoniacal y agua brava, y un bidón de 30 litros vacío con la leyenda sodio”. Fueron considerados pruebas sobre la existencia de un laboratorio de drogas.

Tras una incautación de 28 kilogramos de cocaína y ocho bidones de ácido clorhídrico, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza definió claramente el año pasado que los sospechosos “preparaban” estupefacientes. Y argumentó: “La conducta de preparar es efectuar las operaciones necesarias para obtener la droga, es decir, el conjunto de operaciones destinadas a la obtención de estupefacientes a partir de la materia prima, su purificación y la transformación de unos productos en otros”.

Ese tribunal fue más allá y en sus fundamentos utilizó las definiciones de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes de la ONU, que entendió que “fabricación son todos los procedimientos distintos a los de la producción que permiten obtener estupefacientes, incluyendo en ellos la refinación y la transformación de un estupefaciente en otro”.

En julio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal de Santa Fe estableció que un caso bajo su análisis debía ser calificado como producción de estupefacientes. Lo hizo al precisar que se habían secuestrado “13,6 kilogramos de clorhidrato de cocaína, una licuadora, tres botellas de acetona, una botella de éter, una botella de ácido clorhídrico, una botella de hidróxido de amonio, una balanza, una prensa de hierro, una estufa y una lámpara infrarroja, elementos que en su conjunto conforman lo que vulgarmente se conoce como «cocina»” de droga.

Por su parte, la Cámara Federal de Rosario señaló, en un caso de mayo de 2014, que “los tests orientativos concluyen que el material secuestrado es cocaína y los elementos (bidones con acetona, recipientes con restos de sustancia pulverulenta, balanzas, prensas, entre otros) son comúnmente utilizados para fabricar y fraccionar clorhidrato de cocaína”.

En el conurbano también fue tratado un caso por elaboración de cocaína. El tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín detalló que como resultado de un allanamiento en La Matanza se habían decomisado “distintas sustancias químicas -acetona, éter etílico, etanol, butanona, ácido clorhídrico, metanol, isopropanol, acetato de etilo y éter isopropílico-, precursores químicos para la fabricación de cocaína”.

El nivel de producción no pudo determinarse en esos casos, aunque los especialistas en narcotráfico consideran que en los últimos cuatro años proliferaron cocinas de cocaína de reducidas dimensiones, operadas por bandas que alcanzaron su autoabastecimiento.

Entre 2011 y 2013 fueron desarticulados al menos tres grandes laboratorios en Paraná, Funes (Santa Fe) y Los Polvorines con capacidad para fabricar, cada uno, entre cinco y ocho toneladas de cocaína al año.

CORRIENTES: INCAUTAN MÁS DE CIEN KILOS DE MARIHUANA EN UN ÓMNIBUS
En un operativo en la ruta nacional 14, la Gendarmería secuestró 107 kilogramos de marihuana y arrestó a cuatro personas, todas paraguayas, que transportaban la droga en un ómnibus. El vehículo, que había partido desde la terminal de Puerto Iguazú y se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires, fue detenido en las cercanías de la localidad correntina de Tapebicuá, donde integrantes del Escuadrón 7 de Paso de los Libres descubrieron que bajo diferentes asientos estaban semiocultos 21 bultos que contenían el cargamento de marihuana.

CAYÓ UN NARCO QUE OPERABA EN LA VILLA ZAVALETA

El área de investigaciones criminales de la Policía Metropolitana, en coordinación con la policía bonaerense, logró la detención del cabecilla de una importante banda narco con ramificaciones internacionales que había ingresado en la Argentina un cargamento de 3700 kilogramos de marihuana, en junio de 2014.
Ese embarque de droga fue interceptado en la ruta nacional 9, a la altura de la localidad santafecina de Sauce Viejo. Desde entonces se había buscado al líder de esa organización narco, que operaba en la ciudad de Buenos Aires, especialmente en la villa Zavaleta.
Según informó la Policía Metropolitana en un comunicado, se dio aviso a la policía bonaerense de los posibles movimientos que en estos días tenía previsto realizar el sospechoso en el conurbano. El hombre fue finalmente capturado al concurrir a una planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en La Matanza.
La fuerza policial señaló que ese sospechoso es uno de los narcos más importantes para el sistema de ingreso y distribución de la droga en las calles porteñas. El pedido de captura fue solicitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez.


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