EL CAMBIO NO HA LLEGADO A LA TRATA

07/22/2016

Estimadxs:

Envío este artículo que cuestiona la continuidad de Zaida Gatti al frente del Programa de Rescate. En primer lugar quiero decir que cuando en el año 2006 participé como Coordinadora del Programa de Trata de la Organización Internacional para las Migraciones en reuniones periódicas para la puesta en marcha de un programa de trata con ella y con Eva Giberti, la relación de ambas con Anibal Fernández era muy estrecha, cosa que me consta.

Por otra parte, ESCLAVITUD CERO ha sido muy crítica de la actuación de esta Oficina y, es necesario decir que, al día de hoy la asistencia a las víctimas de trata en Argentina es muy pobre y que es criticada fuertemente en los informes internacionales que se realizan sobre la situación de la trata en Argentina. Hasta el día de hoy no se sabe en Argentina realmente cuántas víctimas han recibido asistencia por parte de la Oficina de Rescate, en qué consistió dicha asistencia, durante cuánto tiempo se brindó la misma y cuál ha sido el destino de las víctimas.

En mi opinión, si después de 10 años de actuación esta Oficina no puede brindar cifras concretas y explicar su actuación de forma transparente, pese a las reiteradas solicitudes por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones de la sociedad civil, no será porque se hacen bien las cosas.

Por otra parte, la Oficina de Rescate asentada en la Ciudad de Buenos Aires, ahora “Programa de Rescate” ha crecido desmesuradamente en los últimos años, tanto en personal como en fondos, sin que pudiera aún -después de una década- armarse un Programa coherente a nivel nacional. Los fondos se destinan a la Capital Federal y las provincias no reciben los fondos que necesitan para la asistencia.

Me sigue pareciendo absurdo que personal de la Capital del Programa de Rescate se traslade a la Quiaca para realizar un allanamiento. Es un dispendio de recursos y no es realmente eficiente. En lugar de ello, deberían haberse fortalecido las estructuras provinciales con fondos, con personal, con capacitación y con asistencia técnica. Sin embargo, como siempre ocurre en Argentina, la mayor parte de los fondos se quedan en Buenos Aires que tiene plantillas gigantescas mientras en las provincias hay administraciones que tienen una sola persona dedicada al problema de la trata porque carecen de fondos para contratar el personal necesario.

Mantener la estructura anterior, que no ha sido exitosa como se la quiere hacer aparecer, no es un síntoma de cambio y el cambio es muy necesario. La Lic. Gatti refiere que aumentaron las denuncias quiero mencionar que, al mismo tiempo, disminuyeron los casos que asiste su oficina y

Creo que la realidad de la trata y la efectividad cada vez menor en cuanto asistencia, son la clara muestra del fracaso de las políticas implementadas hasta la fecha.

Ojala la nueva administración permita de verdad un cambio que nos ponga en el camino hacia políticas de Estado transparentes; que se desarrollen en conjunto con la sociedad civil; que sean realmente Federales y atiendan, no tanto el aumento de la plantilla y de los gastos en capital, como las enormes y reales necesidades de las provincias. De ese modos es que podemos darle un combate real al crimen organizado y asistir y proteger a las víctimas.

Estoy por el cambio y lamento que el cambio, no haya llegado aún en el tema de trata de personas.

 

Saludos,

Mercedes Assorati

LOGOchiquito

Funcionaria de Justicia cuestionada: malos tratos y vínculos con Aníbal F.

La Alameda asegura que Zaida Gatti, encargada de asistir a víctimas de trata, es la “mano derecha” del exjefe de Gabinete.

21/07/2016 | 22:03
Zaida Gatti cuestionada desde la ONG La Alameda, de Gustavo Vera

Zaida Gatti cuestionada desde la ONG La Alameda, de Gustavo Vera | Foto: Cedoc

Desde la fundación La Alameda cuestionaron que Zaida Gatti, funcionaria encargada de asistir a las víctimas de trata, se mantenga en su cargo pese a haber pertenecido a la “gestión de Aníbal Fernández“. También remarcaron una denuncia en su contra en 2010 por “amenazar a una ex esclava sexual”.

La ONG que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo y la explotación infantil, encabezada por Gustavo Vera, considera que la continuidad de la titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata es “contradictoria” a los planteos del Gobierno.

Según señaló a Perfil.com Lucas Schaerer –director de la Comisión de Trata de la Legislatura porteña– llama la atención que “desde el Gobieno vinculen a Aníbal Fernández con la trata y el narcotráfico pero dejan en el poder a la mujer que se encargó de la asistencia en la trata, su mano derecha“.

Gatti, quien también habló con este medio, aclaró que no tiene vínculo con el ex jefe de Gabinete kirchnerista. “No soy mano derecha de él, y no trabajé de forma directa“, manifestó y explicó que Fernández “fue ministro del interior cuando ingresé a trabajar en el programa Las víctimas contra las violencias, donde solamente trabajabamos en la violencia familiar y sexual. Ese programa después fue trasladado al ministerio de Justicia y Seguridad, y él era nuestro jefe porque era ministro”.

No tenía otro vínculo con él y no lo tuve contacto hasta hace dos años cuando, siendo ya jefe de Gabinete, convocó a una reunión en Casa Rosada porque formó parte del comité ejecutivo de la lucha contra la trata que depende de esa jefatura”, consideró.

A su vez, la titular respondió los motivos de su continuidad en el cargo: “La gestión nuestra ha sido constante y cada vez nos amplían más las solicitudes”, señaló la funcionaria quien cree que su continuidad “es un reconocimiento al trabajo que se ha hecho y una decisión de mantener una política de Estado“.

Sin embargo, Schaerer también pone en duda los resultados del programa y cuestiona a la funcionaria. “Si es tan buena su gestión, ¿por qué no hay condenas por trata sexual en la Capital Federal? No existen“, remarcó y consideró que “los únicos dos casos de sentencia que hay fueron impulsados por denuncias de La Alameda”. Gatti, en cambio, remarca que estos últimos años “no es que haya crecido la trata de personas, sino que crecieron las denuncias y eso ha visualizado el delito“.

Denuncia. El integrante de La Alameda también hizo mención a una denuncia presentada por la diputada Fernanda Gil Lozano en 2010 “por amenazar a una ex esclava sexual”. Según se presentó ante la Justicia, la licenciada apeló “a toda clase de sugerencias, intromisiones y presiones sobre su persona e intentó intimidarla para que modificara su declaración original”.

Gatti remarcó que dicha denuncia fue desestimada por la Justicia por “inexistencia de delito”, a punto tal que “ni siquiera fui llamada al juzgado“.

“Yo tomé la entrevista a esa víctima a pedido del juzgado, presenté el informe en su momento, la gente de La Alameda estaba acompañándola y, en un momento, empezaron a gritar y llegaron a agredirme físicamente dentro del juzgado”, recordó la funcionaria y sostuvo que “por ese episodio, el juez decidió tomarle una declaración posterior a mi entrevista a la joven y eso fue lo que dejó en claro que no hubo ninguna situación atípica en mi trabajo“.

Desde La Alameda sostienen que Gatti buscaba influir en las jóvenes para cambiar las declaraciones para que no sean casos de trata, sino de prostitución. En el caso puntual por el que la funcionaria fue denunciada, explicaron que ella y una ex esclava en prostíbulos de Liniers se cruzaron en el ascensor previo a una rueda de reconocimiento para identificar a quienes la sometieron, pero que luego fue “amenazada”. A los tres días, la denunció ante escribano público.

Remarcan, además, que “fue sobreseída por (el ex juez Norberto Oyarbide)” a quien consideraron “un tipo que estuvo dentro de un prostíbulo y fue filmado”.

“A su vez, por ese operativo de cinco prostíbulos en Liniers por los que Gatti nos aprieta,estuvimos seis meses censurados en Canal 7 por orden de Aníbal Fernándezy quien manejó el operativo por orden del Poder Judicial fue el entonces titular de la División Delitos Complejos de la Policía Federal, Néstor Roncaglia –actual jefe de la PFA de Macri–”, concluyeron.

* De la redacción de Perfil.com | Twitter: @hernangsoto


COMITÉ EJECUTIVO VS TRATA CON FALENCIAS TÉCNICAS

07/07/2016

Estimadxs:

Realmente es una lástima que, existiendo tantas personas capacitadas en trata de personas en Argentina, en el Comité Ejecutivo contra la Trata que depende de Marcos Peña, las personas a cargo de las capacitaciones no tengan las calidades técnicas necesarias. Pareciera que el hecho de ser el marido de Alicia Peresutti habilita a Omar Picatto y a su hijo adolescente, Piero a dictar capacitaciones sobre trata y ser miembros del Comité Ejecutivo. Sin embargo, las definiciones que brinda en el artículo que puede leerse más abajo son técnicamente incorrectas. Cito a Picatto: “trata es cuando un tercero obliga a otra persona a hacer algo que no quiere y encima obtiene ganancias de esa situación”, esta definición no es técnicamente correcta y le sugiero adentrarse en la Ley de Trata y las Convenciones sobre Esclavitud para aclarar el concepto. De hecho, en esta definición, por ejemplo, las personas que trabajan en talleres textiles en forma voluntaria y son cruelmente explotadas, no serían víctimas de trata.

Me inquieta que los miembros del Comité Ejecutivo contra la trata: Yanina Basilico, Coordinadora y estudiante de abogacía hasta noviembre de 2015; Omar Picatto, Periodista sin experiencia en la función pública ni conocimientos técnicos legislativos; Jesica Milano que por todo CV habría sido Miss Peñas en un certamen de belleza de Villa María, Córdoba; Piero Picatto, hijo de Omar y Alicia y joven de 20 años, sean los encargados de trabajar en la reglamentación de algunos artículos de la ley contra la trata de personas, según se manifiesta en el artículo. También han afirmado estar trabajando en el diseño de variables para sistematizar la información sobre trata. Hasta el momento no se ha visto ningún producto técnico originado en este Comité que es el encargado de elaborar un proyecto de Plan Nacional de Acción contra la Trata para presentarlo al Consejo Federal. Tampoco hemos tenido informes sobre las decisiones tomadas por el Consejo Federal, en su primera reunión a la cual no asistió ninguna organización no gubernamental.

ESCLAVITUD CERO ofreció asesoramiento gratuito a la Coordinadora del Comité Ejecutivo contra la Trata, pero nunca obtuvo respuesta por parte de la misma, ni fue invitada a aportar su experiencia acumulada en todo el continente Americano sobre la temática.

Me parece fantástico que voluntarios de ONGs sean convocados para aportar desde el gobierno. Sin embargo, no me parece bien que las instituciones sean cooptadas por ONGs; abonen el nepotismo, y no busquen integrar también profesionales capacitados en sus plantillas. Una verdadera lástima porque hay mucho trabajo por hacer y se necesitarían equipos técnicos serios para llevarlo adelante.

Saludos,

Mercedes Assorati

Omar Picatto disertó sobre trata de personas en Ushuaia‏

El Parlamento participó de la disertación sobre trata de personas, “Paremos La Trata” que brindó Omar Picatto, funcionario del Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata de personas. La legisladora Liliana Martínez Allende (UCR-Cambiemos) acompañó la disertación, que hoy –también se dará- en Río Grande, desde las 18 en el salón del IPRA.

En diálogo con Prensa Legislativa, José Omar Picatto, miembro del Comité Ejecutivo contra la trata de personas, resaltó la importancia de ambos encuentros. Con estas charlas se busca “la sensibilización, tratar de que, entre todos, construyamos el conocimiento acerca de qué se entiende por trata de personas”. Aclaró: “Esto que tanto confunde a las personas, que siempre se la vincula a la prostitución, pero no siempre la prostitución es trata, ni la trata tiene que ver exclusivamente con la prostitución”.

En ese sentido, explicó que “trata de personas es cuando un tercero obliga a otra persona a hacer algo que no quiere y encima obtiene ganancias de esa situación”. Detalló que desde el Comité se trabaja “dando curso a lo que establece la ley”. Se visita a todas las provincias; se realizan capacitaciones a través de la plataforma del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP); “este mes conformaremos, junto a todas las provincias, el Consejo Federal, que deberá establecer cuáles van a ser las normativas que tienen que cumplimentar las organizaciones de la sociedad civil, para que también formen parte de este Consejo”, expuso.

El Funcionario, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, confirmó también que desde el Comité se está trabajando en la reglamentación de algunos artículos de la ley 26842 de trata de personas, reformulada en el año 2012.

En otro orden, Picatto sostuvo que “también estamos diseñando las variables para sistematizar la información”, que sostuvo “hay mucha, pero está toda fragmentada y desactualizada”. Esto permitirá al Comité posicionarse, y sistematizar un mapa de delito y un mapa de explotación, “hoy estamos trabajando en las variables de ese diagrama”, confirmó.

Respecto al nivel de sensibilización de la población en este tema, detalló que “la gente conoce el término trata de personas, pero no la entiende como tal”. Por ello, es fundamental el trabajo que se realiza desde el organismo nacional, para que “entre todos pongamos en discusión algunos conceptos, porque trata de personas no tiene que ver solo con explotación sexual, sino también con la explotación laboral; el tráfico de órganos, tejidos y fluidos”, entre otras.

Destacó que en todas estas modalidades hay una extensa cadena de personas que intervienen, “desde el captador hasta el explotador, pasando por el transportista, el que provee la documentación falsa, con la connivencia de algunos funcionarios, obviamente”.

En referencia al trabajo en nuestra Provincia, el representante del Comité Ejecutivo manifestó que tiene muchas expectativas, “ya estuvimos trabajando con gente de la Legislatura, con gente del INADI, para nutrirnos mutuamente y hacer un intercambio de información, sabemos que la isla particularmente tiene una problemática muy compleja, por su proximidad con Chile y porque se utiliza por organizaciones para entrar o salir con mujeres”, concluyó.

Con información y fotografías de Prensa Legislativa


Trafico de Chinos en el norte

07/06/2016

Aún no resulta claro si es una red de tráfico solamente o también de trata. Por ahora no hablaría de trata sino de tráfico. Esperemos que esta vez el juez Gonzalez Charvay actúe bien ya que es el mismo que dejó impune la muerte de Ezequiel Ferreira en una insólita actuación que no tuvo en cuenta las pruebas recabadas por el juez que investigó la causa en primera instancia. Lo estamos observando. Saludos, Mercedes Assorati

Investigan una red de trata que trafica con ciudadanos chinos desde Bolivia

La camioneta que llevaba a las mujeres chinas foto: LA NACION Policía Bonaerense

La camioneta Volkswagen Amarok blanca circulaba por la ruta 9 en sentido a Buenos Aires a una velocidad promedio. Pero cuando el conductor advirtió que había un retén policial, a la altura del kilómetro 130, cerca de la central de Atucha, aceleró para intentar eludirlo. A toda velocidad hizo un par de kilómetros por caminos rurales para luego retomar la Panamericana en dirección a Rosario, a contramano. Pero perdió la estabilidad y terminó su alocada carrera en un zanjón. El chofer y su acompañante no estaban solos: en la parte trasera había ocho mujeres, todas chinas. Unos y otros, protagonistas de una clásica maniobra de tráfico de personas.El conductor de la camioneta 4×4 y su acompañante, detenidos a fines de mayo por la policía bonaerense, fueron procesados con prisión preventiva, acusados del delito de facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el fin de obtener un beneficio en concurso real con el delito de resistencia contra la autoridad. La decisión fue tomada en las últimas horas por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Los dos acusados fueron identificados por fuentes judiciales como Rubén Montoya, de 27 años, y Martín Flores, de 42. Ambos son de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

Si bien la pesquisa está en plena fase de profundización, se sospecha que las mujeres chinas eran traídas a la Argentina para trabajar y que los dos procesados son el eslabón más débil de una organización criminal dedicada a ingresar ilegalmente a extranjeros por la frontera norte.

En abril se conoció un caso similar de trata de ciudadanos chinos que ingresaron ilegalmente en el país al cruzar de Bolivia a Salta. En esa oportunidad, una patrulla de la Gendarmería sorprendió a un hombre que estaba estacionado con una camioneta en la ruta provincial 3, cerca de la localidad salteña de Horcones. Al notar movimientos en el monte cercano, los gendarmes fueron atacados con disparos. Tras un corto tiroteo, los agresores se rindieron y los gendarmes pudieron comprobar que los tres atacantes detenidos transportaban a ocho ciudadanos chinos.

“La facilitación de la permanencia irregular de las ocho ciudadanas de origen chino en el territorio argentino se encuentra debidamente acreditada a partir de las actas confeccionadas por la Dirección Nacional de Migraciones. El beneficio económico de parte de los aquí encausados se encuentra suficientemente acreditado, ya que se halla estrechamente vinculado a la situación migratoria irregular de las ciudadanas de nacionalidad china ingresadas en el país, a lo que se adjunta lo manifestado por varias de ellas en cuanto a las sumas de dinero que, si bien no habrían entregado directamente a los aquí encausados, abonaron en concepto de comisiones, transporte y alojamiento”, afirmó el juez González Charvay en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

“Paquetes turísticos”

En sus declaraciones testimoniales las ocho chinas fueron extrañamente coincidentes: dijeron ser turistas. Una de ellas, identificada como Yuting Zheng, explicó que la agencia donde había comprado el pasaje de avión armó “un paquete turístico” a fin de que pudiera realizar diferentes excursiones. Agregó que el único que sabía que se iría de viaje a Bolivia era su padre y que a su marido no le había dicho nada porque se habían peleado.

Zheng contó que había pagado 900 dólares por una serie de excursiones y que en Bolivia una persona le ofreció llevarla a pasear por la Argentina y otro países limítrofes. Recordó que salió de China el 16 de mayo pasado rumbo a Bolivia y que llegó a destino después de hacer varias escalas. No pudo precisar en qué hotel se alojó. El pasaje de ida y vuelta le salió 2700 dólares.

Otra de las mujeres, Lin Lian Yu, afirmó que no pensaba venir a la Argentina, que había viajado a Bolivia desde China por “turismo”. La travesía la inició con su hermana, Lin Liang Zhu. Sostuvo que en Santa Cruz de la Sierra se le acercó un hombre que hablaba “muy poco en chino” y le ofreció pasear por países limítrofes. Aceptaron la propuesta y acordaron pagarle 200 dólares por el transporte y el hospedaje. El viaje hacia territorio argentino fue por etapas, con cambios de vehículos y durmiendo en casas en muy malas condiciones higiénicas, precisó.

Zhuang Xiaoxia aseguró que no pensaba viajar a la Argentina, que su destino era Ecuador, donde estuvo diez días. Dijo que el viaje lo pagó y se lo programó una agencia de turismo de Fuquin, en China. Contó que pagó 800 dólares por el paquete de excursiones. Había tomado el avión en Shanghai. Al igual que sus compatriotas no pudo recordar el nombre del hotel donde se alojó.

Al repasar los ocho testimonios el relato coincide: vinieron a América del Sur como turistas. Pero para el juez González Charvay “Montoya y Flores facilitaron la permanencia ilegal de las ciudadanas chinas en el territorio argentino e ingresaron por lugares no habilitados o no sometidos al respectivo control migratorio, aprovechando tal situación irregular con el fin de obtener, en definitiva, un beneficio económico”.

Chubut: policías protegían a proxenetas

COMODORO RIVADAVIA.- Con 27 allanamientos en esta ciudad y en Trelew, la Justicia desbarató una asociación ilícita dedicada a cometer estafas en la compraventa de autos y una red de protección policial a la prostitución. El operativo dejó como saldo tres detenidos -un oficial y un ciudadano colombiano- y derivó en la investigación al jefe de la regional de Trelew.

Se trata del comisario mayor Alejandro Pulley, acusado de encubrir el ejercicio de la prostitución en departamentos vip de esta ciudad. Se le imputa el presunto delito de cohecho y, según confirmó la fiscalía de Comodoro, se investiga su presunta acción de protección de explotadores sexuales.

El oficial detenido fue identificado como Pedro Benítez; también fueron aprehendidos el colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa y Guillermina Ferreira Almada. También se ordenó la captura de César Hernández.

La causa se inició a partir de violentos enfrentamientos entre familias de gitanos por la compraventa de vehículos. De allí se llegó a la revelación del manejo de fondos provenientes de la prostitución.


Dura advertencia de la Iglesia contra la esclavitud en Argentina

07/06/2016

Pide a las autoridades: “Oíd el ruido de las cadenas que no están rotas”

Dura advertencia de la Iglesia contra la esclavitud y la trata de personas en Argentina

Justicia y Paz reclama una respuesta política para erradicar el tráfico y la explotación

Redacción, 05 de julio de 2016 a las 20:05
Se trata de personas/>

La Comisión Nacional Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal Argentina, advirtió el lunes sobre la situación de esclavitud en la que viven “muchos hermanos y hermanas” víctimas de la trata y el tráfico de personas, y reclamó “decisión política” para erradicar ese flagelo.

Equipo No a la Trata, del organismo episcopal, pidió a las autoridades “oír el ruido de cadenas que aún no están rotas”, en un mensaje en el marco de la celebración de los 200 años de la declaración de la Independencia Nacional.

“Queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de esclavitud que viven muchos hermanos y hermanas, especialmente, la trata y el tráfico de personas”, aseveró.

El organismo eclesial, integrado mayormente por laicos y asesorado por monseñor Jorge Lozano, pidió la “decisión política” del Estado en todos sus niveles y el compromiso de cada ciudadano para erradicar el “mal” de la trata de personas en el país, a fin de “cada habitante de nuestro suelo tenga vida digna y plena”.

El comunicado, titulado “Oíd el ruido de cadenas que aún no están rotas”, incluyó párrafos de una homilía que el cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, pronunció el 23 de septiembre 2011.

Venimos a pedir por las víctimas de trata de personas, la trata del trabajo esclavo, la trata de la prostitución. Venimos a pedirle a Jesús que, El que es Dios y tomó nuestra carne, nos haga llorar por la carne de tantos hermanos y hermanas nuestros que son sometidos”, dijo el entonces arzobispo de Buenos Aires.

“Le venimos a pedir a Jesús que aprendamos a cuidar a estos hermanos nuestros sometidos a la esclavitud con la ternura que merecen”, pidió Bergoglio.


FISCAL FEDERAL RENUNCIA INVOLUCRADO EN CASO DE TRATA

06/27/2016

La Justicia Federal dictaminó prisión preventiva contra las responsables de un hotel y un prostíbulo. Como se sabe, dentro de esta causa se investiga la participación del ex fiscal Benito Pont.

 

Tuvo un nuevo giro la investigación por trata de personas que se lleva a cabo en Paso de los Libres, que derivó en la renuncia de un fiscal Federal.
En tal sentido fueron procesadas con prisión preventiva dos personas sindicadas como responsables de un prostíbulo y un hotel donde eran explotadas sexualmente mujeres en situación de vulnerabilidad, y que formaban parte de una red en la que está implicado un ex fiscal de la ciudad de Paso de los Libres, precisó ayer la agencia de noticias Télam.
Sobre la base de una investigación realizada por los fiscales Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y Carlos Schaefer, la jueza federal subrogante de Paso de los Libres, Cristina Pozzer Penzo, resolvió en las últimas horas procesar con prisión preventiva a Norma Rosalía Lanatta y a Lidia Avalos.
Lanatta se desempeñaba como encargada del prostíbulo “La Baliza” de la ciudad fronteriza con Brasil Paso de los Libres, distante a 360 kilómetros de la capital correntina. Avalos cumplía el rol de encargada de un complejo de siete habitaciones linderas al prostíbulo, donde eran explotadas sexualmente las víctimas. La magistrada dispuso también trabar embargo por 100.000 pesos a ambas.
Están consideradas “autoras materialmente responsables de los delitos de trata con fines de explotación sexual agravado por haber sido cometido mediante un abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por tratarse de más de tres los sujetos pasivos, por el número de sujetos activos y por haberse consumado las explotaciones”.
Asimismo se les incrimina “la explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena y regenteo de casas de tolerancia”, también en carácter de autoras materiales.
Se les atribuye el hecho de formar parte, junto a otras personas, de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual.
En los considerandos de la medida la jueza señaló que serían al menos 15 las víctimas, en su mayoría dominicanas y argentinas, mayores de edad, de bajos recursos, con “situaciones biográficas complejas”.
Sobre las víctimas, la jueza aseguró que “el consentimiento prestado en estas condiciones de necesidad y vulnerabilidad carece de cualquier valor”.
Si bien en esta resolución fueron procesadas dos personas de un solo prostíbulo, el caso encierra un número mayor de locales y responsables, cuyos roles en la red de trata fueron identificados por los fiscales y la jueza.
Se trata de los locales Roxi o Puro Movimiento, y el motel Momentos, al igual que la whiskería La Baliza.
Pese a las clausuras impuestas desde enero pasado, se determinó que al menos hasta el 15 de mayo continuaron en funcionamiento explotando sexualmente a las víctimas.
Es que para la jueza y los fiscales se trata de una estructura con una actuación “coordinada para cometer delitos graves, en los cuales había tareas preasignadas entre los integrantes como la captación de mujeres para explotación sexual, su posterior control, la protección ante procesos penales, la representación de distintos integrantes en actuaciones judiciales o prevención de consecuencias jurídicas, entre otros”.
Y en ese orden se ubica el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, quien es investigado en el marco de la desarticulación de la organización y por la cual renunció al cargo en mayo pasado.


CHACO: CREAN MESA INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA TRATA

06/27/2016

CTO PROYEMOVILIDAD HUMANA

Trazan acciones contra la trata de personas

La iniciativa es de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones.
25/06/2016
Por medio del proyecto Movilidad Humana en situación de Explotación, Trata y Tráfico, se constituyó la Mesa Interinstitucional para abordar esta temática. La reunión se celebró en la Universidad Católica de Santiago del Estero y asistieron, entre otros, la diputada del Parlasur, Ana María Corradi; la titular del Ministerio Público Federal, Dra. Indiana Garzón, acompañada de la letrada del área, representante de la Defensoría de Pueblo de la Municipalidad; funcionaria del Registro de Personas Desaparecidas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, como Rotary Club Huarmi, Missing Children y Asociación de Protección de la Infancia y Adolescencia en Riesgo.

Durante la jornada se exhibió un corto informe sobre el proyecto y hubo exposiciones sobre experiencias en el tema, intercambio de opiniones y coincidencia en la necesidad de constituir la Mesa Interinstitucional, para combatir la trata de personas.

En mérito a los ejes que los protocolos estipulan —prevención, protección y reinserción de las víctimas, procesamiento de traficantes, incidencia en políticas públicas y potenciamiento de las alianzas y redes—, cada uno de los presentes optó por el área en la que colaborará.

También se coincidió en la necesidad de designar un coordinador y generar una secretaria. En este sentido, se propuso a las doctoras María Teresa Tenti de Volta y Andrea Ledesma Piga para desempeñar dichas misiones.

Asimismo, dieron a conocer que la próxima reunión tendrá lugar el lunes 27 de junio a las 18.30, en aula 32 de la UCSE, e invitaron a todas las personas interesadas en participar en una o más áreas para luchar contra este flagelo.


JUSTICIA POR EL INCENDIO DEL TALLER DE LUIS VIALE

06/24/2016

Después de 10 años se hizo justicia en el caso del incendio en el taller clandestino de Luis Viale !!!!!!!!!!!!!!! Tarde pero llegó !!!!!!!!!!!!!!!. Una sentencia para recordar. Parece que hay una luz detrás del túnel negro que estuvimos transitando hasta ahora. Estoy llena de esperanza !.

Saludos, Mercedes Assorati

Condena por el trabajo esclavo: 13 años por el incendio de un taller clandestino

Trabajo ilegal

La pena es para los encargados del lugar, que irán a la cárcel. La tragedia fue hace 10 años en Luis Viale 1271, Caballito. Murieron 5 chicos y una mujer embarazada.

Veredicto por el incendio del taller clandestino de la calle Luis Viale. Foto: Gustavo Castaing

Veredicto por el incendio del taller clandestino de la calle Luis Viale. Foto: Gustavo Castaing

Los condenados son el argentino Juan Manuel Correa y el boliviano Luis Sillerico Condori, que eran los encargados de manejar el taller que se incendió el 30 de marzo de 2006. Las víctimas fueron Juana Vilca, de 25 años, que estaba embarazada, Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3), que no pudieron escapar del fuego.

El veredicto del juicio oral, que se desarrolló entre el 18 de abril y el 6 de junio, fue anunciado ayer por el Tribunal Oral Criminal N° 5 de Capital Federal, integrado por los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance. Aún no dieron a conocer los fundamentos de la sentencia, que serán leídos más adelante.

Condenado. Juan Manuel Correa y su abogado, Marcelo Biondi, condenado a 13 años de prisión efectiva por “incendio culposo seguido de muerte en concurso con reducción a la servidumbre”. Taller clandestino de la calle Luis Viale. Foto: Gustavo Castaing

La querella, representada por los abogados Myriam Carsen y Gabriel Chamorro, había pedido 20 años de prisión para los dos imputados por “estrago agravado seguido de muerte y reducción a la servidumbre”. Sin embargo, el fallo quedó en línea con el pedido del fiscal Fabián Céliz, que requirió 13 años de cárcel por “incendio culposo seguido de muerte en concurso con reducción a la servidumbre”, además del decomiso de las maquinarias.

Además, el Tribunal ordenó investigar la responsabilidad de los copropietarios de la marca de ropa que se fabricaba en el taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler. Esto había sido pedido tanto por la querella y el fiscal como por los abogados defensores. Durante el juicio, la defensa los había señalado como los responsables de lo ocurrido y habían pedido la absolución de los imputados.

Ayer por la mañana, los condenados dijeron unas últimas palabras ante el Tribunal, antes de que se diera a conocer su sentencia. Correa afirmó que nunca había imaginado que podía ocurrir una tragedia de la magnitud de la que se desató y contó que después del episodio abandonó la actividad textil. “Yo no reduje (a la servidumbre) a nadie”, sostuvo. Por su parte, Sillerico Condori afirmó que como su familia vivía en el taller, sus hijos también podrían haber muerto en el incendio.

Según figura en el expediente, el incendio se originó debido a una sobrecarga de la instalación eléctrica defectuosa en el local, que estaba habilitado para funcionar con cinco operarios. Pero, de acuerdo a la acusación formulada por Céliz, “en el lugar funcionó un taller textil con37 máquinas de costura instaladas, ocupadas por personas que trabajaban en el lugar cumpliendo tareas desde las 8 hasta las 20 y que también vivían allí y percibían entre 0,70 y 1,20 pesos por cada pantalón que confeccionaban”.

El año pasado, en un episodio muy similar al de Luis Viale, murieron otros dos chicos en un inmueble ubicado en Páez y Terrada, Flores. Pero a pesar de que estas tragedias pusieron en evidencia la explotación laboral en la industria textil, que afecta sobre todo a trabajadores bolivianos, los talleres ilegales siguen funcionando. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausura un promedio de uno cada cuatro días. Y en La Alameda calculan que hay al menos 3.000 de estas fábricas clandestinas en la Ciudad.

Mirá también: Sobrevivir para contarlo, pese a que las huellas no se borren

En 2015, la AGC realizó 1.153 inspecciones a talleres textiles, de los cuales clausuró 286. En visitas posteriores, los inspectores verificaron que 51 de estos últimos habían violado la clausura. Mientras, en los primeros cuatro meses de este año la Agencia inspeccionó 131 talleres, de los que clausuró 32, cinco de los cuales violaron la clausura.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad, que interviene en los casos de violación de clausura, entre 2015 y la actualidad realizó 110 allanamientos por esa contravención, que se sanciona con multas de $ 5.000 a $ 60.000 o arresto de 5 a 20 días. En estos operativos se secuestraron 340 máquinas y 2.560 bultos de mercadería. La mayoría se realizaron a raíz de denuncias de vecinos, de ONGs o de la AGC.

En la Alameda estiman que sólo en Capital existen 3.000 talleres clandestinos y ya denunciaron a 113 marcas de ropa por tercerizar su producción en ellos. Además, calculan que, a un promedio de 10 costureros por cada uno, hay al menos 30.000 personas trabajando en condiciones infrahumanas. “En 2009, la Cámara de la Industria Textil reconoció que el 78% de la actividad funcionaba en la ilegalidad. Desde las primeras marcas hasta las que se venden en las saladitas se proveen de los mismos talleres clandestinos, donde la gente trabaja y vive, reducida a la servidumbre”, afirma Lucas Schaerer, de La Alameda.


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