PEDIMOS JUSTICIA X LAS VÍCTIMAS DEL TALLER INCENDIADO DE LUIS VIALE

04/14/2016

Estimadxs: Es una vergüenza que a diez años del incendio en el Taller textil clandestino que funcionaba en la Calle Luis Viale, que causó la muerte a varias personas, incluyendo niños y una mujer embarazada se encuentre impune. Fue la primera denuncia que se hizo desde la Alameda con la ayuda de Mario Ganora desde la Defensoría del Pueblo y en la cual colaboré, en ese entonces desde la OIM, tomando las declaraciones a las personas que trabajaban en el taller y eran explotadas por los talleristas.

Por favor sumense a esta campaña para lograr que no quede impune, acompañen en el juicio y reclamen justicia. Es vital que como sociedad exijamos justicia y vigilemos que las autoridades judiciales cumplan con su tarea. Por favor, comprométanse con esta causa para que estos niños no hayan muerto en vano. El juicio inicia el próximo 18 de abril en el Tribunal Oral Criminal Nro 5 de CABA que está en Talcahuano 550 6° Piso.

RECLAMEMOS JUSTICIA !!!!!!!!!!

Saludo solidario,

Mercedes Assorati

ESCLAVITUD CERO

ENVIAR ADHESIONES A:

Por favor circular, firmar al pie y enviar adhesiones a juicioviale@gmail.com

Campaña por justicia para las víctimas del incendio del taller textil de la calle Luis Viale

 

El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale (Buenos Aires) provocó la muerte de cinco chicos y una mujer embarazada. Fue el incendio que visibilizó la problemática de los “talleres clandestinos”. A 10 años del hecho, los culpables siguen libres. El próximo 18 de abril comienza el juicio y los responsables podrían quedar libres.

 

En el taller, que desde su habilitación en 2000 no fue inspeccionado, vivían 64 personas. Aproximadamente la mitad eran chicos. Dormían en “habitaciones” de 3 x 2,5mts separadas por telas y tabiques de madera, compartiendo colchones, sin un espacio para comer y con un solo baño (sin agua caliente). Se trabajaba un promedio de 14 horas por día de lunes a viernes, y 5/6 horas el sábado. Los trabajadores cobraban $200 por mes, es decir, menos de un 25% del salario de convenio en aquel entonces.

 

Tras el incendio, el Gobierno de la Ciudad sólo les facilitó a los sobrevivientes subsidios de $300 (el salario mínimo era de $800). No se les ofreció ni siquiera alojamiento, y el estado tardó 52 días en entregar los cuerpos de las víctimas para ser velados.

 

Hasta el momento, los únicos imputados son los encargados del taller (Sillerico y Correa), mientras que los principales responsables, los dueños de las marcas, no fueron siquiera citados a declarar. Ello resulta llamativo ya que los empresarios Fischberg y Geiler no eran solo los dueños de las marcas Woll, JD y LDV-Lordeville, sino también de la propiedad de Viale. Se trataba de un taller satélite, práctica común en el ambiente de las marcas para deslindarse de responsabilidades: en vez de coser las prendas en sus propias fábricas, las marcas elijen a un empleado y ‘le ponen’ un taller, facilitándole las máquinas y el espacio, y haciéndole un contrato de alquiler ficticio para que aparezca como responsable. Naturalmente, el taller trabaja bajo exclusivas órdenes de las marcas, que controlan las condiciones de trabajo y el precio de la mano de obra.

 

Desde el incendio en Viale la situación no mejoró. Ninguna marca fue condenada y las causas están cajoneadas en los juzgados federales, mientras que la oficina de inspecciones de la Ciudad fue desmantelada. El 27 de abril del año pasado, un nuevo incendio en un taller previamente denunciado se llevó la vida de Rodrigo y Rolando. La causa avanza en la Justicia, y el resultado del juicio de Viale podría sentar jurisprudencia.

 

El Juicio comienza el 18 de abril. Se espera que la sentencia se dicte el 13 de mayo. El fiscal a cargo es Fabián Céliz y la causa está en manos del Tribunal Oral Criminal Nro 5 de CABA, cuyos jueces son Adrián Pérez Lance, Rafael Oliden y Fátima Ruiz López. La causa está caratulada como “Incendio o estrago agravado seguido de muerte”. Los jueces ya se manifestaron a favor de declararlo culposo, con lo cual la causa prescribiría tras diez años de numerosas dilaciones injustificadas en la Justicia.

 

Es por ello que familiares y amigos de las víctimas y sobrevivientes lanzamos esta Campaña, para que el caso no quede impune y para que el fallo del Tribunal siente jurisprudencia para los futuros juicios contra las marcas de indumentaria, principales causantes y responsables de la existencia de miles de talleres en donde los y las migrantes son frecuentemente reducidos a condiciones de servidumbre.

 

A 10 años del incendio:

Nunca nadie fue preso

Los principales responsables siguen libres

Las grandes marcas de indumentaria siguen fabricando en talleres similares al de Viale

 

Exigimos que los jueces Oliden, Ruiz López y Pérez Lance (TOC Nro 5) dicten un fallo ejemplar en el proceso de justicia contra la explotación en talleres, y que instruyan a que la justicia investigue a todos los responsables de estas formas de explotación hasta llegar a los culpables máximos: los empresarios Fischberg y Geiler.

 

Convocamos a personas, organizaciones sociales y políticas e instituciones de todo tipo a adherir al pedido de Justicia, para que nunca más mueran trabajadores, trabajadoras, niños y niñas en un taller de costura o en cualquier otra situación de explotación.

 

http://juicioluisviale.wordpress.com

@JuicioLuisViale

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#JuicioLuisViale  #TalleresClandestinos  #NoOlvidamos


LUCHAN EN SALTA CONTRA INSTALACIÓN DE ZONA ROJA

04/08/2016

Contra la zona roja: “La prostitución trae drogas y trata de personas”

SOCIEDAD

07/04/2016

Ante la posibilidad de trasladar la zona roja al Parque Industrial, las voces de los vecinos a través de sus centros vecinales empezaron a levantarse. Consideran que la zona se tornaría más peligrosa y que sería el vehículo para otras situaciones negativas para la comunidad.

Ayer por la tarde la comunidad trans volvió a marchar al Concejo Deliberante pidiendo una zona de convivencia  en  el Parque Industrial. “Sería en la segunda rotonda del Parque Industrial a la izquierda” afirmó Daniela Funes a los distintos medios. Afirmaron que ayer por la mañana mantuvieron una reunión con autoridades municipales quiénes les habrían planteado la opción.

En este marco, vecinos de Villa Mitre, uno de los barrios colindantes al Parque Industrial, dieron sus opiniones al respecto Adolfo Gómez, ex presidente del Centro Vecinal de dicha barriada sostuvo que es una idea que ya se manejaba desde el año pasado, pero sólo como tal, sin especificar cómo sería.

“La gente siempre va a decir que no, pero el año pasado eran ideas al aire, no había proyecto” sostuvo Gómez. Y ratificó la postura de los vecinos en no dejar que esto suceda ya que de lo contrario,  “se iba a tomar medidas de cortar las calles” agregó.

Además expresó que la zona se volvería más peligrosa, ya que por ahí circulan los vecinos hacia sus trabajos en su mayoría en las fábricas del Parque Industrial. “Nosotros tenemos horarios rotativos, no paramos nunca. Es un peligro porque alrededor están los asentamientos y sería un encuentro de delincuentes” afirmó Gómez, ex presidente del Centro Vecinal de Villa Mitre.

En una segunda opinión, el actual presidente del  centro vecinal, Federido Neufele, manifestó que las zonas más afectadas por esta iniciativa serían Floresta, 20 de Junio y Villa Juanita, al tiempo, que expresó su desacuerdo. “Yo no estaría de acuerdo porque el Parque Industrial está caracterizado por la gente que trabaja en las fábricas, mujeres, hombres, gente joven” expresó.

“No sólo es prostitución, sino que también puede llevar a la droga a la trata de personas, es un tema muy complejo. Debería verse la posibilidad de que no se haga aquí” finalizó.

Por último, si la intención de trasladar la zona roja al Parque Industrial continúa, convocará a los vecinos para asamblea y decidir la postura final y qué medidas se tomarían.

Fuente: InformateSalta


PROCESADOS X TRATA 2 VECES EN 14 MESES

02/18/2016

Estimadxs:

Estas situaciones me marcan que todavía tenemos un largo camino por recorrer en lo que hace a trata laboral. Luego de la frustración del caso “Nuestra Huella” y la impunidad en la que sigue la muerte del niño Ezequiel Ferreira, veo estos procesamientos en serie y la explotación que se sigue produciendo sin que nada cambie. Yo que soy siempre un modelo de optimismo siento que no hemos avanzado nada. Me equivoco ?

Saludos frustrados,

Mercedes Assorati

Mar del Plata: los procesan por segunda vez en 14 meses por trata con fines de explotación laboral en campos

17.02.2016

Se trata de dos hombres, dueños de establecimientos rurales dedicados a la producción frutihortícola. Una mujer y el encargado del predio situado sobre la ruta 88 también están procesados. La resolución judicial da cuenta de la precariedad habitacional del lugar donde vivían y trabajaban las víctimas, y los riesgos a los que los trabajadores estaban expuestos.

Son dos causas distintas, pero las semejanzas están a la vista: explotación laboral en campos; mismas modalidades de trabajo clandestino e ilegal con jornadas que superaban las 8 horas, sin cobertura médica ni seguridad social; precarias condiciones de vida, riesgos latentes por la manipulación de agroquímicos; voluntades corrompidas por la pobreza; mujeres que trabajan pero no son reconocidas como tales, niños y niñas que también viven allí en condiciones de hacinamiento; hombres y jóvenes, del norte argentino y Bolivia, lejos de sus ciudades y de tener algún día la posibilidad de un trabajo legítimo.

No sólo los hechos se repiten, también los acusados. Juan Martín Costantino, como cabeza de una organización que sacaba rédito económico de esa explotación, fue imputado por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado en diciembre de 2014. La semana pasada el juez federal Santiago Inchausti volvió a procesarlo, junto a una hermana, su padre –también procesado en la causa anterior- y un hombre que cumplía el rol de encargado del campo situado en el kilómetro 9 de la ruta 88. Era otro campo, pero allí, entendió la justicia, se cometían los mismos delitos.

La causa, en la que interviene el fiscal federal Nicolás Czizik, se inició a partir de una denuncia de la Fundación Alameda, a la que fue agregada otra presentación sobre el mismo lugar, realizado por Stella Casasola, delegada regional del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Tales presentaciones fueron realizadas al tomar conocimiento público el allanamiento realizado por el mismo Juzgado en el otro predio que poseían los imputados.

Las tareas de investigación estuvieron a cargo de personal de la delegación local de la Prefectura Naval Argentina y luego se dispuso la intervención telefónica de los números de las personas investigadas. Reunidas decenas de pruebas, se allanó la quinta denunciada –compuesta por dos predios rurales divididos por una calle de tierra, conocida como “La Loma” o “Aníbal”- y de las viviendas donde habitaban los tres principales sospechosos.

Juan Martín Costantino, Francisco Costantino y Mariela Soledad Costantino, fueron procesados como coautores y Rubén Sartor como partícipe secundario del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad, en concurso aparente con el delito de reducción a la servidumbre – 41 hechos en total (8 bajo la modalidad de acogimiento, 31 hechos bajo las modalidades de captación, traslado y acogimiento y 2 hechos bajo la modalidad de captación y recibimiento) -, que concurren en forma real entre sí.

A la mayoría de ellos –conocidos como “medieros”-, se les abonaba el 25% de su producción, aunque desconocían el precio de la mercadería, dado que lo fijaban discrecionalmente los dueños del lugar. A ello, se suma otro elemento fundamental: “Luego de liquidado el porcentaje el explotador retiene el dinero que les corresponde a los trabajadores, porque aduce que pueden perderlo, que pueden robárselo sus propios compañeros, o en algunos casos alegan que lo utilizan para reinvertir en el negocio”, según consta en el escrito de procesamiento.

Otra modalidad de trabajo por producción era la de un embalador, quien recibía cuatro pesos por cada cajón embalado. También, estaba el caso del trabajo por temporada: un hombre, quien vivía en el predio allanado junto a su mujer y su hija de dos años, había llegado hacía cuatro meses y mantenía su familia en virtud de ‘adelantos’ dado que no le habían pagado aún los meses completos trabajados.

A su vez, se detectaron casos de personas que habrían sido captadas y/o acogidas con idénticos fines y trabajaban a cambio de una retribución fija mensual, la que en la mayoría de los casos se encontraba “muy por debajo” de los parámetros de la legislación laboral vigente. Las mismas condiciones atravesaban otras dos personas cuyo trabajo se diferenciaba del resto porque se dedicaban a la albañilería.

Más allá de estas diferencias, las condiciones laborales y de pago, y las circunstancias habitacionales eran similares en todos los casos.

Precarierad Habitacional

El escrito firmado por Inchausti deja detalladas las condiciones edilicias “muy precarias” de las viviendas del predio. “Muchos han referido no contar con baños dentro de su hogar, encontrándose el mismo afuera, alejado y debiendo compartirlo con varias personas, siendo que la mayoría refirió no contar con agua caliente. Las dimensiones de estas viviendas eran pequeñas, siendo que en muchos casos los niños dormían en el mismo ambiente que sus padres”, precisa.

Al no contar los baños con agua caliente, los integrantes de las familias debían calentarla para poder asearse: como las casas no cuentan con gas, usaban garrafas que ellos mismos debían comprar.

De las inspecciones realizadas, consta también que no se observa en el lugar cloacas ni agua corriente potable; que en el sector de viviendas se encuentra una suerte de basural con residuos incinerados; y se observa la inmediatez entre las casas y los invernaderos en los que se desarrollan las labores, donde se opera con sustancias tóxicas tales como insecticidas, fertilizantes y otros agroquímicos.

Estas situaciones de precariedad habitacional fueron constatadas por el juez en la inspección judicial llevada adelante en diciembre pasado, en la que estuvieron presentes además del Fiscal interviniente, representantes de ATAJO en esta jurisdicción, para brindar contención a las víctimas.

Peligro, agroquímicos

La denuncia que dio inicio a esta causa, señalaba que a los trabajadores “la aplicación de agrotóxicos les ocasionan fuertes mareos, náuseas, cerrazón de los pulmones, tos, irritación de la visión, quemaduras en las manos y picazón en el cuerpo”. Incluso, daba cuenta de que en repetidas oportunidades los trabajadores se vieron obligados a salir del lugar donde realizan la aplicación y que había aves y sapos muertos dentro de las carpas por el efecto tóxico.

Frente a esta situación, la Justicia constató que los empleados carecen de elementos de seguridad y protección personal acordes para la tarea que realizan, tales como guantes, máscaras, botas de goma, aún cuando la disposición legal obliga a los empleadores a suministrar estos elementos.

Roles de los imputados

El procesamiento señala como principales responsables de las maniobras desplegadas al grupo familiar compuesto por Juan Martin, Mariela Soledad y Francisco Costantino, en carácter de dueños y responsables del negocio. Los hermanos son miembros de la sociedad Huertas del Sudeste S.A., encargada de la comercialización del producido de la quinta investigada, y los dos hombres son particularmente marcados por los testigos como ‘patrones’ del lugar.

Por su parte, Rubén Sartor era el encargado de los predios allanados, al igual que otro acusado sobre quien se dictó la falta de mérito. Según consta en el escrito judicial, el imputado impartía órdenes vinculadas a la actividad agrícola del lugar, era quien pactaba el porcentaje a ser abonado como suma salarial a los trabajadores y además actuaba como intermediario entre los empleados y los dueños.

Incluso, se ha conocido que Sartor se encargaba por intermedio de terceros de conseguir personas para que fueran a trabajar en los predios rurales allanados, en las precarias condiciones del lugar.

Sobre voluntades y libertad

El juez Inchausti reparó –en torno a las declaraciones prestadas por los trabajadores- que “si bien algunas de las presuntas víctimas manifestaron hallarse a gusto trabajando y residiendo en el predio, no obstante las condiciones en que se encontraban, lo cierto es que sus expresiones y el consentimiento que directa o indirectamente hubieran prestado para su acogimiento en el lugar, deben ser analizados partiendo del contexto social al que pertenecen, su situación económica, cultural, administrativa, su pertenencia a la población trabajadora de origen extranjero y/o migrante, lo que los ubica entre los colectivos más vulnerables al empleo irregular y a la explotación laboral”.

“Bajo ese tamiz –añadió-, desde que tal suerte de ‘voluntad’ no implica la ausencia de indicadores de trata y reducción a la servidumbre, sino la presencia de otros elementos, como las carencias sufridas en sus lugares de origen y una situación de vulnerabilidad y desamparo extremas que, en un país y una sociedad completamente ajenas, viene a robustecer, en la víctima, la percepción de ausencia de mejores opciones de vida y su no reconocimiento de tal condición”.

En otro pasaje, el magistrado reparó en que “la imposibilidad de disponer del dinero (de sus salarios que era retenido por los dueños del establecimiento rural) les impedía a los trabajadores trasladarse libremente y el caso en que decidieran irse de allí a su lugar de origen, sus posibilidades se veían aún más reducidas, pues los montos que implican esos traslados serían para ellos imposibles de afrontar”.

Decomiso y embargo

El juez actuante, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Código Penal, dispuso el decomiso preventivo del predio donde eran explotadas las víctimas.  A su vez, mandó trabar embargo sobre bienes y dinero de los imputados por tres millones y medio de pesos; y una caución personal por un millón de pesos.

 


Dictamen fiscalía por los 170 talleres textiles clandestinos

02/18/2016

El Fiscal concluye que existen zona “administrativamente liberadas” para el funcionamiento de los talleres esclavos !

"La Alameda"

maquinas

El fiscal Federico Delgado elevó un alarmante informe sobre los datos de 170 inmuebles denunciados por trata y sus dueños. La zona “administrativamente liberada” y el planteo a la Justicia

http://www.infobae.com/2016/02/15/1790177-cuanto-gana-mes-un-trabajador-esclavo-un-taller-textil

Por: Federico Fahsbender ffahsbender@infobae.com

En un principio, se trató de 170 domicilios denunciados como talleres de trabajo esclavo, una presentación hecha el 10 de noviembre pasado por el legislador Gustavo Vera, cabeza de La Alameda, y remitida por la PROTEX, el ala del Ministerio Público que investiga la trata tanto laboral como sexual a cargo del fiscal Marcelo Colombo. La sospecha se volvió obvia: el conjunto de estos domicilios sería el cuadro definitivo de la trata laboral de personas en suelo porteño, con zonas como Flores, Floresta, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Parque Avellaneda.

La cuestión recayó en el fiscal Federico Delgado y su equipo en los tribunales de Comodoro Py, que requirieron informes y allanamientos a gran escala…

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Trata de personas: criminales blanquearon 132.500.000 de pesos

02/09/2016

Sospechosos de explotación sexual y laboral habrían invertido el dinero obtenido en empresas, proyectos inmobiliarios, autos de lujos, plazos fijos y lingotes de oro

LA NACION

LUNES 01 DE FEBRERO DE 2016 • 15:24

Casinos, construcción de edificios, adquisición de lingotes de oro y vehículos de lujo, inversiones en empresas de transporte y agencias de remises, aperturas de plazos fijos y prestación de servicios turísticos. Se trata de una lista de negocios que bandas de delincuentes dedicadas a la trata de personas utilizaron para blanquear el dinero obtenido de sus empresas criminales. Sólo en nueve casos investigados por la Justicia los sospechosos movilizaron 132.000.000 de pesos.

Así lo establece un informe hecho por La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) al que tuvo acceso LA NACION. Hay casos emblemáticos como la investigación contra el denominado clan Ale, en Tucumán, donde se sospecha que los acusados blanquearon 80.000.000 de pesos proveniente de la explotación sexual de mujeres, y la causa que se siguió contra los responsables del prostíbulo Madaho’s, en Mar del Plata, donde inviertieron 40.000.000 de pesos en fideicomisos para la construcción de edificios.

El local de Madaho´s, clausurado tras la investigación
El local de Madaho´s, clausurado tras la investigación.Foto:Procuración General de la Nación

El titular de la Procelac, el fiscal Carlos Gonella, explicó a LA NACION: “Como todo crimen organizado, a las bandas de trata de personas hay que atacarles el dinero que obtienen. Es importante la prisión para los responsables, pero ir tras sus riquezas es importante para terminar con el delito. No es un trabajo fácil”.

Una de las organizaciones investigadas, integrada por ciudadanos colombianos, se dedicaba a ingresar en la Argentina a personas de bajos recursos como si fueran turistas para después explotarlos laboralmente en talleres clandestinos. Según la investigación de la Procelac y la Protex, desde 2008 hasta 2013 “la principal acusada registró acreditaciones en su cuenta corriente bancaria por un monto superior a $5.000.000, siendo el 79% de dichos créditos depósitos en efectivo”.

Otra investigación se abrió contra los responsables de nocturnos de Recoleta, vecinos a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, donde se comprobó actividades “vinculadas a la prostitución, explotación sexual de mujeres y el tráfico de estupefacientes”. Según los expedientes judiciales, “los activos habrían sido insertados en la economía formal por medio de la compra de inmuebles, -uno abonado con $913.500 en efectivo, y automotores BMW último modelo”.

Sobre el caso del prostíbulo Madaho’s, situado en Alem 4285, en Mar del Plata, “la organización criminal habría hecho girar por distintas sociedades las ganancias derivadas de la explotación sexual de mujeres”.

Según el informe de la Procelac, “la firma Rolafa SA, inscripta bajo la actividad de bares y confiterías, para encubrir las maniobras del delito registró la suma de $12.736.476 sólo en acreditaciones bancarias correspondientes a compras con tarjeta de crédito entre el año 2002 y 2015. Las personas físicas y jurídicas investigadas contaban con vehículos de alta gama, propiedades e incluso embarcaciones que no guardaban congruencia alguna con sus perfiles patrimoniales” . El monto del dinero blanqueado, según las fuentes judiciales consultadas, ascendería a los 40.000.000 de pesos.

Otro de los expedientes emblemáticos, es la causa que inició la Procelac contra el denominada clan Ale en Tucumán tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF). La familia Ale había sido señalada y acusada por Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, la joven desaparecida en abril de 2002 que se convirtió en un ícono de la lucha contra la trata de personas.

Según el informe de la Procelac, el denominado clan Ale invirtió dinero de la explotación sexual de mujer en una remisería y un casino, entre otros negocios. “Todo ello, sumado a la compra de 60 vehículos y 100 inmuebles, les permitió montar una estructura idónea para canalizar en forma eficiente las ganancias derivadas del delito, resultando el monto total involucrado en estas maniobras de aproximadamente 80.000.000”.

 


DAIANA BRICEÑO ESTA CON SU MADRE

02/09/2016

Luego de una prolongada búsqueda con la colaboración de varios voluntarios de ESCLAVITUD CERO, del Defensor del Pueblo de Neuquén, Ricardo Riva y de CEDHCO y Germán Bernales, Daiana finalmente pudo juntarse con su madre. Agradecemos a todos y todas las que colaboraron en esta búsqueda. Mercedes Assorati


NEUQUEN: BUSCAMOS A DAIANA BRICEÑO

12/19/2015

Estimadxs:

Estamos buscando a la adolescente Daiana Briceño de 17 años. Desapareció el pasado 4 de Diciembre de 2015 en Cutral Co, Neuquén. Daiana (Dhay) tiene problemas de adicción a las drogas y estaría en manos de adultos vinculados al narcotráfico. Suele frecuentar boliches como VIT y Terremoto. Por favor cualquier información llamar las 24 horas al 15 5 620 3648 (tiene whatsapp). Es urgente rescatar a Daiana para poder ayudarla.


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