Convocatoria de la ONG La Alameda a las organizaciones en contra de la Trata de Personas

Convocatoria a todas las organizaciones a reunirnos en la Alameda el viernes 27 de noviembre a las 18 horas a fin de preparar una denuncia y una movilización a la Procuración General de la Nación con el objetivo de demandar el cierre masivo de las casas de prostitución.

Convocatoria a todas las organizaciones que luchan contra la trata de personas y prostíbulos.

EXIGIR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DE LA PROCURACIÓN GENERA

Estimada/os:

1. Como es de público conocimiento, a través de una resolución, el procurador General de Nación, Esteban Righi, ordenó a todos los fiscales en materia penal del país que estén investigando causas de trata de personas o delitos conexos de explotación sexual, que insten el cierre de los locales involucrados. El procurador insta a hacer cumplir la ley 12.331 y a sancionar la explotación de la prostitución por cuenta ajena, haya trata o no.

2. Sin embargo, el crecimiento de los locales y departamentos que funcionan como casas de prostitución crecen en gran escala y no parecen estar preocupados por la instrucción de la Procuración General.

3. Por otra parte, mientras se insta a los fiscales a clausurar los prostíbulos, un sector de la justicia e incluso de ejecutivos provinciales pretenden autorizar la existencia de casas de prostitución y embate contra la ley 12.331. Tal es el caso de la resolución del 19 de agosto pasado de la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital que presiden Farah, Irurzun y Cattani que declaró inconstitucional el artículo 17 de la ley 12.331, de profilaxis de las enfermedades venéreas, que castiga con multa a quienes “sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente, casas de tolerancia” por violar la privacidad de los proxenetas y sin tomar en cuenta el art. 6 de CEDAW y el Convenio para la Represión de la Trata de personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Al respecto estamos preparando un recurso en la Cámara de Casación.

4. También es de público conocimiento que el gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, se mostró partidario de reglamentar la prostitución permitiendo la existencia de prostíbulos donde se explota la prostitución ajena en violación al art. 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Esta fue la posición asumida por el Gobernador, el vice, el Jefe de Gobierno e incluso el actual secretario de derechos humanos de la provincia quienes se lamentaron del cierre de las casitas de tolerancia y hasta pretendieron esgrimir virtudes sanitarias en las mismas. Idéntico caso fue el asumido por el intendente de Lonquimay, en la provincia de La Pampa.

5. La Alameda considera que la lucha contra la trata y la prostitución por cuenta ajena atraviesa un momento decisivo y que mientras ciertas áreas del Estado la combaten, otras áreas pretenden justificarla. En este contexto, nos parece adecuado que las organizaciones que venimos luchando contra estos flagelos, más allá de las diferencias, organicemos una gran movilización unitaria en la que se entregue al Procurador General el listado de cientos de casas y departamentos que funcionan como casas de prostitución reclamando el cumplimiento de la ley y la obvia asistencia a las victimas como establecen las convenciones. Para ello no tenemos que hacer una gran investigación, sino simplemente denunciar los cientos de lugares de estas características que son ofrecidos desde diarios de circulación nacional y volantes en la vía pública en el microcentro.

6. La Alameda propone que comencemos por Capital Federal. Y convoca a todas las organizaciones a reunirnos en la Alameda o en la sede que se disponga el viernes 27 de noviembre a las 18 horas a fin de preparar una denuncia y una movilización a la Procuración General de la Nación con el objetivo de demandar el cierre masivo de las casas de prostitución en base a las instrucciones dadas por el mismo procurador semanas atrás. La idea sería organizar una gran movilización a mediados de diciembre a fin de entregar el escrito judicial que elaboremos entre toda/os.

7. La Alameda convoca a todas las organizaciones a que debatamos democrática y fraternalmente esta actividad y comencemos a terciar en esta puja a fin de avanzar en la lucha contra la trata y la explotación de la prostitución por cuenta ajena.

Quienes ya se han sumado a la convocatoria son: La colectiva feminista “Las Azucenas”. Asociación Civil La Casa del Encuentro. Equipo de investigaciones y trabajo de Fundación Integradora Latinoamericana Ambiental (FILATINA). El Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Sara Torres. Red Alto al Tráfico y Trata (RATT). El director Clínica Psicológica y Stress, Ricardo López Siles. Desde otras ciudades y provincias también adhieren. Desde Mar del Plata la licenciada Patricia Gordon integrante del Secretario del Colegio de Psicólogos. Y Las Diversas desde la provincia de Santa Fe, felicitan por la iniciativa. Y no podía faltar el respaldo de Mónica Molina, Subdirección de Políticas de Género Municipalidad de Santa Rosa (La Pampa), quien fuera recientemente amenazada de muerte por su compromiso contra el proxenetismo.

Cónclave contra la trata y prostíbulos

ESTE VIERNES — 27-NOVIEMBRE

Organizaciones religiosas, barriales, feministas estarán reunidas por primera vez para planificar una denuncia penal y movilización por los prostíbulos donde existe trata de personas y tráfico de drogas. Exigen cumplir una ley.

Por Lucas Schaerer

La trata de personas para los prostíbulos va lograr reunir a organizaciones que jamás se juntarían y es probable que en otros puntos mantengan siempre desacuerdos. Es que este viernes, pasadas las 18, en la sede de la organización que lucha contra el trabajo esclavo, la Alameda, estarán organizaciones de todo tipo de procedencias.

Desde entidades religiosas, pasando por reconocidas agrupaciones feministas hasta núcleos de vecinos hartos de las mafias prostibularias llegarán hasta el recuperado bar la Alameda, ubicado en la esquina de Directorio y Lacarra.

La convocatoria impulsada por la Alameda, que desde hace años lucha contra la esclavitud en los talleres textiles, tiene como “fin de preparar una denuncia y una movilización a la Procuración General de la Nación. El objetivo es demandar el cierre masivo de las casas de prostitución”, señaló Gustavo Vera a NOTICIAS URBANAS.

“Vamos a exigir al procurador Nacional -prosiguió Vera- que cierre todos los prostíbulos de la Ciudad haya trata o no. Esteban Righi es quien ordenó a todos los fiscales hacer cumplir la ley 12.331 (llamada ley de profilaxis) y a sancionar la explotación de la prostitución por cuenta ajena”.

Para el referente de la Fundación Alameda y convocante de las organizaciones “los locales y departamentos que funcionan como casas de prostitución crecen en gran escala y no están preocupados por la instrucción de la Procuración General”.

En la justicia igualmente existe una férrea oposición a la posición del procurador nacional y la ley que prohíbe los locales de explotación sexual.

“La Sala II de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital que integra Eduardo Farah, Horacio Rolando Cattani, Martín Irurzun declaró inconstitucional el artículo 17 de la ley 12.331, que castiga con multa a quienes ’sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente, casas de tolerancia’. El argumento de estos jueces llamados progresistas es que viola la privacidad de los proxenetas y sin tomar en cuenta el artículo 6 de CEDAW y el Convenio para la Represión de la Trata de personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Por ello estamos con el prestigioso equipo de abogados de la Alameda un recurso en la Cámara de Casación Penal”.

Farah, Cattani e Irurzun declararon la inconstitucionalidad de la prohibición de los prostíbulos en una causa donde un ruso junto a otras dos mujeres explotaban sexualmente a menores de edad y traficaban drogas en pleno microcentro porteño.

Estos mismos jueces dejaron su destacable huella en una causa de drogas y talleres textiles clandestinos. Por un lado absolvieron a un procesado por el delito de tenencia de drogas, al considerar que los 19 envoltorios de cocaína secuestrada es una “escasa cantidad” que “no trasciende la esfera de custodia personal, ni afecta a terceros”.

Y mucho antes habían dicho estos magistrados que “la esclavitud en los talleres era una costumbre cultural. En ese fallo se paró el juez Oyarbide para no procesar a los dueños de la marca Soho por proveerse de inmigrantes indocumentados y reducidos a la servidumbre” expresó Vera a este medio.

El comunicado redactado por la Fundación Alameda, integrada entre otros por los abogados Rodolfo Yanzón, Mario Ganora y Alejandro Pereyra, afirma que “la lucha contra la trata y la prostitución por cuenta ajena atraviesa un momento decisivo y que mientras ciertas áreas del Estado la combaten, otras áreas pretenden justificarla. En este contexto, nos parece adecuado que las organizaciones que venimos luchando contra estos flagelos, más allá de las diferencias, organicemos una gran movilización unitaria en la que se entregue al Procurador General el listado de cientos de casas y departamentos que funcionan como casas de prostitución reclamando el cumplimiento de la ley y la obvia asistencia a las victimas como establecen las convenciones. Para ello no tenemos que hacer una gran investigación, sino simplemente denunciar los cientos de lugares de estas características que son ofrecidos desde diarios de circulación nacional y volantes en la vía pública en el microcentro”.

Quienes ya comprometieron su presencia son: Red de Madres y Familiares de Victimas de las Drogas. El Instituto Jacques Maritain Buenos Aires. Feministas en Acción. La colectiva feminista “Las Azucenas”. Asociación Civil La Casa del Encuentro. Equipo de investigaciones y trabajo de Fundación Integradora Latinoamericana Ambiental (FILATINA). El Programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Sara Torres. Red Alto al Tráfico y Trata (RATT). El Grupo de Estudios Sociales. Además grupos de vecinos.

COMUNICADO DE PRENSA

PROTOCOLO PARA FISCALES – 30 de Septiembre de 2009

La Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires emitió con fecha 15 de Septiembre la Resolución General 542-09, por la que la Provincia adhiere al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA FISCALES del fuero Provincial en lo atinente al delito de trata de personas. El documento en cuestión puede ser consultado en el Grupo ESCLAVITUD CERO, ingresando en *Archivos* y haciendo click en: PROTOCOLOfiscales542-09.pdf

También hemos bajado en Archivos la Resolución 099 de la Procuración General de la Nación en el mismo sentido.

Nos parece excelente y felicitamos a la Dra. Falbo, preocupada desde hace años por la temática de la trata de personas por esta iniciativa indispensable para el mejoramiento de la persecución penal del delito de trata de personas. El documento nos parece excelente y creemos que todas las provincias deberían seguir el ejemplo de la Provincia de Buenos Aires, adoptando protocolos específicos de actuación para la investigación preliminar de los casos de trata de personas.

El documento al que adhiere la Procuración de la Provincia fue elaborado y aprobado en Agosto, por el Consejo Federal de Política Criminal.

Sin embargo, no dejamos de notar que el documento elaborado por el Consejo Federal se refiere UNICAMENTE A LA TRATA PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL, dejando sin lineamientos todo lo atinente a la TRATA PARA EXPLOTACIÓN LABORAL.

A pesar de que internacionalmente se estima que hay más víctimas de trata sexual que de trata laboral, en la Argentina, estimaciones realizadas dan cuenta de una paridad entre los casos de trata sexual y laboral. Se estima que, en total, podría haber medio millón de personas sometidas a la trata en el país, de las cuales -al menos unas 200.000- serían víctimas de la trata con fines de trabajo forzado o explotación laboral.

La investigación de la trata con fines de trabajo forzado o condiciones de servidumbre presenta características especiales que no son asimiliables a las de la trata para explotación sexual. En efecto, sería preciso incluir en el protocolo lineamientos generales para este tipo de trata que se presenta con tanta frecuencia en el país y, en particular, en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fé, en Jujuy entre otras provincias con una clara problemática de explotación laboral tanto en las diversas industrias (en particular la textil) como en el trabajo agrícola en forma casi generalizada y afectando en gran medida a los niños y niñas.

Reiteramos entonces nuestra felicitación a la Dra. Falbo y solicitamos al Consejo Federal de Política Criminal completar el PROTOCOLO elaborado, incluyendo lineamientos para la investigación de la trata con fines de explotación laboral, un fenómeno ampliamente extendido en la República Argentina que afecta a cientos de miles de personas,

 

Mercedes Assorati

Coordinadora General

COMUNICADO DE PRENSA – PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Cipolletti (R.N).-El Oficial Principal de la Policía de la Provincia de Río Negro, Gabriel Ormeño, fue cesanteado por el voto unánime de la plana mayor de la Policía de la Provincia de Río Negro. Se le imputa no haber acatado la orden de traslado hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro (Argentina), en instancias en que se encontraba a disposición de la jueza de Instrucción Penal N° 30 de la ciudad de Choele Choel (Río Negro), Dra. Marisa Bosco, desarrollando investigaciones sobre los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en esa localidad. En dicha investigación, estarían incluidos varios jefes policiales en presunta connivencia con integrantes de redes de crimen organizado.
 
Dicha decisión de la plana mayor de la Policía provincial, habría sido tomada el pasado lunes 3 de agosto del corriente año, sin hacer lugar a ninguno de los planteos formulados por el Dr. Juan Chirinos en su calidad de defensor del Oficial Principal.
 
El Centro de Derechos Humanos del Comahue (CeDHCo), por intermedio del Programa Nacional Red Anti-trata de Personas, La Fundación El Otro, Programa Esclavitud Cero, la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (RATT), estamos sorprendidos por dicha decisión que consideramos arbitraria, teniendo en cuenta la excelencia del trabajo desarrollado por el Oficial Principal Ormeño. Esta decisión se suma a la arbitrariedad previa decidida por la Jefatura, de no pagarle, ni siquiera el salario familiar. Estas decisiones de la cúpula policial, reñidas con los derechos que asisten al funcionario policial, podrían configurar no sólo una violación a los derechos humanos sino también enmarcarse en una conducta delictiva.
 
Tomando en cuenta que el Jefe de la Policía, Víctor Cufré y la cúpula policial no ordenaron el inicio de acciones sumarísimas a los efectivos involucrados en la investigación de la jueza sobre una escucha telefónica entre el regente del prostíbulo “Las Vegas” y dos efectivos de la Unidad 8° de la ciudad de Choele Choel en el 2007, ni tampoco lo hicieron en el caso del comisario de la Unidad 3ra de policía quien fuera registrado en una escucha telefónica arreglando con un tratante las guardias policiales, a cambio de favores sexuales de las víctimas, esta decisión se enmarca en una sucesión de decisiones de dudosa legitimidad y que, insistimos, podrían configurar delitos previstos en el Código Penal. 
 
En nuestra opinión, el Oficial Principal no incurrió en desobediencia alguna y todo pareciera un montaje a fin de obstaculizar el desarrollo de una investigación incómoda para la Cúpula Policial, puesto que involucra a Oficiales de Policía bajo su mando, sin conocerse aún si dicho involucramiento podría alcanzar a la Cúpula de la Policía de la Provincia, que tanto se ensaña con un Oficial que no hace sino cumplir con el deber que la Justicia le ha encomendado. 
  
Consideramos preocupante que el mismo Ministro Rodríguez haya declarado ante el medio escrito, Diario Río Negro, (uno de los más importantes en la provincia de Río Negro) en los últimos allanamientos en Choele Choel que: “en Choele Choel no existe trata de personas” o “tanto lío por un prostíbulo”, siendo que el mismo diario Río Negro y otros medios provinciales han registrado desde el 2005 a la fecha los allanamientos realizados a varios cabarets en Choele Choel, en los que se encontraron extranjeras indocumentadas y adolescentes víctimas de trata de personas.  El Ministro desinforma, procurando minimizar una situación a todas luces grave, en la que redes del crimen organizado instalan a su antojo prostíbulos (prohibidos por Ley Nacional N° 12.331) en el Alto Valle, Valle Medio y en localidades cercanas a la provincia de Chubut en coordinación con redes pampeanas que operan dentro de la provincia, en los cuales se mantienen mujeres y adolescentes en situación de trata de personas con la protección y asistencia de efectivos corruptos de la policía de la Provincia, comprometiendo la responsabilidad del Gobierno Provincial.
 
Las decisiones arbitrarias que objetamos, buscan por un lado obstaculizar la justicia y, por el otro, intimidar tanto a los miembros del Poder Judicial como a los Oficiales de Policía que intentan desempeñarse correctamente y de acuerdo a justicia. Llamamos la atención de la ciudadanía respecto a estos abusos de poder que se han repetido en otras provincias. Son estos policías que cumplen su deber a quienes queremos en las fuerzas policiales y sentimos que nuestro deber como sociedad es apoyarlos frente a las arbritrariedades que se cometen contra ellos. No estamos dispuestos a permitir más abusos, de los que estamos informando a los organismos internacionales correspondientes.
 
Instamos al Sr. Gobernador de la Provincia de Río Negro, Dr. Miguel Sainz, a ponerse al frente de esta preocupante situación que compromete la responsabilidad del Estado Provincial en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
 
Solicitamos al excelentísimo Sr. Gobernador que considere la revocación de las decisiones que dan origen al presente comunicado y que permita que el Oficial Principal Ormeño continúe en actividad con las garantías debidas a su seguridad y que ordene se investigue la conducta de los funcionarios públicos en cuestión para garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en la Provincia.

Germán Bernales - Centro de Der.  Humanos del Comahue -CEDHCO-                                           

Fernando Mao - RATT  Coordinación Nacional                                    

Mercedes I. Assorati - Programa ESCLAVITUD CERO
                                                       Fundación El Otro

COMUNICADO PÚBLICO

 El Programa ESCLAVITUD CERO de la Fundación El Otro, repudia las agresiones sufridas por Gustavo Vera y por voluntarios del Ministerio de Trabajo a manos de personas nucleadas en la organización ACIFEBOL. En oportunidad de una inspección a un taller textil clandestino en la Calle Lacarra 932 miembros de la Alameda y otras personas sufrieron agresiones que, en el caso de Vera, terminaron en heridas en su cabeza que obligaron a sutturas de más de siete puntos. La Fundación La Alameda denunció penalmente al taller en cuestión por la existencia de trata para explotación laboral; incluyendo la trata de niños y niñas, agravada por la violación reiterada sufrida a manos del tallerista por una niña de 15 años que trabajaba ilegalmente en el taller.
 
El Programa ESCLAVITUD CERO se solidariza con las familias que sufrían explotación en el Taller de Lacarra 930; con los hermanos y hermanas de La Alameda, con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que viene desarrollando un excelente trabajo en protección de los derechos de las personas tratadas en la Ciudad y saluda las decisiones del área de trabajo de la ciudad de controlar la situación del trabajo a domicilio.
 
Apoyamos la encomiable tarea que desarrolla La Alameda en favor de las víctimas de trata de personas en Argentina e instamos a ACIFEBOL a interiorizarse de los procesos penales por lo cuales se requisan las maquinarias de los talleres y a comprender que las mismas no son retenidas por La Alameda sino por la justicia Argentina y que la Justicia, a excepción del caso de un taller coreano, no ha entregado máquinas a La Alameda como incorrectamente están difundiendo.
 
Finalmente, exigimos al Estado Argentino, brindar protección adecuada a Gustavo Vera y a los miembros de La Alameda y proteger también los locales de la Fundación para garantizar la integridad física de estos defensores de derechos humanos quienes son, además, testigos en causas penales contra talleres, burdeles y grandes marcas que se lucran de la esclavitud de Bolivianos y Argentinos.
 
Un abrazo solidario a La Alameda.

Primer amparo que protege a las víctimas de trata de personas

La Fundación La Alameda patrocinó a dos víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral en la presentación de un recurso de amparo para exigir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la asistencia integral que estas víctimas requieren. El Juez Treacy hizo lugar al amparo y, en este momento, dicho gobierno debe responder proveyendo de la asistencia a las víctimas en cuestión.

El juez dispuso que las víctimas deben recibir por parte del gobierno porteño alojamiento y protección integral, según lo indica la ley 2781. Este fallo es casi inédito en la justicia argentina, siendo el primer recurso de amparo contra la autoridad que debería haber protegido a las víctimas de trata de personas.

Las víctimas, un hombre y una mujer oriundos de Bolivia, fueron reclutados en su país de origen y trasladados al barrio Parque Avellaneda (en la Ciudad de Buenos Aires), donde fueron explotados en un taller textil y clandestino de la conocida firma Kosiuko. Las condiciones de higiene eran inexistentes, vivían en una situación paupérrima, sin descansos, con jornadas de 16 horas de “trabajo”.

Fueron asistidos por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) durante los primeros tres meses después de denunciar a la marca, en enero de este año. Luego las víctimas fueron acogidas por La Alameda, fundación que hizo posible la resolución de este caso.

Es importante destacar que la Fundación aún asiste a seis personas víctimas de este delito, quienes deberían recibir, según lo establece la ley citada, por parte del gobierno de la Ciudad: alojamiento, asistencia  médica, psicológica, patrocinio jurídico y facilidades para reinsertarse socialmente. Se espera que en el corto plazo, tanto la pareja denunciante en este caso como las otras víctimas puedan recibir la asistencia integral que la ley promete.