La dueña explica que pagaba una cuota de PROTECCIÓN a la Policía, entre otras barbaridades que siempre venimos denunciando.
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, señaló hoy que “la red de 27 ciudadanos colombianos detenidos por liderar un circuito de trabajo ilegal, por despliegue territorial, también podía derivar en otras actividades ilícitas como lavado de dinero y tráfico de drogas”.
“La plataforma desarrollada para actividades ilícitas nos plantea dudas que no se circunscribía exclusivamente de una red dedicada a la trata de personas y pensamos que podía terminar en maniobras de lavado de dinero y tráfico de drogas”, indicó Echegaray durante una conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.
El funcionario brindó detalles de los procedimientos que se llevaron adelante para desbaratar a una red internacional de trabajo ilegal, que terminó con 27 ciudadanos colombianos detenidos y 231 trabajadores asistidos (en su mayoría colombianos) a través de 74 allanamientos en 10 provincias, con la participación de más de 500 agentes de la Afip.
“Se secuestraron armas, municiones, divisas, vehículos y pasaportes falsificados en 74 allanamientos, de los cuales 33 se realizaron en la provincia de Córdoba, dónde se rescataron 81 personas”, indicó Echegaray.
Modus operandi. El funcionario explicó el modus operandi de esta organización delictiva, que la Justicia comenzó a investigar en 2011, tras detectarse unos 3.000 ingresos al país, entre 2009 y 2011, de ciudadanos colombianos “que lo hacían sin equipaje, ni dinero y con el mismo domicilio en la ciudad de Córdoba”.
“Los talleres clandestinos se dedicaban a la construcción de canastos de mimbre y muebles de menor valía, desarrollando una plataforma logística para la distribución de estos productos”, subrayó.
En tal sentido, añadió que llamó la atención las “reiteradas importaciones de cintas plásticas ecuatorianas, todas a nombre del mismo importador y con similar despachante de aduana”, y resaltó las acciones estratégicas de la Afip que se impulsaron a partir de 2011 para detectar todos estos ilícitos.
Entre las acciones estratégicas puntualizadas por Echegaray, recordó la puesta en marcha del “control de operaciones de cambio, la regulación de giro de divisas por giros postales, la matriz de riesgo selectiva para analizar importaciones, la red de acuerdos de intercambios de información y la utilización inteligente de la base de datos”.
Asimismo, el titular de la Afip informó que frente a esta situación y tras detectarse una suerte de migración de estas actividades a otros países de la región, se procedió a notificar a distintos organismos y ministerios de los gobiernos de “Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela”.
En la Argentina, se efectuaron “reportes de actividades sospechosas ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), como así también se puso al tanto de esta realidad a los ministerios de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo Social”.
“Queremos dejar en claro, y así se lo hicimos saber a las autoridades colombianas que la Argentina ha sido y es un país abierto a la recepción de todos los hermanos latinoamericanos”, concluyó el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.
En Córdoba. Uno de los allanamientos realizados el miércoles en Córdoba fue en dos propiedades de la exlegisladora Liliana Juncos, quien tras difundirse esa información renunció a su cargo de asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, de Unión por Córdoba.
TRAS LOS OPERATIVOS DE TRATA, RENUNCIÓ LA EX LEGISLADORA JUNCOS
Villa 9 de julio. Los allanamientos detectaron los talleres en donde se producían los muebles (Ramiro Pereyra).
La novedad fue difundida ayer al mediodía por el bloque peronista del Concejo en un comunicado en el que se explica que se debe a “la necesidad de que el proceso judicial determine las responsabilidades del caso en que fue mencionada por el fiscal Enrique Senestrari”.
Senestrari, tal como ayer reveló La Voz del Interior, allanó el miércoles el domicilio particular y un galpón que pertenecen a la exlegisladora Juncos, en el marco de un megaoperativo por una red de trabajo esclavo de ciudadanos colombianos.
Los allanamientos formaron parte de los más de 70 operativos hechos en Córdoba y en otras nueve provincias, según confirmó el fiscal federal número 1, Enrique Senestrari. Unas 220 personas fueron asistidas y hay unos 20 detenidos.
Sin imputación. El fiscal precisó que Juncos, quien hasta ayer era asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, no está imputada y “no hay ninguna prueba contra ella, sino que ella y su entorno podían tener en su propiedad alguna información útil para la causa”.
“Se verificó que hubo unos contactos de gente de la familia Juncos que estaba gestionando contratos de servicios a nombres de estas personas colombianas”, señaló el fiscal.
Senestrari indicó que por el momento no está claro si los contactos fueron efectuados por ella o por personas allegadas.
Juncos estuvo al frente de la Subdirección de Jurisdicción de Programas Especiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. También fue exlegisladora y exconvencional constituyente.
Producción de muebles. La red de explotación estaba destinada supuestamente a la producción de muebles de plásticos y canastos que se vendían. “Las personas eran captadas
en Colombia y hemos detectado que eran personas de escasa instrucción y un nivel económico bajo. Salían con carros a los barrios para vender estos productos, de manera informal y en cuotas, y con un sistema aceitado para poder venderlo entre los más humildes”, explicó.
El ingreso de los trabajadores explotados data de 2009.
“Estamos investigando cuánto se le pagaba a esta gente, no tenían dinero encima, no conocen la ciudad, tenían sus permisos de inmigración vencidos o de forma irregular”, explicó.
La organización. “Se secuestraron 250 mil pesos. Tenemos unas 200 personas rescatadas y muchos no admiten que la situación es irregular. Hay dos menores involucrados como víctimas, tenemos que ver bien porque me parece que uno de ellos es argentino”, dijo el fiscal en declaraciones radiales. “Había grupos familiares encargados de los lugares, pero todos en la misma situación y del mismo origen”, remarcó.
Los operativos se hicieron con participación de Afip, DGI, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, Migraciones y Gendarmería.
Qué se investiga
Argentina. Se realizaron más de 70 allanamientos en Córdoba (Río Cuarto, Villa del Rosario, Villa Nueva y Pilar, entre otras ciudades), Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Buenos Aires.
Delitos. Los delitos que investiga la fiscalía son tráfico de personas, trata de personas con fines de explotación laboral y fabricación y venta clandestina de muebles.
Otro caso de tráfico de personas, también de nacionalidad china, fue detectado entre Argentina y Uruguay. Las investigaciones de este caso corren a cargo de la Justicia ordinaria y la Prefectura Nacional Naval.
Fray Bentos | Daniel Rojas
Un nuevo caso de tráfico de personas quedó al descubierto en el puente internacional San Martín, cuando un hombre y una mujer procedentes de Argentina, intentaron cruzar a dos ciudadanas chinas que habían sido previamente recogidas en Mercedes.
El hecho fue advertido por funcionarios de Aduanas de Argentina que al efectuar la revisación del vehículo que intentaba cruzar hacia su país, notaron que en el asiento trasero dos personas intentaban ocultar sus rostros.
Comunicaron del hecho a funcionarios de Migración uruguaya y al corroborar la documentación con los pasajeros, comprobaron que dos de los cuatro documentos presentados por el conductor no correspondían con los pasajeros.
“Se trata de una pareja de argentinos que primeramente hizo el tránsito entre Buenos Aires, Gualeguaychú y Mercedes. Allí habrían recogido a dos jóvenes mayores de edad de nacionalidad china, las que fueron detenidas en el Área de Control Integrado del puente San Martín. El caso pasó a la Justicia Penal de Fray Bentos” indicó a El País el capitán de navío Sergio Bique, Jefe de Relaciones Públicas de la Armada.
“Ocurrió en horas de la noche. En principio el conductor hizo el trámite normal pero Aduana detecta que dos pasajeros intentan pasar desapercibidos en la revisación y avisa a nuestros funcionarios que comprueban que efectivamente no eran los titulares de la documentación presentada”, informó por su parte el Jefe de Migración de Fray Bentos, Antonio Dall`Oglio.
“Nosotros por una cuestión planteada desde hace tiempo, no hacemos un control personal de las personas que viajan en el coche. En horario nocturno (como en este caso) se presenta el titular del vehículo o el conductor, con la documentación de todas las personas que viajan, mientras en horario diurno tenemos las casetas habilitadas y allí es más fácil corroborar que las personas son las que figuran en la documentación”, explicó el funcionario a El País.
Dall`Oglio reconoció que se trata de una falla “que se ha instaurado principalmente en época de verano cuando nos urge que controlemos rápido y la gente pase sin demasiada demora. Por esa misma razón se continúa en el resto del año con ese tratamiento a los pasajeros, aunque nosotros siempre hemos dicho que eso va en detrimento de lo que es el control nuestro. Y bueno, pasan estas cosas de la que nos enteramos debido al estrecho relacionamiento que tenemos con las demás autoridades”, sostuvo el funcionario a cargo de la repartición especializada del Ministerio del Interior.
Entiende que en principio “se trata de un caso de tráfico de personas. Si además existe trata, es algo que determinará la Justicia. Generalmente intentan llegar a Buenos Aires y para hacerlo es probable que paguen para ser cruzadas”, dijo el funcionario de Migración.
A mediados de diciembre del año pasado y en los primeros días de enero de 2013, la jueza de Crimen Organizado, Adriana de los Santos en conjunto con efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Río Negro, desbarataron una red que se dedicaba al tráfico de personas hacia Argentina.
En el marco de la operación “Esperanza” se detuvo a 17 personas entre integrantes de la red y ciudadanos asiáticos que eran cruzados en lancha a través del río Uruguay. Veinte días después de ese operativo De los Santos procesó con prisión a un ciudadano dominicano sindicado como uno de los cabecillas de la red que seguía trabajando por la frontera de Fray Bentos.
En función de estos operativos en Río Negro, la organización habría trasladado a Mercedes el punto de “contacto” con los interesados en cruzar ilegalmente al vecino país.
Como consecuencia de aquella operación coordinada entre Policía y Justicia, así como con autoridades argentinas, se procesó a un total de 10 personas en ambos países.
No han sido los únicos casos de trata de personas que se han investigado en el país. En algunos, las autoridades no han conseguido reunir pruebas suficientes aunque sí detectaron actividades sospechosas. Tal el caso de jóvenes dominicanas que han ingresado al país en forma irregular y luego se dedicaron a la prostitución. Si bien la Policía les siguió la pista durante varios días no consiguió obtener elementos suficientes para enviar a la Justicia a los responsables y de este modo tipificarles el delito de trata.
La Ley 18.250 aprobada en 2008, que estableció toda la normativa migratoria del país, estableció las figuras penales.
El Artículo 77 de esta ley, referido en la sección “Tráfico de personas”, tipifica el delito para quien “promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas” por las fronteras del país, penándolo con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.
El Artículo 78 de la mencionada ley podría ser el que aplicara en este caso y establece: “Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría”, que aumentarán un tercio a la mitad si se configuran agravantes.
23 detenidos y 202 trabajadores esclavos liberados en Argentina
Veintitrés personas fueron detenidas y 202 trabajadores esclavos liberados, todos de nacionalidad colombiana, en el marco de un megaoperativo realizado en 10 provincias argentinas, informó el miércoles la autoridad fiscal. “Se detuvo a 23 personas de nacionalidad colombiana y se ordenó la detención internacional de otros dos connacionales prófugos”, señaló la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un comunicado. En el operativo, que incluyó 72 allanamientos simultáneos en una decena de provincias, participaron más de medio millar de agentes y miembros de fuerzas de seguridad. La nota de prensa indica que “se rescataron a 202 trabajadores en condiciones de explotación laboral”, eso es que no estaban registrados, no se le realizaba ningún tipo de aportes a la seguridad social y carecían de cobertura médica. En los allanamientos, los agentes secuestraron pesos argentinos y colombianos, dólares y diversa documentación que está siendo evaluada por la justicia. Según sospecha la autoridad fiscal, los cabecillas de la organización “se encargaban de reclutar a sus compatriotas para trabajar de manera clandestina y en condiciones infrahumanas” en distintos puntos del país. Siomara Ayerán, directora general de Aduanas, indicó que “entre 2009 y 2011 se registró en el país el ingreso ilegal de 3 000 ciudadanos colombianos ” y se sospecha que muchos fueron reclutados por esta banda criminal para trabajar en la confección de canastos con cintas plásticas. Según la funcionaria, la investigación comenzó a partir del relato de una de las víctimas. Los detenidos están acusados de violar la ley de ‘trata de personas’ que pena con entre 4 y 15 años de prisión el “ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
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