RED DE TRATA CON PANTALLA DE LEGALIDAD

12/10/2013

SOCIEDAD › DESBARATAN UNA BANDA QUE EXPLOTABA MUJERES CON LA PROTECCION DE LA ASOCIACION DE MERETRICES, FILIAL CAPITAL

Una red de trata con la pantalla de la legalidad

La titular de Ammar-Capital, enfrentada a la Ammar-Nacional, está sospechada de otorgar los carnets para hacer pasar a las mujeres esclavizadas como “trabajadoras” independientes. Rescatan a 31 víctimas en ocho burdeles de Capital y San Miguel. Hay tres policías procesados.

Por Mariana Carbajal

Captaban a las víctimas a través de avisos publicados en los diarios en los que solicitaban “señoritas”. Las obligaban a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a hacer hasta 18 “pases” por día. De lo que pagaban los clientes, les descontaban entre el 30 y el 70 por ciento. Así operaba una red criminal que explotaba sexualmente a 31 víctimas de trata, en dos prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires y otros seis en la localidad bonaerense de San Miguel, y que fue desbaratada en el marco de una investigación que llevó adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo. En la causa está involucrada la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina seccional Capital (Ammar), Claudia Brizuela, gremio que defiende la prostitución como trabajo sexual y está adherido a la filial porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli. Hasta el momento fueron procesadas con prisión preventiva 17 personas, entre ellas tres policías –uno de los cuales es el jefe de la comisaría 1ª de San Miguel– que brindaban protección a la banda a cambio de coimas. También fue procesada la propietaria de seis de los burdeles ubicados alrededor de esa seccional, quien se presentaba como delegada de Ammar, obligaba a las víctimas de trata a afiliarse al gremio –cobrándoles 100 pesos por mes– y las hacía practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar. Los “privados” contaban con mecanismos de seguridad como cámaras de video, barretas en las puertas o jaulas de contención.

Ayer, el ministro de Seguridad porteño informó sobre el rescate de 96 víctimas de trata en distintos procedimientos ordenados por el juez Lijo y en los que intervino la Policía Metropolitana, pero no aclaró que se trataba de dos causas diferentes en manos del mismo magistrado. En la primera es la de la banda que utilizaba la afiliación a Ammar como pantalla para darle legalidad a la explotación sexual ajena. En el marco de la otra causa, en tanto, el 26 de octubre pasado se realizaron 40 allanamientos simultáneos en 30 “privados” –donde se liberaron más de cincuenta mujeres explotadas sexualmente–, una imprenta, un hotel y ocho domicilios particulares en los que fueron detenidos siete supuestos cabecillas de las redes prostibularias investigadas, que también operaban con complicidad policial (ver aparte).

Elena Reynaga, titular de Ammar-Nacional –que integra la CTA que encabeza Hugo Yasky–, dijo a Página/12 que Brizuela se desvinculó de esa entidad hace más de un año. Brizuela, que conformó su propia agrupación dentro de la CTA de Micheli, fue indagada el jueves de la semana pasada y su procesamiento como “partícipe necesaria” de la explotación sexual de víctimas de trata en burdeles de San Miguel sería inminente. Se la vincula con Silvia Gladys Fernández, quien sería la propietaria junto a su esposo, Marcelo René González, de seis burdeles en San Miguel. Fernández se presentaba como delegada de Ammar en esa zona del conurbano. “Simulaban el ejercicio libre e independiente de la prostitución cuando en verdad la organización se dedicaba a la trata de personas”, advirtió el juez Lijo al procesar a Fernández con prisión preventiva junto a otras 16 personas, que tenían distintas funciones en la organización: regenteaban los burdeles, distribuían a las víctimas, contabilizaban los pases, repartían tarjetas en la vía pública con publicidad de los prostíbulos, arreglaban las coimas con policías. En el juzgado de Lijo hay mucho malestar por la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de otorgar la libertad a varios de los procesados, porque creen que así se entorpecerá la pesquisa. Fernández y su esposo continúan presos. Entre los imputados está el jefe de la comisaría 1ª de San Miguel y otro agente de una seccional de San Martín, además de un policía retirado que se ocupaba de cobrar “la protección” a los dueños de los burdeles. En el domicilio de uno de ellos se secuestró una agenda donde figura el detalle del cobro que les hacían a los distintos prostíbulos de la zona (de 700 y 1500 pesos semanales).

Entre las víctimas había mujeres argentinas y extranjeras, todas ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad social. Una vez que eran captadas a través de avisos en diarios, sus explotadores les daban vivienda y comida que “les descontaban de su aparente ganancia”, señala el procesamiento.

La causa se inició a partir de una denuncia recibida en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Nación, en la que intervino el Ministerio Público Fiscal. La investigación demandó alrededor de cinco meses, en los que se hicieron escuchas telefónicas –de donde surgen claramente la connivencia policial y el vínculo de Fernández con Brizuela– y diversos seguimientos.

Así se pudo establecer que en los prostíbulos investigados los clientes abonaban entre 70 y 200 pesos por el servicio sexual, pero a las mujeres explotadas les descontaban entre el 30 y 70 por ciento de esos montos. Además, las víctimas les tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza una suma diaria de entre 25 y 50 pesos. Inclusive debían preguntarles a los encargados y dueños de los prostíbulos a qué hora podían dormir y comer. También las despertaban de sus descansos para obligarlas a atender a los clientes por fuera del turno asignado. Podían llegar a trabajar hasta 36 horas seguidas. “Incluso, mediante la situación de sometimiento, indujeron a una de estas víctimas a tener un aborto”, señala el auto de procesamiento. Las condiciones de higiene y salubridad de los burdeles eran muy precarias. Las direcciones donde funcionaban eran Lima 1471 y 1035, de la ciudad de Buenos Aires, y, en San Miguel, en Alem 1616, Malnatti 1540, Mitre 1878, Tribulato 1382, Paunero 1868, Roca 1269 y Balbín 1010.

Brizuela está sospechada de haber colaborado con la red en la tramitación de documentos a mujeres extranjeras y la elaboración y expedición de carnets de Ammar en su carácter de secretaria general de la Seccional Capital Federal (Ammar Capital CTA), por los cuales se les retenía a las víctimas 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical real era de cinco pesos. “Este aporte habría sido realizado bajo la decisión afirmativa de que la afiliación tenía como objeto y era esencial para simular el ejercicio libre e independiente de la prostitución de las personas que eran explotadas contrariando el objeto y valores que el Sindicato Ammar defiende y postula (respeto de los derechos humanos, concientización de la diferencia entre trabajo sexual autónomo y trata de personas, reconocimiento del trabajo sexual autónomo, igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores)”, señaló el juez en el pedido de indagatoria.

Según la investigación judicial, una vez que les expedían los carnets a las mujeres explotadas, se realizaban simulacros de allanamientos en los privados con el objeto de indicarles que debían exhibirlo a la autoridad pública o fuerza de seguridad que irrumpiera en cualquiera de los inmuebles y también les referían de qué manera debían comportarse. Para eso, la pesquisa determinó que se confeccionaban carteles con todo lo que debían manifestar en esos casos y se las instruía a decir que era un trabajo que les gustaba, amenazándolas en caso de que se victimizaran con que “tendrían un problema mayor”.

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GUATEMALA ABRE BANCO DE ADN, ARGENTINA LIMITA EL ACCESO AL SUYO

11/11/2013

Estimadxs:

Mientras en Guatemala se está recién organizando un Banco de Datos Genéticos para combatir el tráfico de niños, en Argentina -desde el 2009- hemos limitado el acceso al Banco de Datos Généticos, que era gratuito hasta el 2009. La nueva ley promulgada en 2009 limitó la gratuidad del Banco sólo para hechos hasta el 10 de diciembre de 1983 o para víctimas de desaparición forzada. Es decir, que la mayor parte de las víctimas de trata y sus familiares no pueden acceder gratuitamente al banco y deben pagar para los análisis y la guarda de las muestras genéticas que podrían ayudar a recuperar a los ya cientos de niños y niñas que son hijos e hijas de víctimas de trata que han sido apropiados/as por los tratantes, entregados, vendidos o ilegalmente adoptados. 

En breve, el Gobierno completará -hoy está detenida por una medida cautelar- el traslado del Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand a un nuevo sitio, que no ofrece garantías de imparcialidad. 

Como una de las redactoras de la Reglamentación de la Ley del Banco de Datos Genéticos, allá por el año 87, entiendo que el cambio en la Ley y las limitaciones que se han establecido para su acceso son contrarias al espíritu de la norma original, discriminatorias y a contramano de las necesidades y desafíos que la trata de personas presenta al país. Pero no sólo de trata hablamos, sino también de miles de personas que desconocen su identidad biológica y que no tienen dinero para hacerse los estudios de ADN que son muy caros. 

En momentos en que la Iglesia Católica esta solicitando que se realicen estudios de ADN por el tema de trata, en momentos en que Guatemala arranca con este servicio imprescindible, Argentina marcha a contramano de la historia, discrimina a las personas más vulnerables y limita el derecho a la identidad que debe garantizarse a todos los ciudadanos. 

Si querés leer más sobre el tema te invitamos a recorrer algunos artículos anteriores sobre el tema, haciendo click en:. 

https://esclavitudcero.wordpress.com/?s=BANCO+DE+DATOS+GEN%C3%89TICOS

Un saludo solidario, 

Mercedes Assorati
Coordinadora General
ESCLAVITUD CERO
TEL/FAX: (011) 4 775-6610 CEL: (011) 15 5 620-3649
E-mail: assoratimi@gmail.com
 
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Guatemala, primer país con banco de datos de ADN contra el tráfico de niños

Una base de datos genéticos y un sistema especial que permite una vinculación entre parientes

08.11.2013 
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Jaime Septién
 
 
El director general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), Jorge Nery Cabrera Cabrera, se ha convertido en un personaje de referencia obligatoria en América Central por haber liderado, junto con las Universidades de Granada, en España, y del Norte de Texas, en Estados Unidos, el primer proyecto mundial de banco de datos de ADN para combatir el tráfico y la trata de personas con instrumentos jurídicos y científicos de peso.
 
El doctor Cabrera ha sostenido recientemente una entrevista con Aleteia sobre este tema candente, en el marco del seminario sobre trata de personas y de órganos, inspirado por el Papa Francisco y organizado tanto por la Federación Internacional de Médicos Católicos como por la Pontificia Academia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales.
 
¿Cuál es el origen de esta propuesta?
 
Guatemala se encuentra en una realidad fronteriza con las grandes potencias del Norte, Canadá y Estados Unidos.  Naturalmente, también México. Hay mucha riqueza en ese lado y eso significa migración. Migración no solamente de países latinos, sino de otras partes del mundo, que utilizan Guatemala para llegar sobre todo a Estados Unidos.
 
En ese concepto y bajo las normas internacionales, DNA-Prokids interviene en el sentido de convertirse en un bloqueo hacia el tráfico ilegal de niños, de estos niños que han sido secuestrados o tomados ilegalmente de las familias. Se necesita la certeza científica para poder establecer la paternidad, la maternidad o el vínculo con algún pariente.
 
Guatemala se ha apuntado un enorme triunfo en este sentido…
 
Hay leyes nuevas en el mundo. Hemos establecido ya un banco de datos para evitar este flagelo, a partir de la Ley Alba Keneth, pionera en el mundo. Se convierte en alerta cuando existe la desaparición de algún niño, como la “Alerta Ámbar” en Estados Unidos o en México.
 
Han estado preparando convenios con los estados limítrofes de México y Guatemala, ¿no es así?
 
Así es.  Hemos firmado un convenio con el Estado de Chiapas y próximamente con Quintana Roo y Tabasco para cerrar el círculo de la frontera.  Ahí no solamente es el tema de la trata de personas, sino, como tenemos cárteles en común, van las drogas, las armas…  Para los criminales, una frontera permeable es algo que les permite hacer lavado de dinero, flujos de insumos que necesitan para poder subsistir.
 
¿Qué es el sistema de DNA-Prokids?
 
Es un desarrollo que han llevado a cabo las universidades de Granada y del norte de Texas y que consiste en crear una base de datos genéticos y un sistema especial que se llama “Énfasis” que nos permite una vinculación entre parientes, en la búsqueda de sus seres queridos que habrían podido ser objeto de trata.
 
¿Hacia dónde va: a cerrar la frontera al tráfico de niños o a cerrarla al tráfico de seres humanos en general?
 
Se trata de permear la frontera a las actores, a los operadores de la justicia para que podamos enfrentar este problema.  Necesitamos abrir las fronteras.  El crimen organizado ya las tiene abiertas.  Los gobiernos debemos permear esas fronteras y poder compartir datos.  No solamente de trata de personas, sino de todas las expresiones de violación a la dignidad de la persona.
 
¿Cuál es el principal obstáculo de la implementación de un sistema como éste?
 
Apenas se está formalizando este tipo de relaciones.  Estamos haciendo historia, por ejemplo con Chiapas, que es el principal vecino de Guatemala. La idea es crear este tipo de convenios entre todos los países de Centroamérica, Belice y hasta Panamá.  Se trata de hacerle frente al crimen. Evitando la trata, evitando las drogas y evitando las armas, le vamos a dar un golpe duro al crimen organizado.
 
¿Hay alguna posibilidad que esto se convierta en una política pública en nuestros países?
 
Estamos tratando de que a través de la Iglesia y del Papa Francisco se nos apoye contra la trata.  El cristianismo es un mensaje que significa estar a favor de los débiles, de los pobres.  Y este Papa, que es el primer Papa latino, nos va a apoyar para generar un gran banco mundial de DNA.
 
Tenemos que hacer conciencia de que no solamente el gobierno es el que debe actuar. Tenemos que enseñar principios y derechos fundamentales a los niños, niñas y adolescentes, que no se puede hacer dinero traficando con el otro más débil, a menudo indefenso. El Papa necesita saber que existen este tipo de iniciativas –como la DNA Prokids—para poder enfrentar la amenaza mundial que es la esclavitud de las personas.
 

LA JUSTICIA FRENA EL TRASPASO DEL BANCO DE DATOS GENÉTICOS

09/18/2013

Estimadxs: 
 
Si bien es un triunfo el hecho que se haya suspendido preventivamente el traspaso del BANCO DE DATOS GENÉTICOS, es una medida temporal. La amenaza se mantiene. Sigue siendo necesario que luchemos para modificar la ley inconstitucional que fue aprobada al respecto y que busca quitar el beneficio del examen gratuito para quienes no pueden pagarlo.
 
Las personas desaparecidas vinculadas a la trata y sus familiares no pueden, en la casi totalidad de los casos, pagar el costo de un ADN y de la preservación de las muestras. 
El derecho a la identidad es un derecho humano básico. 
 
NO DEJEMOS QUE DESGUACEN EL BANCO SIN LUCHAR POR ÉL. 

SALVEMOS AL BANCO DE DATOS GENÉTICOS

El Banco es imprescindible, no sólo para encontrar a los niños y niñas desaparecidxs durante la última dictadura militar, sino para asegurar el derecho a la identidad de muchas personas que no tienen claro su origen biológico. 

No puede ser un derecho de clase, solamente para los que puedan pagar el estudio que es muy caro !

Es fundamental para la búsqueda de las mujeres desparecidas víctimas de las redes de trata y, también, para dar con los hijos e hijas de las víctimas de trata que han sido apropiados/as por los tratantes, vendidos o dados ilegalmente a terceros. También es imprescindible para hallar a los y las bebés vendidos, cuya identidad ha sido suplantada.
  
Para que sea útil debe permanecer en el Hospital Durand y debe ser gratuito para las personas de bajos ingresos. EL BANCO ES UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE RECLAMEMOS ANTES DE QUE SEA TARDE !
 
COMO AYUDAR ?
1) ACOMPAÑANOS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA QUE SE HARÁ EL JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:30 EN EL SALÓN AZUL DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN.
2) DIFUNDI LO MÁS AMPLIAMENTE QUE PUEDAS
3) ENVIALE UN MAIL AL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  PIDIENDO QUE:
 
 
1) DETENGA EL TRASLADO DEL BANCO,
2) SE REÚNA CON LA SOCIEDAD CIVIL, EL PODER JUDICIAL Y EL PODER LEGISLATIVO PARA ANALIZAR EL FUTURO DEL BANCO
3) COLABORE EN LA REFORMA DE LA LEY 26.548 PARA ADPATARLA A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL PAÍS
 

Un juez suspendió el traspaso del banco de datos genéticos al Gobierno

POR DANIEL SANTORO

Es porque entidades de derechos humanos piden la inconstitucionalidad de la ley que lo saca del hospital Durand
Abrazo. El miércoles hubo una protesta en el Durand./ GENTILEZA HIJOS LA PLATA
18/09/13

La Justicia suspendió preventivamente el traspaso del histórico Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) desde el hospital Durand hasta una sede que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología por un pedido de organizaciones de derechos humanos no alineadas con el Gobierno.

La presentación la hicieron la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, la Asociación Anahí -que dirige la segunda ex presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo Chicha Mariani- la Asociación de Profesionales en Lucha, Colectivo Memoria Militante, HIJOS La Plata y Familiares y Militantes de Derechos Humanos.

Las organizaciones plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548, aprobada en 2009 por la mayoría K y sus aliados en el Congreso, que limita la competencia del BNDG solo para intervenir en los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983, cuando retornó la democracia. Los demandantes consideran que la norma legal vulnera el derecho a la identidad de los casos posteriores a esa fecha. Esta ley “pretende negar la existencia de desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos. Alcanza con citar los casos de Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, para dar cuenta de ello.

También, por supuesto el de Jorge Julio López ”, dijeron en un comunicado. En otras palabras, los familiares de víctimas de desaparición posteriores a esa fecha deberán pagar laboratorios privados para hacer los análisis de ADN.

En su resolución, el juez en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli, justificó la suspensión señalando que de“concretarse el traslado, la intervención judicial pretendida por los demandantes para garantizar la inalterabilidad e integridad de las muestras existentes y la perfecta y segura cadena de custodia (de los ADN guardados allí)resultaría tardía ”. Las entidades preguntaron al Gobierno “ qué medidas de seguridad y protocolos se tomaron para garantizar la seguridad jurídica del Archivo Nacional de Datos Genéticos”. Algunos de los demandantes consideran que el BNDG debería depender de la Corte Suprema.

En cambio, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y otras organizaciones cercanas al Gobierno apoyan la mudanza. La nueva sede está en Córdoba 831 y tiene 430 metros cuadrados. Pero la polémica no es un problema edilicio sino sobre el alcance del rol del BNDG.

La senadora por Córdoba y hermana de dos desaparecidos, Norma Morandi, se opuso en el 2009 como diputada a los cambios en el BNDG. Ahora advirtió que hasta que el Gobierno, “no reglamente la ley 26.548 el BNDG no podrá someterse a controles de calidad de organismos internacionales con reconocida experiencia en genética”. Además, Morandi pregunta “en virtud de qué antecedentes profesionales se seleccionó al doctor Hernán Javier Dopazo para el cargo de Coordinador Técnico de la transferencia del BNDG” y luego se lo desafectó. Por último, la senadora quiere saber “si la firma Biocódices S.A. mantiene o mantuvo vínculo contractual alguno con el ministerio de Ciencia y Tecnología”.

  

 

 

BUENAS PRÁCTICAS: CAPACITACIÓN LABORAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

08/16/2013

PRIMERA CAMADA DE MUJERES ELECTRICISTAS


Cinco víctimas de la trata de personas llevaron su drama a las tablas

07/26/2013

Cinco víctimas de la trata de personas llevaron su drama a las tablas

Por:  |

9:42 p.m. | 25 de Julio del 2013

 

'5 mujeres un mismo trato'

Las actrices en uno de los actos de ‘5 mujeres un mismo trato’.

Foto: Archivo particular

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Las actrices son víctimas reales y encarnan en la obra sus propias historias para que no se repita.

Dicen que debajo de la cama se esconden los miedos. Que la cama es sueño, amor y reposo.

Dicen muchas cosas, pero no es así, no para todos. No para Ana, Martha, Claudia, Sandra y Fanny.

Las suyas fueron camas puerta, camas barrote, camas cárcel. Durante años estuvieron atadas a ellas por obligación, por engaño, por miedo.

Ahora lo cuentan en teatro. Son las protagonistas de 5 mujeres, un mismo trato, las actrices de la tragedia que vivieron, cinco víctimas de trata de personas que decidieron romper el silencio y contar su historia para que no se repita.

Trabajaron de la mano con la Fundación Marcela Loaiza, la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), el ICBF y Casa Ensamble, donde Alejandra Borrero y Camilo Carvajal se encargaron de la dramaturgia y la dirección.

En el escenario hay poca luz. Solo cinco camas ubicadas en forma vertical frente al público que, puestas así, parecen puertas. Se oyen llantos de un niño y sonidos del mar y de la selva. Luego silencio.

Ana, Martha, Claudia, Sandra y Fanny entran cantando el estribillo de una canción y se ubican frente a cada cama. La cargan sobre sus espaldas. La sueltan y se oye un sonido metálico, el del miedo que cae al suelo y golpea:

Martha

Mi cama es de piedra/ la noche inmensa/ yo tan pequeña.

Martha Corrales es menuda. Habla bajo y su aspecto es el de una señora que ha bordado siempre en su casa y no la de una mujer que vivió en la calle desde los 11 años o fue presa de la mafia de la prostitución japonesa yakuza y regresó a Colombia en una silla de ruedas.

Fue hace mucho tiempo. Más de 30 años. Tenía 24 y varios años de vida trajinada. “Era una vida de persecución, prostitución, pero lo que me pasó después, eso fue una odisea”, cuenta.

Y repite “odisea”, como si en esa palabra resumiera todos los dolores de lo que vivió desde cuando una supuesta amiga le propuso irse a Japón y ella dijo que sí, que claro, por qué no.

Le quitaron su nombre y la llamaron Maricarmen, le pintaron el pelo, la separaron de una hermana con la que viajó y entendió la locura en la que se había metido. La chantajearon con hacerle daño a su hermana.

“Fueron seis meses en los que me fui enfermando; mi cuerpo no estaba diseñado para eso. Y el día que llegó Migración me sentía tan decaída que me quedé quieta para que ellos me cogieran y así logré volver a Colombia”, cuenta Martha, de 56 años, que hoy es una profesional en bordado industrial y una mujer feliz.

Yo soy Martha, la calle, la guerra, el dolor hecho sabiduría, soy el canto celestial y mis ganas de gritar.

Sandra

Yo soy Sandra. La que nunca entendió, soy el orfanato, soy el show, la que bailó sobre el dolor, el renacer, soy mi hijo, soy yo soy… la que es nadie, la que no fue una espada en la guerra, soy eco, olvido, nada.

A Sandra Sánchez le molesta el ruido. No soporta la imagen de un bar al caer la tarde, preparándose para la noche. Le recuerda los años que estuvo obligada a bailar y prostituirse en España, por una mafia que comerciaba con niñas como ella.

Su historia comienza en un internado de monjas en Bogotá, pasa por una casa de familia en Cali, sigue a Colón, en Panamá, y termina en Madrid, adonde la llevaron drogada y en barco, para esclavizarla.

De los tiempos felices recuerda el internado, su primera comunión y la ‘señora’ que la visitaba cada domingo y le llevaba regalos a ella y otras seis niñas con las que compartía afecto.

‘La señora’ la sacó del internado, la adoptó, sin papeles, y se la llevó a trabajar como empleada doméstica de amigas suyas. Una de ellas tenía también un almacén de ropa. Sandra, de 13 años, hacía los mandados; creía que la querían, ella la quería. Por eso cuando la dueña de la casa la invitó a Panamá a comprar mercancía para el almacén, Sandra saltó de la felicidad.

Llegaron allá con otras 16 niñas y no volvió a ver a la mujer que tanto la quería. La había vendido.

“Una noche nos buscaron tres señores negros y vestidos de negro y nos metieron a un barco. De ahí, la verdad, no recuerdo”, dice.

Aparecieron golpeadas y pálidas en una bodega, donde un hombre rubio, con acento español, las saludó y les dio sopa. “Después de 3 días nos mandó al ruedo”.

Sandra se atraganta con sus lágrimas, y el silencio es suficiente para reconstruir los años que pasó allí, donde pedía todos los cocteles de sus compañeras para embriagarse y evitar que le mandaran a algún señor; donde cumplió sus quince años y de donde logró escapar gracias a un conocido que la ayudó.

“Hoy todavía tengo rabia, pero la obra me ha ayudado; se me ha despejado la cara”, dice la mujer, quien se casó y tuvo un hijo que fue a verla en la obra y subió al camerino para abrazarla.

Ana

Soy Ana, la brisa de la sierra y la frescura del Guatapurí, la ingenuidad y la angustia, soy la familia, el sacrificio y la entrega. Ahora soy cocinera y soy actriz.

Es alta y elegante. Una morena con porte y pelo negro, lacio. Se sienta con la espalda recta y cruza las piernas. Nació en Valledupar en medio de la pobreza y se hizo estilista. Tuvo un amor y un hijo.

Un día –cuenta Ana Almenares–, una trabajadora social llegó a su peluquería y le pintó trabajo en Panamá, casa, dólares. Comenzó a soñar con la plata. Vendió, casi regaló su peluquería. Junto con la trabajadora social hipotecó una casa y se fue.

“Ella se fue primero y creo que notó cómo era el trabajo, pero no me dijo nada por la deuda de la casa. Y cuando llegué a Panamá…”

Fueron cuatro meses. Le quitaron el pasaporte, le exigieron más dinero y lloró mucho. Hasta que la rescataron funcionarios de migración que un día llegaron pidiendo documentos y la deportaron.

Ana, la frescura del Guatapurí, se fue con la deuda, volvió con la deuda y sin trabajo. Aterrizó en Bogotá, en el barrio Santa Fe, en un club nocturno y luego en la calle.

“Tenía deudas. Hasta que le pedí a Dios que me sacara, y aparecieron las hermanitas Adoratrices, me ayudaron con cursos de cocina y salí. Ahora soy Ana, cocinera y actriz”.

Fanny

Yo soy Fanny la necia, la locura y la violencia, la niña del campo, la mujer de la celda, la libertad y la torpeza.

Fanny Aguirre nació en Monte Bonito (Caldas), habla arrastrando las eses como paisa, aunque su vida la llevó a Italia, donde estuvo en manos de la mafia.

“No sabía que existía el sexo, se crece en el campo, con la inocencia del viento, educada en la ignorancia, condenada a ser la mucama de una cuadrilla de peones”, dice ella en la obra.

Fanny huyó de esos maltratos de la casa y se empleó como doméstica en Manizales. Una de las dueñas de esas casas la vendió a un prostíbulo en Dagua (Valle).

“Mi virginidad se sorteó en el Valle del Cauca/ puesta en bandeja/ carne tierna para un hombre negro/no me gustó el sexo”, vuelve a decir con fuerza.

Y siguió rodando hasta que llegó a Italia, donde estuvo detenida por cuatro años para volver a Colombia a rehacer su vida y a actuar.

Claudia

Soy el secreto… el silencio diligente, la sagacidad, la justicia. Agazapada, contemplo con desconfianza los gestos, las miradas, los invisibles hilos.

Es también la valentía. A Claudia Guerra la ‘cooptó’, como dice ella, alguien cercano a la familia, una amiga a quien ella creía conocer en su ciudad natal.

La llevaron engañada a otra ciudad y allí, tras seis meses de angustia, de no poder ni gritar y detrás de barrotes, logró escaparse. Tenía 20 años y agallas.

Nobleza también porque en la huida rescató a la mujer que la metió en el problema. Aprovechó que la llevaron al médico por una trombosis que sufrió y convenció a un vigilante de dejarla escapar.

Se fue en un camión y regresó a su casa con sus hijos y su familia.

“Tenía rabia con ella, pero no la podía dejar ahí. Estaba embarazada y la iban a obligar a abortar”, cuenta Claudia esta historia de silencio que guardó por 4 años y hace uno decidió denunciar y hablar de ella con un funcionario de las Naciones Unidas.

Han pasado siete años y su caso sigue impune, pero el teatro, dice, ha sido la bendición.

“Lo más denigrante era que me decían princesita, que no me dejaran acercar a la puerta. Por eso la parte que más me gusta de la obra es cuando digo: ahora soy y puedo acercarme a la puerta”.

Claudia es actriz de profesión, ha hecho una vida, ha contado con su madre, un hombre paciente a su lado y dos hijos.

“Entiende mis temores, mis pesadillas”, dice Claudia, quien espera que la obra sensibilice y “que no haya más Anas, Marthas, Claudias, Sandras ni Fannis”.

CATALINA OQUENDO B.
CULTURA Y ENTRETENIMIENTO


MUJERES DESAPARECIDAS EN ARGENTINA

07/01/2013

Estimadxs: 

Enviamos este excelente artículo del diario La Nación pero deseamos aclarar que no estamos de acuerdo en que lo mejor sea hacer la denuncia en la Policía. Para agilizar el caso -y teniendo en cuenta que el tiempo es vital- es más operativo denunciar directamente en el juzgado ya que hay medidas importantes que deben tomarse que sólo los jueces pueden ordenar y que la policía no puede desarrollar sin orden del juez. Reiteramos nuestras sugerencias sobre cómo proceder en caso de una desaparición, particularmente cuándo existe la posibilidad de que sea un caso de trata de personas, de acuerdo a nuestra experiencia práctica en los casos. 
 
DÓNDE Y CÓMO DENUNCIAR UNA DESAPARICIÓN
https://esclavitudcero.wordpress.com/?s=QUE+HACER+FRENTE+A+UNA+DESAPARICION
 
Un saludo soldiario, 
 

Mercedes Assorati
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 Las mujeres que nadie logra hallar

En la Argentina hay, por lo menos, 56 jóvenes de entre 18 y 39 años con paradero desconocido; la mayoría se perdió entre 2005 y la actualidad; en medio del dolor, las familias esperan que ellas, o alguien que las haya visto, rompan el silencio

Por Ángeles Castro  | LA NACION

 María Cash, desaparecida desde julio 2011. 

Los casos de Florencia Penacchi y María Cash, las jóvenes desaparecidas hace ocho y dos años en la Capital y en Jujuy, respectivamente, de quienes nada más se supo, son apenas la punta visible de un iceberg inquietante. En la Argentina, por lo menos, 56 mujeres de entre 18 y 39 años permanecen perdidas y su paradero, sumido en un misterio absoluto. Tanto, que los organismos estatales, los grupos de la sociedad civil y los familiares que las buscan ni siquiera lograron determinar si aún viven y dónde.

La información surge de la base de datos de la ONG Personas Perdidas, lanzada en 2005 por Juan Carr, también creador de la Red Solidaria y Missing Children. Se trata de mujeres que habitaban en los más diversos rincones del país y pertenecían a diferentes extractos sociales. Sólo las une haberse convertido voluntaria o involuntariamente en personas inhallables.

Si bien un puñado de ellas desaparecieron antes, la mayoría “se perdieron” sin dejar rastros entre 2005 y la actualidad. De las 56, además, 20 tienen entre 18 y 21 años. Una de las principales sospechas que suele rodear estos casos es que las chicas hayan sido víctimas de redes de trata de personas, y permanezcan cautivas de los explotadores o hayan sido asesinadas al intentar huir de ellos.

El ícono de este grupo es Marita Verón, incluida en la lista de Personas Perdidas (www.personasperdidas.org.ar ), que desapareció en abril de 2002 en Tucumán, cuando tenía 23 años. En diciembre pasado, 13 acusados por el secuestro y desaparición de la joven fueron absueltos por la Justicia. Durante la larga investigación y el proceso judicial, jamás fue revelado el paradero de la mujer.

Según recordó Juan Carr, que junto con voluntarias hace años colabora con las familias que quieren recuperar a integrantes perdidos, el 85% de los casos de desapariciones se resuelve bien y de inmediato, en los días posteriores al hecho. Sólo un 15% concluye con una muerte como resultado, explicó.

Así, puede suponerse que de estas 56 mujeres jóvenes, unas 45 todavía están vivas, aunque sobreviven al margen del sistema dentro del país o bien cruzaron en algún momento la frontera, también sin ser detectadas.

Pero el panorama es más escalofriante. Sumadas mujeres de más de 39 años y también hombres en edad adulta, en la Argentina hay por lo menos 400 personas perdidas de las que la ONG tiene conocimiento. La mayoría de ellos desapareció entre 2005, cuando fue creada la entidad a raíz de la desaparición de Florencia Penacchi, y hoy. O sea, 50 personas adultas por año, o una por semana, dejan de dar señales de vida y permanecen ocultas durante años y años.

Detrás de cada individuo perdido, una familia queda destruida. Y los allegados transcurren los años entre la desesperación, la lucha y la resignación. Lo único que no pierden es la esperanza de que el ser querido, o alguien que ahora esté en contacto con él o bien conozca detalles de un triste final, rompa el silencio y pueda brindar alguna certeza.

A Silvia Zanon, que desapareció en Campana en 1991 cuando tenía 17 años, su hermano Daniel aún la espera luego de 22 años. “Salió de casa para una entrevista laboral, pero supimos que nunca llegó. Hicimos la denuncia, hubo allanamientos, citaron a personas, pero nunca nada quedó en claro. No creo que se haya ido voluntariamente, estaba en quinto año, estaba por conseguir trabajo, no tenía novio, parecía contenta. Me encantaría volver a verla”, dijo el muchacho a LA NACION.

Para el padre de María Cash, desaparecida más recientemente, hace dos años, todo es angustia y batalla. “No se avanzó nada en la búsqueda de mi hija. Yo estoy sin abogado de nuevo y, con los cambios realizados en el Ministerio de Seguridad, quedó en la nada la creación de una agencia nacional y centralizada de búsqueda de personas, que veníamos trabajando con los equipos anteriores. La única colaboración que recibo es de particulares, pero ha sido información equivocada hasta ahora. Igual la agradezco”, lamentó Federico Cash.

“Mi consejo para quienes pierden a una persona es que no dejen pasar tiempo, incluso a riesgo de que la desaparición sea voluntaria. Cada minuto que pasa juega a favor del mal”, concluyó Carr.

 

QUÉ HACER EN CASO DE PÉRDIDA DE UN FAMILIAR

  • Llame al Centro de Orientación de Personas de la Policía Federal (COP): (011) 4370-5920. Deje registrados los datos de la persona perdida y datos de un contacto de un familiar. Pregunte si registraron algún incidente en la vía pública o tienen alguna persona no identificada hallada
  • Haga la denuncia en la comisaría de la zona. Ninguna ley dice que se debe esperar 24 o 48 horas para que tomen la denuncia. Deben, además, informarle el juzgado o fiscalía que interviene
  • Si vive en Capital, llame al SAME por la línea 107 y pregunte si han registrado algún incidente en la vía pública
  • Si es un niño, llame al 142 o al 0800-122-2442, Registro Nacional de Niños Perdidos
  • Pegue carteles con la foto en lugares cerca de donde se perdió. Plazas, quioscos de diarios y de flores, estaciones de trenes, terminal de colectivos, hospitales
  • Avise a parientes y amigos, aunque vivan lejos y aunque no estén en contacto habitual
  • La difusión por Facebook y Twitter también es útil

CONTACTOS

Niños

Adultos

 Comuníquese con el (011) 4795-7330 o www.personasperdidas.org.ar

 


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