BUENAS PRÁCTICAS: BOTÓN ANTI PÁNICO PARA VICTIMAS DE TRATA

En Córdoba, entregarán botones antipánico a las víctimas de trata de personas

 

DURANTE EL AÑO

En Córdoba, entregarán botones antipánico a las víctimas de trata de personas

 El gobierno cordobés distribuyó en un año 700 botones antipánico a víctimas de violencia familiar y está previsto que, a lo largo de 2014, también los reciban quienes padecen delitos vinculados con la trata de personas. 

  

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini, dijo a la prensa que en un año, desde que lanzaron la iniciativa, entregaron 700 aparatos y, gracias a su activación, «103 agresores fueron detenidos, 99 en la capital y el Gran Córdoba, tres en Río Cuarto y uno en Villa María».

 

«Será una aplicación única en el país para los casos en los que los proxenetas sean prófugos de la Justicia y, no obstante ello, sigan amenazando a sus víctimas»

Daniel Passerini, ministro de Desarrollo Social cordobés Entre marzo y abril distribuirán botones antipánico en Alta Gracia, Río Segundo, Cruz del Eje, Deán Funes y San Francisco «y durante este año también los recibirán las víctimas de trata de personas», precisó el funcionario.

 

Passerini destacó que «será una aplicación única en el país para los casos en los que los proxenetas sean prófugos de la Justicia y, no obstante ello, sigan amenazando a sus víctimas», a las que procurarán proteger con la entrega de estos dispositivos, para que los activen en situaciones de riesgo.

 

El Estado cordobés «brinda esta herramienta de protección, que es el último eslabón de una cadena de prevención, porque hay equipos que acompañan a las víctimas e interviene la Justicia provincial», manifestó.

 

Los botones antipánico son micro teléfonos celulares que cuentan con un dispositivo de GPS, para ubicar el lugar desde el que proviene el alerta y para escuchar y registrar la conversación que se produce en el momento en que es accionado.

 

La entrega de los dispositivos se concreta de forma gratuita, así como la instalación y mantenimiento del chip que requiere el dispositivo para su funcionamiento, que corre por cuenta del gobierno provincial.

 

La policía cordobesa asigna los botones antipánico a mujeres a las que la Justicia decide otorgárselos por la situación de riesgo en que se encuentran, cuando las órdenes de restricción para impedir a sus parejas acercarse a ellas resultan una medida escasa para asegurarles seguridad.

 

Ahora, además de las víctimas de violencia familiar también recibirán botones antipánico mujeres rescatadas de situaciones de explotación o trata de personas, cuando los responsables de esas 

 

Mercedes Assorati
Coordinadora General

ESCLAVITUD CERO

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GUALEGUAYCHU: JUICIO POR TRATA DE PERSONAS

ESTIMADXS: 

AHORA QUE SE ACERCAN LOS CARNAVALES ES NECESARIO EXTREMAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN YA QUE SON MOMENTOS EN QUE ARRECIA LA TRATA DE PERSONAS. SALUDOS, MERCEDES ASSORATI

Policiales

Segunda jornada en el juicio por trata de personas en la que están acusados dos vecinos de la ciudad

“A Campoamor (Dardo Rubén Darío) y Manzanares (José Cándido), los conocí cuando tenía 12 años. Una amiga me dijo que ellos pagaban para salir, para tener relaciones en hoteles. Nosotras íbamos con los dos y nos daban 250 pesos a cada una”.

Así confió, a poco de iniciado su relato frente al Tribunal Oral Federal de Paraná, una de las testigos en el juicio que se sigue contra los dos gualeguaychuenses por trata de persona en la que estyá involucrada una menor de edad.
La joven, que aún tiene 17 años, denunció que a esa edad ella veía todos los días a Campoamor. Incluso dijo que él le había regalado un celular que puso a nombre de otra persona, porque ella es menor de edad. Recordó que todos los fines de semana participaban de asados a los que iban otras personas que no conocía. “Comíamos, después bailábamos y de ahí íbamos a un hotel”, detalló y aclaró que eso se hacía en una casa grande, con piscina y varias habitaciones que hay detrás del Cementerio de Gualeguaychú, aunque marcó que “casi nunca” se usaban las habitaciones de ese lugar. A la psicóloga que la asistió, la muchacha le confió que antes de declarar este martes, su cuñada recibió una amenaza: “Le dijeron que tengamos cuidado con lo que declarábamos porque íbamos a tener problemas”, admitió, por lo cual el tribunal hizo lugar al pedido del fiscal José Ignacio Candioti de brindarle protección a la testigo y a su familia. El debate pasó a un cuarto intermedio y se reanudará hoy a las 9:30.
Por el estrado del tribunal que integran Noemí Berros, Roberto López Arango y Lilia Carnero, pasaron ayer siete testigos, en el marco del juicio oral contra José Cándido Manzanares y Dardo Rubén Darío Campoamor, imputados por trata de persona contra una menor de edad.
Declararon dos mujeres jóvenes que conocen a la víctima y hasta una de ellas confió que también era presa del delito que se investiga. También atestiguaron los gendarmes que participaron del operativo de tránsito por el que comenzó la investigación, Alejo Martín Bonfiglio y Gustavo Miguel Espinosa; y los testigos civiles, Hernán Rafael De Zan y Diego Larrosa, quienes presenciaron el procedimiento en las inmediaciones del puente Victoria-Rosario.
Si bien para la jornada de ayer estaba previsto que mostraran el video de la Cámara Gesell realizada el lunes a la víctima, eso fue suspendido cuando el defensor de Manzanares, Mario Andrés Figueroa, pidió permiso para que su representado no estuviera presente en ese momento “por no estar en condiciones”.
“Nosotros decidimos pasar ese video en la sala de audiencias justamente para que Campoamor y Manzanares lo vieran”, respondió Berros ante el planteo. Como Campoamor se había retirado más temprano, los jueces decidieron suspender la emisión, publicó Análisis Digital.
Además, el tribunal comunicó que para hoy está previsto que declaren otros cuatro testigos; que se incorpore el resultado de la pericia caligráfica solicitada por el fiscal, sobre un papel que el lunes entregó la madre de la víctima (la mujer denunció que el propio Manzanares, como amenaza, le escribió la dirección de un abogado para que consulte por otra causa); y que se realicen los alegatos de parte.

“Desde que tengo 12 años”

Una de las testigos en el juicio, una muchacha que aún no cumplió los 18 años, relató cómo conoció a Manzanares y Campoamor, detalló que ella y otras amigas (incluida la víctima), recibían dinero a cambio de tener relaciones sexuales con los imputados desde que tenían 12 años de edad. A la chica le costó hablar frente a tantas caras desconocidas. “No sé, ya no me acuerdo de nada. Hace mucho que no hago eso”, esbozó en repetidas oportunidades, pero ante las preguntas, terminó contando, destacó Análisis Digital. 
Aclaró que ella sostenía una relación con Rubén Darío Campoamor, pero que una vez estuvo con Manzanares. “Yo le dije a Campoamor que había estado con Manzanares. Él me dijo que estaba bien”, recordó. Detalló que con Campoamor se veía todos los días, pero no siempre tenían relaciones sexuales. “Me daba 250 pesos”, acotó y añadió que en una oportunidad habían viajado a Buenos Aires, por lo que también recibió dinero: “Me dijo que era para que me compre ropa”. 
La chica recordó que los fines de semana comían asados en una casa que está cerca del Cementerio de Gualeguaychú. “Comíamos, bailábamos y después íbamos a un hotel”. Añadió que a esas reuniones también asistían otras personas, hombres y mujeres que ella no conocía. Contó que en una oportunidad, Campoamor le regaló un celular que puso a nombre de otra muchacha, porque ella es menor de edad. Ratificó que el imputado nunca la pasó a buscar por su casa: “Siempre por la esquina, o en la otra cuadra”, dijo y acotó que nadie de su familia, excepto su hermano que es dos años mayor que ella, sabía de la relación con Campoamor. Recordó que durante un año estuvo peleada con su madre y que en ese tiempo vivió en una casa de un conocido de Campoamor. “Gregorio era el nombre del dueño de la casa. Ahí viví con una amiga”, relató.
Aseguró que ella también fue invitada a viajar a Córdoba la noche del 5 de diciembre de 2011. “Para ir a pasear”, precisó, sobre el objetivo del viaje. Esta testigo finalizó su relato y se fue de Tribunales.
El debate pasó a un cuarto intermedio, pero cuando se reanudó, el fiscal informó que la psicóloga que acompañaba a la testigo le dijo que antes de declarar, la chica le había confesado que había sido amenazada, por lo que se decidió hacerla volver. 
Nuevamente en la sala de audiencia, la muchacha admitió que su cuñada había recibido una amenaza de parte de un desconocido. “Le dijeron que tenga cuidado con lo que declaraba porque si no, iba a tener problemas”, ratificó. Tras ese último relato, se dispuso protección para la testigo y su familia. 

“Era un control de seguridad vial” 

El ex jefe de la sección seguridad de Gendarmería en Victoria, Alejo Martín Bonfiglio, manifestó cómo fue el procedimiento realizado en el Puente Victoria-Rosario, que derivó en la investigación por trata de una menor de edad. En ese marco, recordó que “a uno de los integrantes de la patrulla le pareció apócrifo un DNI” presentado en el control, cuando detuvieron el auto en el que iban Campoamor y Manzanares con la menor. “Después nos dimos cuenta que la chica llevaba su DNI y el de la madre y que ninguno de los hombres tenía una relación de parentesco con ella. Además, ella dijo que iba a Córdoba, pero no sabía bien a dónde. Entonces, pedí que una patrulla de Gualeguaychú se presente en el domicilio de la madre. Allí la señora dijo que había autorizado a su hija a viajar, pero a Concepción del Uruguay con una amiga”, relató.
“Era un control de seguridad vial, pero como no se suele encontrar a mayores de edad con una menor, sin un vínculo directo, pedimos la intervención de la Justicia”, agregó.

MEGA CAUSA POR COLOMBIANOS EXPLOTADOS EN AUDIENCIA

Se llevó a cabo una audiencia en Córdoba en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral

Fue este martes, ante la Sala B de la Cámara Federal de esa ciudad. Es por el planteo presentado por la Fiscalía contra las excarcelaciones dictadas a favor de 28 ciudadanos colombianos. La decisión se conocerá el 5 de marzo próximo

Se llevó a cabo una audiencia en Córdoba en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral
Foto: Oficina de Prensa – Cámara Federal de Córdoba

Se llevó a cabo una audiencia en Córdoba en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral
Foto: Oficina de Prensa – Cámara Federal de Córdoba

Se llevó a cabo una audiencia en Córdoba en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral
Foto: Oficina de Prensa – Cámara Federal de Córdoba

Se llevó a cabo una audiencia en Córdoba en una causa por trata de personas con fines de explotación laboral
Foto: Oficina de Prensa – Cámara Federal de Córdoba

 

 

 

La  Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por el Dr. José  Pérez Villalobo e integrada por Luis Roberto Rueda y Abel Sánchez Torres, realizó una audiencia oral y pública en el marco  en los autos: «Vazquez Vazquez Germán , infracción al art 145 bis  del a ley 26842 «.

El Fiscal Gral. Alberto Lozada apeló las excarcelaciones dictadas por el Juez Federal N°1  en favor de 28 ciudadanos colombianos imputados por los delitos de asociación ilícita e infracción a los art. 116 y  117 de la ley 25.871 y por el delito de trata de personas agravada.

En su informe, el fiscal aseguró que el juez no contempló las condiciones en las que estaban las víctimas al momento en que fueron rescatadas y que se reflejaron en los informes que realizó el personal especializado en trata de personas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Argumentó que no se trata de un hecho aislado sino que es una típica maniobra de delincuencia organizada cuyos responsables viven en Colombia y han trasladado a gente a otros  países para que recepten  a otras personas también colombianas.

«Toda la gravedad de estos hechos surge de las constancias de la causa principal. Se han realizado seguimientos, intervenciones telefónicas, constancias para acreditar la vinculación de estas personas. Esta red que existe en la República Argentina, dedicada a la trata de personas con fines de explotación laboral, tenía una base en Córdoba capital pero también en Pilar, Villa Nueva, San Francisco y en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Misiones, Chaco,  Salta, Oran, Jujuy, Mendoza , San Rafael, Tucumán y San Juan.”

“En cada uno de estos lugares, talleres y fábricas, existía un patrón. El encargado de que cada una de esas unidades hiciera trabajar a las personas que traían de Colombia, con un régimen de trabajo sin feriados, ni descanso semanal y otorgándoles préstamos por fuera del sistema financiero  formal.”

Luego de ofrecer como prueba un informe periodístico en formato de DVD, que fue proyectado en la audiencia, el fiscal solicitó al Tribunal que revoque las excarcelaciones concedidas por el Juzgado Federal N° 1 y que dicte la orden de detención de los imputados.

A su turno, el abogado Sebastián Becerra, defensor de  los imputados Rubí Alba Jaramillo, Albeiro Buitrago, Nelson Salazar Bedoya, Yohana Soto Escobar, Julián González, Ernesto Botero, Bryan López Giraldo e Iván Duque Aguirre, dijo que sus defendidos -desde que obtuvieron la excarcelación- se han presentado a tribunales y cuando han solicitado salir al exterior han vuelto a la Argentina,  por lo que no existe para él peligro de fuga ni riesgo procesal.

Aseguró que los allanamientos fueron arbitrarios, sin investigación previa y que a un año de estos procedimientos todavía no hay procesamientos dictados, por lo que solicitó que se mantenga la excarcelación otorgada en primera instancia.

La Defensora General ante la Cámara, Dra. Mercedes Crespi, en representación de  los imputados Alexander López Arteaga, Vanesa Guerrero González, Alberto Gallego Gutiérrez y  Larley Isidoro Céspedes Bernal,  cuestionó a la fiscalía el desvío del objeto de la audiencia, asegurando que lo que existiría sería trabajo en negro y no trata de personas.

Informó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con una herramienta que fija cuales son los parámetros para diferenciar la trata de personas del trabajo en negro y que este instrumento  no se aplicó en este caso.

Dijo que sus asistidos no tienen antecedentes penales, que todos tenían su situación migratoria regularizada y tres o más años de residencia en el país y tanto ellos como sus empleados -que fueron considerados víctimas de la causa- se encuentran registrados ante la AFIP.

Citó jurisprudencia de la CSJN y de la CNCP  sobre la presunción de peligro procesal que dictamina que  ésta  debe ser fundada en cada caso particular y no en una fórmula genérica.

A su turno, el abogado Marcos Cella, defensor de Diller Franqui Toro, Julio Cesar Salazar Rodríguez, María Ebelida Henao Bañol y Julián Alberto Escobar dijo que en el caso de sus defendidos se trata de cooperativistas, y que todos han prestado declaración. Aseguró que no hay una sola víctima imputable a sus defendidos. Dijo que la venta puerta por puerta es muy habitual en Colombia, que se llama «cacharreo» y que eso no los convierte en tratantes de personas ni lavadores de dinero.  Agregó que en los allanamientos no hubo secuestro ni de dinero, ni de armas, ni de drogas.

Por último, los abogados Mario Ricardo Ruiz, representando al imputado Sebastián Marulanda  Borja  y José Fabián Vélez, en defensa de Edelberto Artemio Rodríguez Melo,  se pronunciaron en favor de mantener la excarcelación de sus defendidos.

El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 5 de marzo, a las 10.30.

SECUESTRO DE INTEGRANTE DE AMMAR CORDOBA

ESCLAVITUD CERO ACOMPAÑA LA DENUNCIA DE AMMAR CORDOBA SOBRE EL SECUESTRO, LA VIOLENCIA Y LOS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES SUFRIDOS POR NATALIA SUAREZ, INTEGRANTE DE AMMAR Y EXIGE A LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA Y DE LA NACIÓN, LA INVESTIGACIÓN DE ESTOS HECHOS Y LA SANCIÓN A LOS RESPONSABLES, INCLUIDOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS INTERVINIENTES, POR LA FALTA DE DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS. 

MERCEDES ASSORATI

ESCLAVITUD CERO

From: ammar Córdoba <ammarcordoba@gmail.com>

Sun, 2 Feb 2014 04:20:09

Lunes 3: Conferencia de Prensa ante nuevos secuestros, violencia e invisibilización

<http://www.elpalomo.net/mailing/home_upload/accmail_371/asociacion-01_1.png>

Córdoba 31 de enero de 2013

COMUNICADO DE PRENSA 

¿Y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales?  

Justicia para nuestra compañera Natalia Suarez

Desde AMMAR Córdoba junto a la familia de Natalia Suarez convocamos a los medios de comunicación el día lunes 3 de febrero a las 11hs a una Conferencia de Prensa en la sede del Circulo Sindical de la Prensa (CISPREN) en la calle Obispo Trejo 365 para denunciar la inacción policial y judicial frente a la situación que esta viviendo nuestra compañera Natalia Suarez, quien permaneció desaparecida durante 6 días y fue encontrada anoche con vida pero golpeada, con marcas en el cuello y brazos en la ciudad de Alta Gracia donde ella trabaja.  >    > El día lunes 27 su familia radicó la denuncia en la ciudad de Córdoba donde ella vive y ante la inacción policial se trasladaron el miércoles hacia la comisaría de Alta Gracia donde en una primera instancia no quisieron tomar la denuncia, a pesar de que había testigos con datos concretos sobre la casa y el nombre de la persona con la que Natalia había sido vista por última vez. El día jueves a partir del pedido de la familia nos acercamos como organización y empezamos a reclamar para que inmediatamente se busque a nuestra compañera, finalmente tomaron la denuncia.  >    > Mientras que esto sucedía Natalia fue encontrada en la esquina de las calles Alfonsín y Libertador de la ciudad de Alta Gracia con marcas evidentes de que había sido atada, golpeada y drogada por sus captores. Cabe aclarar que no fue encontrada por la policía que nunca la busco, sino por sus propias compañeras que dieron aviso inmediato.  > Una vez más se evidencia que ante situaciones de violencia de género que tienen como victimas a mujeres trabajadoras sexuales, la Justicia y la Policía actúan con indiferencia, dilatando los tiempos, incluso burlándose de la víctima y de su familia. Lo mismo sucedió el día miércoles cuando un grupo de 40 trabajadoras sexuales nos manifestamos en la puerta de la comisaria 1ra de la Ciudad de Córdoba frente a la inacción policial para atrapar a un proxeneta que nos exige plata para dejarnos trabar en las esquinas, nos golpea y amenaza con armas de fuego.  > Finalmente queremos denunciar que supuestamente vivimos en democracia pero cuando las mujeres pobres sufrimos agresiones, el sistema sanitario no garantiza una atención de calidad. Esta situación se agrava cuando las trabajadoras sexuales somos las que queremos denunciar este tipo de situaciones.  > Nosotras vamos a seguir acompañando a la familia en el reclamo para que se detenga a quienes mantuvieron secuestrada a Natalia y a sus cómplices, denunciando también el desempeño discriminatorio de la Justicia y la Policía de la ciudad de Alta Gracia, así como también la falta de respuesta de parte del area de Protección las Personas de la Policía de la provincia de Córdoba a cargo del señor comisario Zarate para que esto no vuelva a suceder nunca más.

 

 AMMAR Córdoba

Contacto:        Blanca Mendoza  0351 – 156524335

                       Patricia Figueroa  0351 – 155224568

                       Eugenia Aravena  0351 –  152158223

 

 

NARCO ESCANDALOS: POLICÍAS IMPUTADOS POR NARCOTRÁFICO

 

POLÍTICA 05/11/2013 00:01

Detienen a exjefe de inteligencia antidroga

Fue por orden del juez Bustos Fierro. Separan a secretaria del mismo juzgado. Habrían atentado contra un empresario de la noche.

 

Por Miguel Durán

El edificio de los Tribunales Federales, convulsionado por el apartamiento de la secretaria penal del Juzgado Federal N°1, Liliana Navarro, anticipado por este diario en su edición dominical, fue noticia nuevamente ayer, por la detención de más policías.

“Hoy el fiscal está muy ocupado, tiene varias audiencias, no va a hablar”, dijo una de las colaboradoras de Enrique Senestrari, quien había pedido nuevas detenciones de funcionarios policiales de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.

La solicitud fue convalidada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro.

No obstante la negativa del fiscal de recibir a la prensa o atenderla por teléfono, una calificada fuente judicial reconoció que se habrían registrado tres nuevas detenciones que se sumarían a los seis imputados por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica. 

Entre los apresados en las últimas horas figura el comisario inspector de Gustavo “Huevo” González, exjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas y la cabo Analía Pérez, quien estaría embarazada. 

Recién en horas de la tarde, Senestrari confirmó la noticia sin dar más precisiones. Ante la consulta de este diario, la Policía provincial tampoco dio más información sobre la situación de revista de González. 

Otra trascendente medida judicial que se aguarda a la brevedad es el auto de procesamiento y prisión preventiva del exdirector de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, del comisario inspector Alfredo Sainé, de los oficiales Franco Argüello y Gastón Bustos, y de los suboficiales Fabián César Peralta Dátoli y Mario Osorio.

A todo esto, el juez federal
N° 1, Ricardo Bustos Fierro, confirmó el apartamiento en la causa de su secretaria penal, Liliana Navarro. Su alejamiento fue solicitado por defensores de los policías detenidos por supuesta vinculación con traficantes de drogas.

Gerardo Machado sería designado en reemplazo.

Empresario baleado

Rapoza. En tanto, en horas del domingo se habría registrado un atentado a tiros contra un empresario de la noche, hecho que se mantiene en absoluta reserva pero una vez que trascienda podría interesar a la Justicia federal.

Balazos. La víctima del ataque sería Roberto Moyano, dueño de Raposa boliche que modificó el nombre después de que se pusiera en vigencia la ley de trata en el orden provincial disponiendo el cierre de todos los prostíbulos y whiskerías.

Según datos confidenciales, Moyano habría sido atacado a balazos cuando conducía su vehículo particular en avenida Circunvalación y Rancagua. 

Heridas. Un proyectil lo habría herido en una mano y otro rozado el hombro. El vehículo presentaría varios impactos de bala y no hubo confirmación de la agresión. En el caso habría intervenido personal policial de la Comisaría 17ª.

Casos Alós y Roldán

Denuncia. Con la representación del abogado Carlos Nayi, Roxana Luna, la esposa del oficial Juan Alós, denunció al el juez de Control de Alta Gracia, Carlos Granda Ávalos por “prevaricato, mal desempeño e ignorancia del derecho”, ante la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Justicia. 

Criterio. Luna discrepó con la decisión del magistrado que confirmó la competencia en el caso del fiscal Emilio Drazile. 

Jefe. Los padres de la policía Damaris Roldán, supuestamente suicidada de un balazo el 17 de septiembre pasado, denunciaron al jefe de Policía y a otros cinco efectivos que ingresaron a su vivienda tras el deceso de la agente.

Fiscalía. La denuncia ingresó a la fiscalía federal Nº2 y ayer también llevaron una copia a la fiscal provincial María Antonia de la Rúa, quien investiga el hecho como “muerte de etiología dudosa”.

 El caso de los policías de Salta que fueron condenados

Dos oficiales de la Policía salteña fueron sentenciados a prisión en agosto pasado por la Justicia federal, por transporte de drogas. 

 

Por Redacción LAVOZ

1

El Tribunal Federal de Salta condenó a los oficiales Gabriel 
Giménez y a 12 años y 6 meses de prisión y al oficial Carlos Gallardo a 13 y absolvió a dos civiles, Luis y Carlos Giménez, hermanos del subcomisario.

El caso se retrotrae al 25 de mayo de 2011, cuando efectivos de la Policía Ambiental que realizaban un control de rutina en la ruta provincial 8, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Salta, persiguieron a los 
ocupantes de un Fiat Uno que realizó una maniobra para evitar a los policías. 

Fue entonces que detuvieron a su conductor, Gallardo. Ante esto, se decidió también controlar a un Volkswagen Bora gris, que viajaba unos metros más atrás, y en el que iban los hermanos Carlos y Luis Giménez, además de otras dos personas que intentaron escapar a pie. Uno de ellos, el subcomisario Giménez fue detenido, mientras que el otro, identificado como Marcelo Irahola Silverman, logró escapar y hasta hoy está prófugo. 

Según la causa, el subcomisario e Irahola Silverman iban en otro vehículo, un Volkswagen Cross Fox que quedó atascado en el río Mojotoro, por lo que fueron auxiliados por los Giménez que iban en el Bora, antes de que la Policía ordenara la detención del rodado. 

Al otro día hallaron cerca de la banquina de la ruta provincial 8 dos mochilas que, en total, tenían más de 50 kilos de cocaína.

BUENAS PRÁCTICAS: FISCAL HABILITA BUZÓN PARA DENUNCIAS ANÓNIMAS POR TRATA

La implementó una fiscalía de Villa María, Córdoba

El buzón que en vez de cartas recibe denuncias anónimas de trata

Es una iniciativa inédita en el país. Fue idea de la fiscal María Virginia Miguel Carmona. Hizo colocar el buzón en el edificio de la fiscalía federal donde se pueden dejar denuncias anónimas sobre supuestos casos de explotación sexual y laboral.

• “Muchas veces las mismas víctimas tienen miedo de ir a la policía”, explicó la fiscal.Daniel Cáceres. 

Por: Milva Benitez

En el centro geográfico de Argentina, en la localidad cordobesa de Villa María, se pueden dejar denuncias anónimas sobre trata de personas en un buzón amurado a las rejas del edificio de la fiscalía federal. Así lo dispuso la fiscal María Virginia Miguel Carmona que desde mediados de agosto guarda la única llave que da acceso al contenido de las denuncias que le permiten investigar supuestos casos de explotación sexual y laboral.

En febrero, a poco tiempo de empezar su labor como fiscal subrogante en Villa María, la fiscal Miguel Carmona se enfrentó con la crudeza del relato de las víctimas. Una mujer que ayudó a una chica explotada sexualmente en un prostíbulo del norte del país y logró escapar, por ejemplo, le contó que ella también había sido víctima de trata y “nunca supo dónde denunciar”.

“Me dijo que tuvo miedo de ir a la policía”, explicó la fiscal a Infojus Noticas. Miguel Carmona sintió que algo estaba mal: “Estoy cobrando un sueldo de vicio”, se dijo. “Se sabe que en la zona funcionan prostíbulos. En Villa María se cruzan varias rutas y basta recorrerlas para ver a las chicas. Me di cuenta que había que hacer algo para que los vecinos pudieran denunciar”, resumió la fiscal. “Muchas veces las mismas víctimas tienen miedo de ir a la policía porque son los que dan protección a los proxenetas”, explicó la fiscal. Citó que el último caso de trata descubierto en esa ciudad comenzó con una denuncia anónima a la Policía Federal.

Atenta a que la reforma de la ley de trata de personas, en diciembre de 2012, habilitó la posibilidad de recibir denuncias anónimas, la fiscal inició las consultas correspondientes. A fines de junio, se dirigió a la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, para explicar el objetivo de la propuesta. Advirtió que verbalmente “circulan numerosos datos e informaciones sobre redes de tratantes, que operan en la periferia de esta ciudad” pero que los vecinos temen denunciarlos, por posibles represalias o “por desconocimiento de la existencia de esta Fiscalía”.

 

La respuesta llegó de manos del fiscal general Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata de Personas, que asiste a todo el país en la persecución de ese delito. El 5 de agosto, Colombo no solo manifestó su entero respaldo al proyecto, sino que fue más allá. Advirtió que, por su experiencia, “los vecinos conocen de manera palmaria las realidades sociales que las circundan” y la participación de la ciudadanía en la persecución del delito de trata de personas, “incorpora un eslabón fundamental en la cadena de información  que conduce a la prevención y sanción de esta modera forma de esclavitud” (ver adjunto).

Tras recibir la respuesta, la fiscal Miguel Carmona puso manos a la obra. Una empleada de la fiscalía fue la encargada de buscar el modelo que mejor se adecuara a las necesidades. Lo encontró en un vivero de la zona y costó 300 pesos. Para pagarla, la fiscal pidió colaboración al municipio. “Enseguida conseguimos apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos del municipio, sino la compraba yo”, explicó la fiscal.

“Con la policía uno se entera de lo que ellos te traen”, dijo la fiscal. Ahora, quien pasa por la vereda puede dejar la denuncia dentro del buzón. Al principio, Miguel Carmona iba a abrir la caja cada 10 días, pero finalmente tuvo que hacerlo semanalmente. “La gente colabora, las denuncias son serias”, dijo la fiscal. Cada semana, recoge los datos del buzón, y labra un acta donde quedan registradas las denuncias que dan lugar a las investigaciones. “Estamos para cumplir un servicio y la gente tiene que saberlo”, explicó la fiscal.

La experiencia es inédita, pero ha tenido buena respuesta en la localidad de Villa María. Hasta ahora, han receptado dos denuncias por explotación laboral y otras por el funcionamiento de prostíbulos identificados por vecinos o víctimas de explotación. “No puedo dar detalles de las investigaciones porque están en curso, pero son mucho más que cuando ingresé a la fiscalía”, dijo Miguel Carmona.