SE CREARÁN JUZGADOS PARA TRATA DE PERSONAS
Los países de la región acordaron hacer un frente común contra el delito de trata con fines de explotación sexual y laboral. El proyecto es apoyado por USAID.
(El Heraldo) TEGUCIGALPA, Honduras
Los países de la región centroamericana, el Caribe y México suscribieron un convenio para aunar esfuerzos contra la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
El proyecto es apoyado por USAID. El flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial es una modalidad de criminalidad organizada que afecta en gran medida a los países de la región.
Por ello, las autoridades judiciales de la región se dieron cita en Guatemala para suscribir el convenio orientado a prevenir y sancionar el delito de trata de personas.
Para ese efecto se uniformarán las leyes entre los países miembros, informó a EL HERALDO Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura. La legislación, expuso, será más enérgica, para deducir responsabilidades de manera emblemática.
Se crearán jueces y fiscales especiales para conocer los delitos de trata, agregó. Es decir que se establecerán en la región tribunales especiales sobre la materia, que implicará reformas legislativas.
Llama la atención que en estos órganos jurisdiccionales se podrán implementar los juicios virtuales, con videoconferencias, destacó.
Igualmente, se acordó unificar criterios en los jueces, quienes podrán valorar pruebas que se aporten desde cualquier país.
Asimismo, se comprometieron a encaminar acciones de indemnización a las víctimas.
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08/02/14 – 00:00 JUSTICIA
Expirará dominio de bienes
Con la firma de un convenio regional en materia de trata de personas concluyó ayer el congreso que reunió a jueces y fiscales de Centroamérica, México y República Dominicana.
Operadores de justicia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Panamá signan el acuerdo para mejorar la comunicación regional.
El acuerdo al que llegaron y que seis países firmaron, con excepción de México, Colombia y Nicaragua, busca impulsar reformas legislativas para que sea tipificado el delito de trata y los ilícitos conexos.
El impulso de esas reformas legislativas van encaminadas a la incautación y extinción del dominio de bienes a responsables de los delitos relacionados con la trata de personas.
Además, busca promover el uso de la tecnología para la persecución penal y crear una base de datos de personas en la región para facilitar el rastreo de potenciales criminales.
Los participantes se comprometieron a construir indicadores orientados a recopilar información.
Los 13 puntos del acuerdo regional hacen hincapié en fortalecer la comunicación interinstitucional y la asistencia legal, además de la especialización de operadores de justicia.
“Criminalidad del poder”
Durante su intervención, Zarela Villanueva Monge, presidenta del Poder Judicial de Costa Rica, resaltó que de acuerdo con las estadísticas, entre el 55 y el 60 por ciento de las víctimas de trata son mujeres y el 17 son niñas.
Villanueva se refirió a lo que llamó “criminalidad del poder”, al afirmar que la trata de personas sin duda está relacionada con “estructuras de poder”.
La presidenta de la Corte Suprema costarricense dijo que ese país destina US$1 por ley del impuesto de salida del país a la atención de las víctimas de ese flagelo.
El Informe anual sobre trata de personas del 2013, capítulo Guatemala, aunque reconoció avances en la creación de juzgados y fiscalías especializadas en trata, así como el financiamiento con recursos estatales de organizaciones de la sociedad civil para atender a las víctimas, tuvo duras palabras para las acciones gubernamentales.
Guatemala incumple
“El Gobierno de Guatemala no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata”, dice el informe emitido por la Embajada de Estados Unidos en su encabezado.
“La complicidad de los funcionarios en los delitos de trata siguió siendo un problema grave y en gran medida sin resolverse”, así como los esfuerzos para enjuiciar y castigar a los infractores de trabajo forzado, además de identificar a las víctimas, agrega el documento.
También resalta que aunque se dio atención a los menores de edad, se dejó en estado de vulnerabilidad a los adultos víctimas de trata.
De acuerdo con el analista Miguel Castillo, por tratarse de un ilícito trasnacional, los acuerdos más significativos los representan el intercambio de información, al implementar una base de datos, y el de la incautación y extinción del dominio de bienes a quienes resulten condenados por esos delitos. “Es un duro golpe medular a las estructuras del crimen organizado”, agregó.
Fiscalía
120 acusaciones han sido formuladas por casos de trata en el país.