A las once de la noche del domingo 19 de mayo, Sonia Sánchez salía de dar una conferencia contra la prostitución, la trata, los prostituyentes, los proxenetas, la complicidad del Estado y la violencia contra la mujer. A eso se dedica: esta mujer de 48 años, traficada a los 17, que publicó –con María Galindo– el libro Ninguna mujer nace para puta, es una activista contra un negocio basado en la explotación denigrante de las personas, mujeres en su enorme mayoría. En la esquina desolada de Rojas y Rivadavia, hizo señas al primer taxi que vio. Al subir, Sánchez ingresó en una pesadilla de casi dos horas.
–¿Sabés quién soy yo? –le dijo el hombre, cuyo aspecto físico no se correspondía, observó la mujer, con un trabajo sedentario como manejar horas y horas.
–No, no lo conozco.
–Así que no me conocés…
–No, disculpe.
–Dale, chaqueña…
“Empezó a darme datos de mi vida, a mezclar mi pasado y mi presente”, detalló aMiradas al Sur. “Cosas que no están en Internet ni en mi libro. Describió una foto de cuando era chica, la única que tenía porque era pobre; también fotos de cuando la Comisaría 50 me llevaba presa con otras putas; sabía el nombre de mi hijo y otra información que sólo conocen los íntimos, como los horarios de entrada y salida de mi casa. Describió la ropa que llevaba cuatro días antes mientras esperaba el 86.”
Cuando mencionó la esquina donde paraba Sánchez treinta años antes, ella pensó que tal vez era un proxeneta o un prostituyente, y le dijo:
–No trabajo más.
–Ya lo sabemos –le respondió el hombre.
El plural le hizo correr frío por la espalda. Quedaba claro que el conductor no pertenecía al gremio del taxi. “Me bloquée emocionalmente. El tipo empezó a zigzaguear, a tomar una calle, doblar a la cuadra, y otra vez a la siguiente… Estaba paralizada. Pero al fin en un momento me desbloqueé y traté de abrir la puerta; él frenó de golpe, me fui para adelante. Él se dio vuelta y me agarró las dos piernas con una mano enorme”. Sánchez temió que la golpeara. Pero el hombre sólo habló:
–Mirame bien: donde te veo, te paro.
Sánchez se bajó y corrió en dirección contraria al tránsito.
Dado que se trató de la enésima intimidación que recibió –dos de las anteriores incluyeron exhibición de armas de fuego–, Sánchez se decidió a denunciar el hecho ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), donde la recibió el titular de la fiscalía, Marcelo Colombo, quien otorgó importancia al hecho y lo relacionó con los episodios anteriores.
La actividad de denuncia y educación que realiza Sánchez es parte del Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd), que “articula organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, promueve la vigencia de los derechos humanos y trabaja por la construcción de sociedades en las que la economía, la cultura y la política estén al servicio de la dignidad humana, la equidad, el respeto a la diversidad y el medio ambiente”, según definió la asamblea de la organización en 2008. “Me dedico a capacitar a la policía y la gendarmería en derechos humanos en el Sur, porque la ruta del tráfico de personas es hacia Neuquén para abajo. Río Gallegos es la meca de la explotación sexual: hay dos cuadras enteras de prostíbulos. Donde hay minería, donde hay petróleo, hay explotación sexual. Las mal llamadas casitas de tolerancia, en realidad son prostíbulos admitidos por el Estado municipal bajo el nombre de whiskerías, pero en la parte de atrás están las habitaciones donde viven y son prostituidas las mujeres.”
Ella las conoció en carne propia. “Migré del Chaco a buscar trabajo”, explicó, “harta de pobreza, de comer cada tres días. Primero fui explotada laboralmente: un día vi en el diario que otras empleadas con cama adentro ganaban más que yo, pedí aumento y me dejaron en la calle. Dormí en Plaza Once durante cinco meses. Tenía 17 años y fui prostituida y luego traficada hacia el prostíbulo VIP de Río Gallegos por un proxeneta al que recién pude ver detenido hace un mes, allí mismo: le decían Tarantini, su nombre real es Álvaro Santos y es el propietario del cabaret Las Vegas en El Calafate, entre otros lugares similares. Es millonario pero tiene todo tercerizado”.
En el sur, precisamente, recibió una reciente amenaza con arma. Tras dar una charla en un auditorio universitario de Comodoro Rivadavia, se sentó en un bar a comer algo. Era la 1.30 de la tarde y a su mesa se acercó un hombre y, tras mostrarle un revólver, le sugirió: “Dejate de joder con la trata y los derechos humanos”. Poco antes había hecho una carta de denuncia de un proyecto legislativo municipal que proponía reglamentar la prostitución con el fin de promover el turismo en esa ciudad; a los tres días le hackearon su cuenta de correo electrónico y perdió todos los materiales que acostumbraba guardar allí más su lista de contactos. Y en 2007, cuando presentó su libro, debió mandar a su hijo a una provincia y ella se fue del país por unos meses. “Los fiolos y fiolas del barrio de Flores me apretaron mal, con armas, por medio de mi compañero: ‘Que se deje de joder con las putas’, le dijeron”.
Dado que rescatar a las mujeres es trabajo del Estado, según lo considera, Sánchez enfocó su práctica en la prevención. “Voy a las escuelas primarias y secundarias a dar talleres para que las adolescentes de hoy no sean las putas del futuro y los varones no se conviertan en los demandantes prostituyentes”, contó. “Les explico qué es la prostitución, qué es la trata, qué es un prostituyente, qué es un fiolo o una fiola, qué es una puta, cómo el Estado las prepara, cómo comenzar a deconstruir la cultura prostituyente y el lenguaje fiolo que maquilla y tapa la violencia; les hablo del ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales.”
Porque ahí, cree, se halla el eje: “Las mujeres rescatadas en el sur vuelven a ser putas en sus provincias del norte, porque ni el gobierno de donde la víctima es oriunda ni el nacional les devuelven el ejercicio pleno de esos derechos. A algunas les dan un plan social, pero eso no es un derecho económico, social o cultural. No pueden salir del sistema prostibulario porque un plan social no es un trabajo”.
La prostitución tampoco: basta con pensar que no hay modo de encontrarle el aspecto dignificante de la persona. “Cuando te parás en una esquina o te meten en un burdel tu identidad queda en el pasado”, definió. Por eso, ella se separó del grupo de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) que se creó en la CTA, ya que partía de la concepción de que una prostituta era una trabajadora sexual. “¿Ah, sí? ¿Y vamos a tener vacaciones, aguinaldo y jubilación?”, se preguntó, mientras pensaba en cuál era su propia definición de eso que ella hacía. Se escindió en un grupo, Ammar-Capital, que llamó al cliente “prostituyente”; al trabajo sexual, “violación”; a los espacios como la esquina o el burdel, “campos de concentración a cielo abierto”.
Hoy les insiste a las adolescentes: “La prostitución no es un trabajo, es la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y humanos. El primero que tendría que reconocerse como proxeneta es el Estado: vulnera mis derechos –en mi caso, dejándome hambreada– para que otros abusen de mi vulnerabilidad. Y les explico lo que la prostitución produce en una mujer: destruye nuestra identidad de sujeto de derecho, nos convierte en un objeto de uso y abuso. También les explico que no se elige con libertad ser puta, como se elige ser periodista o abogada; hay un elección coaccionada, entonces no es elección”.
A Sánchez le resuenan todavía las palabras del presunto taxista: “Adonde te veo, te paro”. No sabe cómo interpretarlas. Pero no le importa. La Ufase investiga su denuncia y ella está segura de la vida que quiere: “Voy a seguir denunciando públicamente el tráfico y la prostitución”.
La explotación sexual a la vuelta de la esquina
El volante que entregaba la mujer mostraba el Mapa del Crimen Organizado en el barrio porteño de la Recoleta y un punteo de los logros de la asamblea Recoleta Insegura: “Destitución del comisario (Claudio) Lucione de la Comisaría 17º, por estar relacionado a delitos”; “Clausura administrativa de los narco-prostíbulos Madaho’s, Black, Brut y Plays, donde demostramos que había trata de menores”; “Desplazamiento del titular de los inspectores porteños, Rafael Roldán, posentrega de una lista de 126 prostíbulos de los llamados Privados”.
Este segundo mapa se realizó, como el anterior, con la fundación La Alameda, que ya había hecho lo mismo en Monserrat, donde hallaron prostíbulos alrededor del Departamento Central de la Policía Federal y Constitución. “Trabajamos con los vecinos para que entiendan que la madre de la inseguridad no es la ausencia del Estado sino su presencia mafiosa”, dijo Lucas Schaerer, de esa ONG, a Miradas al Sur. Ahora le tocó a Recoleta porque “es la cabeza del sistema narco-proxeneta instalado en Buenos Aires”. Según La Alameda, en la Ciudad existen alrededor de 1.000 espacios de explotación sexual, habilitados bajo categorías como Boliche Clase C (bailables, aunque carecen de pista) o Juguetería, como la que funciona en un subsuelo vecino a la Comuna 2. Hace un año que trabajan junto con la asamblea vecinal.
Tras la presentación del mapa, Recoleta Insegura, el presbítero Julio Torres (párroco del Patrocinio de San José, la iglesia de Ayacucho y Santa Fe, donde lunes por medio se reúne la asamblea) y miembros de la ONG participaron en un escrache a los prostíbulos identificados.Pegaron una faja de cierre simbólico: “Clausurado. Violación de la Ley de Profilaxis 12.331”.
La Alameda hila tres hechos por los cuales se llegó a esta performance pública. En febrero de 2012 hicieron una cámara oculta en Madaho’s, “donde comprobamos proxenetismo y venta de cocaína, por lo que le iniciamos una acción penal junto a otros siete narcoprostíbulos”. Poco después Lorena Martins, hija de Raúl Martins, dueño de Brut y otros locales similares, acusó a su padre –ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)– de ser tratante y explotador sexual con la complicidad de las autoridades municipales; difundió una foto de un socio de su padre, Gabriel Conde, junto al jefe de Gobierno Mauricio Macri y su esposa. Por último, Karina Ramos, explotada en Madaho’s y Black, denunció su caso ante la Justicia y luego las presiones, extorsiones y amenazas que recibió por hacerlo. “Pero con la cámara oculta, la denuncia de la hija del zar del proxenetismo en la Argentina y el testimonio de una víctima no se logra romper la impunidad de esta mafia”, agregó Schaerer. “Por eso, el escrache”.
Hasta el momento lograron que Lucione apartara de la Comisaría 17, aunque no que lo echaran de la fuerza, acusado de enriquecimiento ilícito; denunciaron más de 40 narco-prostíbulos, que provocaron 60 órdenes de allanamiento de la jueza María Servini de Cubría; pusieron al descubierto que el jefe de inspectores porteño Roldán tenía conocimiento de la existencia de un centenar de estos locales, lo que causó su reemplazo por Juan José Gómez Centurión y presentaron a la Legislatura un proyecto de ley para que se cierren todos los lugares de explotación sexual.
Escrito por Esclavitud Cero 
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