Legisladores nacionales y representantes de ONGs se reunieron hoy con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, y reclamaron al Gobierno nacional la urgente reglamentación de la ley de trata de personas.
«Hay un déficit del Estado muy grande, por eso venimos a reclamar que se actúe, que se reglamente la ley y se llame al Consejo Federal y asigne presupuesto a las políticas publicas», manifestó la diputada socialista Alicia Ciciliani.
Del encuentro con Lozano participaron diputadas y senadoras nacionales, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y organizaciones sociales.
Según datos difundidos hoy por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, entre abril de 2008 y agosto de este año 5.607 personas fueron liberadas de las redes de trata.
El encuentro de este martes giró en torno a la necesidad de reglamentación de la ley y la asignación de un presupuesto acorde.
Participaron de la reunión las diputadas Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Alicia Ciciliani y Virginia Linares, y las senadoras Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro.
La reunión obedeció a la urgente necesidad de continuar con un debate que focalice en la profundización de los mecanismos de prevención y protección de las víctimas.
Durante el encuentro, Stolbizer cuestionó que el oficialismo todavía «no reglamentó la ley para prevenir y castigar la trata de personas, y sólo usaron el tema para aparentar interés, pero en lo concreto ni siquiera en el presupuesto que se votó la semana pasada, está previsto destinar fondos para atender la cuestión».
«Es realmente muy serio lo que ocurre en nuestro país al respecto, y sin embargo la indiferencia por parte del gobierno es más que notable», denunció.
Ciciliani aclaró a su vez que «debemos poner la ley en vigencia de inmediato, sin la reglamentación no existe, por eso queremos generar conciencia de que no es sólo votar en el Parlamento, hay que reglamentarla y brindar recursos para que se haga carne en la gente».
Además, la legisladora santafesina denunció que «los recursos previstos en el presupuesto 2014 han disminuido respecto a los de este año, y además no funciona el Consejo Federal, que sería el encargado de coordinar acciones entre el Estado nacional y las provincias, porque los casos de trata se dan en todas las jurisdicciones».
Según se coincidió, la trata de personas es mucho más que un delito ya que en ese delito están condensadas todas las violaciones a los derechos humanos: explotación laboral, la reducción a servidumbre, la explotación de la mendicidad, el robo de órganos, la apropiación y venta de bebés, y la explotación sexual.
«La relevancia de esta última (87%) nos dice que la trata está mayormente destinada al sometimiento y prostitución de sus víctimas, de las cuales un 90% son mujeres y niñas», se expresó.
En la reunión participaron organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Alameda, la Pastoral de Migraciones, la Red Argentina contra la Trata, la Fundación Directorio Legislativo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Red Kamsai.
Más de 5.600 víctimas del delito de trata de personas fueron rescatadas por el Estado nacional desde la sanción en 2008, de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, según cifras oficiales.
Las estadísticas indican que los rescates fueron efectuados en el marco de 2.539 allanamientos, realizados en forma conjunta con las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
El informe consigna que el número de rescates se incrementó durante los últimos tres años, mientras que desde 2008, el 53 % de las personas liberadas, eran víctimas de explotación laboral, mientras que el 47 % restante eran sometidas a explotación sexual.
Las víctimas, en su mayoría mayores de edad (88%), son en un 55% de nacionalidad extranjera y el programa también informó que la puesta en funcionamiento de la línea 145, que recibe denuncias por este delito.
A su vez se explicó que en 2013, la principal causa de denuncia a esta línea fue por explotación sexual (70%), y por personas desaparecidas (12%).
También se comprobó que la gran mayoría de los llamados (60%) provenía de la región que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén; seguido por la región de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.