DUEÑA DE FABRICA INCUMPLE ACUERDO FIRMADO CON MINISTERIO DE TRABAJO

01/16/2014

Incumplimiento con los 85 costureros despedidos. La fábrica no abrió

16012014

Ingreso de la fábrica Zañartú y Doblas

Ingreso de la fábrica en Zañartú y Doblas

La empresa Mónica Mariel Bolo, principal proveedora de Cheeky, Montagne, Yagmour y Mimo, violó hoy jueves 16 el acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo Nacional firmado el martes 14 de enero, al no reabrir las puertas de la empresa en Zañartú y Doblas, ni traer las máquinas y no permitir ingresar a todos los trabajadores que hace 45 días duermen en la puerta de la fábrica exigiendo que se solucione el conflicto.

Los 85 costureros despedidos tras la permanencia pacifica dentro del Ministerio de Trabajo desde el día lunes 13, las marcas involucradas, la empresa de Mariel Bolo y los trabajadores firmaron un acuerdo donde como primer punto era el pago de una parte de los salarios adeudados; el segundo punto era la reapertura de la fábrica y la reincorporación de todos los trabajadores, además de abonar todos los salarios caídos y el tercer punto, una comisión del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para inspeccionar y modificar todas las condiciones irregulares que haya dentro de la empresa.

Ayer los costureros cobraron el adelanto del salario adeudado, pero cuando se presentaron hoy jueves para ingresar a la fábrica se encontraron con que Mariel Bolo nunca apareció, violando así el convenio firmado, avalado por las grandes marcas y firmado por la Jefa del Ministerio de Trabajo sede av. Callao, Silvia Squire.

Mariel Bolo, sigue creyendo que la impunidad no tiene límite, pero no es así. El ministerio mandó un inspector para que compruebe que la empresa no abrió, junto al sindicato de costureros SOIVA.

Ante todo lo descripto, si la actitud de la patronal sigue siendo así, los trabajadores tendrán que tomar nuevas medidas que seguro el Ministerio avalara y acompañara cualquier decisión, ya que son privilegiados actores de la impunidad de la empresa.

Mañana viernes 17 habrá una audiencia a las 13 hs, donde Mónica Mariel Bolo tendrá que explicar porque no abrió la fábrica y determinar cuáles son los plazos para pagar toda la deuda.

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85 COSTUREROS EXPLOTADOS LOGRAN CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO Y REINCORPORACIÓN

01/15/2014

Victoria de los 85 costureros despedidos. Pago de sueldos y reincorporación

15012014

bandera

Le torcieron el brazo a las grandes marcas de ropa los 85 costureros despedidos de la fábrica Mariel Bolo. Montagne, Cheeky, Mimo, Yagmour y Bolo tras 40 días de lucha y 1 día dentro del Ministerio de Trabajo firmaron un acta donde se comprometen a la reincorporación y pago de las deudas salariales de los 85 trabajadores.

1 hoja del acta

1 hoja del acta

Este jueves 16 serán reincorporados a la fábrica en Doblas y Zañartú en Parque Chacabuco y se les abonará la deuda salarial en cuatro partes en un mes.

2 hoja

2 hoja

 

Así consta en el acta (ver foto) que firmaron al filo de la medianoche de este martes las marcas, el Ministerio de Trabajo, la firma Bolo, el sindicato de costureros SOIVA y los delegados de los costureros despedidos.

Sin lucha esto hubiera sido imposible.

3 hoja

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http://www.infobae.com/2014/01/14/1537105-trabajadores-empresa-textil-levantaron-la-toma-del-ministerio-trabajo

Trabajadores de empresa textil levantaron la toma del Ministerio de Trabajo

La sede de la avenida Callao 114 de la cartera laboral fue liberada luego que los manifestantes aceptaran la oferta del pago escalonado de los sueldos adeudados de noviembre, diciembre y enero y la promesa de reabrir la fábrica el próximo jueves

Los manifestantes, quienes trabajaban para la fábrica perteneciente a Mónica Mariel Boló, de nombre homónimo, habían tomado la sede gubernamental en la tarde del lunes tras fracasar la cuarta audiencia de conciliación.

“En el acta que se firmó, la dueña ofreció pagarles dentro de dos días un adelanto de los sueldos atrasados y en el transcurso de dos semanas completarlos”, relató Ezequiel Conde, de La Alameda, organización que acompañó desde el inicio el reclamo de las 85 personas afectadas, con relación a los períodos de noviembre, diciembre y enero.

La titular de la textil, además, se comprometió a reabrir la fábrica que funcionaba en la calle Zañartú 607, del barrio porteño de Parque Chacabuco, y restituir los puestos de trabajo el próximo jueves, al tiempo que las marcas para las que produce ese establecimiento facilitarán material para comenzar a producir.

Durante el mes que duró el conflicto, los empleados denunciaron que Mónica Mariel Boló cerró sus puertas hace un mes “sin previo aviso”, dejando sin trabajo a 85 personas, quienes llevaron el conflicto al Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria.

La quinta audiencia se desarrolló este martes con la presencia de los abogados de todas las empresas textiles, el sindicato de costureros, el titular de la Pastoral de Migraciones del Arzobispado de la Ciudad, José Juan Cervantes, y abogados de la Alameda.

Esa textil confeccionaba ropa para marcas como “Montagne, Cheeky, Mimo, Prestige, Peramus y Yagmour, en jornadas laborales de 12 horas, en negro, sin aportes, aguinaldo, vacaciones ni el cumplimiento de las normas básicas de seguridad, higiene e infraestructura”, según denunciaron los manifestantes.


ARRANCA JUICIO POR TRABAJO ESCLAVO EN TALLERES TEXTILES

09/18/2013

Empezó el primer juicio oral por talleres textiles esclavos en Capital Federal

18092013

Este martes inició la primer audiencia del primer juicio oral y público por talleres textiles esclavos en Capital Federal denunciados por la Alameda junto a la Defensoría del Pueblo porteña. En la sede de los tribunales federales, más precisamente en el SUM del subsuelo de av Comodoro Py 2002, se inició tras ocho años de causa judicial el juicio que involucra a 14 personas en su rol de talleristas (capataces de nacionalidad coreana, boliviana y una argentina) que producían en talleres esclavos del sudeste de la Capital Federal, y a la que se sumó otra causa del año 2009 que involucra a una argentina intermediaria de un taller esclavo que producía la marca Kosiuko.
El Tribunal Oral Nº 6 que ayer estuvo presidido por María del Carmen Roqueta, y que integran Julio Panelo, y José V. Martínez, se dedicó a leer los autos de elevación a juicio oral redactado por el juez federal de primera instancia Julian Ercolini, y el fiscal Jorge Di Lello que lo había solicitado el último día hábil del 2008.
Tres imputados están prófugos y por los once imputados presentes ninguno aceptó la indagatoria ofrecida por el Tribunal Oral. Todos por ahora se llamaron a silencio. Sí por algunos imputados se leyó sus testimoniales ante el juez de primera instancia. Las marcas de ropa Montagne, Rusty y Lacar (hoy cooperativa de trabajadores) proveedores de los talleres esclavos no se encuentran involucrados en el juicio oral.
En la la sala de audiencia no había ningún medio de comunicación. Solo cuatro parientes de los imputados y miembros de la Fundación Alameda. Toda la jornada fue filmada y grabada su audio. El titular de la fiscalía oral N° 5 Horacio Asolin y estuvo presente junto a su secretaria pero no tuvo protagonismo en la audiencia. 
Desde el tribunal oral se le consultó a cada imputado que pasaba al frente donde vive, por su trabajo, los datos familiares y su estado de salud.
Todos los abogados defensores se plegaron al pedido de acceder a los legajos reservados. El fiscal Asorin no se opuso a la solicitad de las defensas pero pidió resguardar la identidad delos testigos hasta que decidan los jueces el momento de revelar la información. 
Es conocida en las causas de la Alameda el secuestro de testigos, amenazas de muerte y los reiterados atentados que han sufrido los integrantes de la Alameda por denunciar a las mafias de la trata y esclavitud laboral que cuentan en reiterados casos con complicidad de los funcionarios policiales, políticos y judiciales. 
Ninguno de los imputados pudo dejar claro que su trabajo sustenta su vivienda. Muchos hablaron de changas, sin trabajo u otros oficios pero a la hora del pago de alquileres excedían sus ingresos. Se mostraban como personas humildas pero en los allanamientos a sus talleres contaban con decenas de maquinas.
Hoy miércoles la audiencia leyó la elevación a juicio por tres talleristas de nacionales coreana. el juicio se reanuda el próximo martes. Darán testimonio el titular de la Alameda, Gustavo Vera, el cónsul de Bolivia, la defensora del pueblo porteña Alicia Pierini, el ex subsecretario de trabajo, Alejandro Pereyra que investigó a Kosiuko.

La caratula de la causa es Juan Carlos Salazar Nina (dueño del taller detrás de la comisaría 40 en la calle Eugenio Garzón 3853, barrio Parque Avellaneda) por reducción a la servidumbre (mínimo 4 años y máximo 15 años) y como al resto se le imputa violación a la ley federal de Migraciones artículo 117 con sus agravantes que tiene penas que van de 1 a 6 años.

Salzar Nina y Flores Alarcon fueron denunciados en diciembre de 2012 por la Alameda y la secretaria de DDHH de la CGT, a cargo de Julio Piumato, porque en el taller de Eugenio Garzón 3853 seguía cometiendo los mismos delitos del 2005. La jueza federal Romilda Servini de Cubria le otorgó a los imputados el sobresimiento.

LOS IMPUTADOS:

Andrea Marina Beatriz Repara Fiori, intermediaria deKosiuko

Julio Parisaca Cocarico
Rosa Amalia Cancari
Martin Fernandez Llanos
Juan Carlos Salazar Nina
Remedios Flores Alarcón
Esteban Mario Lucano Choque
Lucio Huanca Canicaya
Y tres personas de nacionalidad coreana

ORIGEN DEL JUICIO ORAL

Los talleres de Salazar Nina y Flores fueron los primeros denunciados por la Alameda junto a la Defensoria del Pueblo porteña en octubre de 2005. Una decena de costureros que habían sido explotados en los talleres de Eugenio Garzón 3853 y Laguna 940 denunciaban que los habían traído engañados de Bolivia, que los obligaban a trabajar entre 14 y 16 horas por una miserable paga, que no los dejaban salir del taller y que los talleristas estaban arreglados con la comisaria N° 40, ubicada justo detrás de la sede policial. Los dos talleres esclavos confeccionaban para las marcas Lacar y Montagne, las dos primeras de las 106 que serian denunciadas por los mismos delitos.

A fines de octubre del 2005 el Juzgado Federal Norberto Oyarbide allanó los dos talleres y las oficinas de las dos marcas denunciadas. Pero al mes se declaró incompetente y pretendió pasar la causa a un tribunal inferior. Al año siguiente, la Cámara Federal de Apelaciones le revocó el fallo de primera instancia y le ordenó a Oyarbide no sólo continuar investigando este caso, sino además sumar en esa causa a todas las marcas y talleres que fueron denunciados en el ámbito de la Capital Federal por delitos similares. Fue así que nació la megacausa contra el trabajo esclavo donde hoy hay denunciadas 106 marcas y más de seiscientos talleres clandestinos con trabajo esclavo.

En mayo de 2007, Oyarbide vuelve a allanar los talleres clandestinos de Salazar Nina y Remedios Flores junto a otra docena de talleres. Al poco tiempo resuelve procesar a los talleristas por reducción a la servidumbre y explotación de indocumentados. La Cámara Federal confirma el fallo y eleva las actuaciones al Tribunal Oral Nº 6 que ya va a cumplir cinco años de demora en comenzar el debate oral.

Mientras algunos de los talleristas procesados se dieron a la fuga, Salazar Nina y Remedios Flores no tuvieron empacho en rearmar el taller clandestino con trabajo esclavo exactamente en la misma casa donde fue allanado y procesado. Parece no importarles su situación judicial y que estén en las vísperas del juicio oral. Más aún, eligieron reiniciar sus actividades en el taller de Garzón 3853, cuyos fondos dan directamente al patio de la comisaria 40.

La Alameda a mediados de diciembre volvió a infiltrarse en el taller haciéndose pasar por gente en situación de vulnerabilidad que buscaba desesperadamente empleo lograron entrar y filmar con cámara oculta al taller de Garzón 3853. Los atendió la procesada Remedios Flores, quien les explicó que en ese taller se pagaban 3 pesos por prenda, que las jornadas eran como mínimo de 14 horas y que muchos costureros estaban allí con cama adentro. A Remedios Flores y su cónyuge Salazar Nina, parece no importarles pagar la mitad del sueldo mínimo imponer una jornada que excede el máximo legal permitido y auspiciar la contratación informar de migrantes en situación irregular. Los mismos hechos por los que hace siete años son juzgados, son los que ahora replican mientras esperan el juicio oral.

El caso Salazar Nina y Remedios Flores que comenzó a develar la trama del trabajo esclavo en la industria textil, incluso antes del incendio en el taller esclavo de la calle Luis Viale donde murieron dos costureros y cuatro niños, muestra de cuerpo entero la impunidad de la que gozan los esclavistas cuando la justicia es lenta y cuando no se incautan los bienes del delito.

Como contrapartida en el 2007, el juez federal Sergio Torres allanó un taller esclavo en el barrio de Parque Patricios donde también procesó a los talleristas y fabricantes. Pero en este caso resolvió en tres meses incautar toda la maquinaria y ponerla a disposición del INTI para que reagrupe a las victimas en cooperativas y recuperen un trabajo digno. Hoy trabajan dignamente en un Centro Demostrativo de Indumentaria donde 9 cooperativas con más de un centenar de costureros retornaron a la dignidad.


ABAL MEDINA INSTALÓ EL COMITÉ EJECUTIVO CONTRA LA TRATA

09/03/2013

CASA ROSADA

“Es una aberración que en pleno siglo XXI siga habiendo trata de personas”, sentenció Abal Medina

El Jefe de Gabinete afirmó que “es una aberración que en pleno siglo XXI siga habiendo trata de personas”, en el marco de la primera reunión del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Además, resaltó que “si bien en estos años hemos hecho mucho en relación a este tema, todavía queda mucho por hacer, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos reclama día a día, muy especialmente, que sigamos trabajando para poder resolver definitivamente este problema”.

En ese sentido, el Jefe de Gabinete explicó que “el principal objetivo del Comité es coordinar conjuntamente las acciones que cada área viene realizando para poder colaborar entre todos a una mejor implementación de la Ley de Trata de Personas”.

El Comité fue creado según lo establece la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

En esta primera reunión estuvieron presentes los integrantes del flamante Comité, que queda constituido (según el artículo 11 de la Ley) por un representante del Ministerio de Seguridad, Federico López Spada, Subsecretario de Articulación con el Poder Judicial y los Ministerios Públicos; un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, Subsecretario de Política Criminal; un representante del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia; y un representante del Ministerio de Trabajo, Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales.


INDUSTRIA TEXTIL Y TRABAJO ESCLAVO EN ARGENTINA

08/26/2013

23.08.2013 | 01:17 |  El Papa, los troskos y el ejemplo de Ombú

 Por: 

Un ejemplar de las nuevas prendas que se presentaron en el desfile realizado en pleno Palermo Hollywood el sábado pasado lucía en una foto enmarcada que colgaba en una punta de la pasarela, y en la que se apreciaban dos detalles especiales: la remera es sostenida por el Papa Francisco y tiene escrito de su puño y letra una dedicatoria que dice “Al amigo de la Alameda y No Chains, con afecto, Francisco”, y con el agregado irónico, entre paréntesis: “¿Se acuerdan de los troskos de Dios?”.

El amigo del Papa es Gustavo Vera, un ex trotskista que preside la Fundación Alameda de lucha contra el trabajo esclavo y los talleres textiles clandestinos, y que será el candidato que encabezará la lista a legisladores porteños que el espacio Unen presentará en las elecciones distritales del 27 de octubre. A Vera se lo ve en la foto tomada a fines de junio pasado durante una audiencia en el Vaticano sosteniendo junto al Papa la remera. En 2010 el entonces cardenal Jorge Bergoglio había estado presente en el primer lanzamiento de las remeras de No Chains, una red de cooperativas textiles que, además de la Alameda, integran asociaciones de Tailandia, Indonesia, Hong Kong y Filipinas, y que el sábado pasado lanzó sus nuevos diseños con un desfile en el Mercado de Economía Solidaria ubicado en Bonpland al 1600.

La industria textil tuvo una década ganada en términos de producción y empleo, pero no en condiciones laborales. Según cifras del Ministerio de Trabajo, mientras el número de costureros que trabajan en blanco pasó de 25.000 a 50.000 desde 2003 hasta ahora, la cantidad de no registrados se triplicó de 40.000 a 120.000. Y en muchísimos casos los que están en la informalidad trabajan en situación de extrema precariedad, a veces rayana en la esclavitud.

Con la por entonces sensible conducción de Enrique Martínez, a mediados de la década kirchnerista el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) comenzó a ocuparse del problema. Desde 2005 venía realizando tareas de concientización en todas las partes involucradas, pero luego de la tragedia ocurrida en marzo de 2006 cuando el incendio de un taller clandestino en la calle Luis Viale de la Capital Federal terminó con la vida de seis personas, el organismo se dispuso a desarrollar un programa de certificación de condiciones laborales y ambientales que terminó plasmada en una normativa de carácter voluntario conocida como “Compromiso Social Compartido (CSC)”.

La idea es que las empresas del sector le soliciten al INTI que certifique el cumplimiento de una serie de requisitos que demuestran la vigencia de condiciones laborales dignas (particularmente la ausencia de trabajo infantil, de trabajo forzado, de violencia laboral y de discriminación), la protección de los derechos del trabajador (en materia de remuneraciones, libertad sindical, ética laboral y capacitación profesional), el cuidado de la salud y de la seguridad ocupacional, el respeto al medio ambiente, y la lealtad comercial. El procedimiento de certificación incluye la verificación de que los requisitos también son cumplidos por los licenciatarios y por los principales proveedores, es decir los talleristas y los trabajadores a domicilio.

Según datos de la AFIP, en el país hay registradas algo más de 3.200 empresas en el rubro textil, de las cuales cerca de 2.000 son microempresas y alrededor de 900 son pequeñas firmas; pero casi el 80 por ciento de las ventas son efectuadas por las 300 y pico de tamaño mediano y las 56 grandes compañías del sector.

De todas ellas, sólo una cuenta con el certificado de Compromiso Social Compartido. Luego de una minuciosa auditoría a la empresa y a toda su cadena de valor, a fines del año pasado el INTI le otorgó el certificado de CSC a Ombú, la tradicional marca de ropa de trabajo que en su origen fue de Grafa (Bunge & Born) y que ahora es propiedad de una multinacional que surgió de la fusión de la brasileña Santista (compró Grafa a mediados de los ’90) con la española Tavex. La certificación incluye a la fabricación del hilado, a los licenciatarios que confeccionan las prendas, y a los talleres tercerizados que completan el proceso productivo.

Desde que el INTI tuvo listo el programa y convocó a las empresas del sector, más de 100 mostraron algún interés, pero finalmente desistieron todas menos Ombú. Debe haber habido variados motivos que explican el abandono, pero seguramente una de las causas principales fue la falta de voluntad o capacidad para cumplir con los requisitos exigidos.

El INTI pretende que el programa sea potenciado por presión de la demanda. La idea es que, además de la presentación voluntaria, las firmas textiles se vean inducidas a contar el certificado, ya sea porque los consumidores u ONGs lo reclaman o porque resulta indispensable para poder participar de licitaciones de compras de organismos públicos o privados.

Respecto de esto último, en su tesis para la maestría en Derecho del Trabajo de la Universidad de Tres de Febrero, el abogado del INTI Adrián Choren señala: “Si la herramienta de la compra sustentable se utiliza desde el Estado en su conjunto (Nacional, Provincial y Municipal) se pueden lograr mayores resultados”.

En ese sentido se ha avanzado poco. El de Defensa ha sido el único ministerio nacional que se comprometió por convenio a contratar sólo a aquellas empresas que al menos hayan adherido al programa de CSC, es decir que aunque no cuenten con el certificado cumplen con cuatro requisitos mínimos (ausencia de trabajo no registrado, forzado e infantil, y adecuadas condiciones de seguridad e higiene). Y, dicho sea de paso, el ministerio se vio obligado a otorgar un período de gracia a varios de sus proveedores para no quedar desabastecido de uniformes.

Un convenio similar ya fue suscripto por la Dirección de Escuelas bonaerenses, y a nivel nacional las carteras de Justicia e Interior estarían por asumir el compromiso de condicionar sus compras a la presentación del certificado CSC o, al menos, de la adhesión al programa.

En forma paralela, el INTI está empujando para que la Oficina Nacional de Contrataciones aplique el criterio a todas las compras que realiza el Estado, que en el caso de indumentaria ascendieron en el año 2010 a más de 100 millones de pesos, según datos de esa repartición.

Los especialistas del INTI en el tema señalan que el criterio bien podría extenderse a todas las compras que realiza el sector público, e incluso fijarse como requisito para recibir algún tipo de beneficio estatal, como por ejemplo financiamiento promocional o Repro del Ministerio de Trabajo.

Porque hay que tener presente que así como en la industria textil el trabajo en negro se cuenta de a miles, en el país lo padecen millones.


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