VIDEO: MERCEDES ASSORATI Y FERNANDA GIL LOZANO CON LORENA MACIEL

11/27/2013

PROGRAMA SERÁ JUSTICIA – CANAL METRO
26 DE NOVIEMBRE DE 2013

La trata de personas: un delito que llegó para quedarse

Seis mil mujeres víctimas fueron rescatadas en los últimos 5 años. Las cifras son alarmantes. No hay contención ni ayuda y la ley aún no esta vigente. Entrevista de Lorena Maciel a Mercedes Assorati y Fernanda Gil Lozano


PROSTIBULOS DEL BARRIO DE ONCE

11/07/2013

Si lo vió y filmó la Alameda, si los denunciamos nuevamente en la presentación de 616 prostíbulos en la ciudad, si representan claramente una amenaza en todo sentido, hasta para la salud pública porque la verdad dan ASCO

¿PORQUÉ SIGUEN FUNCIONANDO ?


VATICANO CREARÍA UNA RED MUNDIAL CONTRA LA TRATA

11/07/2013

VATICANO CREARÍA UNA RED MUNDIAL CONTRA LA TRATA


ENTRE RÍOS: PESE A LEY PROSTÍBULOS 0, DENUNCIAN ZONA LIBERADA

09/16/2013

Presentaron una denuncia por “zona liberada” para la trata en Paraná

Publicado el 8 sep 2013. Archivado bajo Locales.

Se realizó una denuncia en la Fiscalía Federal de 1º instancia para que la justicia investigue lo que ocurre en la plaza Martín Fierro de Paraná, lindante con la terminal de ómnibus de pasajeros, que aparentemente se convierte en “una zona liberada”, donde hay trata de personas y se vende drogas, informaron a AIM. 

Plaza Martín Fierro de Paraná. Foto: AIM.

Plaza Martín Fierro de Paraná. Foto: AIM.

La organización civil Red Alerta de Entre Ríos contra el abuso sexual y explotación comercial, concretó una denuncia en la en la Fiscalía Federal de 1º instancia, donde se demandó que se investigue lo qué ocurre en la plaza Martín Fierro, indicó a esta Agencia la presidenta de la ONG, Silvina Calveyra.

En ese sentido, la militante social explicó e “la presentación surgió por las reiteradas denuncias de vecinos quienes afirman que la zona se convierte  en un merodear de personas extrañas, quienes venderían drogas y habría gente que ‘regentea mujeres’, por lo que tienen miedo”.

Además, apuntó que “los vecinos dicen que la zona está liberada, manifestando que la policía tiene las manos atadas por miedo a que les realicen sumarios”.

En ese contexto, desde La Red Alerta consideran que “no se puede permanecer en silencio y avalar presuntas maniobras delictivas de redes mafiosas que se mueven en el marco del crimen organizado, por lo que se puso en manos de los canales institucionales la grave preocupación”, afirmó Calveyra.

 

Afirman que se intensifica el combate contra las redes de trata

Publicado el 13 sep 2013. Archivado bajo Política.

Tras la promulgación en diciembre de 2012 de la ley que prohíbe la instalación de establecimientos para la explotación sexual en la provincia, la Policía de Entre Ríos “trabaja para controlar la prostitución callejera y evitar que las mujeres sean víctimas de trata”, confirmó a AIM el jefe de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, José Oscar Zarate. Sin embargo, admitió que “una delgada línea separa la prostitución de la trata. Hay vulnerabilidad, es indudable, porque la prostitución  lleva en muchas oportunidades a la trata: captación, transporte y lugar de acogida. Nuestro trabajo está ahí, justamente, en la prevención”.

Prostitución y trata, una delgada linea las separa. Foto:www.pagina16.com.ar

A pesar de la clausura de todos los prostíbulos en el territorio entrerriano, el mercado de la prostitución y su relación con la trata de personas, sigue vigente. Días atrás, AIM hizo pública una denuncia que se presentó en la Fiscalía Federal de 1º instancia para que la justicia investigue lo que ocurre en la plaza Martín Fierro de Paraná, lindante con la terminal de ómnibus de pasajeros, que aparentemente se convierte en “una zona liberada, donde hay trata de personas y se vende drogas”, según informó a esta Agencia la presidenta de la organización civil Red Alerta de Entre Ríos contra el abuso sexual y explotación comercial, Silvina Calveyra.

Tras esa publicación, AIM consultó sobre el tema al comisario Principal José Oscar Zarate, jefe de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, dependiente de la dirección de Investigaciones,  quien señaló que el área se creó en 2008, luego de la aprobación de la ley nacional 26.842 de Trata de Personas. “Acorde a lo que prevé la ley, nuestro accionar es preventivo.  A partir de la sanción de la ley nacional, la Policía de Entre Ríos a través de la División Trata de Personas, reforzó los operativos para delinear acciones con cada una de las jefaturas departamentales de la provincia, a fin de establecer los lineamientos de trabajo para combatir el delito de trata”.

En 2008, recordó Zárate, la situación era muy complicada porque los prostíbulos eran el punto de inflexión donde se establecía la trata de personas. “En base a ello se trabajó con normativas, con distintos estamentos de gobierno y sociales, solicitándoles a los municipios que se adhirieran a esta ley, porque otorgaba el marco preventivo para el cierre de los prostíbulos  y locales prohibidos por la normativa. Estos procedimientos fueron posibles gracias a la colaboración de los intendentes municipales que adhirieron por ordenanza a la ley, permitiendo un rápido y efectivo accionar policial”.

Si bien el cierre de los prostíbulos fue un hito en la lucha de la trata de personas, Zárate precisó que “aunque hemos logrado un avance más que significativo y fue un punto de quiebre en la prevención  que veníamos realizando, aún nos queda un importante trabajo por delante. Nuestra intervención es preventiva, de estadísticas en cuanto al detalle de los movimientos que se establecían en otros lugares. Cuando la Legislatura entrerriana aprobó la prohibición de prostíbulos y explotación sexual, ley provincial 10.186, tomamos la iniciativa de aplicarla de inmediato”, subrayó el comisario.

Cabe recordar que el artículo 10º de la citada norma  establece que “los municipios y comunas de la provincia de Entre Ríos deberán adherir a las disposiciones de la presente ley, quedando facultados a solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar adelante los procedimientos normados en esta ley”.

La diferencia con la prostitución callejera
Zárate aclaró que la norma provincial 10.186, que prohíbe los prostíbulos y la explotación sexual no se refiere a la prostitución callejera. “Cuando decimos prostitución-trata, hay una delgada línea que las separa. Hay vulnerabilidad, es indudable, porque la prostitución  lleva en muchas oportunidades a la trata: captación, transporte y lugar de acogida, que se daba en los prostíbulos, cabaret o disquerías. Nuestro trabajo está ahí, justamente, en la prevención”.

Plaza Martín Fierro de Paraná. Foto: AIM.
Plaza Martín Fierro de Paraná, zona “caliente” en la ciudad. Foto: AIM.

La zona “caliente” de Paraná
El funcionario admitió que si bien el trabajo de prevención se desarrolla en toda la provincia, en Paraná, ciudad capital de Entre Ríos, hay una zona a la que denominan “caliente”,  donde trabajan permanentemente. Se trata de la ubicada en la Terminal de Ómnibus, desde Avenida Ramírez, hasta tres o cuatro cuadras alrededor de las Cinco Esquinas. “La llamamos ‘zona caliente’ en la prostitución, tanto de hombres como de mujeres. Allí, los operativos se realizan permanentemente, ya que, aunque la prostitución no está prohibida, ejercemos un contralor sobre los que se mueven en ese entorno, en un marco de protección y estadística, para saber qué cantidad de personas se vinculan en ese ambiente. La prostitución lleva a la trata”, ratificó.

Justamente, la denuncia que se presentó en la Fiscalía Federal de 1º instancia para que la justicia investigue lo que ocurre en la plaza Martín Fierro de Paraná, lindante con la terminal de ómnibus de pasajeros, es la zona a la que se refiere Zárate.  “La investigación ha dado resultados positivos; trabajamos entre las 18 y las 6 de la mañana,  porque es el horario en el que, en general, se mueven las personas de malvivir, que son las que regentean  o determinan acciones sobre menores”. “Días atrás rescatamos a una menor de 18 años, y detuvimos a un proxeneta que en la calle prostituía a sus dos hijos menores”.

Zárate se refirió también a la detención de un santafesino de 20 años,  quien quedó involucrado en una casa por el delito de “facilitación” de la prostitución. En esa oportunidad, el muchacho buscó evitar la identificación de una adolescente de 18 años que se encontraba en la zona de la Terminal vieja ofreciendo sexo en la calle. “En este último mes hemos realizado tres procedimientos en esa zona, todos con resultados positivos, más allá que a diario se controla la identificación de personas que, en un 70 por ciento, son de Santa Fe, mientras el 30 por ciento restante son de la provincia”, destacó.

Sobre la ley 10.186
Por otra parte, el titular de la dirección de Investigaciones, comisario general Luis Esteban Albarrasín destacó los avances en materia de prevención del delito de trata: “fuimos pioneros en este aspecto, creamos una División Trata de Personas que permanentemente está realizando operativos de estas características. Contamos con una herramienta jurídica que es la ley 10.186, que posibilita erradicar definitivamente este delito; y lo más importante es que tiene que ver con las víctimas de trata, mujeres que se encuentran dentro de estos lugares”.

El funcionario policial agregó que “la misma norma las presume victimas de trata, por lo tanto se aplica de lleno la ley 10.032,  que es el Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, lo que implica conocer cuál va a ser su derivación y qué va a acontecer con ellas, según sea su destino y origen”, dijo.

Trata de personas, una realidad que sigue vigente Foto:http://chacatorex.blogspot.com

Además insistió que “el mayor objetivo es dar cumplimiento a la normativa vigente, trabajar junto con las instituciones que tienen el abordaje de la trata de personas. Por ello destaco la labor que realiza en prevención la División de Trata de Personas”, afirmó.

La realidad
En un país de tan vastas dimensiones como el nuestro, con centenares de pasos fronterizos, poco podrá avanzarse hasta que no se pongan en marcha procedimientos y organismos coordinados y capacitados que permitan el rastreo de las personas desaparecidas y de los integrantes de las redes, ya que se conoce bien la facilidad con que estos delincuentes se desplazan con sus víctimas de una provincia a otra, e incluso hacia el exterior.

Un poco de historia
Las denominadas zonas “rojas” o “calientes”, donde se ejerce la prostitución,  se encuentran en todas las ciudades del mundo.

Para muestra basta un botón: la “Zona Roja” de Amsterdam, en Holanda, es un lugar ampliamente conocido en todo el mundo. En ese lugar,  que existe aproximadamente desde el año 1200, conviven la prostitución con la vida de vecinos “normales”. Claro que en esa época no se la llamaba así. En la actualidad, la Warmoestraat es la calle más visitada en la parte más vieja de la ciudad. Comienza cerca de la Estación Central y al caminar, los visitantes  pueden encontrar el Chickita’s Sex Paradise, y algunos otros locales gay con todo el cuero y el latex. Al inicio de la calle Zeedijk se conserva una de las casas más antiguas, construida en madera.

La prostitución siempre estuvo presente. En la Edad Media, los burdeles se hallaban en distintos lugares. Los ubicados entonces en la actual calle Damstraat eran administrados por el sheriff de Amsterdam y sus hombres de confianza. El puerto de Amsterdam siempre tuvo entre sus visitantes a gente de negocios y hombres de mar que frecuentaban la ciudad.

En el siglo XVI,  la prostitución estaba prohibida,  pero en ese período se desarrolló aún más. En el siglo XVII aparecieron las vidrieras en la zona, o sea que el fenómeno actual se originó en la costumbre de las prostitutas que se ofrecían como mercancía desde la puerta o la ventana de su casa.
De la Redacción de AIM


ESCLAVITUD CERO DENUNCIA AL LEGISLADOR CONTRERAS

09/06/2013

ESCLAVITUD CERO JUNTO A LA ALAMEDA Y LA DIPUTADA GIL LOZANO (CC) DENUNCIAN AL DIPUTADO CONTRERAS POR SUS VERGONZOSAS, PATRIARCALES Y HUMILLANTES DECLARACIONES PÚBLICAS EN TORNO A LOS PROSTÍBULOS
la foto
Las declaraciones vertidas por el Diputado Rubén Contreras, no sólo son una forma de violencia hacia las mujeres al colocarlas en la categoría de “objetos” en venta para la distracción y solaz de los hombres, sino que también son vergonzosas para los hombres, toda vez que los equipara con animalitos descerebrados, incapaces de contener sus impulsos.  
La ex diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, Fernanda Gil Lozano, el actual candidato a legislador por UNEN y miembro de La Alameda , Gustavo Vera y Mercedes Assorati de ESCLAVITUD CERO, presentaron hoy a las 12:30 pm en los tribunales de Comodoro Py, una denuncia penal contra el diputado y jefe de la banacada kirchnerista en Santa Cruz, Rubén Contreras, por  comisión de delitos de acción pública, quien declaró “estar a favor de las  whisquerías y los cabarets”. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Nro. 6, a cargo del Juez Canicoba Corral.

También afirmó Contreras: “hay una necesidad, todos lo sabemos. Tenemos una necesidad de tener una distracción, de estar en algún momento con alguna mujer. Es fundamental para la vida de un hombre”. El presidente del bloque Kirchnerista de diputados advirtió que sin prostíbulos “puede llegar a haber otras cosas, como violaciones u otras cosas” y afirmó estar “de acuerdo con que los locales estén abiertos.” 

Como es de público conocimiento, Contreras, Jefe del bloque del Frente para la Victoria en Santa Cruz, ratificó sus dichos respecto a los locales en los que se ejerce la prostitución e incluso,  reconoció: He estado en lugares con coperas”.

Como bien expresa Fernanda Gil Lozano “Las declaraciones de Contreras, además de constituir delitos de acción pública, provocan  el legítimo rechazo de vastos sectores sociales, están plagadas de prejuicios sexistas, pretenden minimizar y hasta ridiculizar un verdadero problema que viene sufriendo nuestra sociedad: el delito de trata de personas, o bien la violencia sobre la mujer o situaciones de abusos que, bajo ningún punto de vista, pueden encontrar justificación. La conducta del imputado es violatoria de la Ley N º 26.485 Protección integral a las Mujeres. Esta norma entiende por violencia mediática contra las mujeres, aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente, contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

Por otra parte, ESCLAVITUD CERO entiende que el legislador Kirchnerista desconoce la legislación vigente que prohíbe la existencia de prostíbulos en todo el territorio de la República Argentina y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena del año 1949, que fuera ratificado por Argentina y se encuentra vigente. Sus apreciaciones también se oponen a Convenciones Internacionales contra la Discriminación y Violencia hacia las Mujeres.

Si el Diputado Contreras frecuentaba prostíbulos, y los prostíbulos están prohibidos por Ley Nacional, su obligación como funcionario del Estado era denunciarlos. Haber frecuentado esos lugares y no haberlos denunciado constituye un INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO, hecho por el cual también debe ser investigado.  

Esperamos que tanto la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que autorizó la reapertura de los prostíbulos el año pasado mediante una sentencia contra la Ley vigente (por la cual deberían responder), como el legislador Contreras, como la sociedad toda, comprendan que una provincia no puede legislar contra las leyes nacionales ni contra las Convenciones Internacionales que obligan a todas las provincias y Municipios. Si lo hacen, la sociedad les pedirá que rindan cuentas, como comenzamos a hacer mediante esta denuncia. 

Esperamos vuestras adhesiones y muestras de repudio contra este Legislador que es, francamente, indefendible y que no debería estar legislando si ni siquiera está al tanto de la legislación vigente y de los Convenios Internacionales que obligan al Estado Argentino.

Un saludo solidario,

Mercedes Assorati
Coordinadora General
ESCLAVITUD CERO
TEL/FAX: (011) 4 775-6610 CEL: (011) 15 5 620-3649
E-mail: assoratimi@gmail.com
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DIPUTADO K ESTÁ DE ACUERDO CON RE APERTURA DE PROSTÍBULOS

09/05/2013

Estimadxs: 

Estas declaraciones no nos asombran toda vez que, la Municipalidad de Río Gallegos era socia en el negocio de “Las Casitas”. Por otra parte, el cierre de los Prostíbulos en Río Gallegos depende de una decisión administrativa ya que, La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, autorizó la reapertura de los prostíbulos en 2012.

Los intereses económicos mueven el tema para ver si pueden continuar, tanto los funcionarios públicos como los tratantes, con su lucrativo negocio. Debajo de las Declaraciones del Jefe del Bloque de Diputados K, les recordamos todo el caso de “Las Casitas”, un barrio rojo que funcionaba en tierras fiscales, cedidas por el entonces intedente, Néstor Kirchner. 

Sería bueno que este diputado fuera desaforado por sus comentarios claramente sexistas, a favor de la explotación sexual de las mujeres y viendo sus cuerpos con una mercancía para “entretenimiento”. Estos son los funcionarios que no queremos. Recordémoslo en las urnas !

Saludos,

Mercedes Assorati

Un diputado kirchnerista, a favor de los prostíbulos en Santa Cruz

El legislador Rubén Contreras (FpV) rechazó una iniciativa para cerrar cabarets; “Hay una necesidad de distracción, de estar con una mujer, que es fundamental”, dijo

El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria de la legislatura de Santa Cruz, Rubén Contreras , insistió hoy en su polémico rechazo a la prohibición de prostíbulos en la provincia.

“Usted puede ir a un cabaret e iniciar una charla con una mujer. Yo los he frecuentado y no voy a decir que no”, indicó esta mañana en diálogo con el canal Todo Noticias.

Ayer, durante una entrevista radial, el legislador se opuso a una ordenanza para prohibir la instalación de “night club, cabarets y/o whisquerías” en la ciudad de Caleta Olivia.

“Hay una necesidad que todos sabemos, de distracción, de estar con una mujer, que es fundamental para la vida normal de un hombre”, expresó, en diálogo con FM San Jorge.

El legislador kirchnerista argumentó que miles de personas se asentarán en cercanías de las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz por la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. “¿Qué hará esa gente? ¿Qué distracción tendrá? Porque habrá gente soltera, casada”, planteó.

Contreras comentó que mantuvo conversaciones sobre el tema con el diputado kirchnerista de Piedra Buena Gustavo Boldovic y que coincidieron en que por la prohibición “puede llegar haber otras cosas como violaciones”.

“Estoy de acuerdo que los locales estén abiertos, no tiene que haber prohibiciones siempre y cuando estén controlados por el municipio. Muchos no lo quieren hablar pero debe haber un debate sobre el tema”, insistió, según consignó la agencia DyN.

Y agregó: “No estoy de acuerdo con la trata, menores o mujeres engañadas del norte. Tiene que haber conformidad y libertad, como corresponde”..

EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, NÉSTOR KIRCHNER, ORGANIZA UN BARRIO ROJO (DE BURDELES), CUANDO ERA INTENDENTE EN RÍO GALLEGOS. JUSTICIA DE RÍO GALLEGOS AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE PROSTIBULOS EN ABIERTA CONTRADICCIÓN CON LAS LEYES VIGENTES.

En Diciembre de 2012, la Alameda denunció la complicidad del Ex Presidente, Néstor Kirchner con la organización de un Barrio Prostibulario denominado “Las Casitas”, que funcionó durante 20 años en terrenos fiscales pertenecientes a la intendencia de Río Gallegos. Esclavitud Cero tuvo la oportunidad de revisar y leer las pruebas documentales por lo que se reproduce la denuncia, que ahora será investigada por la justicia.

 

A principios de la década del 60 los burdeles estaban desparramados por toda la ciudad de Río Gallegos, en 1964 se agruparon en el Barrio Congreso. En 1979 las trasladaron al barrio Belgrano hasta que en 1989 el intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner resolvió radicarlas en terrenos fiscales por 15 años en las manzanas 639 «A» y «B», con la complicidad de todos los organismos del Estado. A cada proxeneta se le dio una parcela en comodato para realizar construcciones precarias donde funcionarían los prostíbulos en terrenos fiscales. A cambio, el municipio les cobró un “plus” o “canon” para realizar las actividades prostibularias, que nunca fueron de prostitución autónoma y mucho menos de cooperativas y siempre se realizaron con regenteo y proxenetismo como mínimo. Ese plus o canon que reza para la planilla municipal como tierras fiscales, limpieza y conservación fue de $4077,69 por año por Casita de Tolerancia o burdel. Durante 20 años, las 36 casitas prostíbulos que funcionaron en tierras fiscales aportaron al municipio $2.935.936,68, suma que surge de multiplicar el canon anual de cada casita por las 36 (a razón de $146.796,84) y multiplicarlo por las dos décadas que funcionaron hasta la denuncia de la Alameda y el allanamiento judicial. También se presenta documentación de la Municipalidad de Río Gallegos, donde consta que el traslado de los prostíbulos del Barrio Belgrano a donde finalmente se instalaron las Casitas fue planificado y consentido por la intendencia.

 

Cuando se venció el Comodato que la Intendencia de Kirchner les otorgó a los 36 prostíbulos el 6 de diciembre de 1989, el 6 de diciembre de 2004, comenzó a discutirse públicamente en la Intendencia y en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, un falso encuadramiento para las casitas, a fin de darle una apariencia «legal» a lo que a todas luces era ilegal y agravado por desarrollarse en terrenos fiscales y con la complacencia del Estado.

 

Los dueños de los prostíbulos se negaban a pagar algo más que el canon que la Intendencia les cobraba y además reclamaban que les vendieran directamente las parcelas a precio de remate. En mayo de 2007 en una solicitada dirigida al Intendente Héctor Roquel y firmada por los dueños de las Casitas decían que «Las 36 casitas propietarias de las manzanas 639 «A» y «B» solicitamos la venta de los terrenos teniendo como referencia el precio del lote 7 de la manzana 639 «B» que oportunamente fuera comprado por un empleado del Dpto Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos en $2200, Marcelo Oscar Álvarez. Creemos que después de veinte años de haber ofrecido un servicio muy bien ganados tenemos también ese beneficio, asimismo el «arriendo» (las comillas son de la misma solicitada) de las tierras FUE POR UN CONVENIO FIRMADO POR 15 AÑOS DE LAS MANZANAS 639 «A» Y «B» EL DÌA 06/12/1989 EL CUAL CADUCARÌA EL DÌA 06/12/2004 CON EL ENTONCES INTENDENTE DE RIO GALLEGOS DR NESTOR CARLOS KIRCHNER».

 

En esa misma solicitada los proxenetas se quejan de las iniciativas del Consejo Deliberante y la Intendencia de pretender encuadrarlas falsamente como Cabaret clase C y les recuerdan a los políticos que si se habilitan de ese modo «seriamos EL UNICO LUGAR DEL PAÌS donde la prostitución es ordenada y controlada y por consiguiente sería EL UNICO MUNICIPIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA que cobra un plus o canon para ejercer la «prostitución libremente» (comillas de la misma solicitada) con la «venia» de todos los organismos del Estado». Por eso mismo, los proxenetas les proponen a los políticos que dejen de discutir falsas habilitaciones y vayan al problema de fondo: «otra de las alternativas sería «reformar la Constitución provincial» y «Legalizar la prostitución».

 

Los dueños de los burdeles del barrio “Las Casitas” plantearon con crudeza la realidad en Argentina, mientras iban acumulando causas por trata, proxenetismo y explotación de menores en varios juzgados del país, lo que buscaban era la legalización de los prostíbulos (ya que la prostitución no está prohibida) y el proxenetismo, que en realidad siempre funcionó en Río Gallegos, como en todo el país.

 

Pese a todo, la Intendencia y el Consejo Deliberante continuaron empeñados en disfrazar los prostíbulos que todo el país reconocía como prostíbulos con la máscara de Cabarets clase C. Pero como los proxenetas se negaban a habilitarse así y a viva voz les recordaban que eran prostíbulos, la discusión se fue extendiendo en el tiempo y la treintena de prostíbulos de Las Casitas continuaron funcionando de facto y en la ilegalidad, pero en terrenos fiscales y aportando religiosamente el canon a la Intendencia que recaudaba por estos servicios.

 

En la denuncia que determinó el cierre de Las Casitas en 2009, La Alameda probó la explotación de mujeres, migrantes y menores y la venta de estupefacientes en los burdeles instalados en el Barrio “Las Casitas” asentado en tierras del Estado. Es evidente que las máximas autoridades de Santa Cruz no se consideraban obligadas por las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 y del art. 2 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, puesto que de otro modo no se entiende cómo es que no ordenaron el cierre de los establecimientos que funcionan como burdeles, a pesar de tener conocimiento de lo que allí ocurre.

 

La actitud de las autoridades policiales en lo que se refiere al control de los horarios del funcionamiento de los prostíbulos, a la confección de padrones de personas dedicadas a la prostitución y la exigencia de libretas sanitarias por parte de las autoridades municipales de Río Gallegos revela que se está de hecho realizando una suerte de reglamentación de la prostitución prohibida por la ley 12.331 y por el art. 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925. Esta “reglamentación” es considerada desde fines del siglo XIX como una práctica discriminatoria contra la mujer y como favorecedora de la prostitución y de la rufianería» (denuncia de la Alameda del 3 de mayo de 2009).

 

En otro escandaloso fallo que se ventiló este año la Alameda solicitó la intervención de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, porque la Cámara Federal de Apelaciones de Cómodoro Rivadavia había autorizado la reapertura de Las Casitas. La Alameda apeló pero la Sala IV de ese Tribunal confirmó el 23-10-2012, la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

 

En resumen, la Municipalidad de Río Gallegos había entregado en una suerte de alquiler terrenos fiscales para que se construyeran y explotaran prostíbulos, cuestión esta que se encuentra acreditada en el expediente judicial. Es decir que el Estado, a sabiendas, proporcionaba los medios y el patrimonio público para que se pusiera en marcha una empresa criminal de la cual, además, obtenía provecho.

 

La Intendencia de Río Gallegos ha incurrido durante dos décadas en el delito de malversación de fondos públicos y peculado habida cuenta que le dio a terrenos fiscales un uso totalmente contrario a la ley.

Con el ejemplo de Las Casitas se ve claramente que esa Intendencia no tuvo empacho en violar la ley 12.331 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925 que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y al castigo de los proxenetas y ello encima en terrenos públicos.

 


E0 RECOMIENDA: HISTORIA DE LA TRATA EN ARGENTINA

06/23/2013

Historia de la trata, prostitución y legislación

La trata de personas no es un fenómeno nuevo en nuestro país sumado a la prostitución de mujeres. El antiguo reglamento de prostíbulos de Buenos Aires, dictado en 1875 decía simplemente con suma hipocresía: “No podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubiera entregado a la prostitución con anterioridad”.

En la Argentina de aquellos años, y en Buenos Aires sobre todo, había más extranjeros que nativos, y muchos más hombres que mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias de rufianes dominaban no solo el negocio de la prostitución, sino, el denominado “trata de blancas”, denominado así por esclavas sexuales que eran traídas de Polonia para la prostitución en nuestro país.

Cafiolos, cafishios, macrós, rufianes y proxenetas de todo el mundo tenían en Buenos Aires, en la ruta a Buenos Aires, la meca de la prostitución mundial de esos años. El dinero y el poder se entrelazaban como hoy en día, sobre este sucio negocio de esclavas sexuales, y la tolerancia pasaba a ser complicidad y asociación en las utilidades.

En este marco, un joven diputado socialista llamado Alfredo Lorenzo Palacios propone una ley que penaliza la explotación de la prostitución de mujeres y niñas. Es la primera ley en América que protegía a las víctimas, combate el flagelo y penaliza a sus responsables.

La Ley fue sancionada el 23 de septiembre de 1913 bajo Ley Nacional #9143 y sería conocida mundialmente como la “Ley Palacios”. Esta ley reformaba el Código Penal, la figura del proxenetismo. De hecho, En el año 1999, en el marco de la Conferencia Mundial Organizándonos contra la explotación sexual regional y global (Dhaka – Bangladesh, 25 al 30 de enero de1999) la propuesta de rendir homenaje a la Ley Palacios, acordada en 1996 entre el Consejo Nacional del Menor y la Familia de Argentina y la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, figuró en primer término entre las conclusiones para América Latina: “Adoptar a nivel mundial el 23 de septiembre como el Día contra la prostitución, en reconocimiento a la Ley Palacios, primer intento legislativo en el continente contra la prostitución de mujeres, niñas y niños”. 

Años más tarde, en el Boletín Oficial de 11 de enero de 1937 (17 de diciembre de 1936) se promulga la denominada ley de profilaxis antivenérea, o Ley Nacional # 12.331 que en su Artículo #15 prohíbe en todo la república el establecimiento de  “casas de tolerancia”, y en su Artículo #17 penalizaba a quienes incurrían reincidir en esta conducta.

Ha sido concebida desde su sanción, el 17 de enero de 1937, como herramienta legislativa para atacar el fenómeno de la esclavitud sexual de mujeres. El espíritu de esta ley aludía a proteger como bien jurídico la “libertad y dignidad” de las personas e implicó una adscripción de la república argentina al denominado sistema abolicionista que castiga al proxeneta y prohíbe todo castigo a la meretriz. Ley actualmente vigente.

Primera legislación, reforma y deficiencias

Nuestro país, tras los  compromisos internacionales asumidos por el estado que gozan de jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico internacional (lease:Convención sobre el Crimen Organizado Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas –como así- la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena), y ante la observancia de organismos internacionales para el debido cumplimiento de estos compromisos, Argentina crea por Decreto Presidencial #1281/07 una especie de Programa para prevenir el delito de trata de personas pero el decreto tuvo una suerte de acción para parar las posibles acciones de sanción por incumplimiento más que una legitima intención de prevenir el delito de trata de personas.

Durante el 2008 se presentaron en el Congreso de la Nación diversos Proyectos de Ley con la intención de tipificar el delito penalizando a quienes incurren en la trata de personas. Entre los presentados existían interesantes proyectos (Proyecto Dip. Oscar Massei, entre otros), pero siguió adelante el Proyecto de Ley de la diputada Vilma Ibarra que –en mi opinión personal- sería el peor proyecto existente para tipificar el delito, dado que la figura penal propuesta podía configurarse con medios comisivos.

 En un delito complejo en nuestro país, una figura penal de este tipo ponía en el centro de una investigación a una presunta víctima que debía probar que había existido fraude, engañado, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, acciones difícilmente probatorias y dejaba a la victima confrontada por la defensa del tratante en un presunto juicio oral y constituyendo en si la palabra de la víctima contra el tratante tomando la garantía en defensa en juicio en la acción de interrogar o repreguntar a los presuntos testigos. Como regla general, la víctima terminaba con un defensor oficial y el tratante con el mejor abogado que pueda pagar el dinero.

Es así que el 9 de abril de 2008 se sanciona la Ley Nacional 26.364 (proyecto Dip. Vilma Ibarra), siendo que diversas organizaciones de derechos humanos y humanitarias habían criticado las deficiencias, up supra, del proyecto en el recinto legislativo previo aprobación.

Su incorporación en el Código daba prisión con una mínima de tres (3) años en el caso de mayores de 18 años (Art. 145bis) lo que jurídicamente se denominaría “dosimetría penal”, dado a que un delito tan complejo no podía tener una mínima que podría generar la excarcelación cuando la violación simple tiene una mínima de cuatro (4) años.

Existiendo una tipificación penal impropia para la complejidad de la acción delictual, las organizaciones del crimen organizado en nuestro país observaron propicio otorgar ciertas libertades como breves salidas y dar a la victima su documento como forma de burlar a la ley vigente y dificultar la configuración del delito en un presunto allanamiento.

Es así que en diversos informes de organizaciones gubernamentales indicaban considerables procedimientos, rescate victimas, imputados pero casi nulas condenas (dos o tres como máximo).

En algunos casos, las acciones típicas de la trata de personas no se fueron dando como forma para la captación, y las organizaciones criminales transnacionales aceitaron sus modalidades operativas centrando su atención en mujeres en extrema pobreza en los lugares de origen.

En algunos casos investigados por nuestra organización no gubernamental defensora de derechos humanos durante el 2008-2011 observamos que las víctimas eran reclutadas en sus lugares de origen (Rep. Dominicana y Paraguay) en barrios pobres donde vivían en precarias casas hacinadas en pequeños espacios junto con sus familias.

El ofrecimiento dejaba afuera toda acción de engaño o fraude (en algunos casos investigados) y lisa y llanamente se le ofrecía a la víctima trabajar de prostituta en Argentina donde se les argumentaba que ganarían muchísimo dinero y que si lo hacían por un tiempo podrían volver a su país de origen con muy buen dinero.

Con esta acción el tratante dejaba el libre consentimiento de la victima a trabajar como prostituta en un país desconocido, pero para concretar el viaje está debía pagar el costo del pasaje por su cuenta, eliminando acciones típicas de la trata.

Muchas de estas mujeres viajaban a nuestro país con el sueño de poder volver con dinero suficiente para poder tener un buen pasar para ellas y sus familias, y mientras estuvieran aquí poder hacerles llegar mensualmente dinero a sus familias. Tal es el caso que durante el 2008 una familia tipo en Paraguay comía todo un mes con 300 pesos Argentinos. Estas mujeres se sacrificaban por el bienestar de sus familias en sus lugares de origen.

Durante su llegada a la Argentina estas mujeres eran llevadas directamente a los prostíbulos donde comenzaban a trabajar con las mismas modalidades de explotación y viviendo hacinadas en los prostíbulos haciendo pases una y otra vez esperando reunir el dinero para pagar el prestamos del pasaje pedido, reunir dinero pasa su familia y poder irse lo antes posible para volver con sus seres queridos.  

Las formas de dejarlas más tiempo se ejercía al cobrar los elementos de higiene más caros que en un comercio, la comida más cara y la ropa… de esta forma la víctima le quedaba un poco de margen de dinero dificultando poder reunir en una forma de ahorro.

En casos investigados se observó este tipo de conductas por parte de tratantes, por lo cual, en los procesos de allanamiento este tipo de víctimas pasaban “desapercibidas” por no percibir las acciones típicas de la trata de personas.

Otra forma de mantenerlas en los prostíbulos yacía por su condición de extranjera; el desconocer la cultura y costumbres, y la carencia total de documentación que les permitiese su permanencia en nuestro país las obligaba a quedarse en el prostíbulo; nadie les daría trabajo y no contaban con dinero suficiente para afrontar un alquiler, etc. Muchas mujeres eran prostituidas en estas condiciones. 

Durante el periodo 2008-2012, una cantidad incierta de mujeres eran ingresadas a la argentina de forma “legal” pero después de vencidas sus permisos eran ilegales y se encontraban en cualquier parte de nuestro país en situación de “esclavitud”. Esta problemática de ingresos y salida de personas en condición de trata era un verdadero problema de seguridad de estado.

Otro problema creciente es la modalidad de secuestro; esta acción se ha incrementado dado a las dificultades, recursos humanos y costos que genera captar y reclutar mujeres y con el contra punto de ser arrestados en estos procesos. Para el crimen organizado le es más redituable secuestrar sin tener mayores inconvenientes para dicho fin eligiendo victimas de interés para los propósitos de explotación.

Las redes criminales vinculadas a la trata de personas se encuentran asociadas y estrechamente relacionadas con el narcotráfico, dado que ha sido más redituable y con menos persecución que transportar y vender estupefacientes. Una mujer en situación de esclavitud genera aproximadamente a un tratante la suma total mensual de entre 30mil pesos. De hecho, en procedimientos se ha podido comprobar que solamente un fin de semana, un prostíbulo generaba  50mil a 60mil pesos producto de la trata de personas.

Las redes del narcotráfico tiene sus rutas establecidas, lo único que cambia es lo que se transporta, en este caso; seres humanos.

Durante diversas investigaciones en argentina y el extranjero nos hemos encontrado con la existencia de numerosos actores detrás de la trata de persona, muchos brindan protección una acción que permite que la trata pueda subsistir, caso contrario, sería muy difícil su accionar de forma deliberada.

En un caso en la patagónica investigado producto de un dato de una mujer que había podido escapar de una red, los datos aportados por la víctima indicaban que en el lugar de explotación, un prostíbulo llamado “Copacabana” existían menores en situación de prostitución. En el proceso de investigación y labores de inteligencia se estableció que en el mismo lugar se encontraba una sociedad que prestaba servicio a la legislatura, la sociedad estaba compuesta por diversas personas, profesionales y un ex gobernador.

En el proceso se constato que las oficinas de esta empresa fantasma en Buenos Aires funcionaba un prostíbulo. También relacionaba a un diputado en estas maniobras.

Está red descubierta solamente por asociación ilícita lavaba los activos de la trata de personas en un casino de propiedad de uno de los socios de la red.

En otro caso, una red que operaba diversas provincias en la Patagonia tenía protección de diversos jerárquicos policiales en dos provincias, incluyendo a un ex jefe policial provincial. En la investigación por la supuesta desaparición de una adolescente de 15 años el resultado dejó que policías de la comisaría cercana al prostíbulo beneficiaba al tratante al fichar a víctimas de trata de personas. También producto de los testimonios de víctimas menores indicaba que algunos agentes policiales avisaban al tratante cuando se produciría un allanamiento donde autos oficiales de la policía ayudaban al tratante a trasladar a las victimas. En otro caso incluye a la misma red, en una escucha telefónica un comisario avisa al tratante de un procedimiento y a cambio pide servicios sexuales.

En otro caso investigado durante el 2008 centra a una víctima de trata mayor de 18 años, en la intervención realizaba con asistencia de psicólogos tomando recaudos en todos el proceso bajo estrictos protocolos, al llegar al lugar donde se encontraba la víctima que pudo escapar de un proxeneta que la tuvo cautiva bajo la modalidad de engaño por enamoramiento.

En la entrevista se reveló aspectos típicos de la trata de personas y las expresiones verbal/corporal que nos indicaba sobre su frágil condición como víctima. Durante el proceso de entrevista, sonó el teléfono fijo del lugar donde la víctima recibe la primera amenaza de muerte. Al anotar el número que me asombrará que lo hicieran desde una línea fija, nos depusimos a formular una denuncia penal utilizando nuestro nombre para proteger hasta las últimas instancias a la víctima amparándonos en estándares internacionales de derechos humanos.

Al tomar contacto el juez federal con el preventivo (denuncia), inicia la intervención de las líneas fijas y celulares que se aportaron. El asombro es que la amenaza a la víctima había salido del poder judicial.

La trata de personas subsiste gracias a la protección que le brindar los diversos funcionarios de los estamentos nacionales y provinciales. Sin esto, difícilmente pueden operan. Otro beneficio ha sido la omisión pasiva producto del desconocimiento de las modalidades operativas de las redes del crimen organizado vinculado a la trata de personas.

En un caso investigado y denunciado por nuestra organización, una menor pudo entregar un papel a un eventual conductor que se encontraba en la banquina por haber pinchado una cubierta, al llegar a su casa, la persona encuentra entre las llaves el papel y lo lee: “Soy Leslie, me tienen secuestrada, por favor ayúdame pero no llamés a la policía por que están involucrados”. Al denunciar el caso ante la fiscal competente se le indicó en la formal denuncia penal que no se comisionara policías por presunta vinculación de estos con la trata. La fiscal convoco a policías para la investigación no encontrando a la menor.

El desconocimiento de los operadores judiciales sobre la magnitud del delito ha sido otro elemento a beneficio de las redes de trata.

La reforma de la Ley de trata de personas ha sido una respuesta parcial para combatir el delito de forma integral persiguiendo no solamente la conducta de la figura de latrata de personas, sino, de sus delitos conexos que comprende el promover, facilitar y explotar económicamente la prostitución ajena. Esto se suma a una serie de acciones como prohibir los avisos clasificados de sexo, que han ayudado a obstaculizar la explotación sexual ajena obligando a las redes de trata de personas a idear nuevas formas de burlar la ley, pero dejando en ese paso la puerta abierta para ser perseguidos y encarcelados durante ese proceso.  Gracia a estas acciones penales, se crea verdaderos obstáculos a la redes de trata pero estas medidas penales serán eficientes durante un tiempo porque siempre las redes intentarán estar tres pasos delante de cualquier medida de obstaculizar sus actividades o intento de desalentar su accionar para esclavizar a seres humanos para la explotación sexual y laboral.


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