A comienzos de 2013 la oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito presentó un informe donde estima que la trata de personas en el mundo es un negocio de 32.000 millones de dólares anuales. Según la Harvard Review, 27 millones de personas viven en la esclavitud desde que en 1981 la ONU declaró al mundo libre de esa forma de explotación.
De 600.000 a 800.000 personas atraviesan las fronteras internacionales por intermedio de redes de trata de personas, para ser sometidas mediante la anulación de sus derechos y relaciones interpersonales.
Con un sistema de seguridad precario, la frontera de Salta con Bolivia es el paso obligado de personas bajo trata que buscan ingresar a la Argentina o desde nuestros puertos alcanzar países del exterior.
El concepto de “redes” define a estas organizaciones criminales por el alcance de sus ramificaciones, donde se reclutan no solo criminales sino personas que forman parte de estructuras oficiales, sociales o de defensa, y que en diferentes grados aportan al sistema de trata.
La compleja trama social -incluso deberíamos sumar las particularidades geográficas- de las ciudades límites entre Bolivia y Argentina, proveen un escenario beneficioso para descontrol. El llamado “caso Villalba” que este año sorprendió a los salteños, dejó entrever algunas de esas ramificaciones donde intervienen actores de ambos lados de la frontera.
Una línea que terminó de definirse recién en la década del 50 y que en 2011 fue violentada por el coronel boliviano Willy Gareca bajo la excusa de que Argentina robó territorios a su país.
Dramáticamente se expresa lo confuso o complejo de la línea fronteriza, donde más de una finca argentina termina en Bolivia o viceversa. Incluso casas particulares de Salvador Mazza.
Desde el inicio del siglo XXI la región ha sido testigo del establecimiento y crecimiento de nuevas formas de delinquir en el norte salteño. Como resultado, más de una decena de personas fueron asesinadas por un sicariato novedoso, creció el número de personas implicadas en negocios ilegales con la consecuente sobrepoblación carcelaria, es incesante el tráfico de drogas, armas, balas y personas, se hace evidente la implicación de personal del Estado en delitos relacionados.
Pero, como mostraremos, la ausencia de acuerdos binacionales de alcance profundo, deja espacios vacíos donde operan estos intereses.
A fines del año pasado el representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), César Guedes, señaló que Yacuiba -frente a Salvador Mazza- y Bermejo -frente a Aguas Blancas, ambas localidades salteñas- eran los puntos culminantes de una red de trata de personas que operaba captando principalmente a campesinos con promesas de progreso en la Argentina.
Con estos argumentos y fondos aportados por los Emiratos Arabes, Guedes logró que en agosto de 2012 la ONU abriera un módulo contra la trata de personas en Yacuiba. Con estas iniciativas se busca visibilizar la explotación humana, aunque hasta el momento no se conoció ningún documento generado en esa oficina internacional.
Un hecho que muestra esta ausencia legal, es el cómo se generan y se reciben permisos oficiales para que una persona pueda cruzar zonas restringidas, especialmente con un menor.
En Bolivia rige el Decreto 169 de la ley del niño y el adolescente, que permite la emisión de un certificado de una forma simple.
El fácil y dudoso proceso
de la documentación
En Bolivia para que un menor logre papeles oficiales que le permitan viajar a la Argentina, el adulto responsable debe presentarse en un juzgado de menores acompañado de dos testigos que lo acrediten como familiar responsable.
Una vez realizado este paso simple, está en condiciones de recibir un permiso de tránsito internacional.
Para los controles de la Argentina, ese documento es suficiente. Un informe de la Defensoría del Pueblo de Villazón, asegura que en 2007 salieron de Bolivia por pasos habilitados rumbo a la Argentina, 13.300 menores de edad bajo esas condiciones.
Según Jorge Oporto Ordoñez, de la Defensoría Departamental de Potosí, durante el 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes. De estos sólo retornaron 7 mil.
Los indocumentados
Se podría decir que el Decreto169 de la ley del niño y el adolescente es una salida de emergencia legal en un
país que, según el censo 2013, tiene al 21 % de la población indocumentada. “Se descubrió que en la mayoría de
los certificados de salida del país eran emitidos por el mismo juez y con los mismos testigos. Con este tipo de certificados la Argentina tampoco debería permitir el ingreso de unos 10 mil menores al año que luego no regresan”, dice Mercedes Assorati, coordinadora del Programa Esclavitud Cero, creado por el gobierno boliviano de Evo Morales.
En Salta y en Jujuy los casos
son similares y se multiplican
La Quiaca es un punto clave para el ingreso de indocumentados a la Argentina y limita con la ciudad boliviana de
Villazón, donde se encuentra un juzgado de menores. Según un informe de la Organización internacional de Migraciones (OIM), en Bolivia desaparece una persona cada dos días.
La Paz y Cochabamba son las más afectadas.
Desde allí proviene la mayor parte del transporte terrestre que llega a la Argentina. Asimismo las adolescentes argentinas en las zonas de frontera son posibles víctimas de las redes de trata. En cualquier caso, estas redes deben atravesar el territorio salteño para llegar a las ciudades importantes o puertos internacionales.
Las personas secuestradas, generalmente adolescentes, cruzan la frontera por pasos no habilitados a veces a más
de cuatro mil metros de altura. Los traficantes de personas conocen bien estos territorios de difícil acceso. La desaparición de personas se vincula normalmente con el reclutamiento mediante engaños que toman la forma de promesas de empleo, particularmente en la Quiaca, en Villazón o Potosí.
Recuperados
La cónsul Reina Sotillo desde 2007 viene trabajando en la recuperación de niños y niñas desaparecidas en Jujuy, en una verdadera cruzada casi en solitario.
En la zona se informa de la recuperación de más de 1.500 menores argentinos y bolivianos secuestrados, de los
cuales 500 no tenían más de cinco años. Durante 2012 la recuperación y restitución no habría bajado de 3 personas cada 2 semanas.
El engaño de la promesa de trabajo
El mes pasado en la localidad fronteriza de Cercado, el fiscal de la división de tráfico de personas de Bolivia, Moisés Cardona, afirmó que de los casos que fueron denunciados formalmente, y que son investigados por el ministerio público, el 90% de las víctimas son menores de edad. En general, según Cardona, los padres son engañados con promesas de trabajo y mejora social para sus hijos, pero luego los niños desaparecen. “Los padres ignoran la existencia del delito de trata y envían a sus hijos a trabajar en Argentina principalmente”, dijo Cardona.
En Cercado, una de las seis provincias de Tarija, según el asesor legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Waldo Tarifa, hay al menos una denuncia de abuso de menores por día.
De ambos lados
Pero el tráfico de personas es hacia ambos lados de la frontera. Así lo demuestran los casos de las chicas jujeñas Gloria Celeste Mendoza Sullca y Antonella Daiana Ramos, de 16 y 14 años. A finales del año pasado las adolescentes habían de-saparecido de su casa en Jujuy durante más de un mes. Pero luego fueron halladas a finales de diciembre de 2012 en un tugurio de Bolivia. Desde allí iban a ser retrasladadas a la Argentina; más exactamente a un prostíbulo de Salta.
En la investigación “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito” -realizada por la UFASE y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (I-NECIP), en base a las causas judiciales de trata iniciadas en los juzgados del 2008 a abril del 2011 y a artículos periodísticos y entrevistas a fuerzas de seguridad y funcionariado- el porcentaje de víctimas mujeres asciende a un 98%.
Según la investigación, la mayoría de las mujeres víctimas de trata era mayor de edad (73%) y sólo un 27% de víctimas menores de edad. Se calcula que quizá hubo una mutación del delito luego de la sanción de la ley de trata en el 2008 y actualmente las personas que ejercen el proxenetismo se cuidan más de explotar a menores de edad.
El informe “La trata” señala que “probablemente el universo de víctimas menores afectadas por la problemática sea considerablemente mayor que lo que la Justicia ha constatado”. Sino, ¿dónde están los menores que las cifras oficiales de Bolivia aseguran que han ingresado a la Argentina?
Escrito por Esclavitud Cero 
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