QUÉ PROVINCIAS DENUNCIAN MÁS CASOS DE TRATA A LA LÍNEA 145 ?

10/04/2013

DATOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Trata de personas: El 14% de los llamados provienen de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe

 miércoles, 02 de octubre de 2013

Trata de personas: El 14% de los llamados provienen de Santiago
 A partir de un informe elaborado por organismos oficiales, se pudo saber que el 14% de los llamados telefónicos para pedir ayuda por temas relacionados a la trata de personas proviene de Santiago del Estero. 

 
 En los últimos cinco años, a través de un trabajo articulado del Estado nacional, se rescataron 5.607 víctimas de trata laboral y con fines de explotación sexual. “El 53% de las personas liberadas durante los 2.539 allanamientos realizados desde 2008, tras la sanción de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, fue objeto de explotación laboral; en tanto, el 47% fue explotada sexualmente”, afirma el documento dado a conocer ayer por el Ministerio de Justicia de la Nación. 
 
 Según el relevamiento oficial, el número de rescates “se incrementó durante los últimos tres años, y registra un 88% de mayores de edad en el total de las víctimas liberadas durante todo el período, siendo el 55% de ellas extranjeras”. 
 
 En los casos de trata con fines de explotación sexual, una modalidad reciente “es la aparición de prostíbulos que se camuflan bajo la denominación de cantobares, donde hay chicas que bailan y son explotadas”, contó. 
 
 Otros datos aportados por la Oficina de Rescate resaltan que, desde la puesta en funcionamiento de la línea 145, que recibe denuncias por este delito, el número de llamados se incrementó y son los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013 los que tienen más registros. De las llamadas recibidas este año, el 70% fue por explotación sexual, mientras que las denuncias telefónicas por personas desaparecidas ocupó el 12%. También se comprobó que el 60% de los llamados provenía de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén, seguidos en un 14% por Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
 
 Cuando se reciben denuncias por este medio, el programa “avisa inmediatamente” al Ministerio de Seguridad de la Nación para que “investigue y evalúe el riesgo, solicitando con urgencia la intervención judicial”, relató la responsable de la oficina. 

LAS ONGs ARGENTINAS EN ESTADO DE SITIO

09/03/2013

¿La sociedad civil en estado de sitio?

POR CARLOS MARCH*

 01/09/13

Ahorcar a la sociedad civil es asfixiar a la democracia.

Es privarla del oxígeno de la alternancia de roles, de la diversidad de actores, de la pluralidad de ideas, de la libertad de acción. Cooptar organizaciones sociales desde la discrecionalidad de los subsidios a cambio de obediencia debida, es apretar el cuello de la democracia en su punto más débil.

A diez años de gobierno, mantener vigentes laspolíticas impulsadas por Domingo Cavalloen relación a la restricción de beneficios fiscales de fomento de la filantropía y a la negación de marcos legales que faciliten la tarea de las organizaciones sociales, es ponerle la soga al cuello a la sustentabilidad y formalización de la sociedad civil.

Cuando se implementa desde Cancillería un relato que aleja a la Argentina del foco de la cooperación internacional y se diseñan políticas de aislamiento internacional que hacen que los organismos multilaterales no aprueben más donaciones para el país como sucede desde hace un año y medio, se secan los presupuestos de las organizaciones sociales y se le practica un submarino seco a la democracia.

Emplear los medios de comunicación estatales para difamar a las organizaciones con informes amañados, suspender de los registros públicos a entidades sociales sometiéndolas a la asfixia financiera, utilizar a policías para infiltrar agencias de noticias para obtener información sobre los movimientos sociales y atesorar datos de dirigentes sociales en bases de información con el objetivo de que Gendarmería Nacional monte un Proyecto X para hacerles la cruz, es ahogar a la democracia con la misma espina que el relato oficial se jacta de habernos quitado.

Esta situación demuestra que no se necesita implementar el estado de sitio para sitiar a la sociedad civil.

*Secretario de la Confederación de la Sociedad CIvil

 

El Gobierno acosa y hostiga a las ONG no oficialistas

Usa espionaje, burocracia o traba su financiamiento. Y busca reemplazarlas
01/09/13

“La crisis económica ya terminó, gracias por lo que hicieron en estos años.

Ahora el Estado se va a ocupar de todo, no necesitamos más el aporte de ustedes”. Sin rodeos, el alto funcionario de la Cancillería despidió a sus azorados interlocutores en una de las varias reuniones que en los últimos dos años se fueron celebrando en distintas dependencias del Gobierno con representantes de organizaciones de la sociedad civil. No era más que la confirmación personal de unahostilidad que habían comenzado a sentir con claridad desde 2007, y que aún las sigue atenazando.

Durante dos meses, Clarín recopiló testimonios y pruebas de este acoso oficial, que a través de medidas expresas y otras difusas interfiere en la tarea de miles de organizaciones no gubernamentales tan disímiles como, por ejemplo, las fundaciones filantrópicas de las grandes empresas, las asociaciones civiles que controlan la transparencia gubernamental y la calidad democrática o las que velan por los intereses de los consumidores, los distintos grupos religiosos que realizan tareas específicas o los comedores populares y entidades de bien público que trabajan en los barrios humildes.

Multiplicación de papeles, permisos y licencias para funcionar, trabas legales o burocráticas para poder recibir donaciones o financiamiento internacional, retiro de la membresía en padrones oficiales en los que es clave figurar para trabajar bajo la ley, eliminación de foros y espacios de intercambio entre funcionarios y organizaciones civiles, sanción de leyes y reglamentos que restringen la información necesaria para desempeñarse, campañas de desprestigio emitidas por los medios de comunicación oficiales y hasta acciones de espionaje e infiltración, son algunas de las piedras que entorpecen la marcha de estas organizaciones.

Empecemos por el principio: el estatus legal. Aunque diversos estudios estiman que en Argentina funcionan entre 80.000 y 120.000 ONG, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por la Confederación de la Sociedad Civil la AFIP admitió tener en regla 7.637, y en la Inspección General de Justicia –donde se registran las fundaciones y las asociaciones civiles– hay sólo unas 10.000 con personería vigente.

AFIP concluyó en 2008 un reempadronamiento de las organizaciones sin fines de lucro que están exentas del impuesto a las ganancias, tras el cual cayó la cantidad de asociaciones civiles de 20.264 a 3.722.

Las fundaciones que gozan del beneficio son 3.915.

En la IGJ –que inscribe a las que funcionan en la ciudad de Buenos Aires– las asociaciones civiles registradas son 18.363, mientras que apenas 7.230 tienen personería jurídica vigente. También hay 6.243 fundaciones registradas, pero apenas 2.726 mantienen al día su personería. ¿Total?

Sólo 9.956 entidades tienen los papeles en regla para operar en el país: una de cada diez.

Aunque cada provincia tiene su organismo responsable de otorgar la personería jurídica, el registro porteño es el más representativo.

El altísimo nivel de informalidad –que por ejemplo reduce la posibilidad de recibir donaciones claves para la supervivencia– responde a una estructura legal inadecuada (ver página 42), pero también a una creciente maraña burocrática que multiplica los papeles necesarios para operar, o cambia las condiciones súbitamente. “Hay acciones combinadas que van restringiendo las capacidades de impacto y acción de las organizaciones de la sociedad civil”, dice el secretario de la Confederación, Carlos March. “Algunas fueron activadas por este gobierno, otras eran anteriores y no las cambiaron.” En palabras del titular de otra importante organización que tiene relación con muchas ONG locales y otras del exterior –y que contó su experiencia a cambio de mantener su nombre bajo reserva–, “se modificaron leyes que restringen las donaciones, y que dejaron a las organizaciones en un estado de fragilidad. No son medidas ilegales, pero están al límite de la ilegalidad.” Su diagnóstico con respecto al trato que el Gobierno dispensa al sector es sombrío: “hay un claro retroceso en el llamado ‘espacio de gestación de la sociedad civil’ ”.

El financiamiento es la llave maestra para asfixiar a las ONG menos robustas, o las que por su agenda son más dependientes de los fondos que reciben desde el exterior. Sin un criterio claro –ni mucho menos un soporte legal ecuánime–, la distribución y renovación de los subsidios estatales es casi totalmente discrecional, y una decena de fuentes consultadas por este diario coincidió en que funciona como látigo para condicionar la independencia de las organizaciones, o para seducir a las más proclives a sumarse al elenco oficial. Aunque los consultados enumeran varios ejemplos, el más famoso y contundente es el de las Madres de Plaza de Mayo, que entre otros subsidios y apoyos terminaron manipulando –con una pericia que está bajo la lupa de la justicia– cientos de millones de pesos a través del programa Sueños Compartidos.

El club de las organizaciones amigas se nutre de los autoproclamados “movimientos sociales”, como el Evita, Miles –creación de Luis D’Elía– o la jujeña Tupac Amaru de Milagro Sala, que nada tienen que ver con las ONG.

La afinidad ideológica también acercó al gobierno –casi sin objeciones– al prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una voz poderosa a nivel internacional entre los defensores de los derechos humanos. En varias reuniones con organizaciones del exterior interesadas en evaluar el funcionamiento institucional argentino – Clarín reconstruyó dos, una de las cuales fue convocada por representantes de la Unión Europea– la voz del CELS fue a contramano de la opinión de otras asociaciones con las que muchas veces había compartido acciones y campañas, como Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación por la Igualdad y la Justicia y el CIPPEC.

Estas cuatro organizaciones, que desde hace años trabajan por la calidad democrática, fueron acusadas desde el Estado de ser “destituyentes”, en un spot televisivo difundido por el noticiero de canal 7 (ver página 42). La misma técnica empleó hace pocos días Radio Nacional para ensuciar con información falsa al Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Volvamos al financiamiento. El 24 de agosto del año pasado, sin advertencia previa e inmediatamente después de haber difundido a través de Clarín un relevamiento de precios que reflejaba varios aumentos, la asociación Consumidores Libres, que dirige el ex diputado socialista Héctor Polino, fue suspendida del registro de asociaciones de consumidores que a través de la subsecretaría de Defensa del Consumidor, depende de la Secretaría de Comercio comandada por Guillermo Moreno. Esa suspensión, a su vez, lo inhabilita para recibir subsidios oficiales. “Hasta el día de hoy no resolvieron más nada. O la suspensión pasa a ser definitiva o se levanta. Pero desde entonces no pasó nada”, dice Polino a Clarín. “Esa suspensión nos dejó sin el subsidio, que durante 2011 había sumado 69.690 pesos y que para nosotros tiene un alto impacto, porque no cobramos ni un peso a los consumidores por nuestro asesoramiento. Si esto no se resuelve, en cuatro o cinco meses deberemos cerrar”.

La medida contra Consumidores Libres, que cayó como un rayo en el mundo de las ONG, se repitió hace menos de dos meses contra la Unión de Consumidores de Argentina que dirige Fernando Blanco Muiño –después de ser interrogado por el origen de los fondos con que pagó una solicitada publicada en Clarín contra el cepo publicitario de los supermercados– y hace sólo dos días contra Adecua, la asociación de consumidores que conduce Sandra González.

La horca presupuestaria aprieta especialmente a los destinatarios de la cooperación internacional, es decir de los fondos que gobiernos, fundaciones y organizaciones extranjeros u organismos multilaterales vuelcan en los proyectos de las organizaciones civiles argentinas que los consiguen. La primera valla es general: como para otras actividades, el cepo cambiario y las trabas al flujo de dólares entorpecen la llegada de este dinero. El acoso se acentúa con los“seguimientos especiales” de la AFIP o la Unidad de Investigación Financiera sobre esos fondos. Pero si esto no fuera suficiente, la presión puede ser más directa. Hace cuatro años, la Cancillería envió una carta reservada a las embajadas de los países más activos en la cooperación internacional, para pedirles información sobre los destinatarios de ese dinero, y una futura participación en la selección de los afortunados (ver facsímil). Aún bajo la sordina que impone la diplomacia, el escándalo congeló la iniciativa.

Otro mecanismo de desaliento a la cooperación internacional es el discurso oficial sobre el éxito del modelo económico argentino y la posición del país más como donante que como potencial receptor de fondos. “Como el nuestro es un país de renta media, las organizaciones que se dedican a temas descuidados por el Estado o que se ocupan de controlar la acción estatal deben desarrollar una política pro activa de posicionamiento del país para conseguir donaciones”, advierte Carlos March.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es otra fuente de recursos para las ONG. Pero para que sus proyectos puedan aspirar a ese dinero, es necesario que el gobierno argentino emita una carta de “no objeción” a la transferencia. Esa carta se tramita en una Secretaría de la Cancillería, pero también en otra dependencia del Ministerio de Economía. Y entre malentendidos, omisiones y superposiciones, no siempre llega.

Clarín recogió testimonios sobre interferencias directas del gobierno al acceso de al menos dos organizaciones al FOMIN, pero fuentes del BID niegan problemas: “en este momento hay 30 proyectos en curso, por un total de 41,5 millones de dólares.” Sin embargo, y en coincidencia con las denuncias que recibió este diario, la página web del FOMIN no registra desembolsos aprobados a la Argentina desde el 4 de noviembre de 2011. La Cancillería no respondió las preguntas de Clarín.

Para reducir esta dependencia de los fondos oficiales o internacionales, organizaciones como la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS) entrenan a las ONG para diversificar sus fuentes de ingresos, y apuestan al despertar de los donantes individuales.

“Hay muchas organizaciones en Argentina que ya cuentan con miles de donantes que realizan un aporte (muchas veces pequeño) todos los meses con su tarjeta de crédito. Sin embargo, esta forma de participación es todavía baja. Desde AEDROS queremos aportar a este cambio cultural, para ayudar a la sustentabilidad de las organizaciones, pero sobre todo porque un aumento en este sentido reflejaría un crecimiento de la conciencia e interés en la sociedad por el bien común”, dice la directora ejecutiva de la asociación, Mariel Becker.

En Argentina circulan unos doce millones de tarjetas de crédito, pero apenas medio millón de donantes regulares. Según un estudio de Poliarquía difundido este verano, sólo el 10% de los argentinos hace aportes regulares a entidades de bien público. ¿El principal motivo? La falta de información sobre cómo y a quién donar dinero. Para revertir este panorama, y junto con la Fundación Noble, AEDROS lanzó la campaña de concientización “Cansate de donar”. En la página webcansatededonar.org se publica información útil, consejos, respuestas a preguntas frecuentes y un directorio de organizaciones.

El velo que el Gobierno tiende para ensombrecer la tarea de las ONG puede ser sutil, como el que según dos testimonios soportó la prestigiosa organización Cimientos, que se dedica a la educación y de golpe habría sido desplazada de las escuelas en las que trabajaba en Mar del Plata y enredada en una burocracia de permisos en Santa Fe. Aunque sus voceros amablemente declinaron hablar con Clarín, fuentes del sector también aseguran que el ministerio de Educación nacional canceló las reuniones periódicas con organizaciones dedicadas a ese tema, que se realizaban desde hace años.

Pero hay otras formas de intervención más brutales, como la que padecieron las instituciones espiadas por el Estado a través del Proyecto X de la Gendarmería, o la infiltración del policía federal Américo Balbuena como falso periodista de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, cuya presencia era habitual, por ejemplo, en las marchas y escraches que la fundación La Alameda realiza contra prostíbulos y talleres clandestinos de costura en los que emplea mano de obra esclava, y que –denuncian ellos– en muchos casos cuentan con protección policial.

El verdadero trabajo de Balbuena fue descubierto este año. “Nosotros pedimos de inmediato un Habeas Data al ministerio de Seguridad para conocer qué información había recogido, pero no nos respondieron. Después lo replicamos ante la justicia, pero aún esperamos respuesta. Estoy muy preocupado, no puede ser que a 30 años de la recuperación de la democracia ocurran estas cosas con total impunidad”, se indigna el abogado de La Alameda y de la Defensoría del Pueblo porteña, Mario Ganora. Y supone que nada puede ser peor.


CIFRAS DE LA TRATA: PERSECUCIÓN PENAL Y LATINOAMERICA

08/25/2013

Estimadxs: 

El pasado 22 de agosto de 2013 se desarrolló en el Senado una actividad denominada: 

TRATA DE PERSONAS: DISTINTAS MIRADAS PARA SU ABORDAJE, organizadas por la RATT en el marco del Programa “Diálogos en el Senado”. 

Allí estuvieron presentes, por la mañana, destacados especialistas en la materia como la Dra. Cynthia Bendlin de la hermana República del Paraguay, Claudia Quintero de Colombia, María Elena Nadeo, el Dr. Marcelo Colombo de la PROTREX (Procuraduría en Trata de Personas y Secuestro Extorsivo, ex UFASE, un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación. También ESCLAVITUD CERO presentó una ponencia sobre la situación de la Trata en Latinoamérica. 

Fieles a nuestra política de difundir y democratizar la información sobre trata de personas, les hacemos llegar los Power Points de las presentaciones que tenemos. 

De especial interés son las cifras brindadas por el Ministerio de Seguridad en base al nuevo sistema estadístico desarrollado por dicho Ministerio, con mucha mayor rigurosidad que las cifras anteriores -puesto que discrimina a víctimas de trata sobre víctimas en general- que recoge los datos de las fuerzas de seguridad que pueden ver en la entrada anterior de nuestro blog.

También considero de gran interés y para que agreguen a sus CAJAS DE HERRAMIENTAS en materia de Trata, las cifras de la PERSECUCIÓN PENAL DE DELITO que periódicamente con la precisión y excelencia a las que nos tiene acostumbrados, nos brinda el Fiscal Marcelo Colombo a cargo de la PROCURADURÍA EN TRATA DE PERSONAS Y SECUESTRO EXTORSIVO (ES UFASE) y que en adelante denominaremos PROTREX. 

Finalmente les brindo también una copia de mi power point que tiene las últimas cifras que proporcionan los organismos internacionales sobre trata en la región. 

Esperando que el material les resulte útil en su tarea, les enviamos nuestros solidarios saludos de siempre, En el futuro pueden acceder a estos datos también desde la página de Documentos. 

PPT ESCLAVITUD CERO

ppt MIN SEGURIDAD

presentación Colombo AGOSTO PGNI

Mercedes Assorati

ESCLAVITUD CERO

 

 

 

 

 


CIFRAS DE TRATA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN A JUNIO 2013

08/25/2013

 

CIFRASminSeguridadJunio2013

 

 

 

Imagen

EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA RATT

EN EL SENADO DE LA NACIÓN: “LA TRATA DE PERSONAS: DIVERSAS MIRADAS SOBRE SU ABORDAJE”,

EN EL MARCO DEL PROGRAMA “DIÁLOGOS EN EL SENADO”

ESTADÍSTICAS PROVISTAS POR EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN

23-08-2013 – EN BASE A SisTrata

Resultado de los Procedimientos

2008

2009

2010

MINISTERIO
DE SEGURIDAD

2011

2012

ENE-JUN 2013

A – Total de ALLANAMIENTOS

129

256

376

540

653

435

B – Total de DETENIDOS

155

267

299

322

399

238

C – Total VÍCTIMAS con indicios de TRATA

938

976

509

           Víctimas Menores

58

84

81

152

169

57

           Víctimas Mayores

128

338

488

786

807

452

           Víctimas con indicios de Trata SEXUAL

215

430

225

           Víctimas con indicios de Trata LABORAL

723

525

284

D – Víctimas por delitos conexos

694

732

408

E – Total Víctimas Rescatadas (C + D)

186

422

569

1632

1708

917

Total VÍCTIMAS rescatadas

1177

4257

*Nota: en el caso de DIECISIETE víctimas no se pudo determinar la modalidad de trata.

Fuente: Elaboración del Ministerio de Seguridad en base a información del SisTrata para el año 2011/12 y de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata para los años 2008, 2009 y 2010.


ACCIÓN DE HABEAS DATA POR ESPIONAJE A ONGS

05/13/2013

La Alameda pide explicaciones a Garré sobre espionaje a su organización

13052013

Sin perjuicio de participar conjuntamente en todas las denuncias penales que el espacio Memoria, Verdad y Justicia presentará por el caso de Américo Balbuena, el agente de inteligencia de la Policía infiltrado en la Agencia Walsh durante una década, este lunes por la tarde la Alameda presentará un escrito ante el Ministerio de Seguridad Nacional amparado en la ley de habeas data en la que exige explicaciones a ese organismo sobre las razones del espionaje a nuestra organización.

De no haber respuesta y agotada la etapa administrativa, recurriremos a la acción de habeas judicial.

CONTACTO:

4115-5071 / 4671-4690

Transcribimos el texto que será presentado por la Alameda a la ministra, Nilda Garré:

 

FORMULA REQUERIMIENTO (ART. 14  LEY 25326-HABEAS DATA).

Señora Ministra de Seguridad de la Nación

Dra. Nilda Garré

S.                        /                          D-

De mi consideración:

Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo” (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011), con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando  Ganora ( T° 36  F° 227 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), con domicilio en Avda. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal en el referido lugar, se presenta y dice:

1)    Objeto

Que en virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 25326 (Habeas Data) vengo a requerir de V.E., bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente acción de protección de datos personales prevista en los arts. 33 y concordantes del referido cuerpo legal,  que en el plazo de diez  días corridos informe sobre los siguientes puntos:

a.      Si la Fundación Alameda por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo se encuentra sometida a vigilancia por parte  de la Policía Federal  Argentina en razón de lo dispuesto en el art. 58 del Decreto- Ley 6580/58.

b.      Si los directivos e integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, así como aquellos frecuentan  su trato personal o comercial y los lugares o  locales  donde se reúnen se encuentran sometidos a vigilancia especial por parte de la Policía Federal Argentina en virtud de lo dispuesto en el art. 79 del Decreto –Ley  6580/58.

c.      Si  las informaciones que habrían sido recogidas en virtud de la vigilancia dispuesta por las razones precedentes han sido reunidas en registros individualizadores conforme lo dispuesto en el art. 82 del Decreto-Ley 6580/58.

d.      Si se han recibido en la Policía Federal Argentina comunicaciones de otras fuerzas de seguridad, nacionales o extranjeras, que califiquen de peligrosas las personas de los integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo o de las actividades que realizan que hayan justificado la observación o calificación por parte de la superintendencia de Investigaciones (art. 85 del Decreto-Ley 6580/58).

e.      De ser así se exhiban los datos recogidos a los fines de su rectificación o supresión (art. 43 de la Constitución Nacional.

f.       Para el supuesto caso de que las medidas de inteligencia se hubieren realizado en el marco de una investigación judicial solicitamos  se informe cuál es el tribunal interviniente,

 

2)    Fundamentos.

El presente requerimiento  se dirige a V.E. en razón de que de conformidad con el art. 39 de la ley 24.059 la Policía Federal Argentina depende orgánicamente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La “Fundación  Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo” (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011) tiene como objeto las“Acciones tendientes a erradicar, concientizar e informar, sobre el trabajo esclavo y sus formas análogas, como así también sobre el trabajo irregular en sus distintas variantes, impulsando acciones tendientes a defender los derechos del trabajador en sus diferentes modalidades. Los objetivos expuestos son enunciativos y en ningún caso limitativos de la acción de la fundación

En cumplimiento de sus fines específicos y como es de público conocimiento, la Fundación  investiga y denuncia casos de  esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y trabajo forzado así como los mecanismos de trata de personas asociados a ellos tanto en lo que hace a la explotación laboral y como a la sexual,  sea de adultos o de niños. Estos  delitos están, por su naturaleza vinculados con el crimen organizado.

En la actualidad tenemos denunciadas penalmente numerosas marcas de ropa ante juzgados federales por basar su producción en talleres en los que  habría situaciones de explotación de la mano de obra reclutada mediante mecanismos de  trata y reducida a condiciones análogas a la esclavitud. También se han denunciado a varias redes de trata de personas y explotación de la prostitución ajena en locales sitos en los barrios de Flores, Once, Monserrat, Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires como en las ciudades de  Mar del Plata y La Plata en Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Asimismo se ha denunciado  a decenas de empresas por utilización de trabajo esclavo e infantil ubicadas en tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la de  Mendoza. Varias de esas denuncias las realizamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con el GCBA (durante el período en que Jorge Telerman se desempeñó como Jefe de Gobierno) con el respaldo de diputados nacionales de varios partidos, etc. También hemos patrocinado a la auxiliar de la policía, Gladys Nancy Miño Velázquez en su detallada denuncia sobre corrupción de la División Trata de Personas  de la Policía Federal Argentina.

En la gran mayoría de las investigaciones realizadas fue común encontrarse con situaciones de participación o, en el mejor de los casos, de encubrimiento y cohecho en las que estaban involucrados efectivos y comisarías de la Policía Federal que oportunamente fueron denunciados a los juzgados donde se tramitan las causas en las que se investigan las denuncias. Los resultados de nuestras investigaciones fueron también puestos en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y se mantuvieron reuniones con los funcionarios del área en reiteradas ocasiones para hacer llegar nuestras inquietudes.

         Teníamos entendido que el Ministerio de Seguridad tenía bien clara idea de nuestra legal y transparente forma de proceder, por lo que resultó de nuestra máxima sorpresa la circunstancia de que un funcionario de la Policía federal Argentina, el oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, que había ingresado a la Agencia Walsh de noticias  haciéndose pasar por periodista, realizara tareas de espionaje en nuestra Fundación.Este oficial de policía responde al Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.

Esta conducta de infiltración y espionaje es ilícita de conformidad con el art. 4 inc. 2 de la ley 25520 que dispone que está prohibido: “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”

También resulta ilícita según lo dispuesto en los arts. 2, 4 y 7 de la ley 25326.  En efecto, la privacidad es un Derecho Humano reconocido en los arts. 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propia ley civil recoge estos principios en el art. 1071 bis C.C. y provee de una acción para poner fin a la actividad de quienes se entrometen en la intimidad ajena. La Policía Federal no está exenta de esas obligaciones y responsabilidades.

La realización de actividad de inteligencia respecto de la Fundación y de sus integrantes sólo podría encontrar justificación si se estuviera realizando en el marco de una investigación criminal y con intervención de los magistrados judiciales y del Ministerio público Fiscal.

No se nos escapa que la ley orgánica de la Policía Federal Argentina y su reglamentación (Decreto-Ley 333/58 y Decreto-Ley 6580/58 ratificados por ley 14.467) autorizan la realización de tareas de espionaje que hoy están en colisión con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estas normativas surgidas en otra época no respetuosa de la dignidad humana no pueden ser utilizadas para convalidar la vulneración de privacidad ni el espionaje de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia.

Proveer de conformidad. Será justicia.


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