“La crisis económica ya terminó, gracias por lo que hicieron en estos años.
Ahora el Estado se va a ocupar de todo, no necesitamos más el aporte de ustedes”. Sin rodeos, el alto funcionario de la Cancillería despidió a sus azorados interlocutores en una de las varias reuniones que en los últimos dos años se fueron celebrando en distintas dependencias del Gobierno con representantes de organizaciones de la sociedad civil. No era más que la confirmación personal de unahostilidad que habían comenzado a sentir con claridad desde 2007, y que aún las sigue atenazando.
Durante dos meses, Clarín recopiló testimonios y pruebas de este acoso oficial, que a través de medidas expresas y otras difusas interfiere en la tarea de miles de organizaciones no gubernamentales tan disímiles como, por ejemplo, las fundaciones filantrópicas de las grandes empresas, las asociaciones civiles que controlan la transparencia gubernamental y la calidad democrática o las que velan por los intereses de los consumidores, los distintos grupos religiosos que realizan tareas específicas o los comedores populares y entidades de bien público que trabajan en los barrios humildes.
Multiplicación de papeles, permisos y licencias para funcionar, trabas legales o burocráticas para poder recibir donaciones o financiamiento internacional, retiro de la membresía en padrones oficiales en los que es clave figurar para trabajar bajo la ley, eliminación de foros y espacios de intercambio entre funcionarios y organizaciones civiles, sanción de leyes y reglamentos que restringen la información necesaria para desempeñarse, campañas de desprestigio emitidas por los medios de comunicación oficiales y hasta acciones de espionaje e infiltración, son algunas de las piedras que entorpecen la marcha de estas organizaciones.
Empecemos por el principio: el estatus legal. Aunque diversos estudios estiman que en Argentina funcionan entre 80.000 y 120.000 ONG, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por la Confederación de la Sociedad Civil la AFIP admitió tener en regla 7.637, y en la Inspección General de Justicia –donde se registran las fundaciones y las asociaciones civiles– hay sólo unas 10.000 con personería vigente.
AFIP concluyó en 2008 un reempadronamiento de las organizaciones sin fines de lucro que están exentas del impuesto a las ganancias, tras el cual cayó la cantidad de asociaciones civiles de 20.264 a 3.722.
Las fundaciones que gozan del beneficio son 3.915.
En la IGJ –que inscribe a las que funcionan en la ciudad de Buenos Aires– las asociaciones civiles registradas son 18.363, mientras que apenas 7.230 tienen personería jurídica vigente. También hay 6.243 fundaciones registradas, pero apenas 2.726 mantienen al día su personería. ¿Total?
Sólo 9.956 entidades tienen los papeles en regla para operar en el país: una de cada diez.
Aunque cada provincia tiene su organismo responsable de otorgar la personería jurídica, el registro porteño es el más representativo.
El altísimo nivel de informalidad –que por ejemplo reduce la posibilidad de recibir donaciones claves para la supervivencia– responde a una estructura legal inadecuada (ver página 42), pero también a una creciente maraña burocrática que multiplica los papeles necesarios para operar, o cambia las condiciones súbitamente. “Hay acciones combinadas que van restringiendo las capacidades de impacto y acción de las organizaciones de la sociedad civil”, dice el secretario de la Confederación, Carlos March. “Algunas fueron activadas por este gobierno, otras eran anteriores y no las cambiaron.” En palabras del titular de otra importante organización que tiene relación con muchas ONG locales y otras del exterior –y que contó su experiencia a cambio de mantener su nombre bajo reserva–, “se modificaron leyes que restringen las donaciones, y que dejaron a las organizaciones en un estado de fragilidad. No son medidas ilegales, pero están al límite de la ilegalidad.” Su diagnóstico con respecto al trato que el Gobierno dispensa al sector es sombrío: “hay un claro retroceso en el llamado ‘espacio de gestación de la sociedad civil’ ”.
El financiamiento es la llave maestra para asfixiar a las ONG menos robustas, o las que por su agenda son más dependientes de los fondos que reciben desde el exterior. Sin un criterio claro –ni mucho menos un soporte legal ecuánime–, la distribución y renovación de los subsidios estatales es casi totalmente discrecional, y una decena de fuentes consultadas por este diario coincidió en que funciona como látigo para condicionar la independencia de las organizaciones, o para seducir a las más proclives a sumarse al elenco oficial. Aunque los consultados enumeran varios ejemplos, el más famoso y contundente es el de las Madres de Plaza de Mayo, que entre otros subsidios y apoyos terminaron manipulando –con una pericia que está bajo la lupa de la justicia– cientos de millones de pesos a través del programa Sueños Compartidos.
El club de las organizaciones amigas se nutre de los autoproclamados “movimientos sociales”, como el Evita, Miles –creación de Luis D’Elía– o la jujeña Tupac Amaru de Milagro Sala, que nada tienen que ver con las ONG.
La afinidad ideológica también acercó al gobierno –casi sin objeciones– al prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una voz poderosa a nivel internacional entre los defensores de los derechos humanos. En varias reuniones con organizaciones del exterior interesadas en evaluar el funcionamiento institucional argentino – Clarín reconstruyó dos, una de las cuales fue convocada por representantes de la Unión Europea– la voz del CELS fue a contramano de la opinión de otras asociaciones con las que muchas veces había compartido acciones y campañas, como Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación por la Igualdad y la Justicia y el CIPPEC.
Estas cuatro organizaciones, que desde hace años trabajan por la calidad democrática, fueron acusadas desde el Estado de ser “destituyentes”, en un spot televisivo difundido por el noticiero de canal 7 (ver página 42). La misma técnica empleó hace pocos días Radio Nacional para ensuciar con información falsa al Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
Volvamos al financiamiento. El 24 de agosto del año pasado, sin advertencia previa e inmediatamente después de haber difundido a través de Clarín un relevamiento de precios que reflejaba varios aumentos, la asociación Consumidores Libres, que dirige el ex diputado socialista Héctor Polino, fue suspendida del registro de asociaciones de consumidores que a través de la subsecretaría de Defensa del Consumidor, depende de la Secretaría de Comercio comandada por Guillermo Moreno. Esa suspensión, a su vez, lo inhabilita para recibir subsidios oficiales. “Hasta el día de hoy no resolvieron más nada. O la suspensión pasa a ser definitiva o se levanta. Pero desde entonces no pasó nada”, dice Polino a Clarín. “Esa suspensión nos dejó sin el subsidio, que durante 2011 había sumado 69.690 pesos y que para nosotros tiene un alto impacto, porque no cobramos ni un peso a los consumidores por nuestro asesoramiento. Si esto no se resuelve, en cuatro o cinco meses deberemos cerrar”.
La medida contra Consumidores Libres, que cayó como un rayo en el mundo de las ONG, se repitió hace menos de dos meses contra la Unión de Consumidores de Argentina que dirige Fernando Blanco Muiño –después de ser interrogado por el origen de los fondos con que pagó una solicitada publicada en Clarín contra el cepo publicitario de los supermercados– y hace sólo dos días contra Adecua, la asociación de consumidores que conduce Sandra González.
La horca presupuestaria aprieta especialmente a los destinatarios de la cooperación internacional, es decir de los fondos que gobiernos, fundaciones y organizaciones extranjeros u organismos multilaterales vuelcan en los proyectos de las organizaciones civiles argentinas que los consiguen. La primera valla es general: como para otras actividades, el cepo cambiario y las trabas al flujo de dólares entorpecen la llegada de este dinero. El acoso se acentúa con los“seguimientos especiales” de la AFIP o la Unidad de Investigación Financiera sobre esos fondos. Pero si esto no fuera suficiente, la presión puede ser más directa. Hace cuatro años, la Cancillería envió una carta reservada a las embajadas de los países más activos en la cooperación internacional, para pedirles información sobre los destinatarios de ese dinero, y una futura participación en la selección de los afortunados (ver facsímil). Aún bajo la sordina que impone la diplomacia, el escándalo congeló la iniciativa.
Otro mecanismo de desaliento a la cooperación internacional es el discurso oficial sobre el éxito del modelo económico argentino y la posición del país más como donante que como potencial receptor de fondos. “Como el nuestro es un país de renta media, las organizaciones que se dedican a temas descuidados por el Estado o que se ocupan de controlar la acción estatal deben desarrollar una política pro activa de posicionamiento del país para conseguir donaciones”, advierte Carlos March.
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es otra fuente de recursos para las ONG. Pero para que sus proyectos puedan aspirar a ese dinero, es necesario que el gobierno argentino emita una carta de “no objeción” a la transferencia. Esa carta se tramita en una Secretaría de la Cancillería, pero también en otra dependencia del Ministerio de Economía. Y entre malentendidos, omisiones y superposiciones, no siempre llega.
Clarín recogió testimonios sobre interferencias directas del gobierno al acceso de al menos dos organizaciones al FOMIN, pero fuentes del BID niegan problemas: “en este momento hay 30 proyectos en curso, por un total de 41,5 millones de dólares.” Sin embargo, y en coincidencia con las denuncias que recibió este diario, la página web del FOMIN no registra desembolsos aprobados a la Argentina desde el 4 de noviembre de 2011. La Cancillería no respondió las preguntas de Clarín.
Para reducir esta dependencia de los fondos oficiales o internacionales, organizaciones como la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS) entrenan a las ONG para diversificar sus fuentes de ingresos, y apuestan al despertar de los donantes individuales.
“Hay muchas organizaciones en Argentina que ya cuentan con miles de donantes que realizan un aporte (muchas veces pequeño) todos los meses con su tarjeta de crédito. Sin embargo, esta forma de participación es todavía baja. Desde AEDROS queremos aportar a este cambio cultural, para ayudar a la sustentabilidad de las organizaciones, pero sobre todo porque un aumento en este sentido reflejaría un crecimiento de la conciencia e interés en la sociedad por el bien común”, dice la directora ejecutiva de la asociación, Mariel Becker.
En Argentina circulan unos doce millones de tarjetas de crédito, pero apenas medio millón de donantes regulares. Según un estudio de Poliarquía difundido este verano, sólo el 10% de los argentinos hace aportes regulares a entidades de bien público. ¿El principal motivo? La falta de información sobre cómo y a quién donar dinero. Para revertir este panorama, y junto con la Fundación Noble, AEDROS lanzó la campaña de concientización “Cansate de donar”. En la página webcansatededonar.org se publica información útil, consejos, respuestas a preguntas frecuentes y un directorio de organizaciones.
El velo que el Gobierno tiende para ensombrecer la tarea de las ONG puede ser sutil, como el que según dos testimonios soportó la prestigiosa organización Cimientos, que se dedica a la educación y de golpe habría sido desplazada de las escuelas en las que trabajaba en Mar del Plata y enredada en una burocracia de permisos en Santa Fe. Aunque sus voceros amablemente declinaron hablar con Clarín, fuentes del sector también aseguran que el ministerio de Educación nacional canceló las reuniones periódicas con organizaciones dedicadas a ese tema, que se realizaban desde hace años.
Pero hay otras formas de intervención más brutales, como la que padecieron las instituciones espiadas por el Estado a través del Proyecto X de la Gendarmería, o la infiltración del policía federal Américo Balbuena como falso periodista de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, cuya presencia era habitual, por ejemplo, en las marchas y escraches que la fundación La Alameda realiza contra prostíbulos y talleres clandestinos de costura en los que emplea mano de obra esclava, y que –denuncian ellos– en muchos casos cuentan con protección policial.
El verdadero trabajo de Balbuena fue descubierto este año. “Nosotros pedimos de inmediato un Habeas Data al ministerio de Seguridad para conocer qué información había recogido, pero no nos respondieron. Después lo replicamos ante la justicia, pero aún esperamos respuesta. Estoy muy preocupado, no puede ser que a 30 años de la recuperación de la democracia ocurran estas cosas con total impunidad”, se indigna el abogado de La Alameda y de la Defensoría del Pueblo porteña, Mario Ganora. Y supone que nada puede ser peor.
Escrito por Esclavitud Cero 
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