CONDENARON AL AGRESOR DE FERNANDA GIL LOZANO

02/27/2014

Se Hizo Justicia

(Por Fernanda Gil Lozano)

Finalmente, después de haber pasado 2 años y medio, hoy miércoles 26

de febrero de 2014 obtuve Justicia. Sergio Newman fue condenado por

violencia de Género, debiendo pagar costas, fijar domicilio y tener Patronato

durante dos años, restriccion a 200 metros de mi persona y asistir a grupos

terapéuticos para controlar su violencia, sobretodo hacia las mujeres.

Los tres jueces por unanimidad lo condenaron, esta sentencia sienta un

precedente muy importante para que todas las personas que como yo, son

acosadas por otras personas violentas no de desanimen a la hora de hacer las

denuncias correspondientes y seguir las querellas. Es fundamental el rol que

ha comenzado a jugar el concepto de violencia de Género, femicidio y la ley

integral para la violencia de Género que no solo debe castigar sino actuar

preventivamente.

La defensa al igual que Newman hicieron todo lo posible, para denostar a

mi persona, a los testigos, a los jueces, al tribunal, insinuando el gasto que

se hacía para nada, desestimando las agresiones y sus consecuencias, en fin

todo el decálogo de los golpeadores: fueron unos toque leves, no tenía mucha

sangre, quién no tiene un hematóma, en fin, todo un discurso que en vez de

intentar defender a Newman se basó en detractarme a mi, a los testigos y a

los propios jueces.

Entonces se dio la sentencia y se sentó precedente, un vedadero hito,

sobre el cual pueden seguir trabajando otros tribunales. Agradezco el

desenvolvimiento e idoneidad de Dr. Salama Rrietti, que nunca me dejo caer

en la desesperanza y peleó una propuesta muy difícil de llevar adelante.

Logró que pudiéramos ser querellantes y lograr la instancia del juicio oral y

público, para posteriormente conseguir la condena del acusado.

De corazón muchas gracias por el trabajo profesional de un militante de los

derechos humanos que siempre incluye a las humanas.

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87 % de la prensa argentina dejó de publicar avisos de oferta sexual

02/07/2014

87% de la prensa argentina dejó de publicar anuncios de oferta

6 febrero, 2014 |

Silvina Molina* | Cimacnoticias

Buenos Aires. La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual (OM), dependiente del Ministerio de Justicia argentino, informó que el 87 por ciento de los diarios locales no publican anuncios de ese tipo tras la prohibición de 2011 decretada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a fin de combatir la trata de personas.

A su vez, el organismo encargado de hacer cumplir la norma confirmó que aportó información en 64 causas judiciales y realizó 84 denuncias penales sobre el delito.

Los datos se conocieron esta semana, a la par que la jefa de fiscales nacional, la procuradora general Alejandra Gils Carbó, dictaminó que prohibir los avisos de oferta sexual en los medios de comunicación “no afecta” la libertad de expresión.

En julio de 2011, en un acto público con masiva presencia de organizaciones de mujeres y periodistas que trabajan con enfoque de género, la presidenta argentina anunció la firma del decreto 936 que declara ilegal este tipo de anuncios en los medios.

El objetivo es “prevenir la trata de personas, erradicar paulatinamente los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres”. Desde ese momento se creó la OM, a cargo de Chantal Stevens.

Además de revisar 103 periódicos nacionales, páginas de internet y avisos en vía pública, la oficina recibe denuncias e impone o requiere sanciones cuando los medios no cumplen la normativa.

comercio sexual

Desde que se dictó el decreto se realizaron 115 actuaciones sobre los medios, lo que ha generado “un descenso “del promedio diario de publicaciones en infracción, resaltó la titular de la OM.

Aún quedan 13 diarios que siguen infringiendo la ley, según la información oficial. En la OM  hablan de “presunta” infracción, ya que allí se analizan todos los avisos que resultan sospechosos, pues casi no quedan anuncios  explícitos. “Son todos engañosos”, dijo Stevens.

En los medios argentinos el denominado rubro 59 de avisos clasificados era el que tradicionalmente ofertaba sexo, y ante la prohibición fueron cambiando con pedidos de “señoritas”, “recepcionistas” y “promotoras” en el rubro 37, o bien como servicios de “masajes” en el 47 y de “solos y solas” en el 56.

Quienes siguen resistiendo la medida “son los grandes grupos de medios, los de mayor tirada del país, que concentran el mayor porcentaje de avisos en presunta infracción, esto es el Grupo Clarín y sus diarios Clarín, La Razón, La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza, el deportivo Olé y Muy, que concentran el 46 por ciento de los avisos publicados, explica la funcionaria.

Constitucionalidad  

Si bien antes de la decisión de Fernández de Kirchner algunos medios habían decidido dejar de recibir clasificados de oferta sexual como parte de sus políticas de responsabilidad social, otros, como el diario Río Negro, de cobertura en la Patagonia argentina, presentó un recurso judicial solicitando que se declare inconstitucional el decreto presidencial.

La medida fue rechazada por los tribunales, postura que reforzó ahora la procuradora Gils Carbó, quien dictaminó que “el interés del Estado en combatir la trata de personas y la violencia y discriminación de la mujer prevalece sobre el interés en la difusión de información comercial”.

Además consideró que “las restricciones al discurso comercial no ponen en peligro el proceso de la legitimación democrática, sino que sólo regulan la circulación de información de este tipo”.

Trabajo en red

La base de datos que ha generado la OM entre julio de 2011 y diciembre de 2013 brinda información a la justicia en investigaciones y juicios sobre explotación y trata de personas, y permite la coordinación con otros organismos del Estado, ya que al analizar los avisos y sus mutaciones, logran colaborar en determinar el recorrido de las redes de tratantes.

Stevens aseguró que del análisis que hace su equipo queda demostrado que “lejos de ser publicaciones aisladas e independientes, hay toda una estructura y cuantiosas sumas de dinero destinadas a la promoción de la explotación sexual ajena,  sumada a la violencia simbólica y mediática que encierran estos avisos”.

Otra de las funciones de la OM es la capacitación, por lo que realiza talleres de sensibilización sobre el tema, tanto en el país como en Colombia y México.

La experiencia argentina ha sido reconocida por Naciones Unidas durante el IV Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo de Trata de Personas celebrada en Viena, Austria, en 2011, al recomendar a los Estados miembro que adopten una medida similar, y por la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que ponderó la medida en su IV encuentro realizado en Marruecos, África.

El año pasado, Stevens compartió la tarea del organismo en el Foro Global de Género y Medios de Comunicación, que patrocinó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en Tailandia.

Para ella, los avisos de comercio sexual “son la máxima expresión de una cultura que presenta a las mujeres como objetos o mercancías, como meros cuerpos sexuados que pueden ser comprados, vendidos o alquilados”.

*Periodista de la Agencia Nacional de Noticias de Argentina (Télam) e integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.


RED DE TRATA CON PANTALLA DE LEGALIDAD

12/10/2013

SOCIEDAD › DESBARATAN UNA BANDA QUE EXPLOTABA MUJERES CON LA PROTECCION DE LA ASOCIACION DE MERETRICES, FILIAL CAPITAL

Una red de trata con la pantalla de la legalidad

La titular de Ammar-Capital, enfrentada a la Ammar-Nacional, está sospechada de otorgar los carnets para hacer pasar a las mujeres esclavizadas como “trabajadoras” independientes. Rescatan a 31 víctimas en ocho burdeles de Capital y San Miguel. Hay tres policías procesados.

Por Mariana Carbajal

Captaban a las víctimas a través de avisos publicados en los diarios en los que solicitaban “señoritas”. Las obligaban a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a hacer hasta 18 “pases” por día. De lo que pagaban los clientes, les descontaban entre el 30 y el 70 por ciento. Así operaba una red criminal que explotaba sexualmente a 31 víctimas de trata, en dos prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires y otros seis en la localidad bonaerense de San Miguel, y que fue desbaratada en el marco de una investigación que llevó adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo. En la causa está involucrada la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina seccional Capital (Ammar), Claudia Brizuela, gremio que defiende la prostitución como trabajo sexual y está adherido a la filial porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli. Hasta el momento fueron procesadas con prisión preventiva 17 personas, entre ellas tres policías –uno de los cuales es el jefe de la comisaría 1ª de San Miguel– que brindaban protección a la banda a cambio de coimas. También fue procesada la propietaria de seis de los burdeles ubicados alrededor de esa seccional, quien se presentaba como delegada de Ammar, obligaba a las víctimas de trata a afiliarse al gremio –cobrándoles 100 pesos por mes– y las hacía practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar. Los “privados” contaban con mecanismos de seguridad como cámaras de video, barretas en las puertas o jaulas de contención.

Ayer, el ministro de Seguridad porteño informó sobre el rescate de 96 víctimas de trata en distintos procedimientos ordenados por el juez Lijo y en los que intervino la Policía Metropolitana, pero no aclaró que se trataba de dos causas diferentes en manos del mismo magistrado. En la primera es la de la banda que utilizaba la afiliación a Ammar como pantalla para darle legalidad a la explotación sexual ajena. En el marco de la otra causa, en tanto, el 26 de octubre pasado se realizaron 40 allanamientos simultáneos en 30 “privados” –donde se liberaron más de cincuenta mujeres explotadas sexualmente–, una imprenta, un hotel y ocho domicilios particulares en los que fueron detenidos siete supuestos cabecillas de las redes prostibularias investigadas, que también operaban con complicidad policial (ver aparte).

Elena Reynaga, titular de Ammar-Nacional –que integra la CTA que encabeza Hugo Yasky–, dijo a Página/12 que Brizuela se desvinculó de esa entidad hace más de un año. Brizuela, que conformó su propia agrupación dentro de la CTA de Micheli, fue indagada el jueves de la semana pasada y su procesamiento como “partícipe necesaria” de la explotación sexual de víctimas de trata en burdeles de San Miguel sería inminente. Se la vincula con Silvia Gladys Fernández, quien sería la propietaria junto a su esposo, Marcelo René González, de seis burdeles en San Miguel. Fernández se presentaba como delegada de Ammar en esa zona del conurbano. “Simulaban el ejercicio libre e independiente de la prostitución cuando en verdad la organización se dedicaba a la trata de personas”, advirtió el juez Lijo al procesar a Fernández con prisión preventiva junto a otras 16 personas, que tenían distintas funciones en la organización: regenteaban los burdeles, distribuían a las víctimas, contabilizaban los pases, repartían tarjetas en la vía pública con publicidad de los prostíbulos, arreglaban las coimas con policías. En el juzgado de Lijo hay mucho malestar por la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de otorgar la libertad a varios de los procesados, porque creen que así se entorpecerá la pesquisa. Fernández y su esposo continúan presos. Entre los imputados está el jefe de la comisaría 1ª de San Miguel y otro agente de una seccional de San Martín, además de un policía retirado que se ocupaba de cobrar “la protección” a los dueños de los burdeles. En el domicilio de uno de ellos se secuestró una agenda donde figura el detalle del cobro que les hacían a los distintos prostíbulos de la zona (de 700 y 1500 pesos semanales).

Entre las víctimas había mujeres argentinas y extranjeras, todas ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad social. Una vez que eran captadas a través de avisos en diarios, sus explotadores les daban vivienda y comida que “les descontaban de su aparente ganancia”, señala el procesamiento.

La causa se inició a partir de una denuncia recibida en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Nación, en la que intervino el Ministerio Público Fiscal. La investigación demandó alrededor de cinco meses, en los que se hicieron escuchas telefónicas –de donde surgen claramente la connivencia policial y el vínculo de Fernández con Brizuela– y diversos seguimientos.

Así se pudo establecer que en los prostíbulos investigados los clientes abonaban entre 70 y 200 pesos por el servicio sexual, pero a las mujeres explotadas les descontaban entre el 30 y 70 por ciento de esos montos. Además, las víctimas les tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza una suma diaria de entre 25 y 50 pesos. Inclusive debían preguntarles a los encargados y dueños de los prostíbulos a qué hora podían dormir y comer. También las despertaban de sus descansos para obligarlas a atender a los clientes por fuera del turno asignado. Podían llegar a trabajar hasta 36 horas seguidas. “Incluso, mediante la situación de sometimiento, indujeron a una de estas víctimas a tener un aborto”, señala el auto de procesamiento. Las condiciones de higiene y salubridad de los burdeles eran muy precarias. Las direcciones donde funcionaban eran Lima 1471 y 1035, de la ciudad de Buenos Aires, y, en San Miguel, en Alem 1616, Malnatti 1540, Mitre 1878, Tribulato 1382, Paunero 1868, Roca 1269 y Balbín 1010.

Brizuela está sospechada de haber colaborado con la red en la tramitación de documentos a mujeres extranjeras y la elaboración y expedición de carnets de Ammar en su carácter de secretaria general de la Seccional Capital Federal (Ammar Capital CTA), por los cuales se les retenía a las víctimas 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical real era de cinco pesos. “Este aporte habría sido realizado bajo la decisión afirmativa de que la afiliación tenía como objeto y era esencial para simular el ejercicio libre e independiente de la prostitución de las personas que eran explotadas contrariando el objeto y valores que el Sindicato Ammar defiende y postula (respeto de los derechos humanos, concientización de la diferencia entre trabajo sexual autónomo y trata de personas, reconocimiento del trabajo sexual autónomo, igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores)”, señaló el juez en el pedido de indagatoria.

Según la investigación judicial, una vez que les expedían los carnets a las mujeres explotadas, se realizaban simulacros de allanamientos en los privados con el objeto de indicarles que debían exhibirlo a la autoridad pública o fuerza de seguridad que irrumpiera en cualquiera de los inmuebles y también les referían de qué manera debían comportarse. Para eso, la pesquisa determinó que se confeccionaban carteles con todo lo que debían manifestar en esos casos y se las instruía a decir que era un trabajo que les gustaba, amenazándolas en caso de que se victimizaran con que “tendrían un problema mayor”.


CIERRAN MADAHO´S: NARCO PROSTÍBULO VIP EN RECOLETA

12/10/2013

Avance contra la mafia. Cerró el narco-prostíbulo Madaho’s en Recoleta

2122013

Madaho’s el narco-prostíbulo de mayor facturación en la Ciudad, ubicado en el barrio de Recoleta en la esquina de Azcuénaga y Vicente López frente al cementerio,  fue erradicado por la lucha consecuente de los vecinos autoconvocados en la Iglesia Patrocinio de San José junto a la Alameda.
 
En menos de dos años hemos logrado la erradicación de esta banda criminal dedicada al narcotráfico, la explotación sexual, la trata de mujeres y el tráfico de influencias para poderosos criminales y bandas que hacían entraderas.
 

El primer escrache a Madaho’s ocurrió el 2 de febrero de 2012. Ese día la Alameda difundió la cámara oculta y la denuncia penal porque dentro de Madaho’s se comprobaba la venta de cocaína y la explotación sexual de mujeres dentro de este tugurio de la trata camuflado con la habilitación de boliche clase c. Tras ese primer escrache bajo un diluvio es que semanas después comenzó la asamblea de vecinos autoconvocados por la inseguridad en la Iglesia Patrocinio de San José. Nace Recoleta Insegura y se presenta el Mapa del Crimen Organizado que suma 43 narco-prostíbulos entre ellos Madaho’s y volvemos a repetir el escrache a Madaho’s con una movilización que alcanzó a 2 mil vecinos. Tan importante fue la movilización que la entonces ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré, con su sede a dos cuadras de Madaho’s reconoció la venta de drogas en Recoleta.
El testimonio de una víctima de Madaho’s y Black reforzó nuestra denuncia y se confluyó con la suya. Carina Ramos contó el sufrimiento de una mujer al quedar sometida por los proxenetas o narcos en estos prostíbulos VIP.
 
La sociedad que maneja el prostíbulo es SAFAGO SRL, que integran Mario Sasain (SA), Daniel Fayn (FA), y Gustavo González (GO). El local fue creado bajo el expediente 14.781/05. En tanto que la habilitación es Nº 30.490/05. Los domicilios Azcuénaga 1902 y Vicente López 2201/09. El apoderado de SAFAGO SRL, Ricardo D. Petrella, y en el 2006 estaba Daniel Alberto Fay, también como apoderado y figura como dueño. Su gerente es Horacio Rossetto. Por dentro Madaho’s cuenta con planta baja, sótano, entrepiso y primer piso. Su capacidad máxima, según la habilitación, es 396 personas.
 
La sociedad que maneja el prostíbulo es SAFAGO SRL, que integran Mario Sasain (SA), Daniel Fayn (FA), y Gustavo González (GO). El local fue creado bajo el expediente 14.781/05. En tanto que la habilitación es Nº 30.490/05. Los domicilios Azcuénaga 1902 y Vicente López 2201/09. El apoderado de SAFAGO SRL, Ricardo D. Petrella, y en el 2006 estaba Daniel Alberto Fay, también como apoderado y figura como dueño. Su gerente es Horacio Rossetto. Por dentro Madaho’s cuenta con planta baja, sótano, entrepiso y primer piso. Su capacidad máxima, según la habilitación, es 396 personas.

El 17 de octubre de 2012 fue la tercer escrache a Madaho’s, y por segunda vez se le colocó fajas de clausura simbólica, ya que había revuelto a reabrir sus puertas tras dos semanas de clausuras donde lo que discutían los mafiosos a cargo de SAFAGO SRL, y los funcionarios nacionales y porteños era la tarifa de la coima para reabrir.

Ya en el 2013 en el mes de marzo,más exacto el sábado 23 a las 2 am, se produjo una nueva clausura a Madaho’s, en Azcuénaga 1902 esquina Vicente López (4805-3208/48071311/http://www.madahos.com/ mail: info@madahos.com)A esa hora llegaron dos inspectoras con chalecos con las iniciales AGC y custodiadas por un policía. Por desvirtuar su categoría de boliche Clase C fue clausurado. También se quitó a Madaho’s del Registro Público de Boliches. A los pocos días la faja había sido arrancada. 

La lucha dejó a Madaho’s en evidencia de todo el mundo. Y esto fue lo peor para su oculto negocio mafioso. 

Hoy podemos afirmar que Madaho’s en Recoleta no existe más. En cambio Madaho’s en su sede de la ciudad de Mar del Plata sigue en pie pese a la ordenanza local que prohíbe las casas de tolerancia.

Sumate a las asambleas el lunes a las 20 hs en Ayacucho 1064. Más información: 15 6621 5919


RED ANTI MAFIA DENNUNCIA PROSTÍBULOS EN CORRIENTES

12/10/2013

DENUNCIA DE LA HERMANA PELLONI SOBRE PROSTÍBULOS EN CORRIENTES


PROSTIBULOS DEL BARRIO DE ONCE

11/07/2013

Si lo vió y filmó la Alameda, si los denunciamos nuevamente en la presentación de 616 prostíbulos en la ciudad, si representan claramente una amenaza en todo sentido, hasta para la salud pública porque la verdad dan ASCO

¿PORQUÉ SIGUEN FUNCIONANDO ?


DIPUTADO K ESTÁ DE ACUERDO CON RE APERTURA DE PROSTÍBULOS

09/05/2013

Estimadxs: 

Estas declaraciones no nos asombran toda vez que, la Municipalidad de Río Gallegos era socia en el negocio de “Las Casitas”. Por otra parte, el cierre de los Prostíbulos en Río Gallegos depende de una decisión administrativa ya que, La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, autorizó la reapertura de los prostíbulos en 2012.

Los intereses económicos mueven el tema para ver si pueden continuar, tanto los funcionarios públicos como los tratantes, con su lucrativo negocio. Debajo de las Declaraciones del Jefe del Bloque de Diputados K, les recordamos todo el caso de “Las Casitas”, un barrio rojo que funcionaba en tierras fiscales, cedidas por el entonces intedente, Néstor Kirchner. 

Sería bueno que este diputado fuera desaforado por sus comentarios claramente sexistas, a favor de la explotación sexual de las mujeres y viendo sus cuerpos con una mercancía para “entretenimiento”. Estos son los funcionarios que no queremos. Recordémoslo en las urnas !

Saludos,

Mercedes Assorati

Un diputado kirchnerista, a favor de los prostíbulos en Santa Cruz

El legislador Rubén Contreras (FpV) rechazó una iniciativa para cerrar cabarets; “Hay una necesidad de distracción, de estar con una mujer, que es fundamental”, dijo

El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria de la legislatura de Santa Cruz, Rubén Contreras , insistió hoy en su polémico rechazo a la prohibición de prostíbulos en la provincia.

“Usted puede ir a un cabaret e iniciar una charla con una mujer. Yo los he frecuentado y no voy a decir que no”, indicó esta mañana en diálogo con el canal Todo Noticias.

Ayer, durante una entrevista radial, el legislador se opuso a una ordenanza para prohibir la instalación de “night club, cabarets y/o whisquerías” en la ciudad de Caleta Olivia.

“Hay una necesidad que todos sabemos, de distracción, de estar con una mujer, que es fundamental para la vida normal de un hombre”, expresó, en diálogo con FM San Jorge.

El legislador kirchnerista argumentó que miles de personas se asentarán en cercanías de las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto Santa Cruz por la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. “¿Qué hará esa gente? ¿Qué distracción tendrá? Porque habrá gente soltera, casada”, planteó.

Contreras comentó que mantuvo conversaciones sobre el tema con el diputado kirchnerista de Piedra Buena Gustavo Boldovic y que coincidieron en que por la prohibición “puede llegar haber otras cosas como violaciones”.

“Estoy de acuerdo que los locales estén abiertos, no tiene que haber prohibiciones siempre y cuando estén controlados por el municipio. Muchos no lo quieren hablar pero debe haber un debate sobre el tema”, insistió, según consignó la agencia DyN.

Y agregó: “No estoy de acuerdo con la trata, menores o mujeres engañadas del norte. Tiene que haber conformidad y libertad, como corresponde”..

EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, NÉSTOR KIRCHNER, ORGANIZA UN BARRIO ROJO (DE BURDELES), CUANDO ERA INTENDENTE EN RÍO GALLEGOS. JUSTICIA DE RÍO GALLEGOS AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE PROSTIBULOS EN ABIERTA CONTRADICCIÓN CON LAS LEYES VIGENTES.

En Diciembre de 2012, la Alameda denunció la complicidad del Ex Presidente, Néstor Kirchner con la organización de un Barrio Prostibulario denominado “Las Casitas”, que funcionó durante 20 años en terrenos fiscales pertenecientes a la intendencia de Río Gallegos. Esclavitud Cero tuvo la oportunidad de revisar y leer las pruebas documentales por lo que se reproduce la denuncia, que ahora será investigada por la justicia.

 

A principios de la década del 60 los burdeles estaban desparramados por toda la ciudad de Río Gallegos, en 1964 se agruparon en el Barrio Congreso. En 1979 las trasladaron al barrio Belgrano hasta que en 1989 el intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner resolvió radicarlas en terrenos fiscales por 15 años en las manzanas 639 «A» y «B», con la complicidad de todos los organismos del Estado. A cada proxeneta se le dio una parcela en comodato para realizar construcciones precarias donde funcionarían los prostíbulos en terrenos fiscales. A cambio, el municipio les cobró un “plus” o “canon” para realizar las actividades prostibularias, que nunca fueron de prostitución autónoma y mucho menos de cooperativas y siempre se realizaron con regenteo y proxenetismo como mínimo. Ese plus o canon que reza para la planilla municipal como tierras fiscales, limpieza y conservación fue de $4077,69 por año por Casita de Tolerancia o burdel. Durante 20 años, las 36 casitas prostíbulos que funcionaron en tierras fiscales aportaron al municipio $2.935.936,68, suma que surge de multiplicar el canon anual de cada casita por las 36 (a razón de $146.796,84) y multiplicarlo por las dos décadas que funcionaron hasta la denuncia de la Alameda y el allanamiento judicial. También se presenta documentación de la Municipalidad de Río Gallegos, donde consta que el traslado de los prostíbulos del Barrio Belgrano a donde finalmente se instalaron las Casitas fue planificado y consentido por la intendencia.

 

Cuando se venció el Comodato que la Intendencia de Kirchner les otorgó a los 36 prostíbulos el 6 de diciembre de 1989, el 6 de diciembre de 2004, comenzó a discutirse públicamente en la Intendencia y en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, un falso encuadramiento para las casitas, a fin de darle una apariencia «legal» a lo que a todas luces era ilegal y agravado por desarrollarse en terrenos fiscales y con la complacencia del Estado.

 

Los dueños de los prostíbulos se negaban a pagar algo más que el canon que la Intendencia les cobraba y además reclamaban que les vendieran directamente las parcelas a precio de remate. En mayo de 2007 en una solicitada dirigida al Intendente Héctor Roquel y firmada por los dueños de las Casitas decían que «Las 36 casitas propietarias de las manzanas 639 «A» y «B» solicitamos la venta de los terrenos teniendo como referencia el precio del lote 7 de la manzana 639 «B» que oportunamente fuera comprado por un empleado del Dpto Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos en $2200, Marcelo Oscar Álvarez. Creemos que después de veinte años de haber ofrecido un servicio muy bien ganados tenemos también ese beneficio, asimismo el «arriendo» (las comillas son de la misma solicitada) de las tierras FUE POR UN CONVENIO FIRMADO POR 15 AÑOS DE LAS MANZANAS 639 «A» Y «B» EL DÌA 06/12/1989 EL CUAL CADUCARÌA EL DÌA 06/12/2004 CON EL ENTONCES INTENDENTE DE RIO GALLEGOS DR NESTOR CARLOS KIRCHNER».

 

En esa misma solicitada los proxenetas se quejan de las iniciativas del Consejo Deliberante y la Intendencia de pretender encuadrarlas falsamente como Cabaret clase C y les recuerdan a los políticos que si se habilitan de ese modo «seriamos EL UNICO LUGAR DEL PAÌS donde la prostitución es ordenada y controlada y por consiguiente sería EL UNICO MUNICIPIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA que cobra un plus o canon para ejercer la «prostitución libremente» (comillas de la misma solicitada) con la «venia» de todos los organismos del Estado». Por eso mismo, los proxenetas les proponen a los políticos que dejen de discutir falsas habilitaciones y vayan al problema de fondo: «otra de las alternativas sería «reformar la Constitución provincial» y «Legalizar la prostitución».

 

Los dueños de los burdeles del barrio “Las Casitas” plantearon con crudeza la realidad en Argentina, mientras iban acumulando causas por trata, proxenetismo y explotación de menores en varios juzgados del país, lo que buscaban era la legalización de los prostíbulos (ya que la prostitución no está prohibida) y el proxenetismo, que en realidad siempre funcionó en Río Gallegos, como en todo el país.

 

Pese a todo, la Intendencia y el Consejo Deliberante continuaron empeñados en disfrazar los prostíbulos que todo el país reconocía como prostíbulos con la máscara de Cabarets clase C. Pero como los proxenetas se negaban a habilitarse así y a viva voz les recordaban que eran prostíbulos, la discusión se fue extendiendo en el tiempo y la treintena de prostíbulos de Las Casitas continuaron funcionando de facto y en la ilegalidad, pero en terrenos fiscales y aportando religiosamente el canon a la Intendencia que recaudaba por estos servicios.

 

En la denuncia que determinó el cierre de Las Casitas en 2009, La Alameda probó la explotación de mujeres, migrantes y menores y la venta de estupefacientes en los burdeles instalados en el Barrio “Las Casitas” asentado en tierras del Estado. Es evidente que las máximas autoridades de Santa Cruz no se consideraban obligadas por las disposiciones de los arts. 15 y 17 de la ley 12.331 y del art. 2 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, puesto que de otro modo no se entiende cómo es que no ordenaron el cierre de los establecimientos que funcionan como burdeles, a pesar de tener conocimiento de lo que allí ocurre.

 

La actitud de las autoridades policiales en lo que se refiere al control de los horarios del funcionamiento de los prostíbulos, a la confección de padrones de personas dedicadas a la prostitución y la exigencia de libretas sanitarias por parte de las autoridades municipales de Río Gallegos revela que se está de hecho realizando una suerte de reglamentación de la prostitución prohibida por la ley 12.331 y por el art. 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925. Esta “reglamentación” es considerada desde fines del siglo XIX como una práctica discriminatoria contra la mujer y como favorecedora de la prostitución y de la rufianería» (denuncia de la Alameda del 3 de mayo de 2009).

 

En otro escandaloso fallo que se ventiló este año la Alameda solicitó la intervención de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, porque la Cámara Federal de Apelaciones de Cómodoro Rivadavia había autorizado la reapertura de Las Casitas. La Alameda apeló pero la Sala IV de ese Tribunal confirmó el 23-10-2012, la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

 

En resumen, la Municipalidad de Río Gallegos había entregado en una suerte de alquiler terrenos fiscales para que se construyeran y explotaran prostíbulos, cuestión esta que se encuentra acreditada en el expediente judicial. Es decir que el Estado, a sabiendas, proporcionaba los medios y el patrimonio público para que se pusiera en marcha una empresa criminal de la cual, además, obtenía provecho.

 

La Intendencia de Río Gallegos ha incurrido durante dos décadas en el delito de malversación de fondos públicos y peculado habida cuenta que le dio a terrenos fiscales un uso totalmente contrario a la ley.

Con el ejemplo de Las Casitas se ve claramente que esa Intendencia no tuvo empacho en violar la ley 12.331 y el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925 que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y al castigo de los proxenetas y ello encima en terrenos públicos.

 


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