SOLDADITOS NARCO=VICTIMAS DE TRATA

SOLDADITOS NARCO COMO VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el fenómeno del narcotráfico ha asolado a nuestro país, afectando particularmente a niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados por redes de narcotráfico. Los llamados “soldaditos narco” son utilizados por los traficantes para vigilar bunkers de venta de drogas o territorios narco; para vender drogas al menudeo; para desarrollar acciones delictivas y hasta para actuar como sicarios. Este trabajo intenta demostrar que estos niños resultan criminalizados por sus actos, cuando, en realidad, son víctimas de trata de seres humanos y deberían recibir asistencia, protección y apoyo para la reinserción por parte del Estado.

LA TRATA DE PERSONAS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

“Trata de seres humanos” es un término moderno para referirse a un problema milenario: LA ESCLAVITUD. La prohibición de la esclavitud es una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario, es decir una norma de ius cogens, aplicable aún a Estados no han ratificado ninguna convención. La trata de personas entraña una cadena de violaciones a los derechos humanos que adoptan, en general, la forma de amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física, privación total o parcial de la libertad, violación del derechos a la libertad de circulación y residencia, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho al trabajo, entre otros.

La primera Convención sobre la Esclavitud [1]entró en vigencia en el año 1926 y definió la esclavitud como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”. Esta Convención elaborada por la Sociedad de Naciones, llamó a los Estados a suprimir la esclavitud en todas su formas. Cuando se elabora, ya desde la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la misma insiste en la prohibición de todas las formas de esclavitud y servidumbre.

En 1930, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta el Convenio sobre Trabajo Forzoso[2] (29) que busca también su erradicación. Define el trabajo forzoso como: “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

Reconociendo que el problema de la esclavitud no había sido resuelto, en 1956, se elaboró la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud[3]. La misma buscó definir más claramente las siguientes instituciones:

1. a) La servidumbre por deudas: Estado o la condición que resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios;
2. b) La servidumbre de la gleba: La condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición;
3. c) Servidumbre doméstica y matrimonio Servil se refiere a toda institución o práctica en virtud de la cual:

c1) una mujer, sin que pueda oponerse, es dada en matrimonio. c2) El marido de una mujer, o la familia del marido, tienen derecho a cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera.

c3)La mujer, a la muerte del marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona

c4) Un niño, o joven menor de 18 años es entregado, mediante remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote su persona o su trabajo.

Todas las convenciones posteriores sobre derechos civiles y políticos, mujer, violencia contra la mujer, niñez, etc. van a incluir la prohibición de la Esclavitud.

Es importante destacar el Convenio 169 de la OIT de 1999 sobre Las Peores Formas de Trabajo Infantil que incluye entre otras formas: 1) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes y; 2) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños [4].

En el año 2000, la ONU elabora la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional [5], complementada por el PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, también conocido como Protocolo de Palermo. Se adoptó el término de “trata de personas” ya que la perspectiva sobre la que se construye este instrumento no son las víctimas, sino la promoción de la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada trasnacional. [6]

En la actualidad no se puede hablar de un derecho jurídico de propiedad sobre las personas, ya que la esclavitud no es legal en casi ningún país del mundo. Sin embargo, enfrentamos una situación en que algunos seres humanos enfrentan un dominación de facto. [7]

El Protocolo de Palermo establece que quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona; con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, incurre en trata de personas.

Esta definición, sin embargo, no es apropiada para ser incorporada directamente en los códigos penales domésticos tal y como se advierte en los trabajos preparatorios[8]. En efecto, posee demasiados elementos a ser probados, haciendo difícil el procesamiento. La definición del Protocolo, trasladada al orden interno, obliga a la justicia a demostrar las amenazas, la coacción, el fraude, el engaño, etc.. Teniendo en cuenta las debilidades de la investigación en nuestro país, los casos tenderían a apoyarse demasiado en las declaraciones de la víctima y el tratante y, las víctimas -encontrándose amenazadas en la mayoría de los casos- rara vez se atreven a declarar contra el tratante.

“El protocolo establece una legislación global para prevenir la trata de personas, perseguir y enjuiciar a sus responsables así como proteger a sus víctimas y tiene en cuenta una dimensión de derechos humanos, que es, según mi opinión, imprescindible para una protección efectiva de las víctimas de la trata. Todas las personas víctimas de la trata tienen derecho a esta protección y no únicamente aquellas que puedan demostrar que han sido forzadas…con la adopción de este protocolo, las víctimas de la trata de personas ya no son consideradas como delincuentes sujetos a penalizaciones y…deportaciones. El protocolo deja bien claro que son víctimas de un delito”[9]. En efecto, en la Nota 13 Interpretativa de ONU indica que “En los trabajos preparatorios se indicará que la alusión al abuso de una situación de vulnerabilidad debe entenderse como referida a toda situación en que la persona interesada no tiene más opción verdadera ni aceptable que someterse al abuso de que se trata.”

A pesar de las entrada en vigor de las diversas normas internacionales y de estar ‘oficialmente prohibida’ en casi todos los países, la esclavitud sigue existiendo en gran escala, tanto en sus formas tradicionales como en forma de ‘nueva esclavitud’.

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN ARGENTINA

La Asamblea del Año XIII de las Provincias Unidas del Río de la Plata dictó la libertad de vientres en 1813 y la Constitución de la Nación Argentina, de 1853, dio por abolida completamente la esclavitud en su artículo 15. Es un hecho, sin embargo, que la esclavitud sigue existiendo en nuestro país. Según el informe 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos, Argentina es un país de reclutamiento, tránsito y destino de víctimas para hombres, mujeres y niños y niñas tanto para trata sexual como laboral. [10]

Argentina ratificó la Convención sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo mediante ley 25.632/2002, obligándose adoptar medidas para prevenir la trata de personas; asistir y reparar a sus víctimas y perseguir el delito.

En abril de 2008, se tipificó el delito mediante la ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”, cuyo objeto fue la implementación de medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. La trata de personas se incorporó al Código Penal en el título V del Libro II, que protege el bien jurídico libertad, aunque está claro que existen otros bienes jurídicos en juego como la dignidad humana, la integridad física, la vida, etc. [11]

La ley recibió muchas críticas por parte de las ONGs[12] y finalmente fue modificada en 2012, mediante la Ley 26.842. La primera modificación que introduce, es en la definición de trata de personas: “Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

1. a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;
2. b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
3. c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; d) Cuando se promoviere, facilitare o

comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;

1. e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;
2. f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil, o administrativa de los autores, participes, cooperadores o instigadores”.

La ley Argentina superó al Protocolo de Palermo y descartó la diferencia entre trata de mayores y menores de edad, excluyendo el consentimiento como causal de atipicidad y brindando una mayor garantía a las víctimas. No se puede argumentar que la víctima ha consentido, para eximirse de responsabilidad. Ello se entiende toda vez que el Estado tiene los deberes de garantía y respeto de los derechos humanos, por lo que no puede consentir que una persona renuncie a sus derechos humanos, ya que son irrenunciables e intransferibles.

“…La trata de personas busca garantizar a una persona la libertad tanto física como psíquica de autodeterminación (Libertad de elegir un plan de vida en el que pueda seguir considerándoselo persona) castigando aquellas acciones que conducen a la explotación y esclavización del ser humano…dado el contenido y alcance del bien jurídico que ampara a la trata de personas éste no resulta disponible por el particular damnificado. Por lo tanto no cabría otorgar, al menos de lege ferenda, eficacia alguna al denominado consentimiento de la víctima…”.[13] . El artículo 5º de la Ley 23.634 establecía la no punibilidad de las víctimas de trata por la comisión de cualquier delito que fuera el resultado directo de haber sido objeto de trata.

La modificación de la ley introdujo un aumento de las escalas penales que va ahora desde los 4 (cuatro) a 8 (ocho) años de prisión (antes era de 3 a 6). La pena anterior resultaba absurda toda vez que la violación agravada, tenía mayor pena que la trata de personas que, en el caso de trata sexual, incluye violaciones agravadas múltiples. Asimismo, tenía mayor pena el abigeato que la trata. También se han incluido nuevos fines de explotación como la pornografía infantil, los matrimonios forzados o cualquier tipo de unión de hecho.

El art. 4 de la nueva ley de trata de personas, contempla las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas, aclarando que el Estado garantizara a las víctimas distintos derechos, con prescindencia de su condición de denunciantes o querellantes en el proceso penal, y hasta el logro de las reparaciones correspondientes. Entre ellos mencionamos la recepción de información sobre sus derechos; asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente; capacitación laboral; protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia; ser oída en todas las etapas del proceso; incorporación o reinserción en el sistema educativo, entre otras.

En el caso de victimas menores de edad, se deben reconocer sus necesidades especiales. Las medidas de protección de derechos no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se intentará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo. También se prohíbe el hospedaje de las víctimas en cárceles, establecimientos penitenciarios, policiales, o destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas.

LOS SOLDADITOS NARCO COMO VÍCTIMAS DE TRATA

Según un informe realizado por la Asociación Antidrogas Argentina[14] existen más de 250 mil soldaditos narco menores de 16 años en el país, que son utilizados de diversas maneras por las organizaciones criminales. La ONG advirtió que la situación “está invisibilizada” y señaló el drama de las familias, que no pueden luchar contra el reclutamiento narco.

En la mayoría de las zonas marginales de las grandes ciudades, los niños son utilizados por los narcotraficantes para vigilar bunkers de venta de drogas o territorios narco; para vender drogas al menudeo; para desarrollar acciones delictivas y hasta para actuar como sicarios. Estos niños han dado en llamarse “soldaditos narco” y constituyen la carne de cañón de las organizaciones delictivas, casi de la misma forma que los niños soldado en el marco de los conflictos bélicos.

El número de soldaditos narco ha ido en continuo aumento y las políticas públicas para frenar el proceso resultan muy lentas o directamente están ausentes. Mientras tanto, como sociedad hemos “normalizado” esta situación ya que ni las propias familias pueden impedir que los narcos se apropien de los niños y niñas.

La prensa da cuenta del desbaratamiento de una banda dedicada a la venta y distribución de drogas que operaba en la provincia de Buenos Aires y en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores [15] . Explica que los operativos culminaron con un total de 12 personas detenidas (entre ellas tres menores de edad). Los niños resultan criminalizados, sin que se analice en profundidad su situación como posibles víctimas de trata.

Otro artículo explica la detención de una mujer y su marido, que mantenían un delivery de cocaína, utilizando un ejército de 15 “soldaditos” de entre 4 y 14 años de edad.[16] Los nenes hacían los pedidos, cobraban y llevaban las dosis. Los dos mayores de edad quedaron acusados del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el uso de menores”. Ninguna referencia a la trata de seres humanos que hubiera determinado una pena mayor para los tratantes y un tratamiento diferente para los niños y niñas.

En otro caso en Mercedes la Justicia Federal detiene un narco que empleaba menores y discapacitados, a quienes primero introducía en el consumo de estupefacientes para luego forzarlos, por la necesidad de consumir sustancias, a trabajar para él. La jueza federal Pozzer Penzo ratificó su procesamiento al considerarlo “autor material penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente calificado por haberse servido de menores de 18 años…”.[17] Nuevamente la calificación del hecho olvida la trata de seres humanos, reduciendo sensiblemente la posible condena y privando a los niños y niñas de la asistencia a la que tendrían derecho como víctimas de trata.

Una mujer de la ciudad santafesina de Rufino difundió un video en el que se ve cómo varias personas ahorcan a su hijo. Aseguró que se trata de dealers que lo hicieron para obligarlo a vender marihuana. El fiscal de Rufino, Mauricio Clavero, realizó allanamientos y detuvo a dos personas, caratulando la causa como “lesiones dolosas y amenazas”, cuando podría tratarse de un caso de trata de personas en grado de tentativa.[18] Según un estudio realizado por la Universidad de Rosario [19] los soldaditos reciben una paga diaria de 150 pesos pero, en caso de querer abandonar esa tarea, sufren amenazas y persecuciones. Es decir, una vez que empiezan a trabajar para los Narcos, les resulta muy difícil salir de la situación.

Según la Defensora Pública de Menores de Rosario, María Fernanda Tugnolli, entre el 2011 y el 2015 las causas de narcotráfico que involucran a menores crecieron un 816% y agrega que, en el 80% de estas causas, los menores terminan procesados por resultar detenidos dentro de los búnkeres en el momento del allanamiento. [20]

Los verbos típicos que integran el tipo penal de trata son múltiples, por ello conviene recordar que la doctrina afirma que no es necesario realizar todas las conductas descriptas. En efecto, con la sola configuración de alguna de estas acciones ya estaríamos frente al delito de Trata de Personas. Entre los verbos típicos se encuentra el ofrecimiento (invitar, prometer); la captación (ganar la voluntad, seducir, reclutar); la recepción (admitir, recibir); la acogida (alojar, esconder, brindar protección física), los cuales se verifican en la mayoría de los casos presentados.

El delito se configura cuando se realiza alguna de las conductas con cualquiera de las finalidades de explotación mencionadas por la ley, por ejemplo, cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad.

Debido a las condiciones sometimiento, amenazas y a veces reclusión en que los soldaditos de la droga viven y son obligados a traficar y trabajar, resulta evidente que estos niños están sometidos a una situación de servidumbre. Los narcos los reclutan en los barrios más pobres y los seducen, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, para que integren sus bandas. Para aquellos que no se doblegan, existen las amenazas y la violencia.

Aún si el menor manifiesta haber ingresado al grupo delictivo “por su voluntad”, dicha voluntad se encuentra viciada por su calidad de menor de edad. Por otra parte, dicha voluntad se encuentra afectada por condiciones previas, como su situación de vulnerabilidad, y posteriores como la imposibilidad de salirse de la banda, lo que implica una clara restricción de su ámbito de autodeterminación.

Del estudio de casos publicados en prensa, se desprende que, en la mayoría de los casos, la justicia hace oídos sordos a la problemática de estos menores. Caratulando los casos en forma errónea o incompleta, se termina procesando a los soldaditos en contradicción con la normativa analizada. Ello permite a los “narcotratantes” recibir penas menos graves, y resulta en el abandono a su suerte a los niños/as y adolescentes que tienen el derecho a recibir asistencia, protección y reparación por parte del Estado por su carácter de víctimas de trata de personas.

El convenio 169 de la OIT, 1989, incluía entre las peores formas de trabajo infantil, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. Luego de tantos años, no se puede alegar desconocimiento sobre esta forma de sometimiento.

CONCLUSIONES

Los soldaditos narco terminan en general privados de su libertad en institutos de menores, sometidos a condiciones de detención que pueden, en muchos casos, ser consideradas como tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuando en realidad no son punibles por lo delitos cometidos en el marco de una situación de servidumbre. Es decir, en contradicción con las Convenciones y la ley interna, son revictimizados y no se les garantiza la reinserción ni la no repetición de las violaciones sufridas.

Es urgente que el Estado distinga la problemática de la trata de seres humanos en el marco del narcotráfico, para que los “soldaditos” dejen de ser criminalizados y comiencen a recibir la protección, asistencia y reparación a la que tienen derecho como víctimas de trata de personas. Argentina, de todas formas, no está preparada para asistir a estos menores ya que los pocos refugios que existen son para mujeres y el sistema de atención presenta grandes falencias, tantas que ni siquiera hemos podido informar hasta la fecha cuántas víctimas han sido atendidas, por cuánto tiempo y que tipo de asistencia recibieron.

En conclusión resulta claro que la justicia no está distinguiendo las situaciones de trata de personas, en particular de niños y niñas, en el marco del narcotráfico. Ello queda demostrado en las calificaciones incompletas de los delitos que se imputan a los “narcotratantes”, lo cual termina operando en contra de los derechos de los niños y niñas involucrados en estos hechos. Asimismo, el Estado Argentino está incumpliendo los deberes que le asigna la propia ley de trata de personas, así como numerosas convenciones internacionales que ha ratificado, algunas expresamente incluidas en la Constitución Nacional.

Es urgente que las autoridades nacionales, las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal y las ONGs evalúen la situación que se presenta, comprendan sus alcances y capaciten a los fiscales, tanto federales como ordinarios para discriminar las situaciones de trata en el marco del narcotráfico. Es imprescindible que se elaboren programas de prevención en las zonas marginales en las que se produce el reclutamiento de niños y niñas por parte del narcotráfico y, también, que se reconozcan los derechos de los niños y niñas reclutados por las redes de narcotráfico como víctimas de la trata de personas.

Mercedes Assorati

Esclavitud Cero, Diciembre 2017.

NOTAS

[1] http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx

[2]http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/2433

[3]http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx

[4] http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

[5] https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

[6] Artículo 1º de la Convención contra el Crimen Organizado Trasnacional.

[7] Baucells Lladós, Joan “Inmigración y Sistema Penal – Retos y Desafíos en el Siglo XXI”. 2006. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España.

[8] http://www.oas.org/atip/reports/annot_prot_spanish.pdf

[9] Rodríguez Pizarro, Gabriela. “La Trata de Personas y los Derechos Humanos de los Migrantes” Conferencia hemisférica sobre migración internacional: derechos humanos y trata de personas en las Américas. Santiago de Chile, 20 al 22 de noviembre de 2002.

[10] https://www.state.gov/documents/organization/271341.pdf

[11] Fellini, Zulita. “Delito de trata o tráfico de niños”, 2007, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Argentina

[12] http://www.senado.gov.ar/upload/21006.pdf

[13] Colombo, Marcelo L. y Mángano, María Alejandra. “El consentimiento de la víctima en la trata de personas y un análisis sobre los medios comisivos previstos en la figura penal”. Ministerio Público Fiscal

[14] http://www.bigbangnews.com/policiales/Ya-hay-mas-de-250-mil-soldaditos-narco-en-el-pais-cuanto-cobran-y-como-los-recultan-20170820-0011.html

[15] https://www.clarin.com/policiales/adriana-narco-usaba-nenes-soldaditos_0_rkpD2XxU.html

[17] http://todolibres.com.ar/vernota.asp?id_noticia=53436

[18] http://www.elonce.com/secciones/policiales/502358-difundin-un-video-donde-presuntos-narcos-ahorcan-a-su-hijo-para-que-venda-droga.htm

[19] http://www.lanacion.com.ar/1601132-el-negocio-narco-en-rosario-ya-dejo-1000-muertos-y-mueve-2000-millones-al-ano

[20] http://www.perfil.com/sociedad/soldaditos-de-la-droga-las-causas-con-menores-crecieron-mas-de-800-0731-0086.phtml

BIBLIOGRAFÍA

Assorati, Mercedes. “Trata de Personas y Delitos Conexos”. Ponencia para Jornadas organizadas por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, Argentina. Abril de 2010 https://esclavitudcero.wordpress.com/2010/04/13/jornadas-sobre-trata-de-personas-y-delitos-conexos/

Assorati, Mercedes. “Trata de Personas: Guía Práctica para la Persecución Penal del Delito en Mexico y la Asistencia a sus Víctimas”. 2009. Publicación conjunta de Global Rights y el Colectivo contra la Trata de Personas de Mexico. Mexico.

Assorati, Mercedes. “Obligación del Estado Argentino de Reparar a las Víctimas de Trata”. Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. 2008. http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.php?storyid=2585

Colombo, Marcelo L. y Mángano, María Alejandra. “El consentimiento de la víctima en la trata de personas y un análisis sobre los medios comisivos previstos en la figura penal”. Ministerio Público Fiscal.

Department of Labor (DOL). 2015. Argentina and Child Trafficking Factsheet, https://www.dol.gov/sites/default/files/images/ilab/child-labor/Argentina_0.pdf

Baucells Lladós, Joan “Inmigración y Sistema Penal – Retos y Desafíos en el Siglo XXI”. 2006. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, España.

Fellini, Zulita. “Delito de trata o tráfico de niños”, 2007, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Argentina

Flores, Ercilia y Romero Díaz, Maria D. “Trata de Personas con fines de Explotación”, 2009, Editorial Lerner, Córdoba, Argentina.

Jordan, Ann. “Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU contra la Trata de Personas”. 2005. Global Rights. ISBN 0-9753197-5-2

Hairabedián, Maximiliano. “Tráfico de Personas”. La trata de personas y los delitos migratorios en el derecho penal argentino e internacional. Apéndice legislativo. Editorial, Ad-Hoc, Monteagudo. Provincia de Buenos Aires, agosto 2009.

Rodríguez Pizarro, Gabriela. “La Trata de Personas y los Derechos Humanos de los Migrantes” Conferencia hemisférica sobre migración internacional: derechos humanos y trata de personas en las Américas. Santiago de Chile, 20 al 22 de noviembre de 2002.

Links a Artículos de periódicos consultados:

http://www.bigbangnews.com/policiales/Ya-hay-mas-de-250-mil-soldaditos-narco-en-el-pais-cuanto-cobran-y-como-los-recultan-20170820-0011.html

http://www.lagaceta.com.ar/nota/329360/argentina/denuncian-al-estado-argentino-detencion-menores-delinquen.html

http://www.cels.org.ar/web/2009/04/posicion-del-cels-sobre-la-creacion-de-un-nuevo-regimen-de-responsabilidad-penal-juvenil/

http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/06/nuevo-operativo-en-la-villa-1-11-14-cayo-un-presunto-jefe-de-soldados-narco/

https://www.clarin.com/policiales/adriana-narco-usaba-nenes-soldaditos_0_rkpD2XxU.html

http://todolibres.com.ar/vernota.asp?id_noticia=53436

http://foro.seprin.com/showthread.php?76646-Rosario-ciudad-de-búnkeres-y-soldaditos

http://www.lanacion.com.ar/1819807-soldaditos-de-la-droga

http://www.perfil.com/sociedad/soldaditos-de-la-droga-las-causas-con-menores-crecieron-mas-de-800-0731-0086.phtml

https://www.laizquierdadiario.com/Rosario-Lifschitz-recorrio-el-Irar-y-hablo-de-encierro-amigable-entre-denuncias-de-tortura-a

http://labrujula24.com/noticias/2016/29416_Los-narcos-detenidos-el-sabado-usaban-qsoldaditos-para-proteger-su-bunkerq

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2016/06/06/politica/POLI-03.html

http://www.elpais.com.co/mundo/asi-usan-los-narcos-a-argentina-como-plataforma-de-envio-de-drogas-a-europa.html

http://www.losprimeros.tv/mobil/110968/ingeniero-budge-cayo-el-patron-de-la-bolsa-el-narco-que-levanto-un-muro-para-vender-drogas.html

http://www.elonce.com/secciones/policiales/502358-difundin-un-video-donde-presuntos-narcos-ahorcan-a-su-hijo-para-que-venda-droga.htm

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2017-8-20-20-28-46-en-mendoza-unos-20-mil-chicos-trabajan-para-el-narcotrafico

http://procedimientospolicialesargentina.blogspot.com.ar/2013/12/narcos-usan-ninos-pobres-para-vender.html

http://concordia7.com/los-chicos-de-la-droga/

 

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E0 SOLICITA CAMBIOS EN TRATA

Estimad@s,

ESCLAVITUD CERO asistió a una reunión en la Conferencia Episcopal y realizó un balance a 10 años de la sanción de la Ley de Trata en Argentina. Próximamente estaremos bajando el documento de la exposición. Las cosas no están bien en particular en lo que hace a la impunidad, las estadísticas y la asistencia y reinserción de las víctimas, sobre todo en el caso de los niños soldados y otros niños y niñas en riesgo. Saludos,

Mercedes Assorati

A 10 AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ REUNIÓ A ESPECIALISTAS Y PERSONALIDADES DESTACADAS EN LA MATERIA

“Invito a todos los ciudadanos y las instituciones a unir fuerzas para prevenir la trata y garantizar la protección y asistencia a las víctimas”.          

                                                                                   Papa Francisco 7/2/18

 

Este miércoles 11, con motivo de la conmemoración de los 10 años de la sanción de la Ley N.º 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, se realizó la reunión ampliada del Equipo No a la Trata de Personas dependiente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina.

La reunión que se realizó en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, congregó a especialistas y diversas personalidades, quienes realizaron balance en términos de logros y desafíos en la materia. Encabezaron la reunión Monseñor Carlos Malfa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Fernando Maletti, obispo de Merlo-Moreno y titular de la Comisión Nacional de Adicciones Drogadependencia y Monseñor Hugo Salaberry, obispo de la Diócesis de Azul y presidente de la Comisión Episcopal para los Migrantes e Itinerantes. Estuvieron presentes el Comisario Pablo Bruni de la Policía Federal Argentina, Silvina Penella de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dra. Claudia Fernández, Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, Mercedes Assorati de la ONG Esclavitud Cero, Ana Chávez miembro de la red Pidhdd, la Dra. Eleonora Weingast, relatora letrada de la Procuraduría de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Dr. Marcos Parera, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los presentes valoraron los avances realizados por el Estado Nacional y destacaron las provincias que avanzaron en sus propias legislaciones. Asimismo, se realizó una lectura de situación en términos de los desafíos para los próximos años. Sobre la valoración positiva de los logros en materia institucional, judicial, social y cultural, se realizó una lectura crítica de situación en las que se destacan la necesidad de mayor articulación interinstitucional, creación de una red de refugios a nivel nacional, mayor celeridad en la asistencia y seguimiento de casos, más celeridad en los procesos judiciales, articulación federal e institucional para un sistema de información estadística riguroso, y la reglamentación completa de la Ley.

El Equipo No a la Trata es un espacio interreligioso donde confluimos laicos y religiosos que trabajamos desde nuestros ámbitos de acción en la lucha contra la Trata de Personas. Fue creado en el año 2013, cuando la Comisión Nacional de Justicia y Paz nos convocó con el fin de articular acciones, intercambiar perspectivas y contribuir a poner en agenda esta grave problemática.

En los últimos años hemos emprendido acciones de manera coordinada, en distintos lugares. Además, realizamos actividades en el marco de los días de acción y sensibilización que integran el calendario internacional.

Contacto: equiponoalatrata@gmail.com

SITUACIÓN DE LA TRATA EN CHILE

Enviamos link al informe sobre las causas penales de trata de personas con sentencia firme en el vecino país. Pareciera que hacen menos que Argentina y el segundo grupo de mujeres afectadas después de las chilenas, son las Argentinas. A tomar nota !.

http://tratadepersonas.subinterior.gov.cl/media/2018/02/Informe-Estad%C3%ADstico-Trata-de-Personas-2011-2017.pdf

 

 

ARGENTINA EXPORTA SERES HUMANOS

“La Argentina exporta seres humanos para ser sometidos a la trata”
Lo dijo el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, quien dio detalles de su último encuentro con el papa Francisco en Roma, donde Jorge Bergoglio reunió a representantes de más de 10 países que integran el Grupo Santa Marta, para analizar el ‘drama’ del tráfico de personas.

lunes, 12 de febrero de 2018
“La Argentina exporta seres humanos para ser sometidos a la trata”

“Es una alianza de que viene de 2014, entre la Iglesia y algunos jefe de policía, que surgió de una iniciativa del Papa. Nosotros participamos desde la fundación y en 2016 se consultó a la ministra Bullrich y el presidente y nos dieron órdenes que continuemos integrando el grupo. Esta fue la quinta reunión en Santa Marta”, detalló Roncaglia en diálogo con radio Delta.

En ese marco, el titular de la PFA dijo que las organizaciones criminales de trata “operan de la misma manera” que las bandas de narcotráfico o tráfico de armas. “Es un delito globalizado, en todos los países pasa lo mismo. Algunos países son de consumo de seres humanos y otros los ‘producen’. En la Argentina estamos recibiendo personas de Centroamérica para ejercer la prostitución en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el sur del país”, alertó el efectivo.

“El año pasado hicimos una investigación profunda, frente a este grupo Santa Marta, para crear redes y contactos. Y recibimos una información de París, que dice que hay una organización que lleva chicos transexuales para trabajar en Madrid, París y Roma. Eso se judicializó vía diplomática. La Argentina es un país de exportación de seres humanos para ser sometidos a la esclavitud moderna, que es la trata. Eran hicos traídos del NOA y NEA (Salta Jujuy y Tucumán), los traían a Buenos Aires, los seleccionaban. Los más jóvenes y lindos los internaba en una clínica en el oeste del Gran Buenos Aires les hacían senos, glúteos, colores de ojos, pestañas y los traficaban a Europa para hacerlos trabajar en la prostitución”, describió el comisario general.

Según contó Roncagalia, esta organización actuó bajo las peores condiciones, buscando contagiar a los jóvenes de SIDA. El gobierno parisino otorga un subsidio a los enfermos de HIV para pagar sus gastos y esa banda se quedaba hasta con la plata que recibían los infectados. “Ellos hablaban que cuánto más contagiados tenían era mejor, porque más pata recibían del Estado”, especificó. “El daño es increíble, y eso pasó desde la Argentina”, agregó.

“El Grupo Santa Marta sirve para tomar conciencia, la Iglesia no investiga a las organizaciones, sino apunta a concientización y atención de la víctima. Pero la trata es un problema de todos. Alguien tiene que investigar a estar organización y encarcelar a los autores, sino es un círculo vicioso: se rescata a la víctima, se la resociabiliza, pero la organización sigue vigente”, remarcó.

El último informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROTEX) y la organización no gubernamental Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) reveló que desde el retorno de la democracia a Argentina, en 1983, la lista de desaparecidos asciende a 6.040 personas, de las cuales 3.231 son mujeres y 2.801 hombres.

El alto porcentaje de desaparecidas, especialmente adolescentes, indica que la mayoría de las desapariciones tienen que ver con trata de personas con fines de explotación sexual, un delito en el que el 99 % de las víctimas son mujeres.

Al término de este encuentro, el papa Francisco denunció la existencia de redes de trata “en las más prósperas de nuestras sociedades” y animó a incorporar nuevas herramientas tecnológicas en la lucha contra la trata de personas. “La experiencia muestra que las formas modernas de esclavitud están más difundidas de lo que podemos imaginar, incluso, para nuestra vergüenza y escándalo, en el interior de las más prósperas de nuestras sociedades”, aseguró el Pontífice.

Bergoglio les pidió a los participantes, incluido Roncaglia, que “las iniciativas destinadas a luchar contra la trata de personas, en su objetivo concreto de desmantelar las redes delictivas, deben considerar el uso responsable de tecnologías y de los medios”. Además, pidió incorporar “el estudio de las implicaciones éticas de los modelos de crecimiento económico que favorece el beneficio de las personas”.

Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha insistido con la categoría de “formas modernas de esclavitud” para incluir delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual y el tráfico de órganos.

Detienen policías y funcionarios por trata

CRIMEN Y JUSTICIA

Detuvieron a policías que protegían a una red de trata de personas liderada por “La Reina del Sur”

Son cinco uniformados, entre ellos un comisario y un capitán. Operaban en la zona sur del conurbano bonaerense

22 de diciembre de 2017

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, junto al juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, permitió desbaratar una red de trata de personas que actuaba en la zona sur del conurbano.

En la causa hay tres policías detenidos acusados de proteger a la banda que era liderada por una mujer conocida como “La Reina del Sur”.  También se allanó un prostíbulo y varias comisarías del distrito, donde se incautaron elementos de interés.

Frente del prostíbulo allanado por la Policía

El titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, participó de los operativos junto a la justicia para desarticular esta importante organización, que tenía como grado de acción los partidos del sur del Gran Buenos Aires.

En los allanamientos, donde se identificaron a varias trabajadoras sexuales y ocasionales clientes, se secuestraron también 600.000 mil pesos en efectivo, dólares, seis armas de fuego y 100 municiones.

Para la pesquisa fue clave el análisis de varias horas de escuchas

Junto a los efectivos y la mujer que lideraba la banda, fue detenido un empleado de la Municipalidad identificado como Sebastián Marasco. En su poder tenía cinco tablets, siete celulares, dos memorias, tres pen drive, 10 chips de teléfonos y 9000 mil pesos en efectivo.

Según destacaron desde la cartera de seguridad bonaerense, para la investigación fue clave el análisis de varias horas de escuchas, donde hay efectivos involucrados; entre otras cosas, están investigados por cobrar “coimas” y brindar “protección”.

De acuerdo a lo informado, se allanaron también las seccionales 5°, 7°, 9° y 10° de Lomas de Zamora y la Distrital Lomas Norte, donde se incautaron celulares de los titulares, oficiales jefes presentes, personal de GTO y oficiales de servicio, como así también computadoras y equipamientos informáticos.

La “caja chica” que se secuestró durante el allanamiento al prostíbulo

Entre los policías detenidos se destacan un comisario inspector, que estaba a cargo de la Distrital Lomas Norte, y otro que tiene el rango de capitán.

En total se realizaron más de 20 allanamientos, algunos en casas particulares, cinco en locales comerciales (prostíbulos, bares y una parrilla) y seis en dependencias policiales. En los operativos también participaron efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

TRATA DE INDÚES HACIA ARGENTINA

Trata de personas: cómo un brasileño traficó hacia la Argentina ciudadanos indios para esclavizarlos
Las víctimas salieron de la ciudad india de Raiko, y fueron llevados a Dubai, de ahí a Holanda, luego Brasil, donde fueron retenidos y terminaron su calvario en Corrientes.

Por Andrés Klipphan 20 de noviembre de 2017

Luiz Carlos Severo Bueno tiene 57 años, nació en la ciudad de Uruguayana, en Brasil. No fuma, no toma bebidas alcohólicas. Tampoco hace deportes, ni vive de su profesión, contador público. Aunque tiene montada una oficina de asesoría técnica rural en Río Grande do Sul. Esa pequeña firma, y el hotel “Rolín”, propiedad de su hijo, Luis Enrique, le sirven de pantalla para las operaciones que le encargan desde el consorcio internacional que opera en todo el mundo y sobre el cual sabe poco y nada. Y es mejor así.

Son las ocho de la noche del 1 de julio de 2016. El hombre de ojos verdes, camisa clara y campera azul está parado frente a la boletería de la empresa Flecha Bus, ubicada en la estación terminal de ómnibus de la ciudad correntina de Paso de los Libes. Hace lo que los investigadores creen que le ordenaron. Sacar tres pasajes con destino a Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dos semanas después, el joven que expendió los boletos declarara como testigo en la causa que se le abrió a Severo Bueno por los delitos de “tráfico ilegal de inmigrantes, agravado por las condiciones de aprovechamiento de inexperiencia y abuso de necesidad, y de transporte con fines de explotación que tienen como víctima a tres ciudadanos indios”.

Dirá que la voz cantante la llevaba Severo Bueno. Que este hablaba un perfecto castellano; qué fue él quien presentó los pasaportes de los tres indios que lo acompañaban cuando este le pidió la documentación antes de expender los tiques. El brasileño actuaba con absoluta tranquilidad, ya sea porque había realizado otras veces aquella maniobra, y nunca lo habían descubierto, o porque estaba convencido que los tentáculos de sus contactos internacionales tenían todo “arreglado” y bien aceitado.

 

De hecho, hasta ese momento, todo había salido a pedir de boca. Ni él, ni los indios, quedaron registrados en la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina. Es decir, que ingresaron de manera ilegal al país.

Severo Bueno no lo sabía, o no le importaba, pero sus movimientos quedaron grabados por las cámaras de seguridad de la terminal. También en las del bar, lugar a donde llevó a sus tres pasajeros. Los sentó alrededor de una mesa, pagó de su bolsillo los 50 pesos que le cobraron por una botella grande Coca Cola. Y en las cámaras del peaje.

El mozo que los atendió también sería interrogado por la fiscalía. Los extranjeros se comunicaban por señas con el brasileño. No tomaron ni un sorbo de la bebida, y permanecieron en el local unos 30 minutos. Fue el tiempo que demoró el hombre de campera azul para regresar con los equipajes de quienes serían sus víctimas. Eran tres bolsos pequeños donde apenas entraba una muda de ropa y un abrigo.
El camarero confió que los tres migrantes parecían turistas, y que mientras aguardaban al “taxista”, uno de ellos, en perfecto inglés, le pidió una tijera para “para cortar un chip de la empresa Claro e insertarlo en un teléfono celular”.

Ya con los bolsos en las manos, todos se levantaron y abordaron el micro. Las cámaras registraron el momento. Los tres indios subieron al micro de doble piso. Severo Bueno, en cambio, se quedó dentro de su auto observado la escena. Recién se marchó cuando corroboró que los indios no bajaron.
Recién ahí puso en marcha su Renault, modelo Sandero GT Line, dominio extranjero IVZ-1960 y deshizo el camino.
Los tres inmigrantes, que desconocían haber ingresado de manera ilícita al país, tenían entre 19 y 22 años, y una triste y larga historia para contar.

Su estado de vulnerabilidad los llevó a que esa destemplada noche correntina terminara no en las rutas argentinas que los llevaría supuestamente a un restaurante de Capital Federal a trabajar como mano barata y esclava -aunque esto no lo sabían porque habían sido engañados- sino demorados y puestos a disposición de la Justicia, por parte de personal de Gendarmería Nacional que integraban el Grupo de Seguridad Vial Bonpland.

Eran aproximadamente las 22 horas cuando los gendarmes, por disposición del ministerio de Seguridad de la Nación, requisaron el Flecha Bus, y pidieron documentación a todos los pasajeros. En circunstancias como esas, los suboficiales, acompañados por perros especialmente entrenados, buscaban drogas. Sin embargo, ese día, en vez de estupefacientes se hallaron con tres inmigrantes ilegales que desconocían el idioma, que estaban asustados, que prácticamente no tenían ropa ni dinero, que a ojo de experto no tenían las características del turista promedio, y lo que era realmente grave, estaban indocumentados y habían ingresado al país de manera ilícita.

La actuación de Gendarmería fue decisiva para desbaratar la operación de trata
La actuación de Gendarmería fue decisiva para desbaratar la operación de trata
Sucede que los indios ya no tenían los pasaportes que Severo Bueno presentó en la ventanilla para comprar los pasajes, sino tres fotocopias que no servían para acreditar sus identidades que en la causa figuran con las siglas, “S.R”, “R.I.S” y “G.S”.
Severo Bueno, que ya estaba en el hotel de su hijo, lugar donde habían alojado a los extranjeros hasta cruzarlos a la Argentina, jamás imaginó que dos semanas después terminaría preso por esa requisa de Gendarmería.

La jueza subrogante Cristina Pozzer Penzo, a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, no dudó un instante en descubrir quienes eran las víctimas y quien el victimario.
Y así los trato. Mientras Severo Bueno, que al parecer de bueno solo tenía el apellido, era procesado con prisión preventiva, los tres indios declaraban sus padecimientos en Cámara Gesell, la misma metodología que se usa para los niños y adolescentes. Fue así como se enteró que “el acto delictivo” había comenzado hacía 13 días en la República de la India.

Los tres contaron la misma versión de los hechos. Sus vidas en el país que nacieron corrían peligro por un conflicto político-religioso. Ya habían sido apaleados por esto, y varios seres queridos asesinados. Por esa razón, sus familias tomaron contacto con personas desconocidas por ellos que facilitaron la salida de India. “Si no hacías eso el gobierno nos quitaba la vida”, aseguraron.

Sus familias les pagaron a esas personas 27.000 dólares en efectivo, es decir 9.000 dólares por cada uno. Seguramente esa era una primera remesa, pero desconocían el resto. Los desconocidos, posiblemente traficantes experimentados que vendían espejos de colores bajo la promesa de trabajo y un mejor pasar en América. Era lo único que importaba. Por eso siguieron al pie de la letra lo que otros “desconocidos” -así los llamaron en sus declaraciones- y en inglés, les ordenaban en los distintos puntos de una travesía interminable, que fue por tierra, agua y aire.

Antes de ingresar a territorio argentino y ser demorados por los gendarmes en Corrientes, los indios describieron la travesía o lo que la jueza interpretará como la ruta de la trata. Comenzó en la ciudad india de Raikot, que está ubicada en el distrito de Ludhiana, en la provincia de Punjab. En ese pequeño poblado, de menos de 30.000 habitantes, vivían con sus familias y vivía de la agricultura. De allí los “desconocidos” que hicieron el “arreglo” para sacarlos de India, recorrieron vía terrestre el camino que los condujo hasta el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, situado a situado a 16 kilómetros de la ciudad de Delhi, lugar al que nunca habían ido.

De allí, y con sus pasaportes en mano, viajaron hasta Dubai, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos. Sin salir de uno de los principales aeropuertos internacionales de Medio Orientes, los tres indios fueron contactados “sin saber cómo los conocieron”, según declararon ante la jueza correntina, por “un desconocido” que ya tenía los tres pasajes en mano para abordar otro avión que los llevaría a Holanda. De ahí las víctimas, que nunca supieron que habían caído en una red de trata internacional, viajaron por tierra a “un tercer destino que dicen desconocer, puesto que una parte del viaje la hicieron ocultos”, o al menos así figura en la elevación a juicio oral contra el brasileño de ojos verdes que en este momento goza del beneficio de la excarcelación y que el año entrante será sometido ante un Tribunal Oral Federal para escuchar su condena o absolución.

De ese tercer territorio que desconocen y donde pasaron escondidos un par de noches, recalaron al territorio sudamericano, destino que ni soñaban conocer. En ese momento no lo sabían, pero los indios habían recalado en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Allí los pasó a buscar otros “extraño” que manejó una Trafic durante más de 20 horas hasta llegar a su destino final, el hotel Rolín, cuyo dueño es el hijo de Severio Bueno.

Ante la Justicia Federal correntina, los indios, llamaría al acusado de tráfico de personas como “El taxista”. Los tres manejaban como segundo idioma el inglés pero solo dominaban el “panyabí”, uno de los idiomas oficiales de la India. Los tres hombres tuvieron siempre en sus manos sus pasaportes, salvo cuando abordaron el Flecha Bus hacia la Ciudad de Buenos Aires. Fue Severio Bueno quien se supone que se los retuvo y les dio las fotocopias.

Durante los allanamientos en las propiedades y automóvil del brasileño, esos documentos no aparecieron, pero fueron gestionados y gracias a la intervención de la jueza Pozzer Penzo se le dio ingreso legal al país. Lo que resta de la historia sigue es incertidumbre. Se sabe que en Retiro los ciudadanos indios serías recibidos por otros “extraños” que los llevaría a un presunto restaurante donde les darían empleo. Al interrumpirse la maniobra delictiva en el paso correntino, la Justicia no pudo tirar hacia “arriba” en la escala mafiosa local vinculada a la trata y explotación de inmigrantes ilegales.
Todo se cortó, en principio, en el eslabón más débil de la cadena del delito.

 

Cómo Luiz Carlos Severo Bueno se desentendió de la maniobra, y apenas se hizo cargo de llevar a los tres indios hasta la terminal de ómnibus de Paso de los Libres para “hacerle un favor” a su hijo “porque estos tres turistas, que estaban alojados en su hotel, no sabían cómo viajar hasta Buenos Aires”, y “sacarles el pasaje porque solo sabían comunicarse por señas”, la jueza y la fiscalía tampoco pudieron avanzar sobre la red internacional.

De todos modos, y aunque no se conozcan los rostros de los esclavistas de este siglo, en la elevación a juicio oral la magistrada no dudó en asegurar que “la captación de los ciudadanos indios se habría producido mediante un aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad generada por la edad, el idioma, y la necesidad imperiosa de abandonar su país, dado que estarían siendo víctimas de una persecución por parte de las autoridades de la India, por razones político-religiosas”, y que “una vez captados, las tres personas fueron trasladadas por diferentes puntos y medios de transporte por aire, tierra y agua a distintos puntos del mundo donde fueron esperados y conducidos por otras personas no individualizadas durante su viaje, que formarían parte de una organización todavía no individualizada. Arribados al continente americano por un punto que todavía se desconoce, habrían ingresado a la República Argentina el día viernes primero de julio de 2016, aproximadamente a las 20.00 horas, a través del paso fronterizo Paso de los Libres, Corrientes, Argentina – Uruguayana Brasil, habilitado a esos efectos por la Dirección Nacional de Migraciones, en un automóvil conducido por el imputado Luiz Carlos Severo Bueno, sin que las autoridades migratorias registraran el cruce en el automotor del imputado junto a los tres ciudadanos Indios.”

“De esta manera, -continúa describiendo la jueza federal- el imputado habría facilitado al ser una persona conocedora del tráfico vecinal, las condiciones y movilidad para la entrada ilegal a la Argentina de los tres ciudadanos indios, con el fin de obtener un beneficio hasta ahora también desconocido y sin realizar los trámites migratorios correspondientes.”

Como se desprende del texto judicial, hay muchos interlineados vacíos que no serán llenado en el debate. Por ejemplo, no se siembran siquiera dudas sobre una eventual complicidad de los funcionarios del paso fronterizo legal por donde cruzó el sospechado traficante y que no advirtieron el ingreso de las tres víctimas. Sobre los indios, Infobae pudo saber de fuentes judiciales que abordar otro Flecha Bus, y finalmente llegaron a Retiro con tan poca ropa y dinero como salieron de Brasil, pero que los tres aún permanecen en el país y con trabajo.

TRATA DE PERSONAS DELITO DE LESA HUMANIDAD

Estimad@s:

Muy contenta de que el Senado se ocupe de este tema y que se pueda utilizar toda la infraestructura que se creó para los delitos de lesa humanidad para asistir y apoyar a las víctimas de trata. A continuación encuentren el artículo sobre este tratamiento por parte del Senado y un trabajo que preparé para la Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional que estoy cursando. Un saludo solidario y mis felicitaciones a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT por esta importante iniciativa.

Mercedes Assorati

Presentan proyecto para que se declare

DELITO DE LESA HUMANIDAD LA TRATA DE PERSONAS 

Un proyecto para declarar delito de lesa humanidad la trata de personas fue presentado este martes , en el salón de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, con el impulso de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Según confirmó, Julio Piumato, a ámbito.com, la iniciativa ya ingresó al Congreso a través del Senado y para tratarse en las
comisiones de Trabajo y Justicia.

Recibió el apoyo de los senadores Miguel Angel Pichetto, Aníbal Lovera, Pedro Guastavino, Juan Mario Pais, Juan Guillermo Pereyra, Lucila Crexell y Rodolfo Urtubey.

Asimismo, participaron de la presentación la Vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación Argentina, Elena Highton de Nolasco; magistrados y fiscales del Fuero Laboral y Casación; el Obispo de Merlo, Fernando Maletti; el presidente de la GAIA, José Echezarra; integrantes del Consejo de la Magistratura y magistrados; y la Defensora General de la Nación.

También se hicieron presentes desde el ámbito sindical: Hugo Moyano, Juan Carlos Schmid, Sergio Buera, Agustina Amicone, Hugo Benitez, Rodoldo Daer, Guillermo Imbrogno, respresentantes de la UOCRA y otro sindicatos.

Diputados Nacionales y varios magistrados fueron firmantes del acta de Roma el 3 de julio del año 2016, asumiendo el compromiso de dar marcha a este proyecto, para el cual Argentina se convierte en el primer país que lo lleva adelante y que avanza en políticas que erradiquen toda forma de Trata de personas.

Avanzamos hacia este proyecto para decirle al mundo “No a la Trata de Personas, no a la Esclavitud Moderna; sí a su declaración como Delito de Lesa Humanidad”

LA TRATA DE PERSONAS COMO DELITO DE LESA HUMANIDAD

Por Mercedes Assorati

INTRODUCCIÓN

Este trabajo recorre la normativa internacional y nacional sobre trata de personas, para mostrar que la prohibición de la esclavitud, es una norma de ius cogens. Analiza los delitos de lesa humanidad para tratar de establecer si se puede pensar en la trata de seres humanos como un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Finalmente, analiza los elementos de los delitos de Lesa Humanidad en función de la situación de la trata en Argentina para establecer si estamos frente a un delito que puede ser abordado por la Corte Penal Internacional.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL SOBRE TRATA DE PERSONAS

“Trata de seres humanos” es un término moderno para referirse a un problema milenario: LA ESCLAVITUD. La prohibición de la esclavitud es una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario, es decir una norma de ius cogens, aplicable aún a Estados que no han ratificado ninguna convención. Este delito entraña una cadena de violaciones a los derechos humanos que adoptan, en general, la forma de amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física, privación total o parcial de la libertad, violación del derechos a la libertad de circulación y residencia, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho al trabajo, entre otros.

La primera Convención sobre la Esclavitud[1] entró en vigencia en el año 1926 y definió la esclavitud como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.

En 1930, la OIT presenta el Convenio sobre Trabajo Forzoso (29) [2] que busca también su erradicación y define el trabajo forzoso como: “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

En 1956 se elaboró la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud [3], la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud que definió más claramente: La servidumbre por deudas; la servidumbre de la gleba; la servidumbre doméstica y el matrimonio servil. La Declaración Universal de Derechos Humanos insiste en la prohibición de la esclavitud y todas las principales convenciones posteriores van a incluirla expresamente.

En el año 2000, la ONU elabora la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional[4], complementada por el PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS [5], también conocido como Protocolo de Palermo. Este documento puso el énfasis en el combate contra la delincuencia organizada trasnacional.

En la actualidad no se puede hablar de un derecho jurídico de propiedad sobre las personas, ya que la esclavitud no es legal en casi ningún país del mundo. Sin embargo, existen más personas sometidas a formas modernas de esclavitud que en cualquier otra época de la historia.

El Protocolo de Palermo establece que quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona; con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, incurre en trata de personas.[6]

Si bien en Argentina, la Constitución prohibió la esclavitud en 1813 y 1853, es un hecho que la trata se presenta en gran escala. Según el informe 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos, Argentina es un país de reclutamiento, tránsito y destino de víctimas para hombres, mujeres y niños y niñas, tanto para trata sexual como laboral. [7]

Argentina ratificó la Convención sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo mediante ley 25.632/2002, obligándose adoptar medidas para prevenir la trata de personas; asistir y reparar a sus víctimas y perseguir el delito. En abril de 2008, se tipificó el delito mediante la ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”[8]. La trata de personas se incorporó al Código Penal en el título V del Libro II, que protege el bien jurídico libertad, aunque está claro que existen otros bienes jurídicos en juego.

La ley recibió muchas críticas por parte de las ONGs [9] y finalmente fue modificada en 2012, mediante la Ley 26.842. La primera modificación que introduce es la definición de trata de personas: “Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. También la ley incluye las formas de explotación que incorporan todas las incluidas en las convenciones internacionales, incluyendo la pornografía infantil y cualquier promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. [10]

La ley 26.842 superó al Protocolo de Palermo y descartó la diferencia entre trata de mayores y menores de edad, excluyendo el consentimiento como causal de atipicidad y brindando una mayor garantía a las víctimas. Ello se entiende toda vez que el Estado tiene los deberes de garantía y respeto de los derechos humanos, por lo que no puede consentir que una persona renuncie a sus derechos humanos, ya que son irrenunciables e intransferibles.

“…La trata de personas busca garantizar a una persona la libertad tanto física como psíquica de autodeterminación (Libertad de elegir un plan de vida en el que pueda seguir considerándoselo persona) castigando aquellas acciones que conducen a la explotación y esclavización del ser humano…dado el contenido y alcance del bien jurídico que ampara a la trata de personas éste no resulta disponible por el particular damnificado. Por lo tanto no cabría otorgar, al menos de lege ferenda, eficacia alguna al denominado consentimiento de la víctima…”. [11]

El artículo 5º de la Ley 23.634 establecía la no punibilidad de las víctimas de trata por la comisión de cualquier delito que fuera el resultado directo de haber estado sometidas a trata. El art. 4 de la nueva ley, contempla las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas, aclarando que el Estado garantizara a las víctimas distintos derechos, con prescindencia de su condición de denunciantes o querellantes en el proceso penal y hasta el logro de las reparaciones correspondientes. Entre ellos mencionamos: la recepción de información sobre sus derechos; asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; alojamiento apropiado; manutención; alimentación suficiente; capacitación laboral; protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia; ser oída en todas las etapas del proceso; incorporación o reinserción en el sistema educativo.

LA TRATA COMO DELITO DE LESA HUMANIDAD

Los crímenes contra la humanidad son actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo que es más esencial para ellos: su vida, libertad, bienestar psíquico, salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional, que forzosamente debe exigir su castigo. Los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad toda es atacada. Es por tanto el concepto de humanidad como víctima el que caracteriza los crímenes contra la humanidad“[12]

Si bien el concepto de Crímenes de Lesa Humanidad abreva en la idea de los “antiguos Delitos contra el Derecho de Gentes, es desde el proceso de Nüremberg que se va abriendo paso la concepción de una clase de crímenes que son tales para todo estado, contra toda persona y en todo tiempo y lugar, incluso al margen o en contra de la voluntad de Estados particulares”. El fundamento de la validez de las normas que proscriben los delitos de lesa humanidad, “es la negación de la sujeción del Estado a normas internacionales, cuando no del carácter jurídico del derecho internacional.” [13]

El estatuto de Roma[14] incluye dentro de los crímenes de lesa humanidad que son de su competencia, entre otros: la esclavitud; la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. También incluye estos crímenes dentro de los crímenes de guerra.

Sin embargo, la competencia sobre estos crímenes, sólo se da cuando los mismos se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La Corte Penal Internacional –CPI- establece en su artículo 7 (2) (c) c) que por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. Por su parte, el Tribunal para la Ex-Yugoslavia estableció que “es actualmente aceptado como regla de derecho internacional consuetudinario que los crímenes contra la humanidad no requieren conexión alguna con un conflicto armado de carácter internacional,”[15]

Un “ataque” puede describirse como la conducta que implica actos de violencia. En el caso Tadic [16], la Cámara indicó que sería no un acto particular, sino una conducta que se da de manera sistemática. Es decir, existe un patrón de conducta que daña a una población civil. El tribunal internacional para Rwanda [17] indica que un “ataque” implica malos tratos hacia una población civil. La palabra generalizados significa que se cometen a gran escala, es decir que involucran a una multiplicidad de víctimas. [18]

Sin embargo, tal como apunta Bassiouni[19] siempre que exista un nexo con un ataque masivo y sistemático, un sólo acto puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, un crimen individual cometido contra una sola o un número reducido de víctimas, puede ser reconocido como un crimen de lesa humanidad, si se dan en un contexto específico, como el de un ataque contra una población civil.

La Comisión de Derecho Internacional definió la responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. En el artículo 40 [20] se refiere en particular a la responsabilidad generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa del derecho internacional general, como es el caso de la esclavitud. Según la Comisión “La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable.

En resumen, el delito de lesa humanidad implica la acción de un grupo que se organiza o colabora en la prosecución de los fines de los crímenes, lo que en el ámbito nacional puede ser equiparado a nuestro delito de asociación ilícita. Este concepto surgió del lenguaje de ‘propósito común’ en la sentencia del caso Tadic ya citado, y más tarde fue repetido en el asunto Furundzija, que distinguió al perpetrador partícipe que toma parte en un ECC de la persona que no comete, pero auxilia e instiga su comisión.

Diversos procesos judiciales internacionales han hecho alusión a las prácticas de sometimiento a condiciones de esclavitud y abusos sexuales como configurativos de crímenes de lesa humanidad. En lo referente a situaciones de sometimiento a esclavitud, trata de personas y vejámenes sexuales, en el asunto Kunarac al identificar la violencia sexual y otros actos conexos como constituyentes del crimen de lesa humanidad de sojuzgamiento, el fallo del Tribunal para la Ex Yugoslavia, reconoció explícitamente una evolución inequívoca en la prohibición legal internacional de la esclavitud sexual. [21] Es relevante señalar que estos delitos fueron cometidos por miembros de fuerzas armadas, aunque puede hacerse extensivo a cualquier fuerza de seguridad o funcionarios públicos.

EL DELITO DE TRATA PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ARGENTINA

De la lectura de los Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados parte en el estatuto de Roma, el crimen de lesa humanidad de esclavitud se estructura en función de los siguientes elementos[22]:

1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad.
2. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.

Analicemos cada uno de ellos:

1. Respecto del ejercicio de los atributos del derecho de propiedad en los casos de trata, está suficientemente probado toda vez que la misma definición en nuestra legislación interna y en el protocolo de Palermo lo requieren para la configuración del delito.

La UFASE describe ampliamente el sistema de servidumbre por deudas que impera en la trata para explotación sexual y que sumerge a la víctimas en una situación de coerción de la que les resulta imposible salir. También da cuenta del la preponderancia de la restricción de la libertad ambulatoria sobre el resto de las modalidades de sometimiento y de la presencia de violencia física hacia las víctimas, incluida la práctica de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.[23]

Podría argumentarse que el delito no es cometido directamente por el Estado. En ese sentido cabe recordar que la Comisión de Derecho Internacional ha expresado que los individuos con poder de facto, o las bandas de crimen organizado son tan capaces como un Estado de cometer actos masivos de violencia y de implementar políticas de terror a gran escala. El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad en su artículo 2, indica que quien preste ayuda o colaboración en la ejecución de actos abominables, condenados por la comunidad internacional, tendrá responsabilidad individual.

No estamos frente a un crimen internacional común. Cada vez más se reconoce que la trata de personas integra los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto o “crimina iuris Gentium”. Es decir, actos que constituyen un peligro general considerados como delitos contra el derecho de gentes. [24] En el caso Kumarac ya citado, el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia entendió que la esclavitud como crimen de lesa humanidad incluía la trata de personas.

2. La trata de personas no podría suceder sin que se contase con, al menos, la omisión del Estado. Según el informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas –UFASE-, en la Argentina la redes de trata “Podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas…y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. “[25]. No es necesario que los actos constituyan un ataque militar, se entiende que la “política … de cometer esos actos” requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil.

El informe elaborado por la UFASE muestra la condición previa de vulnerabilidad de las víctimas de trata para explotación sexual. La mayor parte de las víctimas son madres jefas de hogar con graves problemas económicos, víctimas de violencia doméstica o con antecedentes de abuso sexual. Se trata de un grupo de la “población civil”, claramente identificable y particularmente vulnerable constituido por argentinas de baja extracción social y extranjeras en la misma situación.

Cuando un Estado, durante un largo periodo de tiempo, no toma las medidas que corresponden para modificar situaciones que configuran graves violaciones a los derechos humanos, en este caso la trata de personas para explotación sexual, incurre en responsabilidad internacional. La falta de acción prolongada y la connivencia en los casos extendida en el tiempo, puede ser considerada una “política”.

Un indicador claro de una acción sistemática que alienta el desarrollo de la trata de personas en el país es la ausencia o existencia mínima de condenas hacia los funcionarios públicos que están involucrados en este delito. En efecto entre 1937 y 2010 no hubo ninguna condena en virtud de la Ley 12.331, que hasta la fecha se encuentra vigente. “Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires UFASE ha detectado y denunciado la existencia de explotación de la prostitución ajena en al menos 190 departamentos privados en los que existían indicios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas denuncias ante el fuero federal. Asimismo cabe resaltar que de otras 79 denuncias realizadas ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el delito de trata sexual, sólo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. Todas las restantes no han presentado ningún avance significativo.”[26]

En el caso de Argentina el delito de trata se presenta de manera similar en todas las provincias, es decir existe un “patrón” y una sistematicidad en todo el país. Existe un involucramiento directo de fuerzas de seguridad, en particular las policías. Las fuerzas de seguridad, tanto policía federal como policías provinciales, realizan adicionales protegiendo los prostíbulos prohibidos (Ley 12.331) y, también, cobran semanalmente o mensualmente a los mismos una “cuota de protección”, tal como se desprende de un gran número de casos.[27] En algunos casos, incluso son policías o funcionarios públicos en actividad, quienes resultan ser los propietarios de los prostíbulos prohibidos.

También resultan partícipes necesarios, las autoridades municipales que habilitan prostíbulos, e incluso proveen a las víctimas de carnets sanitarios. Dichas habilitaciones se sostienen en el tiempo y se renuevan luego de realizar las inspecciones correspondientes a los locales que se encuentran prohibidos. “Ello supone la solapada y encubierta aceptación de una situación prohibida en nuestro país: la práctica prostibularia, entendida como el sostenimiento, la administración y el regenteo de casas de tolerancia”.[28] Sin embargo, en la mayoría de los casos judicializados, no se ha investigado ni sancionado a los funcionarios públicos que intervienen en el delito, tal como lo hacen notar los diversos Informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, elaborados por el GTIP. (2016-2017)

“La existencia de estos mecanismos institucionales que rodean la práctica de la explotación sexual, le otorgan una falsa legitimidad a la actividad y conducen a su naturalización. Es sobre estas difusas fronteras que se erige la participación, connivencia o protección a los grupos delictivos desde los sectores que deberían prevenir y perseguir el delito”.[29]

3. Como lo señala el articulo 30 del Estatuto de Roma, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizaron con intención y conocimiento.

Respecto de la necesidad que los perpetradores se encuentren en “conocimiento de dicho ataque”, no debe interpretarse en el sentido de que requiera prueba de que el autor tuviera conocimiento de todas las características del ataque ni de los detalles precisos del plan o la política del Estado o la organización.

No es necesario que los actos constituyan un ataque militar, se entiende que la “política … de cometer esos actos” requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil. [30]

Las omisiones que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado son aquellas en las que, a sabiendas de las consecuencias, se desentiende del cumplimiento de deberes que ineludiblemente pesan sobre él. Es decir que conociendo la existencia de situaciones en las cuales un gran número de personas serán dañadas, no desarrolla seriamente acciones para poner fin a dichas violaciones o prevenirlas, incumpliendo su responsabilidad en torno a los derechos humanos de respeto, garantía, prevención y no repetición. Esta conducta se da, en el caso de la trata, de manera generalizada y en forma sistemática en todo el país.

La CPI es una corte de “último recurso” y es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Esto significa que asume la jurisdicción cuando los estados no estén dispuestos a llevar a cabo el enjuiciamiento o no puedan realmente hacerlo, según el artículo 17 del Estatuto de Roma.[31]

En el caso de Argentina puede decirse que existe una demora injustificada en los juicios que, dadas las circunstancias, resulta incompatible con la intención de hacer comparecer a las personas de que se trate ante la justicia. También puede decirse que, dado que casi no hay funcionarios públicos condenados, los procesos no se sustancian de manera independiente o imparcial.

En conclusión, entendemos que la trata de personas puede ser válidamente considerada como un delito de lesa humanidad y que podría ser abordado por la Corte Penal Internacional. Ello sería importante para lograr que los Estados realmente desarrollen políticas para prevenir y suprimir este delito aberrante que afecta a cientos de miles de víctimas en Argentina.

[1] http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx

[2] http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/2433

[3] http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx

[4] http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf

[5] https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

[6] artículo 1º de la Convención contra el Crimen Organizado Trasnacional

[7] https://www.state.gov/documents/organization/271341.pdf

[8] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm

[9] http://www.senado.gov.ar/upload/21006.pdf

[10] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm

[11] Colombo, Marcelo L. y Mángano, María Alejandra. “El consentimiento de la víctima en la trata de personas y un análisis sobre los medios comisivos previstos en la figura penal”. Ministerio Público Fiscal

[12] (cfr. Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia -Cámara de Juicio- caso “Grazen Erdemovic”, sentencia del 29 de noviembre de 1996, parágrafos 27 y 28).

[13] Ferreira, Marcelo “Crímenes de Lesa Humanidad: Fundamentos y Ámbitos de Validez”, 2007, En Gordillo Agustín y Gregorio Flax. “Derechos Humanos”. Editorial de la Fundación de Derecho Administrativo. 6ta Edición. Buenos Aires, Argentina.

[14] El 1 de julio de 2002, con 76 ratificaciones y 139 firmas, entró en vigor en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998. El 11 de abril de 2002 entró vigor.

[15] Alston Philip & Steiner, Henry J. “International Human Rights in Context”, 1996, Clarendon Press. Oxford, UK.

[16] International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Commited in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Tadic, Jurisdiction, Case no IT-94-1-T, Trial Chamber, 10 August 1995.

[17] International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber III, Prosecutor v. Samuel Imanishimwe. Case No. ICTR-99-46

[18] Idem nota 13

[19] Bassiouni M. C. “Crimes Against Humanity: The Need for a Specialized Convention”, 1994, 31 Columbia Journal of Transnational Law 457. Columbia University. New York, USA.

[20] https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-ag5683/

[21] Sostuvo el Tribunal que: “el control de la libertad de circulación de una persona, el control de su entorno físico, el control psicológico, las medidas adoptadas para impedir o disuadir de la fuga, el empleo de la fuerza, la amenaza de empleo de la fuerza o la coacción, la duración, la afirmación de exclusividad, el sometimiento a tratos crueles y abusos, el control de la sexualidad y los trabajos forzosos”. Fiscal vs. Kunarac, párr. 543.

[22] Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, primer periodo de sesiones, Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, No de venta S.03.V.2 y corrección)

[23] Informe de la Unidad Fiscal en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación en Cooperación con INECIP: La Trata Sexual en Argentina: Aproximaciones sobre una dinámica del Delito. 2012.

[24] Riquelme Ortiz, Constantino. “Los Crímenes Internacionales y los Mecanismos de Sanción en América Latina”, 2012, University for Peace.

[25] Informe de la Unidad Fiscal en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación en Cooperación con INECIP: La Trata Sexual en Argentina: Aproximaciones sobre una dinámica del Delito. 2012.

[26] ídem cita 28

[27] Informe “Situación de la Trata en Argentina”. Esclavitud Cero. https://esclavitudcero.wordpress.com/?s=Informe+2013

[28] Informe de la Unidad Fiscal en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación en Cooperación con INECIP: La Trata Sexual en Argentina: Aproximaciones sobre una dinámica del Delito. 2012.

[29] Idem nota 24

[30] Ratner, S.R. & Abrams, J.S. “Accountability of Human Rights Atrocities: Beyond the Nuremberg Legacy”, 1997, Oxford University Press. Oxford, UK.

[31]Citado por Williamson, Jamie A. “An overview of the international criminal jurisdictions operating in Africa”, 2006, International Review of the ICRC. Volume 88 Number 8