Embargarían un campo por trata laboral

09/21/2017

Piden juicio oral contra un hombre por trata de personas y explotación laboral
Las víctimas, entre ellas dos menores, trabajaban en un campo de la zona de Sierra de los Padres. Estaban sometidas a jornadas de trabajo abusivas, sin elementos de seguridad, registración ni remuneración certera.

La causa fue investigada por el fiscal federal Nicolás Czizik.

El fiscal federal Nicolás Czizik solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 60 años, acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas -siete en total, dos de ellas menores de 13 y 14 años-, el delito de reducción a la servidumbre y haber facilitado la permanencia irregular de dos personas captadas en Bolivia, abusando de su necesidad.

Para el investigador, quien también pidió el embargo del campo de la zona de Sierras de los Padres, el imputado “minimizaba el costo laboral para la producción en su predio rural a expensas de la dignidad de los trabajadores, que por necesidad y una comprobada situación de vulnerabilidad, no podían rechazar”. Durante los últimos tres años las fiscalías federales de Mar del Plata recibieron 44 denuncias por trata con fines de explotación laboral y se realizaron 21 allanamientos por este delito.

Entre las investigaciones realizadas, resultó trascendente el caso de la quinta “Costamari”: allí la Cámara Federal de Casación Penal entendió que estaba en debate el delito de trata, en contraposición a lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, cuyos jueces plantearon que sólo había un incumplimiento de la normativa laboral. En esta instancia, el Ministerio Público fundamentó que el delito estaba acreditado, que se habían violado todas y cada una de las regulaciones de la ley 26.767 de trabajo agrario, como registración de los trabajadores y trabajadoras, jornada laboral, monto mínimo del salario, condiciones de las viviendas y hábitat, elementos de seguridad, prohibición del empleo de menores de edad, a lo que sumaron la modalidad estructural de producción y las condiciones de vulnerabilidad que atravesaban los trabajadores y trabajadoras, la mayoría llegados desde Bolivia. En esta causa, tras la confirmación de Casación, la última semana el juez actuante dispuso nuevamente la prohibición de salida del país de todos los imputados.

El criterio adoptado por la Cámara de Casación va en línea con lo resuelto por la Alzada en otros casos de la jurisdicción como el Caso “FairBairn” (de la Fiscalía Federal de Dolores), esta misma causa que se elevó a juicio recientemente y lo oportunamente resuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la única condena por esta modalidad en la jurisdicción en el caso “Wilson” en el año 2015.

A juicio

Basado en las medidas de prueba colectadas en el expediente, Czizik pidió que el responsable del emprendimiento sea juzgado en juicio oral y público, por los delitos cometidos en el predio rural, de unas 4 hectáreas, donde era “dueño” o “patrón”, daba las órdenes, organizaba las jornadas, anotaba la producción diaria de cada trabajador, entre otras cuestiones.

Las imágenes que constan en la causa son por demás elocuentes respecto a las condiciones de habitabilidad del predio. En los cuartos de las precarias casitas dormían las familias enteras -una mujer boliviana vivía allí con sus hijos de 2, 5 y 7 años-; las camas eran armadas con cajones de verdura y a veces allí dormían varias personas, los techos son de chapa, y el baño es un pozo ciego improvisado fuera de las viviendas, que además debían compartir. Como agua caliente no había, cargaban jarros que calentaban a leña, que sacaban de un “tacho grande” ubicado a la intemperie. Según la Autoridad del Agua, la pericia arrojó que no resultaba apta para el consumo humano. “Las precarias casillas lejos de dar cobijo y seguridad, resultan permeables a las inclemencias del frío, la humedad, plagas, etcétera”, apuntó el fiscal.

“La mano de obra de la que se valía para minimizar sus costos, tenían en común la situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad previa, la condición de migrantes (de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires y Bolivia), la lejanía de su grupo familiar, la escasa formación académica y que sus sueldos iban de la mano de la cantidad de producción o carga que realizaban a diario”, fundamentó el fiscal, quien reparó en que los procesos migratorios los habían iniciado “con la expectativa de incrementar sus posibilidades de conseguir trabajo y ante la necesidad de subsistencia”.

Los pagos que se hacían eran por cantidad de cajones recolectados y no por horas trabajadas, y lejos estaban de una registración acorde a las leyes vigentes, sin cobertura médica ni aportes a la seguridad social. Incluso el imputado se valía de mano de obra infantil, y todos los trabajadores y trabajadoras se quedaban sin remuneración básica que les garantice sustento en casos de no poder trabajar por circunstancias ajenas a su voluntad, por ejemplo ante inclemencias climáticas o enfermedad.

Una niña con “las manos llenas de tierra” del cultivo

La causa se inició a través de las actuaciones que el Juzgado de Familia N°1 de Mar del Plata elevó a la Justicia Federal por la situaciones que habían relatado dos de las víctimas -madre e hija-, que podían encuadrarse en el delito de trata de personas. De allí se desprendía que la niña -que entonces tenía 13 años- tenía “signos físicos de trabajo” y las “manos llenas de tierra”. Luego de las tareas de investigación realizadas por personal de la Policía Federal Argentina y las pruebas reunidas, se dispuso el allanamiento en marzo de 2016. El dueño entonces quedó detenido para su declaración indagatoria, en la que optó por no brindar explicaciones. Diez días después, fue procesado por el juez Santiago Inchausti, que dirigía la instrucción.

En los últimos tres años, las fiscalías federales de esta ciudad recibieron 44 denuncias y realizaron 21 allanamientos.
El caso llegó así a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a instancias de la apelación de la defensa. El tribunal que dispuso en diciembre de 2016 el sobreseimiento del único imputado por el delito de trata de personas, afirmando su inexistencia, y la falta de mérito por el delito migratorio. Esa decisión fue recurrida por el fiscal general Daniel Adler, sosteniendo la hipótesis del fiscal y del juez de primera instancia, y la Cámara Federal de Casación Penal resolvió revocar el sobreseimiento y la falta de mérito, confirmando el procesamiento de primera instancia con todos sus alcances.

Trata de personas

Al requerir ahora la elevación a juicio, el fiscal Czizik, en consonancia con lo resuelto por la Cámara Federal de Casación, ratificó la existencia de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, por cuanto el imputado captó y acogió a siete víctimas con el fin de explotarlas laboralmente en el predio rural que tenía a cargo.

“Esto no debe relativizarse de ningún modo en el hecho de que las víctimas llegaran al campo por intermedio de otros trabajadores o familiares o conocidos, ni porque consintieran vivir donde trabajaban, pues la voluntad era en definitiva ganada por el explotador en la entrevista que hacía cuando llegaban al predio, y porque el consentimiento de las víctimas es irrelevante en el escenario legal vigente”, reparó el representante del MPF.

Czizik remarcó que no estamos simplemente ante una situación de irregularidad laboral. “La libertad de las víctimas se halla en juego y afectada no sólo cuando se acreditan restricciones a su libertad ambulatoria, sino también cuando la capacidad para elegir qué actividad desarrollar y cómo desarrollarla se encuentra menoscabada”, explicó. Y se refirió al voto de la jueza Angela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, de agosto de este año, quien refirió que al sujeto tratado “se lo cosifica con la finalidad de obtener ventajas o réditos económicos” y esto “constituye un especial ataque a la dignidad de las personas, al punto de anularla como sujeto de derecho”.

Embargo

Por último, Czizik requirió el embargo del predio ubicado en el kilómetro 13,5 de la ruta 226. La intención es asegurar eventuales decomisos y/o cubrir la eventual satisfacción de una futura indemnización a las víctimas.

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APARECIÓ BRYANNA

09/13/2017

Está bien, aún no se sabe qué fue lo que ocurrió. Agradecemos a todos y todas los/as que colaboraron con su búsqueda. Saludos, Mercedes Assorati


SE BUSCA A BRYANNA REGANZANI

09/11/2017

Joven desaparecida
Desesperada búsqueda de Bryanna Reganzani
10/09/2017 | 07:31 | La joven de 16 años está desaparecida desde este jueves en la localidad bonaerense de Villa Madero. Los familiares y amigos reclamaron que intensifiquen la búsqueda.

ARCHI_383791Bryanna Reganzani, la joven de 16 años que está desaparecida desde este jueves.

“La salimos a buscar y ya no la encontraron más”, dijo el padre de Bryanna.

Familiares y amigos de Bryanna Reganzani, la joven de 16 años que está desaparecida desde este jueves en la localidad bonaerense de Villa Madero, se concentraron ayer frente a la comisaría de ese distrito para reclamar una búsqueda casa por casa de la adolescente.

Según contó Guillermo, el padre de la joven, hace tres meses su hija había sido víctima de un intento de secuestro en la zona, cuando un hombre desnudo quería que la chica subiera al auto en el que iba.

“Cuando pasó eso mi hija salió corriendo, se fue a la escuela y ahí hicimos la denuncia. Por eso le habíamos bajado una aplicación antipánico en el celular, pero eso ayer no funcionó”, contó en declaraciones a la prensa.

El padre descartó que se trate del mismo episodio, porque cree que el hombre desnudo que intentó subirla al auto en ese momento era simplemente un borracho.

Según un testigo que declaró en la causa, este jueves por la tarde la joven subió a un auto Palio color rojo, pero los padres no la reconocieron al ver las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad.

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Tanto el padre como la madre de la chica contaron que no tuvieron ninguna discusión en la familia y que tampoco que se peleó con el novio.

“Acá en la comisaría me dicen cosas que no son ciertas, me dicen que se pudo haber ido como se van los adolescentes, pero ella no iba a ningún lado sola”, comentó.

Además, el hombre aprovechó la oportunidad y le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se haga cargo de la búsqueda.

Las últimas pistas

El padre se refirió a una situación particular que se habría dado entre la familia Reganzani y la ministra hace algunos años, pero no dio mayores detalles: “Patricia, yo te cuidé a tu hijo, ahora te pido por favor que busques a mi hija. Como vos confiabas en mí y en Laurita para que cuidáramos a tu hijo, yo confío en vos para que encuentres a la mía. Por favor, te lo pide alguien que cuidó a tu hijo”.

Este jueves por la tarde, Bryanna acompañó a una amiga hasta su casa, ubicada a metros de la escuela, en la calle Rivera y Pedernera, y desde allí iba a su casa, pero nunca llegó.

El último contacto que la familia tuvo con Bryanna fue a través de un mensaje de WhatsApp que le envió a su madre, a las 14:07 en el que le dijo que estaba yendo.

También, a los pocos minutos, la chica le escribió a su novio y le contó que estaba llegando a su casa, pero a las 15.10 el teléfono se apagó.

Este viernes, familiares, amigos y vecinos que acompañaron a la familia a la puerta de la comisaría local contaron ante la prensa que el lugar en el que desapareció Bryanna “es zona liberada”, y le reclamaron a la policía salir casa por casa para buscar a la joven.

La causa por la desaparición de la joven tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instruccion N°9.

Cualquier información sobre Bryanna, avisar al teléfono 011 153 757 7530.


SALTA: PROTOCOLO DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

09/10/2017

Desaparición de personas, el protocolo volvió a Diputados

8 DE SEPTIEMBRE 2017 – 00:00

El Senado modificó el proyecto, pero aclaró que no son cambios de fondo. Se sentó el compromiso de establecer reglas concretas de actuación .

Ramón Pereyra Ramón Pereyra

Desaparición de personas, el protocolo volvió a Diputados
Senadores en la sesión matinal realizada ayer.
El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que dispone la creación del Registro Provincial de Personas Desaparecidas y establece un protocolo sobre la actuación policial y judicial.

El debate en la Legislatura salteña tiene que ver con un problema que viene en crecimiento y que preocupa.

En abril pasado, a poco del inicio del actual período legislativo, la Cámara de Diputados impulsó diversas modificaciones en Ley 7.664, que fue sancionada en el 2011.

Con esta ley se creó el Registro Provincial de Información de Personas Extraviadas, pero la Cámara Baja modificó el texto original para disponer la creación de un Registro Provincial de Personas Desaparecidas y establecer reglas concretas de actuación de los organismos competentes.

La condición de extraviado “alude a pérdida de un camino u orientación”, y desaparecer significa “pasar a estar en un lugar que se desconoce”, se explicó en la Cámara Baja.

“El término desaparecido incluye la posibilidad de ser objeto de un eventual delito, que no constituye un hecho menor”, subrayó entonces el diputado Guillermo Martinelli.

“Combatir delitos como el de trata de personas, así como su prevención, sanción y asistencia a las víctimas -Ley nacional 26.364- o violencia de género y femicidio, imponen en estos tiempos la necesidad de establecer un protocolo acabado para la concreción de sus fines, que garantice, por una parte, el derecho a la información de la población y, por otra, la efectiva tutela de los derechos ciudadanos”, se fundamentó en la Cámara Baja.

Un proyecto con idéntico objetivo impulsó en el 2015 la senadora Gabriela Cerrano, del PO, pero los senadores oficialistas no apoyaron.

No obstante, ayer se subrayó en el Senado la importancia de establecer reglas que guíen en forma concreta en casos de desaparición de personas.

Por las modificaciones que introdujo el Senado, sobre las que se aclaró “no son de fondo”, el proyecto volvió en revisión a la Cámara de Diputados.


Estado condenado a indemnizar por Femicidio

08/31/2017

Estimad@s,

Me da satisfacción que se empiece a condenar al Estado por la negligencia o falta de protección adecuada a las mujeres víctimas de femicidio o intento de femicidio. Ello sin dudas contribuirá a que el Estado mejore las políticas públicas de protección y asistencia a las víctimas. Sería importante también que los funcionarios públicos respondan por su responsabilidad penal individual en estos hechos. En una palabra, el Estado deberá volverse más eficaz, so pena de las sanciones, tanto en el fuero contencioso administrativo como penal.

Un saludo solidario,

Mercedes Assorati

 

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional y agentes de la Policía Federal por el femicidio de una mujer, por lo que deberán pagarle una cifra millonaria a las hijas de la víctima.

Miércoles 30 de agosto de 2017
Por: Diario Judicial
En los autos “A., R.H. y Otra c/ E.N. M Seguridad – P.F.A. y Otros s/ daños y perjuicios”, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional y a agentes de la Policía Federal por el femicidio de una mujer y deberán pagarle $4.000.000 a las hijas de la víctima.
Los miembros del Tribunal fijaron la suma en concepto de indemnización por hallarlos responsables de negligencia en el operativo en el cual fue asesinada una mujer por parte de su esposo, cuando ingresó a la casa que compartían para retirar sus pertenencias. El hombre aprovechó un descuido de los policías, que debían escoltarlas, la mató y posteriormente se suicidó.
Teniendo en cuenta eso, los jueces hicieron lugar a la demanda de las hijas de la víctima contra el Estado Nacional y los funcionarios policiales que participaron del operativo. En esa línea, sostuvieron que los miembros de la Federal actuaron “minimizando o directamente negándose el riesgo suscitado”.
La responsabilidad se hizo extensiva hacia el Estado por ser el responsable de la conducta de los agentes de la Policía Federal.
En el extenso fallo, los magistrados señalaron que “el sólido basamento normativo de la tutela que merecen las mujeres en situaciones análogas a la de la Sra. S, la conducta diligente de un agente policial en el contexto que aquí se analiza radica en entender que debe comportarse en orden a brindar la seguridad, que se module en función de las particulares circunstancias que emanaban de las órdenes impartidas judicialmente”.
La mujer había demandado a su ex esposo por violencia familiar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 y contaba con una prohibición de acercamiento.


3228 niñas y mujeres desaparecidas

08/30/2017

De la Página de Border Periodismo.  #BorderPeriodismo

Son 3.228 las niñas y mujeres desaparecidas en Argentina

Natalia Gelós @nataliagelos NATALIA GELÓS @NATALIAGELOS

04 MAY 2017
Son datos actualizados de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual. Las caras de las mujeres que sus familias buscan con desesperación invaden los medios a diario. Las imágenes están frescas en nuestra memoria: mientras que Araceli Fulles apareció asesinada y enterrada, luego de una búsqueda de casi un mes, Erica Romero volvió sana y salva en su casa, en Mar del Plata. Ahora buscan a Alejandra Sánchez en Córdoba. ¿Quiénes las buscan? Más aún: ¿las buscan? Escenario de un problema que, de alguna forma, siempre queda atravesado por la cuestión de género.

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Alejandra Sánchez. Por información , comunicarse al 351 2237939 o al 351 6815532 (Soledad)

Es 4 de mayo y la foto que circula en las redes es la de Alejandra Sánchez, una mujer cordobesa de 39 años que desapareció el domingo 30 de abril. Dijo que iba a buscar cigarrillos y nunca más se supo de ella. Lo que se sabe es eso, que vive con sus padres en el barrio de Alta Gracia y que desde entonces no dio señales de vida. Luego empiezan los rumores -siempre empiezan- y lo que quedan hasta el momento son pocas certezas. Hoy la búsqueda se extendió a nivel nacional y está a cargo del fiscal Raúl Garzón, que le dijo a los medios cordobeses: “El caso es complejo y no se descarta ninguna hipótesis. La prioridad es encontrarla”.

El día que Alejandra desapareció, todavía buscaban en Mar del Plata a Erica Romero, que finalmente apareció sana y salva. Días antes, otra desaparición tenía un final diferente: Araceli Fulles, que era buscada desde comienzos de abril, se sumó al escalofriante número de mujeres víctimas de femicidio. Su cuerpo fue hallado en la casa de Darío Badaracco, que hoy está preso, pero antes había declarado cinco veces en el marco de la causa y había vuelto, libre, a su hogar. La mamá de Araceli había actuado rápido cuando su hija desapareció: había ido a hacer la denuncia bien temprano a la 5ta comisaría de Billinghurst. Aunque recién a las tres de la tarde se la habían tomado y anticipaban, así, el modo en el que se desarrollaría la búsqueda, con demoras, desprolijidades y muchas sospechas. Y con la propia polícía involucrada.

Desde #NiUnaMenos hicieron circular el calendario impactante de abril: 18 mujeres asesinadas, 10 abusadas y asesinadas, una abusada, cuatro desaparecidas. Una muerte por día, un sinnúmero de mujeres víctimas. Las estadísticas ya van más allá de lo preocupante, pero la violencia de género está presente también en los casos como el de Erica Romero: sólo hay que leer los comentarios hechos al pie de las notas que anuncian su aparición para ver que el manto de violencia se expande. En la mayoría de ellos se hace alusión a su condición de género y a su sexualidad.

Son pocos los casos que llegan a los RT en Twitter, a los compartidos de Facebook y a los medios. En el país existen 6033 personas buscadas que, por algún razón, se ausentaron. De ese total, 3228 son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Los datos son del informe actualizado de PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación Sexual) y ACCT (Acciones Coordinadas contra la Trata de Persona). Por la insistencia de la Procuraduría y otras organizaciones, finalmente el año pasado el decreto 1093/2016 anunció la creación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Desde la Unidad de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad le dicen a #BORDER que coinciden en términos generales con los números de personas desaparecidas aunque agregan que muchas veces las denuncias no se realizan, así que los números no son totalmente exactos. De todas maneras, los datos que manejan son altos: hasta el momento de firma del decreto 1093/2016, en octubre del año pasado, registraban todavía 4182 personas extraviadas.

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas hoy está organizándose: Las provincias cargan sus datos en ese registro (cada una lo hace a su ritmo y en base a sus posibilidades) y eso se unifica. La función de la Unidad es brindarle la información a las fiscalías y a los juzgados y acompañar a las familias. De todos modos, cada búsqueda en primera instancia requiere de la reacción inmediata de las instituciones y es frecuente que ocurra lo contrario: la demora, la inacción, la carátula errada, como la de Araceli, que en un principio fue “averiguación de paradero”. Las familias de las chicas desaparecidas denuncian en reiteradas oportunidades la falta de acción de las fiscalías y de la policía, sino directas complicidades.

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Sofía Herrera

María Cash, Marita Verón, Nataly Gonzalo, María Florencia Pennacchi, Sofía Herrera. Son algunos de los nombres que tomaron relevancia en los últimos años. Ese pasado y el hecho de que, para el PROTEX y la ACCT, gran parte de las mujeres desaparecidas son chicas de entre 12 y 18 años, les lleva a decir en el informe: “si bien para ambos sexos la adolescencia y la juventud representan un período de mayor vulnerabilidad en relación con las desapariciones, en las mujeres ese período resulta aún más crítico”. Luego del femicidio de Araceli Fulles, el colectivo #NiUnaMenos hizo público un documento en el que, entre otras cosas, se señaló la necesidad de “incorporar la perspectiva de género desde el primer momento de la investigación judicial”.“Si una mujer desaparece, la hipótesis de femicidio es la primera que debe investigarse”, afirman.

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Jimena Daiana Vieyra

A Jimena Daiana Vieyra la buscan en Santiago del Estero desde el 21 de abril. Tiene 14 años. Hasta el momento del cierre de esta nota, seguía desaparecida. Missing Children, una de las organizaciones que más ayuda en esta problemática, difunde su búsqueda. Lidia Grichener, su presidenta, confirma que hay una mayoría de chicas adolescentes en su lista de rostros buscados. Según las estadísticas, representan el 65%. Cuando determinados parámetros les hacen pensar en casos de explotación sexual, se comunican con la División Trata de Personas. En la actualidad hay por lo menos cuatro que parecen responder a ello.

Hay veces, también, en las que las chicas se van de sus casas. “Se sienten no comprendidas, no escuchadas. Vivimos en una época virulenta y se refleja en esas situaciones. Cada vez son más jóvenes las chicas que se van de sus casas. En las redes sociales, una foto puede dar mucha información y quien la sabe usar puede manipularlas para lograr que huyan. Nosotros no buscamos números, cada caso es distinto y nosotros conocemos hasta el nombre de sus mascotas. El objetivo es concientizar sobre algunos riesgos”, dice. Grichener aclara que no se trata de tener miedo y recluirse. Lo que sí es necesario, dice, es el diálogo, la intención de escuchar a los jóvenes que, asegura, atraviesan una gran soledad.

¿Qué hacer si desaparece una persona? Desde la Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas, dependiente del Ministerio de Seguridad, difunden el protocolo en esos casos: hacer la denuncia inmediata en una comisaría, en una fiscalía o en un juzgado. No hay que esperar a que pase ningún periodo de tiempo para hacerla y la denuncia debe ser tomada. Se deben aportar datos precisos, otorgar una fotografía de quien es buscado y, además, es aconsejable pedir una copia de la denuncia.

Números útiles

Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas: 4809-1544

Consejo Nacional de Mujeres: 144

PROTEX: 4338-4300

Todavía hay más chicas que siguen siendo buscadas: Yamila Cuello despareció en 2009, en Córdoba, cuando tenía 21 años (Todo este tiempo su familia denunció la desidia y el encubrimiento policial). Johanna Chacón desapareció en 2012, en Tres de Mayo, Mendoza, cuando tenía 13 años. Son casos que no fueron esclarecidos, como tantos otros. En Missing Children dicen lo mismo que dicen sus familiares en cada cartel, en cada marcha: “Nosotros no olvidamos”.

 


¿QUE PUEDEN HACER LOS JÓVENES CONTRA LA TRATA?

08/28/2017

¿QUE PUEDEN HACER LOS JÓVENES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS?

  1. Dejar de naturalizar la explotación sexual y no comprar sexo: comprar el cuerpo de una persona para tener sexo es una indignidad, atenta contra la integridad física, moral y psíquica de las víctimas y es una violencia ejercida por parte de quien dispone a voluntad del cuerpo de otro.
  2. Dejar de naturalizar la explotación laboral y no comprar artículos producidos con trabajo esclavo: Existen leyes laborales y deben cumplirse. Por favor no compren ropa ni artículos producidos con trabajo esclavo, con la sangre y el sudor de niños, niñas, mujeres y hombres que son tan seres humanos como ustedes.
  3. Dejar de comprar y consumir drogas: Cada vez que ustedes compran drogas están alimentando a las redes de crimen organizado que están esclavizando personas, corrompiendo a sus Estados y sembrando la muerte.
  4. No paguen coimas ni ayuden a otros evadir sus obligaciones: No se presten a acciones ilegales, paguen las multas, no las coimas. Piensen que la corrupción mata: faltan los remedios en los hospitales, falta mantenimiento en los trenes, faltan escuelas. Eso sí, verifiquen que el Estado utilice el dinero de los impuestos en lo que debe utilizarse y que no sea una rueda más de la corrupción.
  5. Denuncien la trata, el narcotráfico y la corrupción: Hoy existe la posibilidad de denunciar en forma anónima, o siempre pueden acudir a ONGs o, incluso, al sistema internacional de derechos humanos.
  6. Realicen veeduría ciudadana sobre la actuación del Estado y el uso de los recursos públicos: El seguimiento de presupuesto anual del Estado resulta urgente. Los estudiantes y profesionales de ciencias económicas están preparados para ello.
  7. Capacítense e investiguen sobre la temática del lavado de dinero. Se necesitan más especialistas que logren desenmarañar las redes de crimen organizado para lograr que las condenas lleguen a las cabezas de las redes de crimen organizado.
  8. Donen su tiempo a ONGs e Iglesias que asisten a las víctimas. La acción del Estado es todavía muy débil y existen millones de víctimas que necesitan apoyo y también su conocimiento para la investigación de las redes de crimen organizado.
  9. Únanse para exigir al Estado: nuevas leyes, mejores políticas públicas, una justicia independiente e imparcial, medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, la correcta utilización de los recursos del Estado y la protección y asistencia para las víctimas.
  10. Utilicen las redes sociales para difundir e incitar a otros al cambio. La mayoría de las personas quieren un cambio pero no encuentran canales para expresarse y aportar su granito de arena por un mundo mejor. Generen esos canales.

ES NECESARIO COMPRENDER LA GRAVEDAD QUE NOS PLANTEA LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN ARGENTINA Y TOMAR CONCIENCIA DE QUE, SI NO HACEMOS ALGO HOY, ES PROBABLE QUE NUESTROS HIJOS E HIJAS NO TENGAN MÁS OPCIÓN QUE SER PARTE DEL CRIMEN ORGANIZADO O SER SUS ESCLAVOS.

REITERO LO DICHO AL PRINCIPIO DE ESTA CHARLA: TANTO EN SUS ACTOS PERSONALES COMO PROFESIONALES ESTÁN REALIZANDO UNA OPCIÓN ÉTICA DE LA CUAL DEPENDERÁ EL FUTURO DE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVEN y EN BASE A LA CUAL ESTARÁN ABRIENDO O CERRANDO EL CAMINO A LAS GENERACIONES VENIDERAS. 

PARA LEER LA CHARLA COMPLETA HACE CLICK AQUI

 

 

 

 

 


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