Debaten derogación de alternadoras

09/28/2016

Estimadxs:

La aprobación de esta legislación será la prueba de un real cambio cultural que implicará que, por fin, el Estado dejará de promover la prostitución. De Buenos Aires para el mundo !. Apoyemos esta iniciativa !!!

Saludos, Mercedes Assorati

Cierre de prostíbulos: la Legislatura debate mañana el proyecto multipartidario

28092016

El proyecto de ley que el legislador porteño de Bien Común, Gustavo Vera, presentó para dar fin a las habilitaciones que encubren los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires se tratará este jueves 29 en la Legislatura, con el inminente respaldo de por lo menos 40 diputados.

prostibulos

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación la hizo Vera en 2014, pero avanzó en estos últimos días, luego del acompañamiento que dio Carmen Polledo (PRO), vicepresidenta de la Legislatura porteña, y Omar Abooud (PRO) a su vez dirigente musulmán de estrecha amistad con el Papa Francisco.

La iniciativa legislativa que impulsa Bien Común de un sólo legislador contaba en su inicio con el apoyo de ocho legisladores de la oposición y ahora suma al bloque oficialista PRO con 28 legisladores.

El proyecto de ley que hoy cuenta con apoyo multipartidario plantea modificar el Código de Habilitaciones para derogar la figura de las alternadoras más conocidas como coperas y bailarinas que es la manera de encubrir como empleadas a las víctimas de trata y explotación sexual dentro de los locales nocturnos Clase A llamados wiskerías, cabarets, bar, boliches pero que en realidad son prostíbulos prohibidos en todo el país por la ley de Trata, ley de Profilaxis y los convenios internacionales contra la prostitución por cuenta ajena y trata y el Convenio Contra Toda Forma de Discriminación de la Mujer. 
El legislador autor de la ley, Gustavo Vera, remarcó que “en todo el mundo quedó demostrado que las habilitaciones de cabarets Clase A con régimen de alternadoras son el disfraz o la coartada perfecta que usan los proxenetas o tratantes”.

“Cuando hablamos de coperas hablamos de prostitución y no por cuenta propia, sino por cuenta ajena donde se benefician otros sectores”, indicó en declaraciones al programa María O`Donnell Continental, que se emite por radio Continental.

El diputado y referente del partido Bien Común sostuvo en ese aspecto que “alrededor de la explotación sexual de estas mujeres hay redes de criminalidad con alto nivel de complicidad estatal”.
Además, detalló que el proyecto no fue aprobado cuando lo presentó por primera vez en 2014, por “una presión brutal que ejercía Juan José Gómez Centurión, que en ese entonces era titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)”.

“Los legisladores de ese entonces hubiesen firmado si no fuese por la presión brutal que ejercía Gómez Centurión, que decía que de esta manera se hacía una mejor inteligencia del lugar. Pero después se dieron a conocer que Newport se allanó por trata, Stavros que allanó el juez Sebastián Casanello y estaba habilitado por la AGC”, señaló el también presidente de la ONG Alameda.

El proyecto, que ya pasó por varias comisiones, incluida la de Desarrollo Económico, y este jueves cuando se trate en sesión tendría al menos 40 votos a favor, en una votación en la que se necesitan la mitad más uno de los presentes -en total son 60 legisladores- para ser aprobado.

El siguiente es el detalle del proyecto:

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley:

Art. 1° Incorpórese al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires el Art. 58 bis que dispone lo siguiente:

Art. 58 bis: Se prohíbe en los locales de diversión nocturna, cualquiera sea su denominación, la contratación de empleadas para alternar o bailar con los concurrentes bajo pena de clausura del establecimiento y cancelación de la habilitación.

Artículo 2°: Quedan derogadas las siguientes disposiciones del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza 33.266/76 y sus modificaciones): 10.2.2. inc. f); 10.2.12; 10.2.13; 10.2.14 y 10.2.15.

Artículo 3°: Queda derogada toda referencia a las alternadoras en el Art. 10.2.16 del Código de Habilitaciones y Verificaciones (Ordenanza 33.266/76 y sus modificaciones).

Articulo 5°: De forma.

FUNDAMENTOS

El presente proyecto incorpora el art. 58 bis bis al Código Contravencional por entender que los denominados locales de diversión nocturna clase “A”, los antiguos cabarets y whiskerías, suelen encubrir casas de tolerancia prohibidas por el art. 15 de la ley 12.331 y el art. 125 bis y 127 del Código Penal.

El proyecto se inscribe en el marco de la lucha que debe encarar el estado contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena contribuyendo desde la esfera del Gobierno de la Ciudad Autónoma a los esfuerzos que debe realizar el Gobierno Nacional.

En este sentido debemos recordar que  la explotación de la prostitución ajena en forma organizada es considerada por el derecho internacional como una práctica análoga a la esclavitud de acuerdo con los criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Vale la pena reseñar que el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se celebra el día 2 de diciembre, recuerda la fecha en que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Resolución nº 317 (IV) del día 2 de diciembre de 1949).

En efecto, la explotación de la prostitución ajena es considerada en el derecho internacional de los Derechos Humanos como una forma de trato degradante que cuando se ejerce sobre la mujer constituye una práctica discriminatoria que los estados tienen la obligación de eliminar. No podemos pasar por alto que en el Preámbulo del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena se dice expresamente que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad. En consonancia con esto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer obliga a tomar las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 6).  Debe destacarse, por último, que en los Informes del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud correspondientes (Resolución de la Subcomisión de Derechos Humanos 2001/14 y 2002/27) se instó a los Estados a que se aseguren que sus políticas y leyes no legitimen la prostitución considerándola la opción de trabajo de sus víctimas y a prevenir la trata y la prostitución, enjuiciar a los tratantes y demás explotadores sexuales y proporcionar asistencia y medios de rehabilitación a las víctimas.

En este sentido cabe traer aquí a colación los siguientes instrumentos internacionales que fueron firmados y ratificados por nuestro país:

  • La Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la trata de mujeres en todas sus formas y la equipara a la servidumbre (art. 6º inc. 1).
  • La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (art. 6º).
  • La Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (ratificada por Ley nº 11.925) que establece expresamente que:“Artículo 1 Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona. Artículo 2 Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”. Hay que destacar que el art. 6º de la referida Convención determina que“Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”.
  • El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ratificado por Ley nº 25.632). Este tratado dispone: “Artículo 2. Finalidad: Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Partes para lograr esos fines. Artículo 3. Definiciones: Para los fines del presente Protocolo: a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo; d) por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años”.

Estos criterios necesariamente deben ser incorporados a la legislación interna en cumplimiento de la antigua norma “pacta sunt servanda” recogida en los arts.31 y 75 incs. 22 y 23 de la Ley Fundamental. La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone expresamente la sujeción a esta norma y la obligación de proceder de buena fe por parte de sus autoridades (art. 10 C.C.A.B.A.).

No se nos escapa que muchos de estos conceptos han encontrado acogida en la legislación penal vigente tanto en el propio texto del Código Penal como en las leyes complementarias de ese cuerpo legal. Dentro de ese conjunto de disposiciones hay que mencionar especialmente la aún vigente ley nacional nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario en todo el territorio de la nación y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer en su libertad y dignidad humanas.  Dicha ley que consagra legislativamente el principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella (art. 15º). El art. 17º de la ley reprime a los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia. El ejercicio de la prostitución a título personal sin autorización estatal dejó de ser delito. El criterio abolicionista que la inspiró trata, en definitiva, de liberar a la mujer que se dedica a este menester de sus explotadores y la deja libre sin más obligaciones que tratarse si está enferma.

La ley 26.842 que organiza la lucha contra la trata de personas y la explotación ha reformado el Código Penal introduciendo sustanciales modificaciones en lo que atañe a los delitos de promoción y facilitación de la prostitución (arts.125 bis y 126) y de explotación comercial de la prostitución (art. 127 C.P.).

El presente proyecto apunta a reforzar la prohibición establecida en el art. 15° de la ley 12.331 y en los arts. 125 bis y 127 C.P. en virtud de las disposiciones del art. 2 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de  la Prostitución Ajena. Entendemos que es nuestra responsabilidad cubrir aunque más no sea en el modesto ámbito de las normas contravencionales y administrativas las hendijas a través de las cuales se facilita el incumplimiento de la Ley Suprema de la Nación, tal como la define el art. 31 C.N.. En ese aspecto estamos convencidos de que así estamos cumpliendo con la obligación establecida en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

La explotación de la prostitución ajena es una práctica discriminatoria contra la mujer conforme lo establece el art. 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En consecuencia, se impone la adopción de medidas legislativas para eliminar esas prácticas así como la incitación a esa clase de discriminación en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 de la citada convención. Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece expresamente que toda persona debe estar protegida contra la discriminación y contra toda provocación a la discriminación (art. 7).  La libertad de industria, trabajo y comercio  mencionadas en el art. 14 de la Constitución Nacional no puede ser utilizada con la finalidad de atentar contra la libertad y la dignidad de las personas, o para poner en riesgo la salud pública, toda vez que los derechos no son absolutos y si son susceptibles de reglamentación legal. En el mismo sentido pueden hacerse valer  las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (art. 29),  los arts 2,5, y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1,2 y 24  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Estos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.)

Por lo demás no podemos dejar de señalar que la existencia de normas locales que contribuyen a sostener el fenómeno de la prostitución organizada en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera el deber constitucional de derogarlas en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 10 y 11 de la Constitución porteña. En este sentido corresponde la derogación de las normas que permiten la prestación del servicio de alternadoras en los locales de diversión nocturna clase “A” y reglamenta su inscripción en registros especiales y somete a vigilancia médica. Estos locales han sido tradicionalmente lugares en los que se ejerce la prostitución en forma apenas encubierta. La existencia de reglamentaciones para la actividad de las alternadoras son resabios de los tiempos en que la prostitución estaba regulada y pretendidamente sujeta a vigilancia médica. El funcionamiento de esta clase de locales de diversión nocturna está en contradicción con las normas establecidas en los arts. 3, 6 y 16 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925. En efecto, la labor de prevención, de prohibición de los registros de personas de quienes se sospeche que ejercen la prostitución y la exigencia de incriminación de los actos preparatorios de la explotación de la prostitución ajena no se cumple si el estado tolera y reglamenta actividades que sirven de pantalla a los prostíbulos. Constituye un acto de hipocresía política condenar retóricamente una conducta  que se reglamenta en las leyes. Consideramos que de este modo la Ciudad de Buenos Aires se une al movimiento, que en forma creciente en el interior del país, se dispuso a dar batalla a la explotación de prostitución ajena derogando las ordenanzas y leyes que reglamentan el funcionamiento de locales de diversión nocturna, clubes nocturnos, cabarets o whiskerías que no  son en la realidad otra cosa que prostíbulos. Estas reglamentaciones contrarias a los tratados internacionales mencionados más arriba y a las disposiciones de la ley 12.331 constituyen una afrenta a la dignidad de la mujer toda vez que admite el estereotipo que la reduce a la condición de cosa, instrumento de placer, objeto de transacciones comerciales. La Ciudad de Buenos Aires debe adoptar perspectivas de género en la adopción de sus políticas públicas y medidas efectivas de protección contra las víctimas de la explotación sexual de conformidad con las claras disposiciones del art. 38 de la Constitución porteña. Mantenerse al margen de este movimiento y no modificar una normativa vetusta y claramente contraria a principios elementales de moral pública no es admisible. En consecuencia, se eleva este proyecto a la consideración de la Legislatura.

 


Trata de Personas y Delitos Conexos

09/28/2016

Una charla premonitoria que recientemente han subido a la web y que dicté en la Ciudad de La Plata en el año 2010.

Publicado el 13 ago. 2015

Jornadas sobre “Problemática de Trata de Personas y Delitos Conexos” – Departamento Judicial La Plata – Abril, 2010
Panorama mundial y regional del delito de Trata de Personas. Consentimiento de la víctima.
Expositora: Dra. Mercedes Assorati

No se la pierdan. Saludos, Mercedes Assorati


PROHIBIRÍAN ALTERNADORAS EN CABA

09/22/2016

Estimadxs:

Sería realmente un paso adelante que el Estado deje de promover la explotación sexual de mujeres, a través del otorgamiento de “carnets” de alternadoras a las mujeres, muchas de las cuales son víctimas de trata. Ojalá se apruebe esta legislación que sería un paso gigante en lo que hace a un cambio cultural respecto de la explotación sexual. Felicitamos a Bien Común por esta excelente iniciativa. Qué buena noticia !

Saludos, Mercedes Assorati

SE VOTARÁ LA SEMANA QUE VIENE

Prostitución: la Ciudad cerrará las whiskerías y prohibirá a las “coperas”

El proyecto será tratado en la Legislatura la próxima semana y se espera que sea aprobado sin contratiempos.

La legislatura porteña buscará prohibir las coperas y ordenar el cierre de los locales conocidos como “whiskerías” en donde presuntamente se ejerce la prostitución. La iniciativa original lleva la firma deGustavo Vera y luego se sumó la titular del parlamento, Carmen Polledo.

“Este proyecto lo presenté en el 2014 hace dos años y en buena hora que el PRO que es el bloque mayoritario acepté discutirlo en el recinto porque años atrás cuando Juan José Gómez Centurión era director de la Agencia que habilita prostíbulos se dedicaba a llamar a los legisladores del PRO para frenar la ley”, sentenció el titular de La Alameda.

Desde que fue electo legislador Vera propone derogar la ordenanza 33.266/76, que permite a las “alternadoras” o “coperas”.  “Se prohíbe en los locales de diversión nocturna, cualquiera sea su denominación, la contratación de empleadas para alternar o bailar con los concurrentes bajo pena de clausura del establecimiento y cancelación de la habilitación”, reza el proyecto del diputado capitalino de Bien Común.

El proyecto ya tuvo trámite en varias comisiones de la legislatura y será tratado en el reciento la próxima semana. Se espera que sea aprobado sin contratiempos ya que cuenta con el apoyo del bloque oficialista.

“Para evitar que los prostíbulos se transformen los privados (o sea en departamentos de edificios) se debe profundizar la legislación que significa por un lado reglamentar la ley de Trata nacional, agilizar la incatuación de los prostíbulos con reutilización social en favor de las víctimas y en la penalización a los prostituyentes/clientes”, agregó Vera.

Desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) rechazan la iniciativa. “Eliminar la figura de alternadoras para combatir la trata de personas es absurdo -sostiene su titular, Georgina Orellano-. Usan una política prohibicionista para combatir un delito y, donde ya hay leyes similares, el resultado fue que nos empujaron a una mayor clandestinidad”, le dijeron al diario Clarín.


INVITACIÓN: MISA CONTRA LA TRATA

09/19/2016

 

El próximo viernes 23 de Septiembre a las 17 horas en Plaza Constitución.


PREOCUPA LA TRATA EN LA FRONTERA CON BOLIVIA

09/06/2016

 

(Sebastián Granda – Diego Granda)

SOCIEDAD
Los invisibles de La Quiaca: trata y tráfico de personas en la frontera argentino-boliviana
Por Diego Granda
5 de septiembre de 2016
(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
El tráfico ilegal de personas en zonas cercanas a la frontera con Bolivia es un negocio instalado. Varían los actores, pero no las formas. Cuáles son las fallas estructurales que podríamos modificar para solucionar, e incluso prevenir, los casos que se repiten. El rol de la Argentina en un mundo que atraviesa una crisis migratoria internacional.

Amor de madre

Tras tres meses de búsqueda, Carina recuperó a su hija Antonella de 14 años con la ayuda de la excónsul argentina en Potosí, Reina Sotillo.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
“Hay una muy parecida detrás de la esquina en donde están las otras chicas, pero le dicen Daniela, y tiene el pelito más largo”. El episodio ocurre en la Villa Imperial de la ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire. Mientras hace lo de siempre —cobrar limosna para limpiar el sucio baño de la terminal de ómnibus—, dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo, ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo rubio tapado por una capelina blanca.

Detrás de la esquina hay una whiskería —también les dicen “karaokes”—. Queda en el corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.

A los karaokes también les dicen whiskerías. La ley boliviana los permite, aunque prohíbe la presencia de menores
Para esa fecha, Sotillo ya tenía contactos en todos los pueblos y suburbios de su jurisdicción consular y zonas cercanas. En el 2007, la Cancillería de los tiempos de Jorge Taiana la había asignado, por pensar distinto, a un destino que todos rechazaban en el departamento boliviano de Potosí, separado de La Quiaca por un río –que por lo seco, es más bien un arroyo–. Zona árida, desolada y fría. Faltaban relaciones internacionales en esos cientos de kilómetros de frontera de una tierra que se parte de seca. Y también oxígeno: se sitúa a 3.450 metros sobre el nivel del mar.

Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más humanitaria que consular: más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, cifra que reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión.

El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a una adolescente engañada, para algún tipo de explotación. Las ayudó una coincidencia de la historia, más bien una ironía: ese mismo diciembre del 2013, la Justicia tucumana de primera instancia había absuelto a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón –hoy, ninguno de los jueces permanece en su cargo: o renunciaron o se jubilaron y enfrentan cargos por cohecho—. Además, el proyecto para una nueva ley antitrata estaba a horas de perder estado parlamentario en el Congreso Nacional. El país entero hablaba sobre el tema, y el costo político hacía que varias autoridades se movilizaran.

Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puñeno, cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que buscaban.

“Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados”, cuenta Carina. “No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada”. Dice que gritó tan fuerte que salió un hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la chica: “Daniela, vení para acá”.

Era Antonella, que de a poco se acostumbraba a su nueva identidad. Había desaparecido a la salida de la Escuela Normal de La Quiaca
No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado que se encargó de llevarlas. Hacía frío y era de noche. “Por un instante, pensamos en indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes –cuenta Sotillo–, pero había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos”. El viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.

Comprender o revictimizar

Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones a sus derechos más íntimos, y de situaciones previas de vulnerabilidad.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
“Lo fundamental para interpretar casos de trata es comprender la psicología de las chicas. Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones a sus derechos más íntimos y, por lo general, vienen de situaciones previas también de vulnerabilidad”, dice Marcela Rodríguez, responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación Argentina. “No es fácil obtener un testimonio, suelen sentir culpa o vergüenza. Y andá a conseguirles un psicólogo después; no es fácil, por la falta de recursos”. Las pericias médicas determinaron que Antonella no se vio involucrada en actividades sexuales, pero varios especialistas coinciden en señalar que los captores suelen someter a las víctimas a un período de “ablande”. A Antonella, a quien ya le habían cambiado la identidad, la salvaron a tiempo.

Como este caso, se repiten otros que no logran ser resueltos por la Justicia. El fiscal federal Federico Zurueta, con jurisdicción en Jujuy, advierte sobre una falla estructural: “Por ley, la trata es un delito federal, y el fuero federal en Jujuy no cuenta con recursos para asistir a las víctimas ni con psicólogos, ni lugares de albergue para alojarlas. La mayoría de los funcionarios, en general, no comprenden a las víctimas, no están acostumbrados, porque salvo en casos de trata, que es un delito relativamente novedoso —al menos en manuales jurídicos—, se trabaja siempre con potenciales delincuentes”. Y las víctimas de trata no son delincuentes, aunque muchas veces se las criminalice.

Los funcionarios del Fuero Federal, en general, no comprenden a las víctimas de trata. Están acostumbrados a escuchar sólo a potenciales delincuentes.
El caso de Antonella recibió el apoyo del defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas, quien organizó encuentros de concientización, pero la causa terminó en el Juzgado de Menores a cargo de la jujeña Pilar Medina, que “lo cajoneó”, según denuncia la madre. Al extremo de que hoy, cuatro años después, cada vez que la menor quiere cruzar a Bolivia por el paso legal, la detienen las fuerzas de seguridad por prevención ante un nuevo “abandono voluntario de hogar”, como reza la carátula.

“Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto sobre el rol de la mujer que se juega fuerte en la interpretación de los casos de trata”, así lo describe Marcelo Colombo luego de tres años a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la institución que creó el Ministerio Público Fiscal en el 2013 para asistir específicamente a las fiscalías en estas temáticas.

Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto de la mujer que se juega fuerte en la interpretación de los casos de trata
“Los operadores judiciales no entienden el sufrimiento, deben ponerse en los zapatos de la víctima. ´Si usted tenía una puerta ahí, por qué no se fue; si usted tenía un celular, por qué no mandó un mensaje´. Siempre colocando un prejuicio sobre la víctima, pensando que va a actuar como si fuese él, que tiene un hogar, un coche que lo lleva a su lugar de trabajo, que no sufrió manipulaciones psicológicas”, agrega.

Sin datos ni controles

La calle Jujuy, a 500 metros del paso oficial, se convirtió en un cruce cotidiano y aceptado, aunque sin controles.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
Por la inexistencia absoluta de estadísticas, no es posible elaborar un número exacto de cuántos menores desaparecen en La Quiaca y en las poblaciones de los departamentos de Yavi, Santa Catalina y Rinconada. Pero existen historias de sobra. La profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, Silvia Carretta, cuenta que “a menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se alarma”. Producto de su preocupación, en el 2014 colaboró en la elaboración de dos manuales de prevención que fueron difundidos por las escuelas de la zona. Uno para los niños y otro, para los maestros.

“Son chicos que crecen en familias de poco diálogo, con elevados grados de alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo, que no logran ver un futuro de providencia; por eso, ante cualquier oferta de trabajo, se van. En el caso de las mujeres, también hay que tener en cuenta que las familias de la Puna son machistas y las nenas escapan”, explica la docente.

La Quiaca y Villazón crecieron a principios del siglo XX, cuando el Tren Central Norte —rebautizado después como El Belgrano— unió a la Argentina con Bolivia. Pero la relación de los pueblos antecede incluso a la formación de los Estados nacionales, y eso se ve en la calle: a diario, argentinos y bolivianos pasan de un lado a otro sin ningún tipo de control. Son dos ciudades contiguas, pero el límite fronterizo es solo una línea imaginaria. Cuando en 1993, el ferrocarril argentino dejó de funcionar, la postal que mejor representó al lugar fue la de una ciudad fantasma. Tardó años —de hecho, continúa en proceso— en reactivarse el comercio binacional por vía terrestre. Hubo un proyecto del entonces senador Guillermo Snopek —un reconocido jurista que luego fue gobernador de la provincia—para crear un territorio aduanero especial, una suerte de zona franca, pero fue vetado por Carlos Menem en 1994.

Existe un paso de migraciones, claro, pero a escasos diez metros la gente camina como si no estuviese cambiando de país
El actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, anunció que en marzo del próximo año comenzará la obra de reactivación del tren. Por ahora, son sólo promesas de gestión. En la frontera existe un paso de Migraciones, claro, pero a escasos diez metros la gente camina como si no estuviese cambiando de país. Por el mismo sendero en donde se transita, hay tanta basura que viven al menos una docena de cerdos. Vale tener en cuenta que en Jujuy, que tiene poco más de 700 mil habitantes, se radican unos 20 mil bolivianos por año.

El ex titular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi —desde este año, es juez subrogante del juzgado Federal N°1 de la misma provincia— explica que “existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga”. Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.

Hay expedientes judiciales que investigan corrupción en el reparto de cupos aduaneros. Son permisos que brinda el Estado argentino para pasar los productos por el control de Tres Cruces, en la ruta nacional N°9, para vendérselos a los bolivianos en La Quiaca, que luego los pasan a Bolivia en carritos, o a lomo, a diario. Este ir y venir vertiginoso de hombres y mujeres, algunos mayores o incluso muy jóvenes, de un lado al otro del límite es la máxima actividad económica de La Quiaca.

Las causas se encuentran en el fuero federal, por tratarse de importación y exportación. El comercio va variando de acuerdo con las fluctuaciones cambiarias de ambos países; hoy, se basa prácticamente en vender harina y azúcar argentina a Bolivia.

La última medida de control en la frontera fue crear un cerco —de alambre y vigas de cemento— de 500 metros de largo alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal. Fue una iniciativa de Gendarmería, costeada por el Ministerio del Interior durante la gestión de Florencio Randazzo. Pero a los pocos días, el alambrado ya estaba dañado, y así sigue. Es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan. Los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas.

A los pocos días, el alambrado que protege las inmediaciones del puente internacional ya estaba dañado, y así sigue. Es una frontera colador
A pocas cuadras del puente fronterizo hay prostíbulos. En Villazón, la ley boliviana los autoriza, aunque no permite la presencia de menores —valga la aclaración—. Varios de los rescates de la excónsul argentina, Reina Sotillo, según señala un miembro actual de la Defensoría del Pueblo boliviano, ocurrían allí. A plena luz del día. El mecanismo, poco usual, era el siguiente: el juez federal argentino Wenceslao Cardozo redactaba un permiso para que ella pudiera actuar, por una cuestión de competencias. Sotillo se presentaba en el lugar con ese permiso y sacaba a las chicas. Luego, se labraba un acta por el traslado del menor a su lugar de origen.

Precio por cabeza

El ex Defensor del Pueblo boliviano afirmó que los niños y adolescentes se venden ni bien cruzan la frontera a 5.300 pesos argentinos.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
“Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno. Contó allí que “durante 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual”. Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre del 2000, difieren las metodologías entre los países, que adoptaron distintas formas y procesos. Se trata, además, de un crimen transnacional.

La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra”, aseguró en el 2013 Mercedes Assorati, la directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires (posteriormente, se editó un libro de circulación gratuita, con fondos de la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Gustavo Vera y el integrante de la ONG La Alameda, Lucas Schaerer).

Todas las legislaciones antitrata de la región surgieron a partir del protocolo de Palermo, firmado en el 2000, pero cada país adoptó formas y proceso distintos
“Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”, confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato. “En los últimos meses, se vio mucho tráfico ilegal de personas de nacionalidad china, que llegan al puerto de Perú, en barco, luego por tierra hasta Bolivia y hay gestores que les cobran por pasarlos a la Argentina y llevarlos hasta Buenos Aires”. Hay expedientes en la Justicia: el precio por llevar un chino indocumentado desde Villazón, pasando por La Quiaca, hacia Plaza Miserere, en el barrio de Once, Capital Federal, se estima en 70 mil pesos por persona.

Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. Pero si un abogado presenta una causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180 días hábiles —que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas—, en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, viven dos años con fondos públicos. Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.

Se estima en 70 mil pesos el precio por llevar a una persona indocumentada de nacionalidad china desde Villazón, pasando por La Quiaca, hacia Capital Federal
Mis amigos me vendieron

En el 2011, Ariel Llampa partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Lo siguen buscando.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
Uno de los “karaokes” más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24 horas. Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero hoy ya están gastadas y con restos de humedad. En el fondo, mientras suenan las últimas cumbias bolivianas, se sirve chicha y vino tinto. Es atendido por una mujer mayor. Quienes entran, suelen sentarse en una de las mesitas y quedarse largas horas. El pago se realiza al final.

Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una investigación periodística que busca concientizar a través de la información.

Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal.”Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ´volví´. Dios es tan grande que algún día va a pasar”. El 8 de diciembre del 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel —quien por entonces tenía 17 años— partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió ayuda en su muro de Facebook, “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a quedar así. Me traicionaron”.

A pesar de que la Justicia tiene todos los datos y se rastreó la ubicación del IP del ordenador (el número con el que la computadora se conecta a internet) al momento de postear en la red social, aún no dieron con su paradero. A Ariel Iván Llampa se lo tragó la tierra. Ceferino, su papá, se muestra con una actitud más resilente que su esposa (o menos, según como se mire): piensa que la policía de Villazón “lo mató” por alguna situación de violencia, o que “lo vendieron a los narcotraficantes”. Su caso fue un emblema. Junto al de Antonella, despertaron manifestaciones de algunos lugareños. Actualmente, reclaman cada tanto, con marchas o grafiti en las calles de La Quiaca.

Muchos informes de organismos internacionales, como la ONU, pusieron foco en este paso fronterizo y todos coinciden en que se debe hacer algo. Al juez argentino Santiago Inchausti no le sorprende. “Sólo hay 153 personas condenadas por trata en la Argentina. Muy poco, teniendo en cuenta que América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo”, aseguró en el último coloquio de Roma contra el crimen organizado, del que participó Francisco, convirtiéndose en el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en discutir abiertamente sobre esta cuestión.

América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo
La disertación del joven juez dejó en evidencia la falta de resoluciones en nuestro país. Bergoglio sostenía, antes de ser ungido Sumo Pontífice, que en la Argentina “todavía hay esclavitud de diversas maneras, hay migrantes que son regenteados por migrantes de su mismo país, que ya son gente asumida por este sistema de esclavitud contra sus mismos hermanos”. Entre el 2008 y el 2012, Bergoglio, por entonces cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, y el padre Mario Videla, por entonces director del Departamento de Migraciones del arzobispado porteño, organizaron misas especiales para migrantes y víctimas de trata en los barrios de Barracas y La Boca.

La Pastoral Migratoria de la Prelatura de Humahuaca, que abrió un refugio en La Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda, asegura que por día pasan 900 menores de forma irregular por la frontera. “Son todos chicos del lugar que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman en un informe.

Según la Pastoral de Movilidad Humana, 900 menores cruzan de forma irregular por la frontera por día. Desde La Quiaca a Villazón, o viceversa
Desde que el padre Manolo Pliego, que dirigía el lugar, se fue a vivir a Cuba, y Jesús Olmedo fue asignado a la prelatura de Humahuaca, no se trabajó mucho más. En su momento, por ejemplo, tenían los recursos para interceder en casos de chicos a los que se detectaba pasando la frontera sin sus padres. O con permisos que —casualmente— siempre se redactan en el mismo estudio jurídico. Hoy, el refugio es atendido por dos mujeres del lugar: en el 2015 sólo albergaron a 36 personas y en el 2016, a una sola. “Pasa que ya no está el Padre, que era el que conseguía más recursos”, explica Norma Mamani, una de ellas.

Mula, pasero, esclavo y esclava

Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores, terminan enredados en distintos tipos de explotación o trata de personas.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores; chicos que son llevados a trabajar a las minas del Puno peruano, donde 40 mil personas viven de la minería ilegal e informal, según el último informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional; o llevados a pisar la hoja en los campos de coca en Cochabamba o a las plantaciones de tomate en Fraile Pintado y de tabaco en San Pedro, Jujuy; a trabajos en talleres textiles en Buenos Aires; adolescentes que terminan enredadas en explotación doméstica o explotación sexual; o trabajos en fábricas de la Patagonia argentina.

El último caso público fue difundido por el departamento de prensa de Gendarmería el 6 de julio del 2016: una nena de tres años a la que buscaban en el conurbano bonaerense apareció en un recorrido del Escuadrón 21, en un paraje llamado “El Sauce”, a pocos kilómetros de La Quiaca, junto a un boliviano de 29 años que ya registraba una “causa por sustracción de menores en grado de tentativa”, según afirmó la gacetilla.

De acuerdo con las investigaciones de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, “existen organizaciones criminales en Oruro, Potosí y La Paz, desde donde se traslada a las víctimas de trata a Cochabamba y Santa Cruz, para después sacarlas del país por Yacuiba, Bermejo y Villazón, rumbo a la Argentina”. Basta con ir a la Plaza de Flores o a la terminal de Liniers, en Buenos Aires, para comprender la situación. De acuerdo al último censo, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad de bolivianos es la más numerosa entre las extranjeras, seguida de la de paraguayos y la de chinos.

Ausentismo oficial

La oficina más cercana del Ministerio de Seguridad de la Nación queda en Tucumán, a unos 600 kilómetros de la frontera.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
A nivel provincial, no existe ninguna institución pública con un trabajo concreto sobre la cuestión. El tema no aparece en la agenda del Gobierno jujeño; incluso el Ministerio de Seguridad de la Nación, que prorrogó hasta diciembre de este año —a pesar de las críticas durante la última campaña electoral— el plan Escudo Norte de protección integral de fronteras, tiene su oficina más cercana en Tucumán, que queda a 616 km del límite argentino. La lejanía geográfica hace que el control se torne operativamente inviable. El Escuadrón 21 se encuentra bajo la órbita de ese ministerio. La extensión del plan creado por Cristina Kirchner en el 2011 se realizó a través de un decreto firmado por el actual presidente Mauricio Macri al poco tiempo de asumir.

Desde marzo del 2016, aproximadamente, grupos bolivianos bloquean el paso legal como manifestación diaria en contra de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF). Esta tarjeta es una propuesta del actual intendente quiaqueño, el reelecto Miguel Ángel Tito, para que los vecinos de ambas ciudades fronterizas posean una documentación que les permita el libre tránsito, registrado. Como las nuevas autoridades consulares no intervienen, los piquetes determinan que el único lugar posible para cruzar la frontera sea el río. La calle Jujuy —ocurrentemente, lleva el mismo nombre que la provincia—, a unos 500 metros del paso legal, se consolidó como el nuevo paso cotidiano, aunque sin control.

A nivel provincial, no existe ninguna institución pública con un trabajo concreto sobre la trata de personas
La cabo de la policía boliviana Lucía Ramírez Mamani, directora de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), asegura que “es frecuente recibir denuncias de personas perdidas o detectar tránsito irregular”. En el 2015, recibieron 387 denuncias, según consta en actas exhibidas a este cronista.

Lizeth Mollo asumió este año en la oficina de tráfico de personas, que depende del Ejecutivo boliviano. “En tres casos comprobamos que podían terminar en trata: dos, de menores llevados sin papeles a la Argentina, y uno desde la Argentina para acá”. Considera que el principal problema está en la demora de la Policía, tanto argentina como boliviana, en comenzar una búsqueda. Si un familiar realiza la denuncia, le exigen, primero, documento de identidad, que no todos tienen; y luego, esperar 48 horas para comenzar a buscarlo, por si anda por ahí. Antes de ese lapso no se hace nada, a pesar de que las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal indican lo contrario.

Uno de los problemas está en la demora de la policía en comenzar una búsqueda: esperan 48 horas para activar el protocolo ante desaparición
Es lo que pasó con Ariel Llampa. Se demoró el inicio de la búsqueda. Con más celeridad, quizás su destino hubiera sido distinto. Su papá, Ceferino, relató ante la Justicia lo ocurrido esos primeros días de su desaparición. Supuestamente, a los pocos días, un mozo del hotel quiaqueño La Frontera escuchó hablar a un grupo de jóvenes sobre un chico al que “habían vendido”. La familia Llampa peregrina con una carpetita en busca de ayuda hace cuatro años. “Tuvimos reuniones con Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Eduardo Fellner; todos fueron breves y no pasó nada. Nos afiliamos a la organización Túpac Amaru de Milagro Sala, pagamos todos los meses y asistimos a las asambleas, y nadie nos ayudó. Ahora, queremos juntarnos con Mauricio Macri. También intentamos hablar con Gerardo Morales y no pudimos”, cuenta Ceferino. “Queremos que vuelvan a aumentar el monto de la recompensa, yo no tengo plata para seguir luchando; a veces pienso en salir a pegar carteles, pero se me acaban las fuerzas. Quiero saber al menos qué fue lo que pasó”, agrega Justina.

Agujero negro

Hay actualmente 6.033 personas siendo buscadas en la Argentina.

(Sebastián Granda – Diego Granda)

(Sebastián Granda – Diego Granda) (Sebastián Granda – Diego Granda)
Según la PROTEX, hay actualmente en la Argentina 6.033 personas buscadas, aunque advierten que ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel nacional, la cifra debe ser mayor. Máximo, hermano de María Cash, la joven que despareció hace cinco años, insiste ante la ministra Patricia Bullrich en su pedido de crear una Agencia Federal de Búsqueda de Personas. Le presentaron un proyecto de ley cuando era diputada y, ahora que está a cargo de la cartera de Seguridad, recomiendan que sea directamente una subsecretaría del Ministerio. El Mercosur elevó informes en línea con el requerimiento de la familia Cash.

Si bien el último registro de María fue en Rosario De La Frontera, Salta, hay testigos que aseguran haberla visto en Jujuy. “Los juzgados federales no nos dan ni cinco de bolilla”, denunció Máximo en una reciente entrevista al diario La Nación. Su padre falleció en una ruta de La Pampa, en uno de sus viajes buscando pistas sobre su hija. Iba en búsqueda de una amiga, una de las últimas personas que la vio antes de que tomara un colectivo en la terminal porteña de Retiro con destino a Jujuy, donde la esperaba un amigo. “Mi papá era el que levantaba el polvo y salía a buscarla siempre, y creemos que en La Pampa lo embistieron”, dijo Máximo. Al resto de la familia no le quedan muchas fuerzas.

Recientemente, la PROTEX le consultó a Migraciones sobre el paradero de 1060 personas desaparecidas en el 2016, y se registró que 72 presentaron pases fronterizos. Sin embargo, teniendo en cuenta la permeabilidad de éste y otros cruces fronterizos, se presume que el mayor volumen de tráfico no queda registrado. Las cifras continúan mostrando una tendencia contundente: el tráfico ilegal de migrantes atraviesa en un cien por ciento a las distintas modalidades de trata de personas que, sin dudas, es el ejemplo de ataque más flagrante a los derechos humanos que podemos encontrar en estos tiempos.

Varios especialistas coinciden en que es necesario crear una Agencia Nacional de Búsqueda de Personas
Diferentes especialistas coinciden en que ante la crisis humanitaria y migratoria que sufren varios países desarrollados, existe la posibilidad de que América Latina vuelva a ser “el destino de la esperanza”, como lo fue para nuestros abuelos, y de que recibamos en los próximos cinco años a un numeroso caudal de expatriados sin rumbo.

La pregunta es: ¿estamos en condiciones de garantizar sus derechos humanos?

http://www.investigacionesfopea.com

Este trabajo fue realizado por Diego Granda para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como parte del proyecto La Otra Trama.

Videos: Candela Grizutti – Armando Flores

Fotografías: Sebastián Granda – Diego Granda

Diseño y desarrollo multimedia: Facundo Segura

Tutoría periodística: Verónica Toller

Coordinación editorial: Andrea Schulte

Coordinación general: Vanina Berghella

Desarrollo: MediaLabFOPEA


DESAPARICIÓN FAVOR DIFUNDIR

08/22/2016

“Por favor mamá buscame”

Fue el pedido que le hizo Valentina Martinez a su mamá, en un llamado fugaz a 3 días de su desaparición

En la foto: (Foto Canal Dos)

Por: Arroyo al Día
 Valentina Macarena Martinez tiene 19 años y está desaparecida desde el sábado a la noche, cuando salió  tomar algo caminando con un conocido de la familia de unos 50 años, oriundo de Empalme. Desde entonces el único contacto que tuvo la familia fue en el día de ayer, cuando su mamá recibió un llamado y del otro lado su hija le pidió a gritos que la busque porque el hombre la tenía encerrada, le apagaba el celular y no sabía en que lugar estaba. Una de las hipótesis es que podía estar en la casa de una hermana del hombre, pero la policía ya llegó a la casa de una de ellas en Pergamino sin encontrar nada que aporte a la investigación. Restaba conocer el resultado de la búsqueda realizada en la casa de otra hermana, instalada en Villa Constitución.

Valentina tiene una beba de 1 año y medio que todavía toma la teta y sufrió picos de fiebre porque extraña a su mamá. Llevaba al momento de su desaparición jeans azul, botas negras, una remera negra con un pañuelo negro en el cuello y una campera negra. “Quiero que la encuentren, nada más” expresó Valeria, la mamá entre lágrimas.

 Ante cualquier información de su paradero comunicarse al 03402 – 430188 / 03400 – 15507521.

 


“Apriete” a la fundadora de La Alameda para que Vera retire la denuncia contra Stiuso

08/18/2016

ESCLAVITUD CERO REPUDIA LOS ATENTADOS SUFRIDOS POR LA ORGANIZACIÓN LA ALAMEDA Y SOLICITA EL ESCLARECIMIENTO JUDICIAL DE LOS HECHOS Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES

La Alameda

Tamara Rosenberg junto a Bergoglio Tamara Rosenberg junto a Bergoglio

La causa que inició la Alameda contra Antonio Stiuso trajo sus consecuencias, ya que el martes por la noche “apretaron” a la fundadora de La Alameda, Tamara Rosenberg, con el objetivo que el legislador Gustavo Vera desista de continuar con la causa.  

El martes por la noche, en Parque Avellaneda, Tamara fue seguida por un automóvil cuando se encontraba a cuatro cuadras de su casa y casi al llegar a su vivienda -cerca de la comisaría 40 de la Policía Federal- un sujeto armado le robó solo la cartera.

Asimismo y casi al mismo tiempo, desconocidos forzaron y rompieron la puerta del garaje de la Fundación La Alameda, que se encuentra en el mismo barrio y muy cerca un domicilio del otro.

Tamara, Gustavo Vera y Bergoglio cardenal Tamara, Gustavo Vera y Bergoglio cardenal

“Me bajé del colectivo ayer a la noche cuando volvía de estudiar y en la calle…

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