TRATA DE PERSONAS DELITO DE LESA HUMANIDAD

09/27/2017

Estimad@s:

Muy contenta de que el Senado se ocupe de este tema y que se pueda utilizar toda la infraestructura que se creó para los delitos de lesa humanidad para asistir y apoyar a las víctimas de trata. A continuación encuentren el artículo sobre este tratamiento por parte del Senado y un trabajo que preparé para la Maestría en Derecho Penal y Justicia Internacional que estoy cursando. Un saludo solidario y mis felicitaciones a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT por esta importante iniciativa.

Mercedes Assorati

Presentan proyecto para que se declare

DELITO DE LESA HUMANIDAD LA TRATA DE PERSONAS 

Un proyecto para declarar delito de lesa humanidad la trata de personas fue presentado este martes , en el salón de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, con el impulso de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Según confirmó, Julio Piumato, a ámbito.com, la iniciativa ya ingresó al Congreso a través del Senado y para tratarse en las
comisiones de Trabajo y Justicia.

not_898547_26_215054

Recibió el apoyo de los senadores Miguel Angel Pichetto, Aníbal Lovera, Pedro Guastavino, Juan Mario Pais, Juan Guillermo Pereyra, Lucila Crexell y Rodolfo Urtubey.

Asimismo, participaron de la presentación la Vicepresidenta de la Corte Suprema de la Nación Argentina, Elena Highton de Nolasco; magistrados y fiscales del Fuero Laboral y Casación; el Obispo de Merlo, Fernando Maletti; el presidente de la GAIA, José Echezarra; integrantes del Consejo de la Magistratura y magistrados; y la Defensora General de la Nación.

También se hicieron presentes desde el ámbito sindical: Hugo Moyano, Juan Carlos Schmid, Sergio Buera, Agustina Amicone, Hugo Benitez, Rodoldo Daer, Guillermo Imbrogno, respresentantes de la UOCRA y otro sindicatos.

Diputados Nacionales y varios magistrados fueron firmantes del acta de Roma el 3 de julio del año 2016, asumiendo el compromiso de dar marcha a este proyecto, para el cual Argentina se convierte en el primer país que lo lleva adelante y que avanza en políticas que erradiquen toda forma de Trata de personas.

Avanzamos hacia este proyecto para decirle al mundo “No a la Trata de Personas, no a la Esclavitud Moderna; sí a su declaración como Delito de Lesa Humanidad”

LA TRATA DE PERSONAS COMO DELITO DE LESA HUMANIDAD

Por Mercedes Assorati

INTRODUCCIÓN

Este trabajo recorre la normativa internacional y nacional sobre trata de personas, para mostrar que la prohibición de la esclavitud, es una norma de ius cogens. Analiza los delitos de lesa humanidad para tratar de establecer si se puede pensar en la trata de seres humanos como un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. Finalmente, analiza los elementos de los delitos de Lesa Humanidad en función de la situación de la trata en Argentina para establecer si estamos frente a un delito que puede ser abordado por la Corte Penal Internacional.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL SOBRE TRATA DE PERSONAS

“Trata de seres humanos” es un término moderno para referirse a un problema milenario: LA ESCLAVITUD. La prohibición de la esclavitud es una norma imperativa del derecho internacional que no admite acuerdo en contrario, es decir una norma de ius cogens, aplicable aún a Estados que no han ratificado ninguna convención. Este delito entraña una cadena de violaciones a los derechos humanos que adoptan, en general, la forma de amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física, privación total o parcial de la libertad, violación del derechos a la libertad de circulación y residencia, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho al trabajo, entre otros.

La primera Convención sobre la Esclavitud[1] entró en vigencia en el año 1926 y definió la esclavitud como “el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos”.

En 1930, la OIT presenta el Convenio sobre Trabajo Forzoso (29) [2] que busca también su erradicación y define el trabajo forzoso como: “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

En 1956 se elaboró la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud [3], la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud que definió más claramente: La servidumbre por deudas; la servidumbre de la gleba; la servidumbre doméstica y el matrimonio servil. La Declaración Universal de Derechos Humanos insiste en la prohibición de la esclavitud y todas las principales convenciones posteriores van a incluirla expresamente.

En el año 2000, la ONU elabora la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Trasnacional[4], complementada por el PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS [5], también conocido como Protocolo de Palermo. Este documento puso el énfasis en el combate contra la delincuencia organizada trasnacional.

En la actualidad no se puede hablar de un derecho jurídico de propiedad sobre las personas, ya que la esclavitud no es legal en casi ningún país del mundo. Sin embargo, existen más personas sometidas a formas modernas de esclavitud que en cualquier otra época de la historia.

El Protocolo de Palermo establece que quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona; con fines de explotación, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, incurre en trata de personas.[6]

Si bien en Argentina, la Constitución prohibió la esclavitud en 1813 y 1853, es un hecho que la trata se presenta en gran escala. Según el informe 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos, Argentina es un país de reclutamiento, tránsito y destino de víctimas para hombres, mujeres y niños y niñas, tanto para trata sexual como laboral. [7]

Argentina ratificó la Convención sobre la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de Palermo mediante ley 25.632/2002, obligándose adoptar medidas para prevenir la trata de personas; asistir y reparar a sus víctimas y perseguir el delito. En abril de 2008, se tipificó el delito mediante la ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”[8]. La trata de personas se incorporó al Código Penal en el título V del Libro II, que protege el bien jurídico libertad, aunque está claro que existen otros bienes jurídicos en juego.

La ley recibió muchas críticas por parte de las ONGs [9] y finalmente fue modificada en 2012, mediante la Ley 26.842. La primera modificación que introduce es la definición de trata de personas: “Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. También la ley incluye las formas de explotación que incorporan todas las incluidas en las convenciones internacionales, incluyendo la pornografía infantil y cualquier promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. [10]

La ley 26.842 superó al Protocolo de Palermo y descartó la diferencia entre trata de mayores y menores de edad, excluyendo el consentimiento como causal de atipicidad y brindando una mayor garantía a las víctimas. Ello se entiende toda vez que el Estado tiene los deberes de garantía y respeto de los derechos humanos, por lo que no puede consentir que una persona renuncie a sus derechos humanos, ya que son irrenunciables e intransferibles.

“…La trata de personas busca garantizar a una persona la libertad tanto física como psíquica de autodeterminación (Libertad de elegir un plan de vida en el que pueda seguir considerándoselo persona) castigando aquellas acciones que conducen a la explotación y esclavización del ser humano…dado el contenido y alcance del bien jurídico que ampara a la trata de personas éste no resulta disponible por el particular damnificado. Por lo tanto no cabría otorgar, al menos de lege ferenda, eficacia alguna al denominado consentimiento de la víctima…”. [11]

El artículo 5º de la Ley 23.634 establecía la no punibilidad de las víctimas de trata por la comisión de cualquier delito que fuera el resultado directo de haber estado sometidas a trata. El art. 4 de la nueva ley, contempla las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas, aclarando que el Estado garantizara a las víctimas distintos derechos, con prescindencia de su condición de denunciantes o querellantes en el proceso penal y hasta el logro de las reparaciones correspondientes. Entre ellos mencionamos: la recepción de información sobre sus derechos; asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas; alojamiento apropiado; manutención; alimentación suficiente; capacitación laboral; protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia; ser oída en todas las etapas del proceso; incorporación o reinserción en el sistema educativo.

LA TRATA COMO DELITO DE LESA HUMANIDAD

Los crímenes contra la humanidad son actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo que es más esencial para ellos: su vida, libertad, bienestar psíquico, salud y/o dignidad. Son actos inhumanos que por su extensión y gravedad van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional, que forzosamente debe exigir su castigo. Los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad toda es atacada. Es por tanto el concepto de humanidad como víctima el que caracteriza los crímenes contra la humanidad[12]

Si bien el concepto de Crímenes de Lesa Humanidad abreva en la idea de los “antiguos Delitos contra el Derecho de Gentes, es desde el proceso de Nüremberg que se va abriendo paso la concepción de una clase de crímenes que son tales para todo estado, contra toda persona y en todo tiempo y lugar, incluso al margen o en contra de la voluntad de Estados particulares”. El fundamento de la validez de las normas que proscriben los delitos de lesa humanidad, “es la negación de la sujeción del Estado a normas internacionales, cuando no del carácter jurídico del derecho internacional.” [13]

El estatuto de Roma[14] incluye dentro de los crímenes de lesa humanidad que son de su competencia, entre otros: la esclavitud; la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. También incluye estos crímenes dentro de los crímenes de guerra.

Sin embargo, la competencia sobre estos crímenes, sólo se da cuando los mismos se cometan como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

La Corte Penal Internacional –CPI- establece en su artículo 7 (2) (c) c) que por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. Por su parte, el Tribunal para la Ex-Yugoslavia estableció que “es actualmente aceptado como regla de derecho internacional consuetudinario que los crímenes contra la humanidad no requieren conexión alguna con un conflicto armado de carácter internacional,”[15]

Un “ataque” puede describirse como la conducta que implica actos de violencia. En el caso Tadic [16], la Cámara indicó que sería no un acto particular, sino una conducta que se da de manera sistemática. Es decir, existe un patrón de conducta que daña a una población civil. El tribunal internacional para Rwanda [17] indica que un “ataque” implica malos tratos hacia una población civil. La palabra generalizados significa que se cometen a gran escala, es decir que involucran a una multiplicidad de víctimas. [18]

Sin embargo, tal como apunta Bassiouni[19] siempre que exista un nexo con un ataque masivo y sistemático, un sólo acto puede ser considerado como un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, un crimen individual cometido contra una sola o un número reducido de víctimas, puede ser reconocido como un crimen de lesa humanidad, si se dan en un contexto específico, como el de un ataque contra una población civil.

La Comisión de Derecho Internacional definió la responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. En el artículo 40 [20] se refiere en particular a la responsabilidad generada por una violación grave por el Estado de una obligación que emane de una norma imperativa del derecho internacional general, como es el caso de la esclavitud. Según la Comisión “La violación de tal obligación es grave si implica el incumplimiento flagrante o sistemático de la obligación por el Estado responsable.

En resumen, el delito de lesa humanidad implica la acción de un grupo que se organiza o colabora en la prosecución de los fines de los crímenes, lo que en el ámbito nacional puede ser equiparado a nuestro delito de asociación ilícita. Este concepto surgió del lenguaje de ‘propósito común’ en la sentencia del caso Tadic ya citado, y más tarde fue repetido en el asunto Furundzija, que distinguió al perpetrador partícipe que toma parte en un ECC de la persona que no comete, pero auxilia e instiga su comisión.

Diversos procesos judiciales internacionales han hecho alusión a las prácticas de sometimiento a condiciones de esclavitud y abusos sexuales como configurativos de crímenes de lesa humanidad. En lo referente a situaciones de sometimiento a esclavitud, trata de personas y vejámenes sexuales, en el asunto Kunarac al identificar la violencia sexual y otros actos conexos como constituyentes del crimen de lesa humanidad de sojuzgamiento, el fallo del Tribunal para la Ex Yugoslavia, reconoció explícitamente una evolución inequívoca en la prohibición legal internacional de la esclavitud sexual. [21] Es relevante señalar que estos delitos fueron cometidos por miembros de fuerzas armadas, aunque puede hacerse extensivo a cualquier fuerza de seguridad o funcionarios públicos.

EL DELITO DE TRATA PARA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ARGENTINA

De la lectura de los Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados parte en el estatuto de Roma, el crimen de lesa humanidad de esclavitud se estructura en función de los siguientes elementos[22]:

  1. Que el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas, como comprarlas, venderlas, prestarlas o darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de libertad.
  2. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
  3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.

Analicemos cada uno de ellos:

  1. Respecto del ejercicio de los atributos del derecho de propiedad en los casos de trata, está suficientemente probado toda vez que la misma definición en nuestra legislación interna y en el protocolo de Palermo lo requieren para la configuración del delito.

La UFASE describe ampliamente el sistema de servidumbre por deudas que impera en la trata para explotación sexual y que sumerge a la víctimas en una situación de coerción de la que les resulta imposible salir. También da cuenta del la preponderancia de la restricción de la libertad ambulatoria sobre el resto de las modalidades de sometimiento y de la presencia de violencia física hacia las víctimas, incluida la práctica de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.[23]

Podría argumentarse que el delito no es cometido directamente por el Estado. En ese sentido cabe recordar que la Comisión de Derecho Internacional ha expresado que los individuos con poder de facto, o las bandas de crimen organizado son tan capaces como un Estado de cometer actos masivos de violencia y de implementar políticas de terror a gran escala. El Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad en su artículo 2, indica que quien preste ayuda o colaboración en la ejecución de actos abominables, condenados por la comunidad internacional, tendrá responsabilidad individual.

No estamos frente a un crimen internacional común. Cada vez más se reconoce que la trata de personas integra los delitos más graves que preocupan a la comunidad internacional en su conjunto o “crimina iuris Gentium”. Es decir, actos que constituyen un peligro general considerados como delitos contra el derecho de gentes. [24] En el caso Kumarac ya citado, el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia entendió que la esclavitud como crimen de lesa humanidad incluía la trata de personas.

  1. La trata de personas no podría suceder sin que se contase con, al menos, la omisión del Estado. Según el informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas –UFASE-, en la Argentina la redes de trata “Podrían ser caracterizadas como redes no profesionalizadas…y sin autonomía organizativa y operacional respecto del Estado, y en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que protegen, favorecen, moldean y alientan la actividad. “[25]. No es necesario que los actos constituyan un ataque militar, se entiende que la “política … de cometer esos actos” requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil.

El informe elaborado por la UFASE muestra la condición previa de vulnerabilidad de las víctimas de trata para explotación sexual. La mayor parte de las víctimas son madres jefas de hogar con graves problemas económicos, víctimas de violencia doméstica o con antecedentes de abuso sexual. Se trata de un grupo de la “población civil”, claramente identificable y particularmente vulnerable constituido por argentinas de baja extracción social y extranjeras en la misma situación.

Cuando un Estado, durante un largo periodo de tiempo, no toma las medidas que corresponden para modificar situaciones que configuran graves violaciones a los derechos humanos, en este caso la trata de personas para explotación sexual, incurre en responsabilidad internacional. La falta de acción prolongada y la connivencia en los casos extendida en el tiempo, puede ser considerada una “política”.

Un indicador claro de una acción sistemática que alienta el desarrollo de la trata de personas en el país es la ausencia o existencia mínima de condenas hacia los funcionarios públicos que están involucrados en este delito. En efecto entre 1937 y 2010 no hubo ninguna condena en virtud de la Ley 12.331, que hasta la fecha se encuentra vigente. “Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires UFASE ha detectado y denunciado la existencia de explotación de la prostitución ajena en al menos 190 departamentos privados en los que existían indicios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas denuncias ante el fuero federal. Asimismo cabe resaltar que de otras 79 denuncias realizadas ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el delito de trata sexual, sólo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. Todas las restantes no han presentado ningún avance significativo.”[26]

En el caso de Argentina el delito de trata se presenta de manera similar en todas las provincias, es decir existe un “patrón” y una sistematicidad en todo el país. Existe un involucramiento directo de fuerzas de seguridad, en particular las policías. Las fuerzas de seguridad, tanto policía federal como policías provinciales, realizan adicionales protegiendo los prostíbulos prohibidos (Ley 12.331) y, también, cobran semanalmente o mensualmente a los mismos una “cuota de protección”, tal como se desprende de un gran número de casos.[27] En algunos casos, incluso son policías o funcionarios públicos en actividad, quienes resultan ser los propietarios de los prostíbulos prohibidos.

También resultan partícipes necesarios, las autoridades municipales que habilitan prostíbulos, e incluso proveen a las víctimas de carnets sanitarios. Dichas habilitaciones se sostienen en el tiempo y se renuevan luego de realizar las inspecciones correspondientes a los locales que se encuentran prohibidos. “Ello supone la solapada y encubierta aceptación de una situación prohibida en nuestro país: la práctica prostibularia, entendida como el sostenimiento, la administración y el regenteo de casas de tolerancia”.[28] Sin embargo, en la mayoría de los casos judicializados, no se ha investigado ni sancionado a los funcionarios públicos que intervienen en el delito, tal como lo hacen notar los diversos Informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, elaborados por el GTIP. (2016-2017)

“La existencia de estos mecanismos institucionales que rodean la práctica de la explotación sexual, le otorgan una falsa legitimidad a la actividad y conducen a su naturalización. Es sobre estas difusas fronteras que se erige la participación, connivencia o protección a los grupos delictivos desde los sectores que deberían prevenir y perseguir el delito”.[29]

  1. Como lo señala el articulo 30 del Estatuto de Roma, una persona será penalmente responsable y podrá ser penada por un crimen de la competencia de la Corte únicamente si los elementos materiales del crimen se realizaron con intención y conocimiento.

Respecto de la necesidad que los perpetradores se encuentren en “conocimiento de dicho ataque”, no debe interpretarse en el sentido de que requiera prueba de que el autor tuviera conocimiento de todas las características del ataque ni de los detalles precisos del plan o la política del Estado o la organización.

No es necesario que los actos constituyan un ataque militar, se entiende que la “política … de cometer esos actos” requiere que el Estado o la organización promueva o aliente activamente un ataque de esa índole contra una población civil. [30]

Las omisiones que pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado son aquellas en las que, a sabiendas de las consecuencias, se desentiende del cumplimiento de deberes que ineludiblemente pesan sobre él. Es decir que conociendo la existencia de situaciones en las cuales un gran número de personas serán dañadas, no desarrolla seriamente acciones para poner fin a dichas violaciones o prevenirlas, incumpliendo su responsabilidad en torno a los derechos humanos de respeto, garantía, prevención y no repetición. Esta conducta se da, en el caso de la trata, de manera generalizada y en forma sistemática en todo el país.

La CPI es una corte de “último recurso” y es complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Esto significa que asume la jurisdicción cuando los estados no estén dispuestos a llevar a cabo el enjuiciamiento o no puedan realmente hacerlo, según el artículo 17 del Estatuto de Roma.[31]

En el caso de Argentina puede decirse que existe una demora injustificada en los juicios que, dadas las circunstancias, resulta incompatible con la intención de hacer comparecer a las personas de que se trate ante la justicia. También puede decirse que, dado que casi no hay funcionarios públicos condenados, los procesos no se sustancian de manera independiente o imparcial.

En conclusión, entendemos que la trata de personas puede ser válidamente considerada como un delito de lesa humanidad y que podría ser abordado por la Corte Penal Internacional. Ello sería importante para lograr que los Estados realmente desarrollen políticas para prevenir y suprimir este delito aberrante que afecta a cientos de miles de víctimas en Argentina.

[1] http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx

[2] http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/2433

[3] http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlavery.aspx

[4] http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf

[5] https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf

[6] artículo 1º de la Convención contra el Crimen Organizado Trasnacional

[7] https://www.state.gov/documents/organization/271341.pdf

[8] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm

[9] http://www.senado.gov.ar/upload/21006.pdf

[10] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm

[11] Colombo, Marcelo L. y Mángano, María Alejandra. “El consentimiento de la víctima en la trata de personas y un análisis sobre los medios comisivos previstos en la figura penal”. Ministerio Público Fiscal

[12] (cfr. Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia -Cámara de Juicio- caso “Grazen Erdemovic”, sentencia del 29 de noviembre de 1996, parágrafos 27 y 28).

[13] Ferreira, Marcelo “Crímenes de Lesa Humanidad: Fundamentos y Ámbitos de Validez”, 2007, En Gordillo Agustín y Gregorio Flax. “Derechos Humanos”. Editorial de la Fundación de Derecho Administrativo. 6ta Edición. Buenos Aires, Argentina.

[14] El 1 de julio de 2002, con 76 ratificaciones y 139 firmas, entró en vigor en Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998. El 11 de abril de 2002 entró vigor.

[15] Alston Philip & Steiner, Henry J. “International Human Rights in Context”, 1996, Clarendon Press. Oxford, UK.

[16] International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Commited in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Tadic, Jurisdiction, Case no IT-94-1-T, Trial Chamber, 10 August 1995.

[17] International Criminal Tribunal for Rwanda, Trial Chamber III, Prosecutor v. Samuel Imanishimwe. Case No. ICTR-99-46

[18] Idem nota 13

[19] Bassiouni M. C. “Crimes Against Humanity: The Need for a Specialized Convention”, 1994, 31 Columbia Journal of Transnational Law 457. Columbia University. New York, USA.

[20] https://www.dipublico.org/4076/responsabilidad-del-estado-por-hechos-internacionalmente-ilicitos-ag5683/

[21] Sostuvo el Tribunal que: “el control de la libertad de circulación de una persona, el control de su entorno físico, el control psicológico, las medidas adoptadas para impedir o disuadir de la fuga, el empleo de la fuerza, la amenaza de empleo de la fuerza o la coacción, la duración, la afirmación de exclusividad, el sometimiento a tratos crueles y abusos, el control de la sexualidad y los trabajos forzosos”. Fiscal vs. Kunarac, párr. 543.

[22] Documentos Oficiales de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, primer periodo de sesiones, Nueva York, 3 a 10 de septiembre de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, No de venta S.03.V.2 y corrección)

[23] Informe de la Unidad Fiscal en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación en Cooperación con INECIP: La Trata Sexual en Argentina: Aproximaciones sobre una dinámica del Delito. 2012.

[24] Riquelme Ortiz, Constantino. “Los Crímenes Internacionales y los Mecanismos de Sanción en América Latina”, 2012, University for Peace.

[25] Informe de la Unidad Fiscal en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación en Cooperación con INECIP: La Trata Sexual en Argentina: Aproximaciones sobre una dinámica del Delito. 2012.

[26] ídem cita 28

[27] Informe “Situación de la Trata en Argentina”. Esclavitud Cero. https://esclavitudcero.wordpress.com/?s=Informe+2013

[28] Informe de la Unidad Fiscal en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación en Cooperación con INECIP: La Trata Sexual en Argentina: Aproximaciones sobre una dinámica del Delito. 2012.

[29] Idem nota 24

[30] Ratner, S.R. & Abrams, J.S. “Accountability of Human Rights Atrocities: Beyond the Nuremberg Legacy”, 1997, Oxford University Press. Oxford, UK.

[31]Citado por Williamson, Jamie A. “An overview of the international criminal jurisdictions operating in Africa”, 2006, International Review of the ICRC. Volume 88 Number 8

Anuncios

Embargarían un campo por trata laboral

09/21/2017

Piden juicio oral contra un hombre por trata de personas y explotación laboral
Las víctimas, entre ellas dos menores, trabajaban en un campo de la zona de Sierra de los Padres. Estaban sometidas a jornadas de trabajo abusivas, sin elementos de seguridad, registración ni remuneración certera.

La causa fue investigada por el fiscal federal Nicolás Czizik.

El fiscal federal Nicolás Czizik solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 60 años, acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas -siete en total, dos de ellas menores de 13 y 14 años-, el delito de reducción a la servidumbre y haber facilitado la permanencia irregular de dos personas captadas en Bolivia, abusando de su necesidad.

Para el investigador, quien también pidió el embargo del campo de la zona de Sierras de los Padres, el imputado “minimizaba el costo laboral para la producción en su predio rural a expensas de la dignidad de los trabajadores, que por necesidad y una comprobada situación de vulnerabilidad, no podían rechazar”. Durante los últimos tres años las fiscalías federales de Mar del Plata recibieron 44 denuncias por trata con fines de explotación laboral y se realizaron 21 allanamientos por este delito.

Entre las investigaciones realizadas, resultó trascendente el caso de la quinta “Costamari”: allí la Cámara Federal de Casación Penal entendió que estaba en debate el delito de trata, en contraposición a lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, cuyos jueces plantearon que sólo había un incumplimiento de la normativa laboral. En esta instancia, el Ministerio Público fundamentó que el delito estaba acreditado, que se habían violado todas y cada una de las regulaciones de la ley 26.767 de trabajo agrario, como registración de los trabajadores y trabajadoras, jornada laboral, monto mínimo del salario, condiciones de las viviendas y hábitat, elementos de seguridad, prohibición del empleo de menores de edad, a lo que sumaron la modalidad estructural de producción y las condiciones de vulnerabilidad que atravesaban los trabajadores y trabajadoras, la mayoría llegados desde Bolivia. En esta causa, tras la confirmación de Casación, la última semana el juez actuante dispuso nuevamente la prohibición de salida del país de todos los imputados.

El criterio adoptado por la Cámara de Casación va en línea con lo resuelto por la Alzada en otros casos de la jurisdicción como el Caso “FairBairn” (de la Fiscalía Federal de Dolores), esta misma causa que se elevó a juicio recientemente y lo oportunamente resuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la única condena por esta modalidad en la jurisdicción en el caso “Wilson” en el año 2015.

A juicio

Basado en las medidas de prueba colectadas en el expediente, Czizik pidió que el responsable del emprendimiento sea juzgado en juicio oral y público, por los delitos cometidos en el predio rural, de unas 4 hectáreas, donde era “dueño” o “patrón”, daba las órdenes, organizaba las jornadas, anotaba la producción diaria de cada trabajador, entre otras cuestiones.

Las imágenes que constan en la causa son por demás elocuentes respecto a las condiciones de habitabilidad del predio. En los cuartos de las precarias casitas dormían las familias enteras -una mujer boliviana vivía allí con sus hijos de 2, 5 y 7 años-; las camas eran armadas con cajones de verdura y a veces allí dormían varias personas, los techos son de chapa, y el baño es un pozo ciego improvisado fuera de las viviendas, que además debían compartir. Como agua caliente no había, cargaban jarros que calentaban a leña, que sacaban de un “tacho grande” ubicado a la intemperie. Según la Autoridad del Agua, la pericia arrojó que no resultaba apta para el consumo humano. “Las precarias casillas lejos de dar cobijo y seguridad, resultan permeables a las inclemencias del frío, la humedad, plagas, etcétera”, apuntó el fiscal.

“La mano de obra de la que se valía para minimizar sus costos, tenían en común la situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad previa, la condición de migrantes (de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Ciudad de Buenos Aires y Bolivia), la lejanía de su grupo familiar, la escasa formación académica y que sus sueldos iban de la mano de la cantidad de producción o carga que realizaban a diario”, fundamentó el fiscal, quien reparó en que los procesos migratorios los habían iniciado “con la expectativa de incrementar sus posibilidades de conseguir trabajo y ante la necesidad de subsistencia”.

Los pagos que se hacían eran por cantidad de cajones recolectados y no por horas trabajadas, y lejos estaban de una registración acorde a las leyes vigentes, sin cobertura médica ni aportes a la seguridad social. Incluso el imputado se valía de mano de obra infantil, y todos los trabajadores y trabajadoras se quedaban sin remuneración básica que les garantice sustento en casos de no poder trabajar por circunstancias ajenas a su voluntad, por ejemplo ante inclemencias climáticas o enfermedad.

Una niña con “las manos llenas de tierra” del cultivo

La causa se inició a través de las actuaciones que el Juzgado de Familia N°1 de Mar del Plata elevó a la Justicia Federal por la situaciones que habían relatado dos de las víctimas -madre e hija-, que podían encuadrarse en el delito de trata de personas. De allí se desprendía que la niña -que entonces tenía 13 años- tenía “signos físicos de trabajo” y las “manos llenas de tierra”. Luego de las tareas de investigación realizadas por personal de la Policía Federal Argentina y las pruebas reunidas, se dispuso el allanamiento en marzo de 2016. El dueño entonces quedó detenido para su declaración indagatoria, en la que optó por no brindar explicaciones. Diez días después, fue procesado por el juez Santiago Inchausti, que dirigía la instrucción.

En los últimos tres años, las fiscalías federales de esta ciudad recibieron 44 denuncias y realizaron 21 allanamientos.
El caso llegó así a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, a instancias de la apelación de la defensa. El tribunal que dispuso en diciembre de 2016 el sobreseimiento del único imputado por el delito de trata de personas, afirmando su inexistencia, y la falta de mérito por el delito migratorio. Esa decisión fue recurrida por el fiscal general Daniel Adler, sosteniendo la hipótesis del fiscal y del juez de primera instancia, y la Cámara Federal de Casación Penal resolvió revocar el sobreseimiento y la falta de mérito, confirmando el procesamiento de primera instancia con todos sus alcances.

Trata de personas

Al requerir ahora la elevación a juicio, el fiscal Czizik, en consonancia con lo resuelto por la Cámara Federal de Casación, ratificó la existencia de un caso de trata de personas con fines de explotación laboral, por cuanto el imputado captó y acogió a siete víctimas con el fin de explotarlas laboralmente en el predio rural que tenía a cargo.

“Esto no debe relativizarse de ningún modo en el hecho de que las víctimas llegaran al campo por intermedio de otros trabajadores o familiares o conocidos, ni porque consintieran vivir donde trabajaban, pues la voluntad era en definitiva ganada por el explotador en la entrevista que hacía cuando llegaban al predio, y porque el consentimiento de las víctimas es irrelevante en el escenario legal vigente”, reparó el representante del MPF.

Czizik remarcó que no estamos simplemente ante una situación de irregularidad laboral. “La libertad de las víctimas se halla en juego y afectada no sólo cuando se acreditan restricciones a su libertad ambulatoria, sino también cuando la capacidad para elegir qué actividad desarrollar y cómo desarrollarla se encuentra menoscabada”, explicó. Y se refirió al voto de la jueza Angela Ledesma, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, de agosto de este año, quien refirió que al sujeto tratado “se lo cosifica con la finalidad de obtener ventajas o réditos económicos” y esto “constituye un especial ataque a la dignidad de las personas, al punto de anularla como sujeto de derecho”.

Embargo

Por último, Czizik requirió el embargo del predio ubicado en el kilómetro 13,5 de la ruta 226. La intención es asegurar eventuales decomisos y/o cubrir la eventual satisfacción de una futura indemnización a las víctimas.


APARECIÓ BRYANNA

09/13/2017

Está bien, aún no se sabe qué fue lo que ocurrió. Agradecemos a todos y todas los/as que colaboraron con su búsqueda. Saludos, Mercedes Assorati


SE BUSCA A BRYANNA REGANZANI

09/11/2017

Joven desaparecida
Desesperada búsqueda de Bryanna Reganzani
10/09/2017 | 07:31 | La joven de 16 años está desaparecida desde este jueves en la localidad bonaerense de Villa Madero. Los familiares y amigos reclamaron que intensifiquen la búsqueda.

ARCHI_383791Bryanna Reganzani, la joven de 16 años que está desaparecida desde este jueves.

“La salimos a buscar y ya no la encontraron más”, dijo el padre de Bryanna.

Familiares y amigos de Bryanna Reganzani, la joven de 16 años que está desaparecida desde este jueves en la localidad bonaerense de Villa Madero, se concentraron ayer frente a la comisaría de ese distrito para reclamar una búsqueda casa por casa de la adolescente.

Según contó Guillermo, el padre de la joven, hace tres meses su hija había sido víctima de un intento de secuestro en la zona, cuando un hombre desnudo quería que la chica subiera al auto en el que iba.

“Cuando pasó eso mi hija salió corriendo, se fue a la escuela y ahí hicimos la denuncia. Por eso le habíamos bajado una aplicación antipánico en el celular, pero eso ayer no funcionó”, contó en declaraciones a la prensa.

El padre descartó que se trate del mismo episodio, porque cree que el hombre desnudo que intentó subirla al auto en ese momento era simplemente un borracho.

Según un testigo que declaró en la causa, este jueves por la tarde la joven subió a un auto Palio color rojo, pero los padres no la reconocieron al ver las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad.

ARCHI_383792

Tanto el padre como la madre de la chica contaron que no tuvieron ninguna discusión en la familia y que tampoco que se peleó con el novio.

“Acá en la comisaría me dicen cosas que no son ciertas, me dicen que se pudo haber ido como se van los adolescentes, pero ella no iba a ningún lado sola”, comentó.

Además, el hombre aprovechó la oportunidad y le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se haga cargo de la búsqueda.

Las últimas pistas

El padre se refirió a una situación particular que se habría dado entre la familia Reganzani y la ministra hace algunos años, pero no dio mayores detalles: “Patricia, yo te cuidé a tu hijo, ahora te pido por favor que busques a mi hija. Como vos confiabas en mí y en Laurita para que cuidáramos a tu hijo, yo confío en vos para que encuentres a la mía. Por favor, te lo pide alguien que cuidó a tu hijo”.

Este jueves por la tarde, Bryanna acompañó a una amiga hasta su casa, ubicada a metros de la escuela, en la calle Rivera y Pedernera, y desde allí iba a su casa, pero nunca llegó.

El último contacto que la familia tuvo con Bryanna fue a través de un mensaje de WhatsApp que le envió a su madre, a las 14:07 en el que le dijo que estaba yendo.

También, a los pocos minutos, la chica le escribió a su novio y le contó que estaba llegando a su casa, pero a las 15.10 el teléfono se apagó.

Este viernes, familiares, amigos y vecinos que acompañaron a la familia a la puerta de la comisaría local contaron ante la prensa que el lugar en el que desapareció Bryanna “es zona liberada”, y le reclamaron a la policía salir casa por casa para buscar a la joven.

La causa por la desaparición de la joven tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instruccion N°9.

Cualquier información sobre Bryanna, avisar al teléfono 011 153 757 7530.


SALTA: PROTOCOLO DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

09/10/2017

Desaparición de personas, el protocolo volvió a Diputados

8 DE SEPTIEMBRE 2017 – 00:00

El Senado modificó el proyecto, pero aclaró que no son cambios de fondo. Se sentó el compromiso de establecer reglas concretas de actuación .

Ramón Pereyra Ramón Pereyra

Desaparición de personas, el protocolo volvió a Diputados
Senadores en la sesión matinal realizada ayer.
El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que dispone la creación del Registro Provincial de Personas Desaparecidas y establece un protocolo sobre la actuación policial y judicial.

El debate en la Legislatura salteña tiene que ver con un problema que viene en crecimiento y que preocupa.

En abril pasado, a poco del inicio del actual período legislativo, la Cámara de Diputados impulsó diversas modificaciones en Ley 7.664, que fue sancionada en el 2011.

Con esta ley se creó el Registro Provincial de Información de Personas Extraviadas, pero la Cámara Baja modificó el texto original para disponer la creación de un Registro Provincial de Personas Desaparecidas y establecer reglas concretas de actuación de los organismos competentes.

La condición de extraviado “alude a pérdida de un camino u orientación”, y desaparecer significa “pasar a estar en un lugar que se desconoce”, se explicó en la Cámara Baja.

“El término desaparecido incluye la posibilidad de ser objeto de un eventual delito, que no constituye un hecho menor”, subrayó entonces el diputado Guillermo Martinelli.

“Combatir delitos como el de trata de personas, así como su prevención, sanción y asistencia a las víctimas -Ley nacional 26.364- o violencia de género y femicidio, imponen en estos tiempos la necesidad de establecer un protocolo acabado para la concreción de sus fines, que garantice, por una parte, el derecho a la información de la población y, por otra, la efectiva tutela de los derechos ciudadanos”, se fundamentó en la Cámara Baja.

Un proyecto con idéntico objetivo impulsó en el 2015 la senadora Gabriela Cerrano, del PO, pero los senadores oficialistas no apoyaron.

No obstante, ayer se subrayó en el Senado la importancia de establecer reglas que guíen en forma concreta en casos de desaparición de personas.

Por las modificaciones que introdujo el Senado, sobre las que se aclaró “no son de fondo”, el proyecto volvió en revisión a la Cámara de Diputados.


Estado condenado a indemnizar por Femicidio

08/31/2017

Estimad@s,

Me da satisfacción que se empiece a condenar al Estado por la negligencia o falta de protección adecuada a las mujeres víctimas de femicidio o intento de femicidio. Ello sin dudas contribuirá a que el Estado mejore las políticas públicas de protección y asistencia a las víctimas. Sería importante también que los funcionarios públicos respondan por su responsabilidad penal individual en estos hechos. En una palabra, el Estado deberá volverse más eficaz, so pena de las sanciones, tanto en el fuero contencioso administrativo como penal.

Un saludo solidario,

Mercedes Assorati

 

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional y agentes de la Policía Federal por el femicidio de una mujer, por lo que deberán pagarle una cifra millonaria a las hijas de la víctima.

Miércoles 30 de agosto de 2017
Por: Diario Judicial
En los autos “A., R.H. y Otra c/ E.N. M Seguridad – P.F.A. y Otros s/ daños y perjuicios”, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional y a agentes de la Policía Federal por el femicidio de una mujer y deberán pagarle $4.000.000 a las hijas de la víctima.
Los miembros del Tribunal fijaron la suma en concepto de indemnización por hallarlos responsables de negligencia en el operativo en el cual fue asesinada una mujer por parte de su esposo, cuando ingresó a la casa que compartían para retirar sus pertenencias. El hombre aprovechó un descuido de los policías, que debían escoltarlas, la mató y posteriormente se suicidó.
Teniendo en cuenta eso, los jueces hicieron lugar a la demanda de las hijas de la víctima contra el Estado Nacional y los funcionarios policiales que participaron del operativo. En esa línea, sostuvieron que los miembros de la Federal actuaron “minimizando o directamente negándose el riesgo suscitado”.
La responsabilidad se hizo extensiva hacia el Estado por ser el responsable de la conducta de los agentes de la Policía Federal.
En el extenso fallo, los magistrados señalaron que “el sólido basamento normativo de la tutela que merecen las mujeres en situaciones análogas a la de la Sra. S, la conducta diligente de un agente policial en el contexto que aquí se analiza radica en entender que debe comportarse en orden a brindar la seguridad, que se module en función de las particulares circunstancias que emanaban de las órdenes impartidas judicialmente”.
La mujer había demandado a su ex esposo por violencia familiar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 y contaba con una prohibición de acercamiento.


3228 niñas y mujeres desaparecidas

08/30/2017

De la Página de Border Periodismo.  #BorderPeriodismo

Son 3.228 las niñas y mujeres desaparecidas en Argentina

Natalia Gelós @nataliagelos NATALIA GELÓS @NATALIAGELOS

04 MAY 2017
Son datos actualizados de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual. Las caras de las mujeres que sus familias buscan con desesperación invaden los medios a diario. Las imágenes están frescas en nuestra memoria: mientras que Araceli Fulles apareció asesinada y enterrada, luego de una búsqueda de casi un mes, Erica Romero volvió sana y salva en su casa, en Mar del Plata. Ahora buscan a Alejandra Sánchez en Córdoba. ¿Quiénes las buscan? Más aún: ¿las buscan? Escenario de un problema que, de alguna forma, siempre queda atravesado por la cuestión de género.

Alejandra-Sanchez-300x225

Alejandra Sánchez. Por información , comunicarse al 351 2237939 o al 351 6815532 (Soledad)

Es 4 de mayo y la foto que circula en las redes es la de Alejandra Sánchez, una mujer cordobesa de 39 años que desapareció el domingo 30 de abril. Dijo que iba a buscar cigarrillos y nunca más se supo de ella. Lo que se sabe es eso, que vive con sus padres en el barrio de Alta Gracia y que desde entonces no dio señales de vida. Luego empiezan los rumores -siempre empiezan- y lo que quedan hasta el momento son pocas certezas. Hoy la búsqueda se extendió a nivel nacional y está a cargo del fiscal Raúl Garzón, que le dijo a los medios cordobeses: “El caso es complejo y no se descarta ninguna hipótesis. La prioridad es encontrarla”.

El día que Alejandra desapareció, todavía buscaban en Mar del Plata a Erica Romero, que finalmente apareció sana y salva. Días antes, otra desaparición tenía un final diferente: Araceli Fulles, que era buscada desde comienzos de abril, se sumó al escalofriante número de mujeres víctimas de femicidio. Su cuerpo fue hallado en la casa de Darío Badaracco, que hoy está preso, pero antes había declarado cinco veces en el marco de la causa y había vuelto, libre, a su hogar. La mamá de Araceli había actuado rápido cuando su hija desapareció: había ido a hacer la denuncia bien temprano a la 5ta comisaría de Billinghurst. Aunque recién a las tres de la tarde se la habían tomado y anticipaban, así, el modo en el que se desarrollaría la búsqueda, con demoras, desprolijidades y muchas sospechas. Y con la propia polícía involucrada.

Desde #NiUnaMenos hicieron circular el calendario impactante de abril: 18 mujeres asesinadas, 10 abusadas y asesinadas, una abusada, cuatro desaparecidas. Una muerte por día, un sinnúmero de mujeres víctimas. Las estadísticas ya van más allá de lo preocupante, pero la violencia de género está presente también en los casos como el de Erica Romero: sólo hay que leer los comentarios hechos al pie de las notas que anuncian su aparición para ver que el manto de violencia se expande. En la mayoría de ellos se hace alusión a su condición de género y a su sexualidad.

Son pocos los casos que llegan a los RT en Twitter, a los compartidos de Facebook y a los medios. En el país existen 6033 personas buscadas que, por algún razón, se ausentaron. De ese total, 3228 son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Los datos son del informe actualizado de PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación Sexual) y ACCT (Acciones Coordinadas contra la Trata de Persona). Por la insistencia de la Procuraduría y otras organizaciones, finalmente el año pasado el decreto 1093/2016 anunció la creación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Desde la Unidad de Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad le dicen a #BORDER que coinciden en términos generales con los números de personas desaparecidas aunque agregan que muchas veces las denuncias no se realizan, así que los números no son totalmente exactos. De todas maneras, los datos que manejan son altos: hasta el momento de firma del decreto 1093/2016, en octubre del año pasado, registraban todavía 4182 personas extraviadas.

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas hoy está organizándose: Las provincias cargan sus datos en ese registro (cada una lo hace a su ritmo y en base a sus posibilidades) y eso se unifica. La función de la Unidad es brindarle la información a las fiscalías y a los juzgados y acompañar a las familias. De todos modos, cada búsqueda en primera instancia requiere de la reacción inmediata de las instituciones y es frecuente que ocurra lo contrario: la demora, la inacción, la carátula errada, como la de Araceli, que en un principio fue “averiguación de paradero”. Las familias de las chicas desaparecidas denuncian en reiteradas oportunidades la falta de acción de las fiscalías y de la policía, sino directas complicidades.

sofía-256x300
Sofía Herrera

María Cash, Marita Verón, Nataly Gonzalo, María Florencia Pennacchi, Sofía Herrera. Son algunos de los nombres que tomaron relevancia en los últimos años. Ese pasado y el hecho de que, para el PROTEX y la ACCT, gran parte de las mujeres desaparecidas son chicas de entre 12 y 18 años, les lleva a decir en el informe: “si bien para ambos sexos la adolescencia y la juventud representan un período de mayor vulnerabilidad en relación con las desapariciones, en las mujeres ese período resulta aún más crítico”. Luego del femicidio de Araceli Fulles, el colectivo #NiUnaMenos hizo público un documento en el que, entre otras cosas, se señaló la necesidad de “incorporar la perspectiva de género desde el primer momento de la investigación judicial”.“Si una mujer desaparece, la hipótesis de femicidio es la primera que debe investigarse”, afirman.

jimena
Jimena Daiana Vieyra

A Jimena Daiana Vieyra la buscan en Santiago del Estero desde el 21 de abril. Tiene 14 años. Hasta el momento del cierre de esta nota, seguía desaparecida. Missing Children, una de las organizaciones que más ayuda en esta problemática, difunde su búsqueda. Lidia Grichener, su presidenta, confirma que hay una mayoría de chicas adolescentes en su lista de rostros buscados. Según las estadísticas, representan el 65%. Cuando determinados parámetros les hacen pensar en casos de explotación sexual, se comunican con la División Trata de Personas. En la actualidad hay por lo menos cuatro que parecen responder a ello.

Hay veces, también, en las que las chicas se van de sus casas. “Se sienten no comprendidas, no escuchadas. Vivimos en una época virulenta y se refleja en esas situaciones. Cada vez son más jóvenes las chicas que se van de sus casas. En las redes sociales, una foto puede dar mucha información y quien la sabe usar puede manipularlas para lograr que huyan. Nosotros no buscamos números, cada caso es distinto y nosotros conocemos hasta el nombre de sus mascotas. El objetivo es concientizar sobre algunos riesgos”, dice. Grichener aclara que no se trata de tener miedo y recluirse. Lo que sí es necesario, dice, es el diálogo, la intención de escuchar a los jóvenes que, asegura, atraviesan una gran soledad.

¿Qué hacer si desaparece una persona? Desde la Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas, dependiente del Ministerio de Seguridad, difunden el protocolo en esos casos: hacer la denuncia inmediata en una comisaría, en una fiscalía o en un juzgado. No hay que esperar a que pase ningún periodo de tiempo para hacerla y la denuncia debe ser tomada. Se deben aportar datos precisos, otorgar una fotografía de quien es buscado y, además, es aconsejable pedir una copia de la denuncia.

Números útiles

Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas: 4809-1544

Consejo Nacional de Mujeres: 144

PROTEX: 4338-4300

Todavía hay más chicas que siguen siendo buscadas: Yamila Cuello despareció en 2009, en Córdoba, cuando tenía 21 años (Todo este tiempo su familia denunció la desidia y el encubrimiento policial). Johanna Chacón desapareció en 2012, en Tres de Mayo, Mendoza, cuando tenía 13 años. Son casos que no fueron esclarecidos, como tantos otros. En Missing Children dicen lo mismo que dicen sus familiares en cada cartel, en cada marcha: “Nosotros no olvidamos”.

 


A %d blogueros les gusta esto: