LAS ONGs ARGENTINAS EN ESTADO DE SITIO

09/03/2013

¿La sociedad civil en estado de sitio?

POR CARLOS MARCH*

 01/09/13

Ahorcar a la sociedad civil es asfixiar a la democracia.

Es privarla del oxígeno de la alternancia de roles, de la diversidad de actores, de la pluralidad de ideas, de la libertad de acción. Cooptar organizaciones sociales desde la discrecionalidad de los subsidios a cambio de obediencia debida, es apretar el cuello de la democracia en su punto más débil.

A diez años de gobierno, mantener vigentes laspolíticas impulsadas por Domingo Cavalloen relación a la restricción de beneficios fiscales de fomento de la filantropía y a la negación de marcos legales que faciliten la tarea de las organizaciones sociales, es ponerle la soga al cuello a la sustentabilidad y formalización de la sociedad civil.

Cuando se implementa desde Cancillería un relato que aleja a la Argentina del foco de la cooperación internacional y se diseñan políticas de aislamiento internacional que hacen que los organismos multilaterales no aprueben más donaciones para el país como sucede desde hace un año y medio, se secan los presupuestos de las organizaciones sociales y se le practica un submarino seco a la democracia.

Emplear los medios de comunicación estatales para difamar a las organizaciones con informes amañados, suspender de los registros públicos a entidades sociales sometiéndolas a la asfixia financiera, utilizar a policías para infiltrar agencias de noticias para obtener información sobre los movimientos sociales y atesorar datos de dirigentes sociales en bases de información con el objetivo de que Gendarmería Nacional monte un Proyecto X para hacerles la cruz, es ahogar a la democracia con la misma espina que el relato oficial se jacta de habernos quitado.

Esta situación demuestra que no se necesita implementar el estado de sitio para sitiar a la sociedad civil.

*Secretario de la Confederación de la Sociedad CIvil

 

El Gobierno acosa y hostiga a las ONG no oficialistas

Usa espionaje, burocracia o traba su financiamiento. Y busca reemplazarlas
01/09/13

“La crisis económica ya terminó, gracias por lo que hicieron en estos años.

Ahora el Estado se va a ocupar de todo, no necesitamos más el aporte de ustedes”. Sin rodeos, el alto funcionario de la Cancillería despidió a sus azorados interlocutores en una de las varias reuniones que en los últimos dos años se fueron celebrando en distintas dependencias del Gobierno con representantes de organizaciones de la sociedad civil. No era más que la confirmación personal de unahostilidad que habían comenzado a sentir con claridad desde 2007, y que aún las sigue atenazando.

Durante dos meses, Clarín recopiló testimonios y pruebas de este acoso oficial, que a través de medidas expresas y otras difusas interfiere en la tarea de miles de organizaciones no gubernamentales tan disímiles como, por ejemplo, las fundaciones filantrópicas de las grandes empresas, las asociaciones civiles que controlan la transparencia gubernamental y la calidad democrática o las que velan por los intereses de los consumidores, los distintos grupos religiosos que realizan tareas específicas o los comedores populares y entidades de bien público que trabajan en los barrios humildes.

Multiplicación de papeles, permisos y licencias para funcionar, trabas legales o burocráticas para poder recibir donaciones o financiamiento internacional, retiro de la membresía en padrones oficiales en los que es clave figurar para trabajar bajo la ley, eliminación de foros y espacios de intercambio entre funcionarios y organizaciones civiles, sanción de leyes y reglamentos que restringen la información necesaria para desempeñarse, campañas de desprestigio emitidas por los medios de comunicación oficiales y hasta acciones de espionaje e infiltración, son algunas de las piedras que entorpecen la marcha de estas organizaciones.

Empecemos por el principio: el estatus legal. Aunque diversos estudios estiman que en Argentina funcionan entre 80.000 y 120.000 ONG, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por la Confederación de la Sociedad Civil la AFIP admitió tener en regla 7.637, y en la Inspección General de Justicia –donde se registran las fundaciones y las asociaciones civiles– hay sólo unas 10.000 con personería vigente.

AFIP concluyó en 2008 un reempadronamiento de las organizaciones sin fines de lucro que están exentas del impuesto a las ganancias, tras el cual cayó la cantidad de asociaciones civiles de 20.264 a 3.722.

Las fundaciones que gozan del beneficio son 3.915.

En la IGJ –que inscribe a las que funcionan en la ciudad de Buenos Aires– las asociaciones civiles registradas son 18.363, mientras que apenas 7.230 tienen personería jurídica vigente. También hay 6.243 fundaciones registradas, pero apenas 2.726 mantienen al día su personería. ¿Total?

Sólo 9.956 entidades tienen los papeles en regla para operar en el país: una de cada diez.

Aunque cada provincia tiene su organismo responsable de otorgar la personería jurídica, el registro porteño es el más representativo.

El altísimo nivel de informalidad –que por ejemplo reduce la posibilidad de recibir donaciones claves para la supervivencia– responde a una estructura legal inadecuada (ver página 42), pero también a una creciente maraña burocrática que multiplica los papeles necesarios para operar, o cambia las condiciones súbitamente. “Hay acciones combinadas que van restringiendo las capacidades de impacto y acción de las organizaciones de la sociedad civil”, dice el secretario de la Confederación, Carlos March. “Algunas fueron activadas por este gobierno, otras eran anteriores y no las cambiaron.” En palabras del titular de otra importante organización que tiene relación con muchas ONG locales y otras del exterior –y que contó su experiencia a cambio de mantener su nombre bajo reserva–, “se modificaron leyes que restringen las donaciones, y que dejaron a las organizaciones en un estado de fragilidad. No son medidas ilegales, pero están al límite de la ilegalidad.” Su diagnóstico con respecto al trato que el Gobierno dispensa al sector es sombrío: “hay un claro retroceso en el llamado ‘espacio de gestación de la sociedad civil’ ”.

El financiamiento es la llave maestra para asfixiar a las ONG menos robustas, o las que por su agenda son más dependientes de los fondos que reciben desde el exterior. Sin un criterio claro –ni mucho menos un soporte legal ecuánime–, la distribución y renovación de los subsidios estatales es casi totalmente discrecional, y una decena de fuentes consultadas por este diario coincidió en que funciona como látigo para condicionar la independencia de las organizaciones, o para seducir a las más proclives a sumarse al elenco oficial. Aunque los consultados enumeran varios ejemplos, el más famoso y contundente es el de las Madres de Plaza de Mayo, que entre otros subsidios y apoyos terminaron manipulando –con una pericia que está bajo la lupa de la justicia– cientos de millones de pesos a través del programa Sueños Compartidos.

El club de las organizaciones amigas se nutre de los autoproclamados “movimientos sociales”, como el Evita, Miles –creación de Luis D’Elía– o la jujeña Tupac Amaru de Milagro Sala, que nada tienen que ver con las ONG.

La afinidad ideológica también acercó al gobierno –casi sin objeciones– al prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una voz poderosa a nivel internacional entre los defensores de los derechos humanos. En varias reuniones con organizaciones del exterior interesadas en evaluar el funcionamiento institucional argentino – Clarín reconstruyó dos, una de las cuales fue convocada por representantes de la Unión Europea– la voz del CELS fue a contramano de la opinión de otras asociaciones con las que muchas veces había compartido acciones y campañas, como Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación por la Igualdad y la Justicia y el CIPPEC.

Estas cuatro organizaciones, que desde hace años trabajan por la calidad democrática, fueron acusadas desde el Estado de ser “destituyentes”, en un spot televisivo difundido por el noticiero de canal 7 (ver página 42). La misma técnica empleó hace pocos días Radio Nacional para ensuciar con información falsa al Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Volvamos al financiamiento. El 24 de agosto del año pasado, sin advertencia previa e inmediatamente después de haber difundido a través de Clarín un relevamiento de precios que reflejaba varios aumentos, la asociación Consumidores Libres, que dirige el ex diputado socialista Héctor Polino, fue suspendida del registro de asociaciones de consumidores que a través de la subsecretaría de Defensa del Consumidor, depende de la Secretaría de Comercio comandada por Guillermo Moreno. Esa suspensión, a su vez, lo inhabilita para recibir subsidios oficiales. “Hasta el día de hoy no resolvieron más nada. O la suspensión pasa a ser definitiva o se levanta. Pero desde entonces no pasó nada”, dice Polino a Clarín. “Esa suspensión nos dejó sin el subsidio, que durante 2011 había sumado 69.690 pesos y que para nosotros tiene un alto impacto, porque no cobramos ni un peso a los consumidores por nuestro asesoramiento. Si esto no se resuelve, en cuatro o cinco meses deberemos cerrar”.

La medida contra Consumidores Libres, que cayó como un rayo en el mundo de las ONG, se repitió hace menos de dos meses contra la Unión de Consumidores de Argentina que dirige Fernando Blanco Muiño –después de ser interrogado por el origen de los fondos con que pagó una solicitada publicada en Clarín contra el cepo publicitario de los supermercados– y hace sólo dos días contra Adecua, la asociación de consumidores que conduce Sandra González.

La horca presupuestaria aprieta especialmente a los destinatarios de la cooperación internacional, es decir de los fondos que gobiernos, fundaciones y organizaciones extranjeros u organismos multilaterales vuelcan en los proyectos de las organizaciones civiles argentinas que los consiguen. La primera valla es general: como para otras actividades, el cepo cambiario y las trabas al flujo de dólares entorpecen la llegada de este dinero. El acoso se acentúa con los“seguimientos especiales” de la AFIP o la Unidad de Investigación Financiera sobre esos fondos. Pero si esto no fuera suficiente, la presión puede ser más directa. Hace cuatro años, la Cancillería envió una carta reservada a las embajadas de los países más activos en la cooperación internacional, para pedirles información sobre los destinatarios de ese dinero, y una futura participación en la selección de los afortunados (ver facsímil). Aún bajo la sordina que impone la diplomacia, el escándalo congeló la iniciativa.

Otro mecanismo de desaliento a la cooperación internacional es el discurso oficial sobre el éxito del modelo económico argentino y la posición del país más como donante que como potencial receptor de fondos. “Como el nuestro es un país de renta media, las organizaciones que se dedican a temas descuidados por el Estado o que se ocupan de controlar la acción estatal deben desarrollar una política pro activa de posicionamiento del país para conseguir donaciones”, advierte Carlos March.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es otra fuente de recursos para las ONG. Pero para que sus proyectos puedan aspirar a ese dinero, es necesario que el gobierno argentino emita una carta de “no objeción” a la transferencia. Esa carta se tramita en una Secretaría de la Cancillería, pero también en otra dependencia del Ministerio de Economía. Y entre malentendidos, omisiones y superposiciones, no siempre llega.

Clarín recogió testimonios sobre interferencias directas del gobierno al acceso de al menos dos organizaciones al FOMIN, pero fuentes del BID niegan problemas: “en este momento hay 30 proyectos en curso, por un total de 41,5 millones de dólares.” Sin embargo, y en coincidencia con las denuncias que recibió este diario, la página web del FOMIN no registra desembolsos aprobados a la Argentina desde el 4 de noviembre de 2011. La Cancillería no respondió las preguntas de Clarín.

Para reducir esta dependencia de los fondos oficiales o internacionales, organizaciones como la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS) entrenan a las ONG para diversificar sus fuentes de ingresos, y apuestan al despertar de los donantes individuales.

“Hay muchas organizaciones en Argentina que ya cuentan con miles de donantes que realizan un aporte (muchas veces pequeño) todos los meses con su tarjeta de crédito. Sin embargo, esta forma de participación es todavía baja. Desde AEDROS queremos aportar a este cambio cultural, para ayudar a la sustentabilidad de las organizaciones, pero sobre todo porque un aumento en este sentido reflejaría un crecimiento de la conciencia e interés en la sociedad por el bien común”, dice la directora ejecutiva de la asociación, Mariel Becker.

En Argentina circulan unos doce millones de tarjetas de crédito, pero apenas medio millón de donantes regulares. Según un estudio de Poliarquía difundido este verano, sólo el 10% de los argentinos hace aportes regulares a entidades de bien público. ¿El principal motivo? La falta de información sobre cómo y a quién donar dinero. Para revertir este panorama, y junto con la Fundación Noble, AEDROS lanzó la campaña de concientización “Cansate de donar”. En la página webcansatededonar.org se publica información útil, consejos, respuestas a preguntas frecuentes y un directorio de organizaciones.

El velo que el Gobierno tiende para ensombrecer la tarea de las ONG puede ser sutil, como el que según dos testimonios soportó la prestigiosa organización Cimientos, que se dedica a la educación y de golpe habría sido desplazada de las escuelas en las que trabajaba en Mar del Plata y enredada en una burocracia de permisos en Santa Fe. Aunque sus voceros amablemente declinaron hablar con Clarín, fuentes del sector también aseguran que el ministerio de Educación nacional canceló las reuniones periódicas con organizaciones dedicadas a ese tema, que se realizaban desde hace años.

Pero hay otras formas de intervención más brutales, como la que padecieron las instituciones espiadas por el Estado a través del Proyecto X de la Gendarmería, o la infiltración del policía federal Américo Balbuena como falso periodista de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, cuya presencia era habitual, por ejemplo, en las marchas y escraches que la fundación La Alameda realiza contra prostíbulos y talleres clandestinos de costura en los que emplea mano de obra esclava, y que –denuncian ellos– en muchos casos cuentan con protección policial.

El verdadero trabajo de Balbuena fue descubierto este año. “Nosotros pedimos de inmediato un Habeas Data al ministerio de Seguridad para conocer qué información había recogido, pero no nos respondieron. Después lo replicamos ante la justicia, pero aún esperamos respuesta. Estoy muy preocupado, no puede ser que a 30 años de la recuperación de la democracia ocurran estas cosas con total impunidad”, se indigna el abogado de La Alameda y de la Defensoría del Pueblo porteña, Mario Ganora. Y supone que nada puede ser peor.

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TRATA, TRÁFICO, DROGAS Y LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA

06/17/2013

Para Afip, la red de colombianos detenidos podría terminar en tráfico de drogas

Investigan también posible lavado de dinero. La causa en Córdoba salpicó a la ex legisladora Liliana Juncos.

 

ECHEGARAY. (Archivo).

ECHEGARAY. (Archivo).

 

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, señaló hoy que “la red de 27 ciudadanos colombianos detenidos por liderar un circuito de trabajo ilegal, por despliegue territorial, también podía derivar en otras actividades ilícitas como lavado de dinero y tráfico de drogas”.

“La plataforma desarrollada para actividades ilícitas nos plantea dudas que no se circunscribía exclusivamente de una red dedicada a la trata de personas y pensamos que podía terminar en maniobras de lavado de dinero y tráfico de drogas”, indicó Echegaray durante una conferencia de prensa en la sede del organismo recaudador.

El funcionario brindó detalles de los procedimientos que se llevaron adelante para desbaratar a una red internacional de trabajo ilegal, que terminó con 27 ciudadanos colombianos detenidos y 231 trabajadores asistidos (en su mayoría colombianos) a través de 74 allanamientos en 10 provincias, con la participación de más de 500 agentes de la Afip.

 

“Se secuestraron armas, municiones, divisas, vehículos y pasaportes falsificados en 74 allanamientos, de los cuales 33 se realizaron en la provincia de Córdoba, dónde se rescataron 81 personas”, indicó Echegaray.

Modus operandi. El funcionario explicó el modus operandi de esta organización delictiva, que la Justicia comenzó a investigar en 2011, tras detectarse unos 3.000 ingresos al país, entre 2009 y 2011, de ciudadanos colombianos “que lo hacían sin equipaje, ni dinero y con el mismo domicilio en la ciudad de Córdoba”.

“Los talleres clandestinos se dedicaban a la construcción de canastos de mimbre y muebles de menor valía, desarrollando una plataforma logística para la distribución de estos productos”, subrayó.

En tal sentido, añadió que llamó la atención las “reiteradas importaciones de cintas plásticas ecuatorianas, todas a nombre del mismo importador y con similar despachante de aduana”, y resaltó las acciones estratégicas de la Afip que se impulsaron a partir de 2011 para detectar todos estos ilícitos.

Entre las acciones estratégicas puntualizadas por Echegaray, recordó la puesta en marcha del “control de operaciones de cambio, la regulación de giro de divisas por giros postales, la matriz de riesgo selectiva para analizar importaciones, la red de acuerdos de intercambios de información y la utilización inteligente de la base de datos”.

Asimismo, el titular de la Afip informó que frente a esta situación y tras detectarse una suerte de migración de estas actividades a otros países de la región, se procedió a notificar a distintos organismos y ministerios de los gobiernos de “Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela”.

En la Argentina, se efectuaron “reportes de actividades sospechosas ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF), como así también se puso al tanto de esta realidad a los ministerios de Trabajo, de Justicia y Derechos Humanos, y de Desarrollo Social”.

“Queremos dejar en claro, y así se lo hicimos saber a las autoridades colombianas que la Argentina ha sido y es un país abierto a la recepción de todos los hermanos latinoamericanos”, concluyó el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.

En Córdoba. Uno de los allanamientos realizados el miércoles en Córdoba fue en dos propiedades de la exlegisladora Liliana Juncos, quien tras difundirse esa información renunció a su cargo de asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, de Unión por Córdoba.

TRAS LOS OPERATIVOS DE TRATA, RENUNCIÓ LA EX LEGISLADORA JUNCOS

La dirigente justicialista dejó su cargo como asesora de Patricio Serrano en el Concejo Deliberante, en el bloque de Unión por Córdoba. Fue tras un allanamiento en dos de sus propiedades.

  • Villa 9 de julio. Los allanamientos detectaron los talleres en donde se producían los muebles (Ramiro Pereyra).

Villa 9 de julio. Los allanamientos detectaron los talleres en donde se producían los muebles (Ramiro Pereyra).

 Liliana Juncos dejó de ser asesora del edil justicialista Patricio Eduardo Serrano en el Concejo Deliberante de Córdoba luego de que dos de sus propiedades fueran allanadas en el marco de una causa por trata de personas.

La novedad fue difundida ayer al mediodía por el bloque peronista del Concejo en un comunicado en el que se explica que se debe a “la necesidad de que el proceso judicial determine las responsabilidades del caso en que fue mencionada por el fiscal Enrique Senestrari”.

Senestrari, tal como ayer reveló La Voz del Interior, allanó el miércoles el domicilio particular y un galpón que pertenecen a la exlegisladora Juncos, en el marco de un megaoperativo por una red de trabajo esclavo de ciudadanos colombianos.

 

Los allanamientos formaron parte de los más de 70 operativos hechos en Córdoba y en otras nueve provincias, según confirmó el fiscal federal número 1, Enrique Senestrari. Unas 220 personas fueron asistidas y hay unos 20 detenidos.

Sin imputación. El fiscal precisó que Juncos, quien hasta ayer era asesora del concejal Patricio Eduardo Serrano, no está imputada y “no hay ninguna prueba contra ella, sino que ella y su entorno podían tener en su propiedad alguna información útil para la causa”.

“Se verificó que hubo unos contactos de gente de la familia Juncos que estaba gestionando contratos de servicios a nombres de estas personas colombianas”, señaló el fiscal.

Senestrari indicó que por el momento no está claro si los contactos fueron efectuados por ella o por personas allegadas.

Juncos estuvo al frente de la Subdirección de Jurisdicción de Programas Especiales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. También fue exlegisladora y exconvencional constituyente.

Producción de muebles. La red de explotación estaba destinada supuestamente a la producción de muebles de plásticos y canastos que se vendían. “Las personas eran captadas

en Colombia y hemos detectado que eran personas de escasa instrucción y un nivel econó­mico bajo. Salían con carros a los barrios para vender estos productos, de manera informal y en cuotas, y con un sistema aceitado para poder venderlo entre los más humildes”, ex­plicó.

El ingreso de los trabajadores explotados data de 2009.

“Estamos investigando cuánto se le pagaba a esta gente, no tenían dinero encima, no conocen la ciudad, tenían sus permisos de inmigración vencidos o de forma irregular”, explicó.

La organización. “Se secuestraron 250 mil pesos. Tenemos unas 200 personas rescatadas y muchos no admiten que la situación es irregular. Hay dos menores involucrados como víctimas, tenemos que ver bien porque me parece que uno de ellos es argentino”, dijo el fiscal en declaraciones radiales. “Había grupos familiares encargados de los lugares, pero todos en la misma situación y del mismo origen”, remarcó.

Los operativos se hicieron con participación de Afip, DGI, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, Migraciones y Gendarmería.

Qué se investiga

Argentina. Se realizaron más de 70 allanamientos en Córdoba (Río Cuarto, Villa del Rosario, Villa Nueva y Pilar, entre otras ciudades), Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Buenos Aires.

Delitos. Los delitos que investiga la fiscalía son tráfico de personas, trata de personas con fines de explotación laboral y fabricación y venta clandestina de muebles.

El texto original de este artículo fue publicado el jueves 14 de junio de 2012 en nuestra edición impresa. Ingrese a la edición digital para leerlo igual que en el papel.

23 detenidos y 202 trabajadores esclavos Colombianos liberados en Argentina

06/14/2013

23 detenidos y 202 trabajadores esclavos liberados en Argentina

Veintitrés personas fueron detenidas y 202 trabajadores esclavos liberados, todos de nacionalidad colombiana, en el marco de un megaoperativo realizado en 10 provincias argentinas, informó el miércoles la autoridad fiscal. “Se detuvo a 23 personas de nacionalidad colombiana y se ordenó la detención internacional de otros dos connacionales prófugos”, señaló la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en un comunicado. En el operativo, que incluyó 72 allanamientos simultáneos en una decena de provincias, participaron más de medio millar de agentes y miembros de fuerzas de seguridad. La nota de prensa indica que “se rescataron a 202 trabajadores en condiciones de explotación laboral”, eso es que no estaban registrados, no se le realizaba ningún tipo de aportes a la seguridad social y carecían de cobertura médica. En los allanamientos, los agentes secuestraron pesos argentinos y colombianos, dólares y diversa documentación que está siendo evaluada por la justicia. Según sospecha la autoridad fiscal, los cabecillas de la organización “se encargaban de reclutar a sus compatriotas para trabajar de manera clandestina y en condiciones infrahumanas” en distintos puntos del país. Siomara Ayerán, directora general de Aduanas, indicó que “entre 2009 y 2011 se registró en el país el ingreso ilegal de 3 000 ciudadanos colombianos ” y se sospecha que muchos fueron reclutados por esta banda criminal para trabajar en la confección de canastos con cintas plásticas. Según la funcionaria, la investigación comenzó a partir del relato de una de las víctimas. Los detenidos están acusados de violar la ley de ‘trata de personas’ que pena con entre 4 y 15 años de prisión el “ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/mundo/detenidos-esclavos-Trata-personas-Argentina-delito_0_936506554.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com


SUPERMERCADOS CHINOS EXPLOTAN A PROPIOS Y AJENOS

05/28/2013

28-05-13 | ECONOMÍA

Super chinos: la AFIP detectó que no declararon al 30% de los empleados

El organismo fiscalizó 1.516 trabajadores en 538 locales a nivel nacional. Ocultaban la relación de dependencia tras la figura del monotributo. Se denunció trabajo infantil en Ramos Mejía 

 

Super chinos: la AFIP detectó que no declararon al 30% de los empleados

Crédito foto: Prensa AFIP
 

A través de la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social,  la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó que el 30% de los empleados de supermercados chinos no se encuentran declarados.

Tras fiscalizar 1.516 trabajadores en 538 locales a nivel nacional, 468 trabajadores no estaban declarados, mientras que 365 presentan algún tipo de irregularidad en su registración. Por ejemplo, había trabajadores extranjeros sin la documentación necesaria para trabajar en el país.

La AFIP también descubrió una menor de edad de nacionalidad boliviana trabajando en una verdulería dentro de un supermercado ubicado en Ramos Mejía, al oeste del conurbano bonaerense, y había ingresado al país en compañía de un tío, quien realizó los trámites migratorios correspondientes y se radicó en la provincia de Buenos Aires.

En este caso, el organismo presentó una denuncia por trabajo infantil ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Conflictos Sociales y Familiares, de la localidad de San Justo, la cual se tramitará bajo el número de causa 20.221/13.

“El incumplimiento de las normas laborales no sólo deja sin protección a los trabajadores y a su grupo familiar, sino que además ocasiona el desfinanciamiento del sistema en general lo que afecta a la totalidad de los trabajadores, dado que se trata de un sistema solidario”, destacó Carlos Sánchez, el director de los Recursos de la Seguridad Social. 

La maniobra utilizada por los empleadores consistía en ocultar la relación de dependencia de los trabajadores tras la figura del monotributista para las actividades que se desarrollan en el establecimiento como verdulería y carnicería, observando que no existía contrato de locación y que las inscripciones al Régimen Simplificado se encontraban dadas de baja en la AFIP.

 


FALABELLA ES UNA EMPRESA ESCLAVISTA

05/28/2013

27-05-13 | SOCIEDAD
Piden la indagatoria del dueño de Falabella por presunta trata de personas

Falabella

La cadena de tiendas es acusada de tercerizar la confección de sus prendas a talleres textiles que empleaban mano de obra extranjera esclava. Según el dictamen de la fiscalía, las condiciones laborales eran “deplorables”

El fiscal federal Federico Delgado pidió la declaración indagatoria del titular de la conocida cadena de tiendas comerciales Falabella, Juan Luis Mingo Salazar, acusado del delito de “trata de personas” a través de la explotación de inmigrantes en talleres textiles ilegales que trabajaban para su firma.

El planteo fue formulado en el marco de la causa 13354/12, que tramita ante el juez federal Claudio Bonadio, ante quien el fiscal reclamó además la indagatoria de los empresarios Héctor y Gustavo Mitelman, “los responsables de la firma que ofició de proveedora” de indumentaria para Fallabella, así como la de Robert Egber Tupino Yncacutipa, imputado de haber “montado un taller ilegal”.

La causa se inició el 20 de diciembre de 2012, cuando un funcionario de la Sección Penal de la Dirección Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP denunció ante la Cámara Federal “el funcionamiento de dos talleres textiles clandestinos, ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266, ambos de esta ciudad”.

Según consta en el dictamen de la fiscalía, el funcionario señaló que allí trabajaban diez personas en condiciones de “empleados cama adentro”, con un sueldo de aproximadamente 2.500 pesos –de los cuales 1.000 pesos eran retenidos para la comida y vivienda– y que las condiciones de higiene del lugar eran deplorables”, añade la denuncia.

La investigación dispuesta por Delgado “confirmó el efectivo funcionamiento de ambos talleres textiles”, mediante allanamientos ordenados por Bonadio que “se realizaron, en forma simultánea, el 12 de marzo de 2013”.

“Los operadores judiciales vemos todos los días en tribunales montones de causas que giran en derredor de talleres textiles clandestinos. Son procesos que tienen matices propios, pero rasgos comunes. Hablamos de inmigrantes ilegales que por necesidad son objetualizados y trabajan en condiciones deplorables. A su vez, son regenteados por otra persona que muchas veces trabaja a la par y en esas mismas condiciones. No obstante, siempre hay un amo”, añadió.

Además de las precarias condiciones laborales, en los allanamientos fueron encontrados”bultos de ropa con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino (las últimas dos son marcas propias de Falabella)”.

Los funcionarios que realizaron los procedimientos constataron que los trabajadores –en su mayoría de nacionalidad peruana– “viven ahí, duermen ahí y confeccionan todo el tiempo… no salen mucho de la casa. Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios. Aparte, el olor a encierro era terrible, no había ni una ventana abierta”.

“Las condiciones de trabajo no eran buenas, era un lugar chico, sin televisor, mesa de comedor. No había privacidad en la casa. Trabajaban sin mucho descanso ni límite de horario porque en este tipo de talleres la gente cobra por cada prenda que confecciona”, agregó otro testigo, que contó que les preguntó si conocían el barrio y “no conocían nada”. “Me dio la impresión de que no salen mucho de la casa”, observó.

Delgado describió la operatoria: “Podríamos afirmar que las marcas, en este caso Falabella, se nutren a través de terceros de talleres que explotan a personas vulnerables.La tercerización les permite no ‘contaminarse’ directamente con la objetualización de seres humanos y bajar los costos para aumentar la tasa de ganancia”.

“Es decir, las empresas mantienen el trabajo de diseño, comercialización, imagen, moldería y corte, mientras que tercerizan la confección, terminaciones y planchado directamente en talleres clandestinos o a través de talleristas intermediarios”, continuó su explicación el fiscal.

“Es evidente, entonces, que la dinámica de producción que se ha puesto al descubierto a través de la pesquisa revela la elección deliberada por un mercado informal para abaratar costos a través de terceras firmas, al precio de lucrar con la explotación de personas en una situación de vulnerabilidad tal que se vieron obligados a consentir la apropiación de su fuerza de trabajo para subsistir, en condiciones infrahumanas”, resumió Delgado.

Tags: Falabella , Trata de personas


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