ESCLAVITUD CERO PRESENTA AMPARO POR NO REGLAMENTACION LEY DE TRATA

03/12/2014

ESTIMADXS: 

PESE A LOS CONTINUOS RECLAMOS PÚBLICOS REALIZADOS POR ESCLAVITUD CERO Y OTRAS ONGs, LA LEY DE TRATA CONTINÚA SIN REGLAMENTARSE Y SE HA PUESTO EN FUNCIONES, EN FORMA ILEGAL, AL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO FEDERAL CONTRA LA TRATA, YA QUE EL CONSEJO NUNCA SE INTEGRÓ. 

ACOMPAÑEN ESTA PRESENTACIÓN JUDICIAL PARA EXIGIR QUE LAS LEYES SE CUMPLAN Y QUE LAS ONGs, LAS PROVINCIAS Y EL RESTO DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO PUEDAN PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL QUE, POR EL MOMENTO, ESTARÍA ELABORANDO EL PODER EJECUTIVO NACIONAL SIN CONSULTAR A NADIE Y SIN ESCUCHAR LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LAS PROVINCIAS. 

LOS Y LAS ESPERAMOS !!!!!

ACOMPAÑEN HOY EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA EXIGIR AL ESTADO QUE CUMPLA CON SU DEBER Y REGLAMENTE LA LEY DE TRATA, QUE DEBERÍA HABER SIDO REGLAMENTADA HACE MÁS DE UN AÑO !!!!!!!

DONDE ? EN PERU 130, LEGISLATURA PORTEÑA, SALÓN MONTEVIDEO

CUANDO ? HOY A LAS 18 HS. 

MERCEDES ASSORATI

ESCLAVITUD CERO

Presentan recurso de amparo para reglamentar

Ley de trata

12 de marzo a las 18 hs

Salón Montevideo de la Legislatura Porteña

Perú 130 CABA

 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2014

 

Fernanda Gil Lozano, directora del instituto Transformar CC ARI, junto a ONGs y legisladores presentarán mañana miércoles 12 de marzo a las 18 hs en conferencia de prensa en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña un recurso de amparo por la Ley Trata de Personas, sancionada hace más de 2 años y nunca reglamentada por el Ejecutivo Nacional. Dicho amparo se circunscribe a la no vigencia por falta de reglamentación de la ley 26.842  sancionada en diciembre 2012, motivo por el cual tanto ong´s y fundaciones presentan este recurso  ante la vulneración de sus derechos de pertenecer al  Consejo  Federal y desde ahí gestionar un Plan Nacional  que aseguraba la mirada de la sociedad civil a nivel federal.

 “Es urgente que se reglamente la Ley de trata, que se convoque al Consejo Federal y que se elaboren las directivas del Plan Nacional de una vez, que no es un plan del Poder Ejecutivo, sino federal que deber ser construido por todos los poderes del Estado y de la sociedad civil”, explicó Gil Lozano, ex diputada nacional por la CC ARI.

La nueva ley fue sancionada el 19 de diciembre de 2012, en sesiones extraordinarias que fueron convocadas con urgencia por la presidenta Cristina Fernández, tras el fallo que absolvió a todos los acusados del secuestro y desaparición de la tucumana Marita Verón.

Sin embargo, la velocidad del trámite parlamentario no fue suficiente, ya que el Ejecutivo incumplió los 90 días que tenía para reglamentar la norma, que hoy por hoy no surte efectos concretos.Debería haberse reglamentado en Marzo del 2013.

El  nuevo texto –que reemplazó algunos artículos de la ley original, sancionada en 2008- eliminó el consentimiento como causa de eximición de la pena y ordenó al Estado brindar asistencia a las víctimas, en un capítulo específico.

 La reforma de la Ley de Trata contempla una pena de prisión de cuatro a seis años “para quien explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El castigo se eleva de diez a quince años en caso de que la víctima sea menor de 18 años.

 En la conferencia de prensa también se dará a conocer el proyecto de ley por la modificación del art. 58 del Código Contravencional de Ciudad impulsado por el bloque Verde Alameda integrado por Gustavo Vera y Pablo Bergel, prohibiéndose la contratación de mujeres en locales nocturnos bajo pena de cierre y quite de habilitación.

 

 


EXIGEN LA INMEDIATA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE TRATA

10/03/2013

LEE LOS 14 PUNTOS QUE DEBERÍAN TENERSE EN CUENTA EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE TRATA, ELABORADOS POR ESCLAVITUD CERO EN CONJUNTO CON LA ALAMEDA    https://esclavitudcero.wordpress.com/2013/08/27/14-puntos-prioritarios-para-reglamentar-la-ley-de-trata/

01 de octubre de 2013•20:31

Exigen la inmediata reglamentación de la Ley contra la Trata de personas

Legisladores nacionales y representantes de ONGs se reunieron hoy con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, y reclamaron al Gobierno nacional la urgente reglamentación de la ley de trata de personas.

“Hay un déficit del Estado muy grande, por eso venimos a reclamar que se actúe, que se reglamente la ley y se llame al Consejo Federal y asigne presupuesto a las políticas publicas”, manifestó la diputada socialista Alicia Ciciliani.

Del encuentro con Lozano participaron diputadas y senadoras nacionales, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y organizaciones sociales.

Según datos difundidos hoy por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, entre abril de 2008 y agosto de este año 5.607 personas fueron liberadas de las redes de trata.

El encuentro de este martes giró en torno a la necesidad de reglamentación de la ley y la asignación de un presupuesto acorde.

Participaron de la reunión las diputadas Victoria Donda, Margarita Stolbizer, Alicia Ciciliani y Virginia Linares, y las senadoras Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro.

La reunión obedeció a la urgente necesidad de continuar con un debate que focalice en la profundización de los mecanismos de prevención y protección de las víctimas.

Durante el encuentro, Stolbizer cuestionó que el oficialismo todavía “no reglamentó la ley para prevenir y castigar la trata de personas, y sólo usaron el tema para aparentar interés, pero en lo concreto ni siquiera en el presupuesto que se votó la semana pasada, está previsto destinar fondos para atender la cuestión”.

“Es realmente muy serio lo que ocurre en nuestro país al respecto, y sin embargo la indiferencia por parte del gobierno es más que notable”, denunció.

Ciciliani aclaró a su vez que “debemos poner la ley en vigencia de inmediato, sin la reglamentación no existe, por eso queremos generar conciencia de que no es sólo votar en el Parlamento, hay que reglamentarla y brindar recursos para que se haga carne en la gente”.

Además, la legisladora santafesina denunció que “los recursos previstos en el presupuesto 2014 han disminuido respecto a los de este año, y además no funciona el Consejo Federal, que sería el encargado de coordinar acciones entre el Estado nacional y las provincias, porque los casos de trata se dan en todas las jurisdicciones”.

Según se coincidió, la trata de personas es mucho más que un delito ya que en ese delito están condensadas todas las violaciones a los derechos humanos: explotación laboral, la reducción a servidumbre, la explotación de la mendicidad, el robo de órganos, la apropiación y venta de bebés, y la explotación sexual.

“La relevancia de esta última (87%) nos dice que la trata está mayormente destinada al sometimiento y prostitución de sus víctimas, de las cuales un 90% son mujeres y niñas”, se expresó.

En la reunión participaron organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Alameda, la Pastoral de Migraciones, la Red Argentina contra la Trata, la Fundación Directorio Legislativo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Red Kamsai.

Más de 5.600 víctimas del delito de trata de personas fueron rescatadas por el Estado nacional desde la sanción en 2008, de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, según cifras oficiales.

Las estadísticas indican que los rescates fueron efectuados en el marco de 2.539 allanamientos, realizados en forma conjunta con las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

El informe consigna que el número de rescates se incrementó durante los últimos tres años, mientras que desde 2008, el 53 % de las personas liberadas, eran víctimas de explotación laboral, mientras que el 47 % restante eran sometidas a explotación sexual.

Las víctimas, en su mayoría mayores de edad (88%), son en un 55% de nacionalidad extranjera y el programa también informó que la puesta en funcionamiento de la línea 145, que recibe denuncias por este delito.

A su vez se explicó que en 2013, la principal causa de denuncia a esta línea fue por explotación sexual (70%), y por personas desaparecidas (12%).

También se comprobó que la gran mayoría de los llamados (60%) provenía de la región que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Neuquén; seguido por la región de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

 

Mercedes Assorati
Coordinadora General
ESCLAVITUD CERO
TEL/FAX: (011) 4 775-6610 CEL: (011) 15 5 620-3649
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RUEDA DE PRENSA EN EL EPISCOPADO POR TRATA DE PERSONAS

10/01/2013

RUEDA DE PRENSA SOBRE TRATA DE PERSONAS CON MONSEÑOR LOZANOImagen

 

El martes 1 de octubre el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, recibió en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina a un grupo de legisladoras nacionales y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática de la trata de personas.

En un clima de diálogo fraterno y profunda escucha de las experiencias y propuestas, se conversó sobre diversos aspectos que plantea este delito.

Reflejamos aquí algunas de las intervenciones:

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL (SERPAJ): Nos reunimos para generar conciencia crítica, valores en la población, la respuesta a dar como sociedad, la educación. Cómo se esta avanzando para poder superar esta grave situación”.

NORA CORTIÑAS (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora): “Estoy muy agradecida en nombre de las Madres. Estamos aquí para ver cómo se saca de los cajones de los funcionarios y legisladores estas leyes que han dado tanto trabajo y que se tarda tanto en reglamentar.En nuestro país la trata de personas es muy grave. Tenemos que salir adelante para controlar y terminar. Agradecemos al Obispo esta oportunidad para reflexionar y para salir adelante. Si nos lo proponemos vamos a poder solucionar este drama. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí”.

 Senadora MARÍA EUGENIA ESTENSSORO: “Es muy importante que la Iglesia forme parte de esta iniciativa junto con organismos de Derechos Humanos y otros actores sociales ante la inacción del gobierno nacional y de muchos gobiernos provinciales. El Poder Ejecutivo no ha reglamentado una ley que se votó el año pasado. En el Congreso se está reduciendo el presupuesto del Consejo de la Mujer, Ley de Violencia de Género. Hay una actitud más de restar que de sumar. También para concientizar a la sociedad de la gravedad del problema. Hoy hay más visibilidad y hablamos más de la trata. Las organizaciones nos han manifestado la gravedad de los casos de explotación infantil, niños, niñas y adolescentes. Problemas que se van agravando día a día mientras las autoridades arrastran los pies”.

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Diputada MARGARITA STOLBIZER: “Como conclusión de la reunión hemos quedado en volver a reunirnos en un tiempo prudencial y lógicamente después de las elecciones para trabajar con una agenda vinculada con cuestiones operativas desde la cooperación. El objetivo principal de la reunión fue manifestar nuestra preocupación por la falta de reglamentación de una ley surgida en el año 2008, reformada en diciembre del 2012 y que, al día de hoy no se ha reglamentado. Se suma a esto la falta de asignación de partidas vinculadas a estos programas. El presupuesto para el 2014 recientemente aprobado en Diputados no cuenta con partidas suficientes sino, al contrario, advertimos la disminución de partidas vinculadas con programas sociales. A esto agregamos la falta de datos e información estadística. Esto revela una despreocupación vinculada a las políticas públicas para atender estas cuestiones. Hemos partido de las conversaciones con personas que trabajan en este tema y quedamos en seguir haciéndolo a través de un conjunto de redes. Es necesario trabajar en la sensibilización de la comunidad porque creemos que el compromiso de la sociedad es fundamental para evitar este tipo de delitos. Advertimos cómo se toma el sistema penal como mecanismo para abordar problemáticas que son de origen social. Hoy no hay ninguna duda de que la extrema vulnerabilidad social es la que opera para crear el terreno propicio a este tipo de situaciones y, por lo tanto, también es necesario trabajar en la actuación de las políticas públicas en el área penal para crear un sistema de protección social. Hay que trabajar sobre la economía del delito. Son delitos que mueven demasiados recursos y, al tratarse de un origen de tipo social, también es necesario pensar en una salida laboral para las personas que vienen sufriendo explotación sexual. Hemos quedado en reunirnos, en traer una agenda y, por supuesto, continuar el reclamo al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que reglamentar la ley que lleva tanto tiempo de deuda. El sistema judicial revictimiza a las víctimas del sistema. Hay que producir reformas conceptuales, culturales, filosóficas y también en los procedimientos penales. No puede ser que tengamos que confirmar el testimonio de las mujeres víctimas. El fiscal Colombo ha dicho hace algunos días que los jueces que tienen a su cargo la investigación de estos delitos creen que las mujeres liberadas de las mujeres de trata mienten cuando van a los juzgados a declarar. Esto termina siendo perverso para la mujer que entra en una situación de revictimización. Debe existir un control de la sociedad con respecto a cómo se ejercen estas funciones judiciales en la investigación de estos delitos”

 Diputada VICTORIA DONDA: “Presentamos un Programa de Protección Integral a testigos con un ámbito específico para las víctimas de los delitos. Delitos que, además, por las características que tienen, son complejos, imposibles de cometer sin la complicidad de una parte del Estado. El Poder Judicial, como parte de esta sociedad, es uno de los agentes que debe intervenir para la solución de estos casos. Los prejuicios, las cargas emotivas y culturales que traemos todos operan para que muchas veces lamentablemente estos casos terminen impunes. La prueba de esto es cómo actuó el Poder Judicial en la provincia de Tucumán. Este es el caso en el que el poder judicial se arrodilla ante el poder político. Condenar a los últimos eslabones de la cadena significaba en Tucumán continuar con una cadena de complicidades y esto llegaba a personas que tienen hoy mucho poder en la provincia. Esto sucede en todas las provincias. Quienes somos miembros del poder Legislativo podemos hacer leyes, pero las leyes se plasman en lo personal y con el ejemplo. Tomemos por caso el del Presidente del Bloque de Diputados del FpV de Santa Cruz que planteó que los prostíbulos son necesarios para que los hombres se diviertan y para que no salgan a violar. Lo descripto, deja en evidencia una deficiencia muy grande como sociedad: personas así no pueden ejercer una responsabilidad dentro de un Estado que apunta a que no haya mujeres y hombres esclavos”

 En el marco de la incautación de bienes y penalización de clientes: la diputada VIRGINIA LINARES sostuvo que “parte de la incautación está en la ley. Habrá que ver en la reglamentación cómo se lleva adelante esto. Uno de los temas que tenemos que discutir es ‘sin clientes no hay trata’ como un tema de concientización social especialmente hacia los varones. Sabemos que hecha la ley hecha la trampa. Nosotros queremos trabajar fuertemente desde lo cultural para que el consumo de sexo se termine en la Argentina”

Diputada ALICIA CICILIANI:Quiero agregar que en la reunión todos dijimos que teníamos que salir de la legislatura para abordar el tema en la integralidad y dijimos también que, en las políticas públicas, en los niveles municipales y provinciales debe funcionar un Consejo Federal donde nos encontremos con las personas con nombre y apellido, con las personas, para poder dar opciones y alternativas. A veces corremos con el código penal creyendo que podemos llenar las cárceles de gente que no ha tenido otra opción y lo que tenemos que hacer como sociedad es debatir y tener un estado presente que se integre en los tres niveles de gobierno y que exista el federalismo. Es mucho más importante el debate presupuestario que asigne partidas a municipios y a las provincias que debatir una mayor penalización en el código penal”.

Acerca del observatorio permanente sobre trata y la utilización de las redes sociales, la senadora NORMA MORANDINI afirmó: “Tengamos en cuenta que los derechos humanos caminan la calle. Ya hemos salido de restricciones cerradas y estos temas tiene que tomarlos la sociedad y siempre aparece el tema de los medios. Yo, como defensora del papel que en la sociedad cumplen los medios, lo único que les pido es responsabilidad. Los medios tienen responsabilidad para hacer no sólo visible el escándalo sino para contribuir a que entre todos comencemos a construir una cultura democrática de valoresUna sociedad que ha hecho del dinero un valor supremo, donde vemos claramente que las chicas pobres de provincias pobres quedan seducidas por el primer canalla que les ofrece dinero, nos presenta que éste es un tema cultural y que tenemos que tomarlo todos en nuestras manos. Así lo demostraron en el caso de María Soledad: fue fundamental el trabajo que hicieron los medios para desarmar la mentira y la impunidad en Catamarca”

Monseñor JORGE LOZANO: “Esta actividad mafiosa tiene vinculaciones con otras actividades delictivas. Las organizaciones aportaron como dato que niños y niñas en la calle, son prostituidos para conseguir drogas. En relación a la incautación de los bienes, en Italia, por ejemplo, uno de los avances que han tenido es que, a partir de los bienes incautados, a grupos mafiosos han logrado instalar talleres de trabajo legítimos, debidamente registrados o casas de ayuda para las víctimas”

 

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LAS PENAS POR TRATA AÚN SON MUY BAJAS

09/11/2013

Estimadxs:

Las penas por trata, en este caso de menores de edad, parecen aún muy bajas. En este caso, los condenados, si tienen buena conducta, saldrán, uno en 2 años y medio y el otro en 5. Cometieron un delito aberrante y, probablemente, arruinaron la vida de adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Me sigo preguntando porque, si en principio se probó que hubo tratos crueles, inhumanos o degradantes contra las adolescentes, no se utilizó la figura de la tortura para lograr penas más acordes con lo aberrante del delito.
También me pregunto para que se utilizarán los 20.000 pesos de multa. Serán entregados a las víctimas ? No podemos estar segurxs ya que la Ley de Trata sigue sin estar reglamentada. Para reflexionar. Saludos,
Mercedes Assorati
Coordinadora General
ESCLAVITUD CERO
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Las víctimas, todas menores de 18 años, eran obligadas a ejercer la prostitución bajo amenazas donde no faltaron los malos tratos y las agresiones físicas. Al final escaparon.

Edición Impresa: martes, 10 de septiembre de 2013

Eduardo Luis Ayassa – eayassa@losandes.com.ar

La Justicia Federal condenó, por el delito de trata de personas y promoción de la prostitución de menores, a dos sujetos y los envió a la cárcel.El fallo fue dado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mendoza contra Claudio Gerardo Correa (10 años de prisión) y Pablo Felipe Alexis Oyola (condenado a 5 años de cárcel).

De acuerdo al desarrollo del debate ambos sujetos regenteaban un local de la calle Salta al 1487, desde setiembre de 2009 a febrero de 2010.

En ese lapso y de acuerdo al testimonios de las víctimas, los individuos recibían a mujeres -menores de edad- a las que obligaba a ejercer la prostitución, para lo cual se valían de amenazas tales como constantes referencias a los daños que le ocasionarían a sus familiares “si intentaban abandonar el lugar”.

Otra de las menores que había sido echada del hogar paterno también encontró “refugio” en la casa, pero con la condición de que “una vez que ingresara no se podía ir más”.

Permaneció en el prostíbulo un mes y medio “plazo en el cual estuvo limitada en su ámbito de autodeterminación, sufriendo permanentes amenazas y violencia tanto física (golpes) como psicológicas (excesos verbales). Al final logró escapar del encierro y denunció el hecho a las autoridades.

El tercer hecho no tuvo variación a los anteriores, sino que, como ya había ocurrido con las otras víctimas, aquí las amenazas se multiplicaron a la madre de la joven y también a su hija.

Evitar la revictimización

En el debate se pidió que las tres víctimas dieran su testimonio ante el Tribunal, pero los magistrados optaron por el interrogatorio que cada una había hecho ante la Cámara Gesell, tarea que estuvo a cargo de una psicóloga, perteneciente al Centro de Asistencia a Víctimas del Delito, logrando así la protección y cuidado del estado emocional de las mismas, con el fin de “evitar la revictimización”.

Tras lo cual se incorporó las declaraciones testimoniales de las menores y dispuso una visita a los domicilios particulares de las víctimas.

El Tribunal lo integraron los doctores Alejandro Waldo Oscar Piña, Raúl Alberto Fourcade y Juan Antonio González Macías, mientras que Patricia Santoni y Fernando Alcaraz, tuvieron a su cargo la representación del ministerio público y la defensa estuvo en manos de Mauricio Cardello y Guillermo Yomet.

En su parte resolutiva se falló condenando a Claudio Gerardo Correa, a la pena de 10 años de prisión y una multa de 20 mil pesos como autor penalmente responsable del delito de trata de personas, menores de 18 años, previsto y reprimido por algunos incisos del artículo 145 del Código Penal, en concurso ideal con el delito de promoción de la prostitución de menores de 18 años (art. 55 CP).

Por su parte Pablo Felipe Alexis Oyola, fue condenado a la pena de 5 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de trata de personas menores de 18 años, en concurso ideal con el delito de promoción de la prostitución, también en menores de edad.

Tras el fallo ambos fueron alojados en el Complejo Penitenciario II San Felipe de la Penitenciaria Provincial.


14 PUNTOS PRIORITARIOS PARA REGLAMENTAR LA LEY DE TRATA

08/27/2013

Estimadxs: 

ESCLAVITUD CERO estuvo presente en la Conferencia de Prensa que organizaron un grupo de Diputados y Diputadas de distintos partidos, para exigir al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley de Trata de Personas. La reglamentación debió estar lista, según la ley 26.842 aprobada el año pasado, en Marzo de 2013. Sin embargo, a la fecha permanece sin reglamentar y, por lo tanto, no se aplica, a excepción  de las modificaciones al Código Penal que son directamente operativas. 

Entre los diputados y diputadas se encontraban presentes: Las Diputadas María Luisa Storani,  Fernanda Gil Lozano (MV), VIrginia Linares, Elsa Alvarez y De Ferrari y los Diputados Gustavo Ferrari y Manuel Garrido.

Muchas ONGs estuvieron presentes: La RATT Argentina y la RATT Mercosur, La PIDDHH, AMMAR CAPITAL, Mujeres Migrantes, Generar, La Casa del Encuentro, Fundación Directorio Legislativo y ESCLAVITUD CERO, entre otras. 

Las legisladoras y los legisladores hicieron uso de la palabra, manifestando la urgencia de reglamentar la ley ya que, de no hacerse, es letra muerta. Pusieron de manifiesto la hipocresía de apurarse a aprobar una ley en sesiones extraordinarias, para luego no cumplirla, a raíz de la falta de reglamentación,

Posteriormente hicieron uso de la palabra las ONGs que se complementaron, poniendo de manifiesto distintos puntos que debería abordar la reglamentación. Entre las ONGs las coincidencias fueron totales. 

ESCLAVITUD CERO presentó un listado de 14 puntos que considera los más urgentes para ser abordados en la reglamentación. A continuación les hacemos llegar dichas preocupaciones que nacen de la experiencia en el tratamientos de los casos. 

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ALGUNOS PUNTOS A TENER EN CUENTA

EN LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE TRATA

1)   SANCIONES ADMINISTRATIVAS INMEDIATAS PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HAYAN FALLADO EN LOS CONTROLES, ESPECIALMENTE EN LO QUE HACE AL CONTROL DEL TRABAJO RURAL, LEY DE TRABAJO A DOMICILIO, CONTROLES DE HABILITACIÓN DE LOCALES QUE FUNCIONAN COMO PROSTÍBULOS,  Y OBLIGACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE INSPECTORES DE CAPACITARSE EN TRATA.

2)   DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONDICIÓN DE PERSONA TRATADA: Un importante número de víctimas de trata no se atreve a declarar ante la justicia por las amenazas que pesan en su contra Y DE SUS FAMILIARES PERO SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ASISTIRLAS. es necesario diseñar un “mecanismo administrativo de determinación de la condición de persona tratada”, que podría ser aplicado por las Defensorías del Pueblo, para asegurar a las víctimas que no se atreven a declarar, los beneficios, la asistencia y la protección a la que tienen derecho. ELLO SERÍA POSIBLE MEDIANTE UNA SIMPLE “DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA” (NO JUDICIAL) EN BASE A LA CUAL EL PODER EJECUTIVO PUDIERA RECONOCER EL ESTATUS DE PERSONAS TRATADA.

3)  MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO NACIONAL DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS VIGENTE: El año pasado se acordaron unas Directrices para la puesta en marcha del Protocolo Nacional de Asistencia. Cada provincia designó 1 punto focal (lo cual no significa que todos los puntos focales estén preparados para brindar asistencia). el mismo indica que: “Cada jurisdicción determinara si la intervención se llevara adelante desde el rescate de las personas damnificadas por el delito de trata o con posterioridad a la declaración testimonial de las mismas.” Esta disposición nos parece insólita la asistencia debe brindarse en todos los casos desde el rescate También define las responsabilidades de las dos etapas de asistencia que establece el muy deficitario y poco concreto Protocolo Nacional de Asistencia. La primera, a cargo del lugar de destino (donde se produce la explotación) y la segunda, a cargo del lugar de origen o lugar donde la victima quiera iniciar un nuevo proyecto de vida. Esta disposición también nos parece sumamente inconveniente y poco equitativa ya que al lugar de explotación, que generalmente es una ciudad capital o una ciudad en dónde hay un buen poder adquisitivo, solamente se hace cargo de la atención primaria y el traslado y a las provincias más pobres (los lugares de origen de las víctimas) les corresponde la mayor carga económica que es la de la asistencia de mediano y largo plazo y la reinserción social de las víctimas. El reparto de las cargas debería ser más equitativo entre las provincias “explotadoras” y las provincias de “origen” de las víctimas. Por otra parte no se establece ninguna responsabilidad de asistencia económica por parte del Estado Nacional, que es el que cuenta con mayores recursos económicos, el estado nacional debe en todos los casos actuar subsidiariamente y, por otra parte, apoyar económicamente a las provincias que mayor número de personas tratadas tienen. la SENAF, responsable a nivel nacional de la coordinación, de acuerdo a la Directiva aprobada, se quedó solamente con la responsabilidad de ocuparse directamente de la asistencia a víctimas extranjeras que deseen retornar a su lugar de origen, que en Argentina son realmente muy pocas, dejando el peso de la asistencia a cargo de las provincias. a nivel nacional siguen creciendo las estructuras tanto de la Oficina de Rescate, como de la SENAF, sin que ello permita advertir una mejora en el sistema nacional de asistencia, que aún resulta una expresión de deseos en la mayor parte del país. también se propone que rijan, en forma supletoria, las disposiciones de la ley 26.480 de Protección Integral de las Mujeres.

4)   REGLAMENTACIÓN MÁS CLARA SOBRE LA INCAUTACIÓN DE LOS BIENES DE LAS REDES, PARA ASEGURAR DE INMEDIATO QUE EL DELITO NO SE SIGA COMETIENDO Y REGLAMENTACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS BIENES INCAUTADOS PARA DESTINARLOS A LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS, SU PROTECCIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA TRATA. 

5)  REGLAMENTACIÓN DE LOS ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE REPARAR. se propone que la reglamentación incluya una POLÍTICA REPARATORIA INMEDIATA: que se discrimine positivamente a las personas tratadas, asignándoles un CUPO ESPECIAL A LAS PERSONAS TRATADAS EN TODOS LOS PLANES SOCIALES EXISTENTES A NIVEL NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL. Allí dónde no existan planes o estos sean muy limitados, actuará subsidiariamente el Estado Nacional. Se debe establecer un mecanismo sumario para que las víctimas puedan acceder sin demoras a dichos beneficios.

6)   REGLAMENTACIÓN CLARA DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS: de qué fondos va a disponer: esclavitud cero proponía que se integrara con el 1% del presupuesto de cada ministerio con competencia en la materia, quien lo va a administrar, quien va a verificar el uso de los fondos.

7)   OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE COOPERAR Y COORDINAR CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS Y CON LAS ONGS PARA LA ASISTENCIA Y LA PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

8)   QUE LA REGLAMENTACIÓN INCLUYA LA CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE REFUGIOS que permita superar los problemas de coordinación actuales, que hace que los refugios oficiales tengan pocas víctimas mientras el número de personas rescatadas sigue aumentando, y que no se coordine con los refugios de MUCHAS ONGs, PRIVANDO A LAS VÍCTIMAS DE OPORTUNIDADES PARA REHACER SUS PROYECTOS DE VIDA. 

9)  QUE SE ESTABLEZCA UNA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO DE LEGISLACIÓN Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS CONEXAS A LA LEY DE TRATA, PARA ESTUDIAR NUEVA LEGISLACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA MEJORAR LA RESPUESTA ESTATAL Y SOCIAL A LA PROBLEMÁTICA DE LA TRATA. (EJ: SISTEMA NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, PROGRAMA NACIONAL POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD, BANCO DE DATOS GENÉTICOS, INCORPORACIÓN DE AGRAVANTES, ESTABLECIMIENTO DE UN DELITO ESPECÍFICO QUE PENE LA COMPRA Y VENTA DE SERES HUMANOS, ETC)

10)               COMPROMISO DEL ESTADO DE NO CONTRATAR A EMPRESAS QUE NO ESTÉN CERTIFICADAS COMO LIBRES DE TRABAJO ESCLAVO Y DE NO FAVORECER CON PUBLICIDAD OFICIAL A PUBLICACIONES QUE PROMUEVAN LA EXLOTACIÓN SEXUAL Y LA PORNOGRAFÍA EN TODAS SUS FORMAS.

11)             FEDERALIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO FEDERAL CONTRA LA TRATA, HASTA AHORA INTEGRADO ÚNICAMENTE POR EL GOBIERNO NACIONAL.

12)              QUE EL PLAN NACIONAL NO SEA BIANUAL SINO QUINQUENAL para asegurar que los planes, como políticas de Estado, superen los cuatro años que duran los mandatos presidenciales y tengan continuidad.

13)       MAYOR CLARIDAD EN LO QUE HACE A LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS, mediante la CREACIÓN DE UN COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE LA PROTECCIÓN MIENTRAS SUBSISTA EL RIESGO, QUE LA PROTECCIÓN NO DEBA SER -NECESARIAMENTE- DISPUESTA POR EL PODER JUDICIAL, SINO QUE PUEDA SER DISPUESTA POR EL PODER EJECUTIVO PARA EL CASO DE LAS VÍCTIMAS CUYOS CASOS NO ESTÉN JUDICIALIZADOS. 

14)             proponemos que LA REGLAMENTACIÓN INCLUYA TAXATIVAMENTE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE realizar capacitaciones dirigidas a: docentes del nivel medio y Universitario y a los operadores de salud y sanitarios Y DE INCORPORAR, COMO CONTENIDO OBLIGATORIO EN ESCUELAS PÚBLICAS Y UNIVERSIDADES PUBLICAS, LA TRATA DE PERSONAS

 

Más información:

Mercedes Assorati

1556203649

 

 


EL SISTEMA PROSTIBULARIO ES LA TRATA, DIJO FISCAL COLOMBO

06/24/2013

“El sistema prostibulario es la trata”

01:14 23/06/2013

Lo afirmó el fiscal Marcelo Colombo en Neuquén.

Dirige la Unidad de Asistencia en Secuestros y Trata.

 
ColomboNeuquen
 
 

NEUQUÉN (AN).- “El sistema prostibulario es la trata, es la explotación de personas. Es incompatible pensar en un trabajo autónomo dentro de un prostíbulo, porque las propias lógicas (de ese sistema) llevan a que la mujer sea un instrumento, un objeto de ese consumo sexual”. La síntesis es de Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), quien además aseguró que la acción penal, la asistencia para la inclusión de las víctimas, la prevención y sensibilización en los “clientes” son la clave para erradicar este tipo de delitos.

Colombo brindó el jueves una charla sobre las acciones políticas y jurídicas que se pueden tomar desde el Estado para combatir el crimen organizado y la trata de personas. En diálogo con “Río Negro”, el fiscal cuestionó los preconceptos de muchos jueces a la hora de resolver sus fallos (como en el caso de Marita Verón) y aseguró que la solución para la trata es social. “Hay que trabajar desde la asistencia social del Estado con la mujeres pobres, para que el prostíbulo no sea una salida”, remarcó y agregó que esto se debe complementar con acciones penales, prevención y sensibilización dirigida principalmente a los “clientes”.

La ley 26.842, se sancionó el año pasado y modificó algunos aspectos de la norma que regula los casos de trata de personas (26.364), entre ellos el aumento de las penas, la eliminación de la figura del consentimiento, y la creación de un Consejo Federal con fondos para la prevención y asistencia. Esta ley no fue reglamentada aún y Colombo explicó que lo más grave es que no se puede implementar el Consejo, ya que el resto de las regulaciones (consentimiento y penas) sí están en vigencia sin necesidad de su reglamentación. De todos modos en la práctica todavía hay complicaciones en los modos de interpretar y aplicar la norma. “No encontrar delito de trata en un prostíbulo es un error de interpretación y de aplicación de la ley de trata. Ahora no hace falta el consentimiento ya que la sola explotación tiene una pena de cuatro años de prisión”, recordó el fiscal.

“Es muy difícil hablar de un sistema prostibulario donde la mujer prostituida no esté en una situación de coerción propia del mismo sistema, donde no controla nada, donde el dinero lo manejan otros, donde no puede rechazar prostituyentes”, analizó Colombo.

Además, indicó que en base al trabajo que han hecho a lo largo del país desde la Unidad han detectado que las mujeres son sometidas a este sistema entre los 13 y los 17 años, que el 90% está en una situación de vulnerabilidad.



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