FERNANDO MAO, REFERENTE DE LA RATT AMENAZADO DE MUERTE

05/05/2014

TEME POR SU VIDA Y LA DE SU FAMILIA  

Un activista contra la trata deja el país por las amenazas

Fernando Mao preside la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT). En un solo día recibió 47 llamados.

  • Por Nadia Galán | 04/05/2014 | 16:21
 

 

Fernando Mao (52) es un activista que preside la ONG Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) internacional. Un hombre que dedica su vida a erradicar el tráfico de personas y que ahora siente que su familia está en peligro. “Ellos son mi punto vulnerable, y como ahora los amenazan decidí dejar el país”, revela en una entrevista con PERFIL.

Mao lucha contra la trata desde 2007. Fue el responsable de la RATT Argentina y ahora es el presidente de la ONG internacional, una red global integrada por países de América Latina y el Caribe, Centroamérica, Asia, Europa y Estados Unidos (sede central). Harto de las amenazas que viene sufriendo, dice que se irá a vivir a Uruguay mientras espera que Estados Unidos le otorgue asilo político.

—¿Cuándo empezaron las amenazas?
—El 10 de abril recibí los primeros mensajes de texto. Al principio los borraba, hasta que me mandaron uno que decía que sabían que mis hijos estaban en Misiones. Ahí empecé a preocuparme. “Sabemos dónde estás”, “salí afuera”, “andate de la Argentina”, eran algunos de los  mensajes. Después comenzaron las llamadas. Recibí 47 en un día. Me insultaban y me decían que me iban a matar. Hice la denuncia y se lo informé a la RATT en Estados Unidos, Perú y España.  

—¿Por qué cree que las amenazas se dieron ahora?
—Porque nos ven consolidados como red en el terreno nacional y porque contamos con un paraguas internacional protector. Otro de los detonantes podría ser la presentación, hace un mes, del caso Patricia Ospino en el canal National Geographic, porque el proxeneta que la capturó sigue libre y reclutando chicas.

El caso de la colombiana Ospino es un ejemplo de las prácticas utilizadas por las redes para captar jóvenes. En 2008, Patricia viajó con su pequeña hija con algo de ropa y la ilusión de convertirse en actriz. Una vez que llegó al país, vivió seis meses de tortura física, psicológica y violaciones reiteradas hasta que logró escapar y regresar a su tierra. Hoy, intenta salvar a otras mujeres con el relato de su triste experiencia.   

—¿Algún ente gubernamental se solidarizó con su situación?
—Recibí un llamado de la Protex, de Marcelo Colombo, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Nacional General de Relaciones Institucionales del Senado. Todos se pusieron a mi disposición. De organismos del Estado y ministerios no recibí llamados. Estamos en una situación complicada porque nosotros creemos que hay redes de trata y lavado de activos que están instaladas en el país. Al tener una legislación débil, estas redes vienen a desempeñarse acá. En Argentina no hay reinserción de víctimas, no hay un plan de vida para ellas. Se las sostiene seis meses, y después son llevadas a sus casas. En muchos casos son sus propias familias las que las entregaron. Por eso nos preguntamos por qué no se trabaja bien con estas chicas.

—¿En algún otro momento se planteó dejar todo por la tranquilidad de su familia?
—Cuando nosotros podíamos participar de los allanamientos yo veía muchas chicas de 12 o 13 años drogadas que no sabían qué hacían. Te contaban que estaban obligadas a servir sexualmente a 25 hombres por día. Detrás de esas nenas yo veía la cara de mi hija, y entonces me decía que esto era un delito criminal que no se podía dejar. Cuando nos quemaron la casa, mi mujer (ahora están separados) me dijo: “Esto es un desastre, nos van a matar a todos”. En ese momento opté por irme, con su consentimiento. Pero siempre trabajé en la reposición de derechos. A esta altura de mi vida voy a seguir la lucha aunque sea fuera de mi país, porque para terminar con esto es necesario que el Gobierno tenga políticas públicas serias y comprometidas porque nosotros somos sólo una uña en todo esto y los que realmente pueden hacer algo son ellos. Irme del país me genera mucha angustia, porque siento que abandono un barco, pero también tengo claro que estoy enfrentando a la mafia y es importante que se enfríen las aguas.

 

Trimarco, Cortiñas y Esquivel

La lucha de la madre de Marita Verón no podía estar fuera de la entrevista. “Susana Trimarco es una persona ante la cual me saco el sombrero por cómo ha luchado por su hija. ¿Pero qué puede hacer desde el lugar que tiene? Las organizaciones sociales somos un brazo, pero la política la tiene que ordenar el Gobierno”, dice el activista argentino sobre la referente número uno de la lucha contra la trata de personas en Argentina.

“Es importante que la sociedad civil esté unida y que cada padre de familia se comprometa. La situación es compleja y hay que pedirle al Gobierno políticas públicas comprometidas. Nosotros podemos actuar, pero si no tenemos un juez competente todo queda en la nada”, agrega Mao sobre la lucha.

Con respecto al vínculo entre el Estado y las ONG, el titular de la RATT internacional analiza: “Es importante que las organizaciones trabajen con el Estado, pero que los fondos salgan de la Responsabilidad Sociedad Empresarial. Porque si uno trabaja directamente con el Estado no le puede reclamar nada, porque no va a morder el plato del que le da de comer. Hay líderes como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel que denuncian corrupción gubernamental y otros que se callan”.

 

El dolor por la muerte del papá de María Cash

Fernando Mao definió a Federico Cash, el padre de la joven diseñadora que murió esta semana en un accidente de tránsito, como un “ícono” de la lucha de jóvenes perdidos. “Con su muerte se nos fue un héroe. Todas las personas que lo conocimos vamos a sentir su ausencia”, dice sobre su muerte.

El papá de María Cash realizó su último viaje el martes pasado. Se dirigía a Bariloche por la ruta 152. Pero en la provincia de La Pampa chocó de frente contra otro vehículo y perdió la vida de manera instantánea.

El hombre estaba detrás de una nueva pista sobre el posible paradero de su hija, quien desapareció en julio de 2011, cuando iba a visitar a un amigo, en la provincia de Jujuy. La vieron por última vez en una estación de servicio de Salta, y desde entonces su destino es un verdadero misterio.

“Argentina perdió un emblema de un padre que busca a su hija ante un Estado ausente. Era una persona súper comprometida con la búsqueda de su hija, que se levantaba a las seis de la mañana para cruzar datos y atender el teléfono. Había instalado una fiscalía en su propia casa”.

 

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BUENAS PRÁCTICAS: BOTÓN ANTI PÁNICO PARA VICTIMAS DE TRATA

03/10/2014

En Córdoba, entregarán botones antipánico a las víctimas de trata de personas

 

DURANTE EL AÑO

En Córdoba, entregarán botones antipánico a las víctimas de trata de personas

 El gobierno cordobés distribuyó en un año 700 botones antipánico a víctimas de violencia familiar y está previsto que, a lo largo de 2014, también los reciban quienes padecen delitos vinculados con la trata de personas. 

  
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini, dijo a la prensa que en un año, desde que lanzaron la iniciativa, entregaron 700 aparatos y, gracias a su activación, “103 agresores fueron detenidos, 99 en la capital y el Gran Córdoba, tres en Río Cuarto y uno en Villa María”.
 
“Será una aplicación única en el país para los casos en los que los proxenetas sean prófugos de la Justicia y, no obstante ello, sigan amenazando a sus víctimas”
Daniel Passerini, ministro de Desarrollo Social cordobés Entre marzo y abril distribuirán botones antipánico en Alta Gracia, Río Segundo, Cruz del Eje, Deán Funes y San Francisco “y durante este año también los recibirán las víctimas de trata de personas”, precisó el funcionario.
 
Passerini destacó que “será una aplicación única en el país para los casos en los que los proxenetas sean prófugos de la Justicia y, no obstante ello, sigan amenazando a sus víctimas”, a las que procurarán proteger con la entrega de estos dispositivos, para que los activen en situaciones de riesgo.
 
El Estado cordobés “brinda esta herramienta de protección, que es el último eslabón de una cadena de prevención, porque hay equipos que acompañan a las víctimas e interviene la Justicia provincial”, manifestó.
 
Los botones antipánico son micro teléfonos celulares que cuentan con un dispositivo de GPS, para ubicar el lugar desde el que proviene el alerta y para escuchar y registrar la conversación que se produce en el momento en que es accionado.
 
La entrega de los dispositivos se concreta de forma gratuita, así como la instalación y mantenimiento del chip que requiere el dispositivo para su funcionamiento, que corre por cuenta del gobierno provincial.
 
La policía cordobesa asigna los botones antipánico a mujeres a las que la Justicia decide otorgárselos por la situación de riesgo en que se encuentran, cuando las órdenes de restricción para impedir a sus parejas acercarse a ellas resultan una medida escasa para asegurarles seguridad.
 
Ahora, además de las víctimas de violencia familiar también recibirán botones antipánico mujeres rescatadas de situaciones de explotación o trata de personas, cuando los responsables de esas 
 
Mercedes Assorati
Coordinadora General
ESCLAVITUD CERO
TEL/FAX: (011) 4 775-6610 CEL: (011) 15 5 620-3649
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ACOMPAÑEMOS A FERNANDA GIL LOZANO EN EL JUICIO CONTRA SUS AGRESORES

02/07/2014

Estimadxs: 

Aqui enviamos la carta de la Diputada (MC) Fernanda Gil Lozano quien fuera salvajemente agredida y amenazada por su trabajo en el combate contra la trata de personas. Entendemos que es fundamental que desde la sociedad civil acompañemos a Fernanda en este juicio, para enviar una fuerte señal a los violentos que pretenden amedrentar a los defensores y defensoras de derechos humanos que combaten la trata y el crimen organizado en Argentina.

ESCLAVITUD CERO estará acompañando a Fernanda y esperamos que muchos y muchas se sumen para dar su apoyo a esta valiosa compañera y, también, para dar un mensaje contundente de unidad a los violentos. 

Mercedes Assorati

ESCLAVITUD CERO 

Hola a todos y todas, compañeros y compañeras, amigas y amigos:

El próximo miércoles 12, comienza el juicio que le inicié a Sergio Newman por los cadenazos y otras situaciones de violencia que hicieron de mi vida un infierno los últimos dos años.

Los hechos sucedieron un domingo de octubre del año 2011, donde este sujeto, sin mediar palabra, primero agredió a mis perros y después intentó pegarme cadenazos en la cara, por suerte pude anteponer mis brazos y solamente me sacó un hueso de lugar y afecto un dedo de mi mano derecha, no contento con esto, me amenazó de muerte e intentó volver a pegarme. Rápidamente pude ir a la comisaría y seguir con los sucesivos trámites. Esta agresión contó con testigos.

Posteriormente, le pegó a la testigo, posteriormente mandó a otra persona que intentó golpearme y pateó a mis perros, en esa situación me defendieron personas  que estaban esperando el colectivo, como me fui corriendo a casa llorando hice la denuncia  solamente con dos personas que vieron lo sucedido desde  enfrente y las cámaras de seguridad no funcionaron y se consideró una falta menor.

Esta historia  está relacionada con otra historia  la  del  prostíbulo Madona, que no pude demostrar, pero sí la violencia de Género: es un prostituyente, muy violento, con conductas promiscuas, un simulador responsable de haber ejercido violencia con los chicos de la calle y otras señoras mayores del barrio, en fin una basura.

Por su agresividad tuve que condicionar mi vida, cambiar mis hábitos, vivir con mucho temor, tengo en venta mi departamento, porque cuando se cruza conmigo me persigue y me insulta continuamente, en fin estoy con un serio problema.

Hago esta comunicación para pedir solidaridad y la mayor difusión posible de este juicio, no va a ser prolongado y muchas veces la presencia de la sociedad y los medios ayudan a la justicia, en la cual confío y es a lo único que se tiene derecho.

Estoy citada el día miércoles 12 a las 9:30 hs  por el Tribunal Oral en lo criminal N 18, en la calle Lavalle 1171, piso 6to, CABA.

Un fuerte abrazo

Fernanda Gil Lozano

 

 

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@fergillozano


LA ALAMEDA DENUNCIA NUEVOS ESPIONAJES SOBRE SU SEDE

10/18/2013

ESCLAVITUD CERO repudia estos nuevos hechos de espionaje sobre la sede de La Alameda y solicita a las autoridades una investigación eficaz, la identificación de las personas involucradas así como del automóvil utilizado. y una información clara a la opinión pública sobre estos hechos.

Es VITAL para las ONGs saber si estas personas pertenecen a alguna fuerza de seguridad y en base a qué órdenes están realizando estas acciones. Esperamos, por fin, que las autoridades brinden una información clara y pública de los hechos que denuncia esta organización amiga. 

Un abrazo solidario a La Alameda, 

ESCLAVITUD CERO

 

ESPIONAJE Y FILMACIÓN DE LA SEDE DE LA ALAMEDA

18102013

el auto de los espías

el auto de los espías

Un nuevo hecho de espionaje sobre la Alameda. Este viernes a las madrugada, cerca de la una, tres sujetos de civil desde un auto de lujo estaban estacionados sobre la avenida Directorio, mano izquierda sentido del tránsito, a metros de la esquina Lacarra. El sujeto más joven y musculoso que se ocultó de las fotos fue quien filmó desde el auto.

Quien filmó

Quien filmó

La cara delos espías

La cara delos espías

Minutos antes que sean detectados por miembros de la Alameda estos sujetos habían sido interceptados por la propia brigada de la comisaría 40. Varios efectivos con chalecos de PFA y otros de civil requirieron la documentación. Estas personas se negaban a hacerlo y se produjeron gritos por parte de los federales.  Pero esto no evitó el espionaje a los miembros de la Alameda que volvían de una actividad en el teatro Verdi en el barrio de La Boca en defensa de la Isla Demarchi que encabezó el primer legislador por UNEN, Gustavo Vera.

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TRATA DE PERSONAS: TESTIMONIO DE UNA JOVEN QUE ESCAPÓ A TIEMPO

09/27/2013

NACIONAL: LA BANDA FUE DETENIDA

Trata de personas: dramática historia de una joven que estuvo a punto caer en una red

26.09.13 Tiene 21 años y es madre de dos chicos. Viajó a Río Grande por una oferta laboral. Antes de bajar del avión, se enteró que iba a ser obligada a prostituirsE

LA MUJER LLEGO A RIO GRANDE EN UN VUELO DE AEROLINEAS.
LA MUJER LLEGO A RIO GRANDE EN UN VUELO DE AEROLINEAS.

Una red mafiosa dedicada a la trata de personas para explotarla sexualmente fue desarticulada, tras la denuncia que efectuó una joven a pesar de que la habían amenazado con matar a sus hijos.
Este es el desenlace de la dramática historia de una joven de 21 años, madre de dos chicos, quien estuvo a punto de caer en manos de una organización de trata que maneja prostíbulos en el sur, engañada con la promesa de un trabajo en una fábrica de electrodomésticos. Alertada por una amiga se negó a bajar del avión y pese a las amenazas denunció el hecho, que derivó en una investigación con allanamientos y la banda desarticulada.Lo cierto es que la joven madre estuvo a minutos de resultar capturada por la organización, que tiene células distribuidas en Buenos Aires, Tierra del Fuego y Mendoza. En el caso interviene desde el comienzo, en mayo pasado, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que además de seguir la pesquisa brinda asistencia, contención y seguridad a la joven madre desde que pidió ayuda.La tramaTodo comenzó cuando la joven recibió una propuesta laboral a través de una amiga, quien la puso en contacto con una mujer que se sospecha es reclutadora de la red. La víctima necesitaba trabajo con urgencia y le ofrecieron directamente trabajar en una conocida fábrica de electrodomésticos afincada en el Sur del país. La oferta incluía pasajes de avión, un buen salario y lugar para vivir.La negociación se llevó a cabo entre la joven y la mujer. Finalmente, tras arreglar las condiciones, la chica se presentó en mayo en el Aeroparque Jorge Newbery para viajar hasta el aeropuerto de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.En el preembarque, recibió el llamado de la amiga, quien le dijo que la iban a obligar a trabajar en un prostíbulo. En crisis, la joven madre llamó a la “reclutadora” para pedir explicaciones, y ésta no negó la acusación, sino que la amenazó. “Le dijo que suba al avión, porque caso contrario le mataban a los chicos”, reveló una fuente.La mujer ascendió a la aeronave que efectuaba el vuelo 1844 de Aerolíneas Argentinas. En el viaje, la joven tomó la decisión de no bajar del avión.
En medio de un ataque de nervios, la joven se animó a solicitar la intervención del personal de la PSA. De esta manera, intervino el juzgado federal de Río Grande, cuya primera medida fue solicitar cobertura para la joven, y luego dio inicio a una investigación que culminó con detenidos en varias provincias, allanamientos un prostíbulos y el desbaratamiento del grupo mafioso.


VICTIMA DE TRATA DENUNCIA ABANDONO POR PARTE DEL ESTADO

09/16/2013

Estimadxs: 

Es necesario recordar que la responsabilidad del Estado no termina con la “liberación” de la víctima. Es necesario que el Estado brinde asistencia para superar la situación de vulnerabilidad que llevó a la víctima a caer en la situación de explotación en la que se encuentra. Si la víctima no supera esta situación y vuelve a caer en una situación de explotación, existe responsabilidad del Estado. El Estado debe brindar la asistencia que tanto las leyes internas como las Convenciones internacionales acuerdan a las víctimas de trata de personas y/o la asistencia debida a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. También se debe reparar a la víctima y asegurar la no repetición de las violaciones sufridas.
El artículo fue modificado ya que daba el nombre y apellido de la víctima, algo que es contrario a la ley de trata de personas. Su nombre y el de su marido deberían haber permanecido confidenciales para proteger a la mujer. Les pido que informen a diario UNO de la necesidad y conveniencia de mantener la confidencialidad de las identidades de las víctimas de trata. 
 
Saludos, Mercedes Assorati
 

Una víctima de trata dice que no la ayudan 

Fecha: 15/09/2013  Hora: 09:49   

– La mujer denunció en la Policía que se fue de un hogar porque nadie le daba asistencia

Las autoridades policiales quedaron sorprendidas en la noche del viernes luego de que una mujer informó en la comisaría 10ª que ningún organismo del gobierno y de la Justicia le dio asistencia para poder salir del mundo de la prostitución y de la trata de personas.
Desde la Policía se informó que L.A., recientemente contenida por la Dirección de Asistencia a la Víctima en Paraná, radicó una exposición en la comisaría 10ª de la capital entrerriana, donde hizo saber que pese a haber sido alojada en una casa para mujeres en Villaguay, nadie de la Justicia ni de los distintos organismos creados en defensa de las víctimas de la trata de personas, se preocuparon en darle una solución definitiva a sus problemas.

En la notificación expresada, L.A. dio a conocer dónde se encuentra por estos días viviendo en Paraná, a fin de que la Policía sepa.

La oriunda de Santa Elena, fue noticia hace pocas semanas, luego de que su marido M. L. informara en la Policía que la misma se había ausentado.
El 15 de agosto, UNO publicó que en la Justicia Federal había una denuncia contra el “marido” por ser considerado proxeneta.

Tras varios días de búsqueda, la víctima apareció en la comisaría 10ª haciendo saber que se había retirado de la casa por problemas de violencia de género. Estaba en la casa de una amiga y no supo que la buscaban por todas partes. Ante esto, desde la Justicia Federal se hizo saber que tanto la víctima como su marido podrían sufrir problemas de convivencia y otras situaciones que podrían ser analizadas por psicólogos. 

Lo cierto es que en el fuero Federal se avanzó con la investigación en la cual LA. iba a cumplir tareas en un prostíbulo de Paraná hasta que fue cerrado y luego el marido la habría seguido manteniendo en el negocio de la venta de sexo.

Lo que desconcertó a las autoridades policiales consultadas por UNO, fue lo que ocurrió en las últimas horas. La mujer informó que de modo voluntario se retiró de la casa donde se encontraba contenida en Villaguay, pero notificó que nadie del Estado, llámese gobierno o Justicia se contactaron con posterioridad para darle una alternativa viable que le permitiera salir de la prostitución. En medio de esto a L.A. se le impuso una restricción de no acercarse a la mujer.

“No me dieron bola”
Anoche UNO dialogó telefónicamente con L.A.. La mujer admitió que se vino de Villaguay porque quiere estar con sus hijos, pero además “tener un trabajo para poder salir adelante”.
Dijo que en el hogar de Villaguay la trataron bien, pero aclaró: “Nadie me llamó para decirme cómo poder salir de la prostitución y tener un trabajo que permita criar a mis hijos. No tengo dónde ir, paré en la casa de una amiga y espero que mi “marido” no me encuentre”.
“Una funcionaria provincial me llamó cuando estaba en Villaguay y me pidió que no regresara porque ella podía sufrir las consecuencias. Lo único que le pedí era que me consiguieran un plan, un trabajo, algo para no volver a la prostitución”, resaltó la mujer que pareció estar muy vulnerable y desesperada por salir definitivamente de la venta de sexo. 

 

 

Mercedes Assorati
Coordinadora General
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LAS ONGs ARGENTINAS EN ESTADO DE SITIO

09/03/2013

¿La sociedad civil en estado de sitio?

POR CARLOS MARCH*

 01/09/13

Ahorcar a la sociedad civil es asfixiar a la democracia.

Es privarla del oxígeno de la alternancia de roles, de la diversidad de actores, de la pluralidad de ideas, de la libertad de acción. Cooptar organizaciones sociales desde la discrecionalidad de los subsidios a cambio de obediencia debida, es apretar el cuello de la democracia en su punto más débil.

A diez años de gobierno, mantener vigentes laspolíticas impulsadas por Domingo Cavalloen relación a la restricción de beneficios fiscales de fomento de la filantropía y a la negación de marcos legales que faciliten la tarea de las organizaciones sociales, es ponerle la soga al cuello a la sustentabilidad y formalización de la sociedad civil.

Cuando se implementa desde Cancillería un relato que aleja a la Argentina del foco de la cooperación internacional y se diseñan políticas de aislamiento internacional que hacen que los organismos multilaterales no aprueben más donaciones para el país como sucede desde hace un año y medio, se secan los presupuestos de las organizaciones sociales y se le practica un submarino seco a la democracia.

Emplear los medios de comunicación estatales para difamar a las organizaciones con informes amañados, suspender de los registros públicos a entidades sociales sometiéndolas a la asfixia financiera, utilizar a policías para infiltrar agencias de noticias para obtener información sobre los movimientos sociales y atesorar datos de dirigentes sociales en bases de información con el objetivo de que Gendarmería Nacional monte un Proyecto X para hacerles la cruz, es ahogar a la democracia con la misma espina que el relato oficial se jacta de habernos quitado.

Esta situación demuestra que no se necesita implementar el estado de sitio para sitiar a la sociedad civil.

*Secretario de la Confederación de la Sociedad CIvil

 

El Gobierno acosa y hostiga a las ONG no oficialistas

Usa espionaje, burocracia o traba su financiamiento. Y busca reemplazarlas
01/09/13

“La crisis económica ya terminó, gracias por lo que hicieron en estos años.

Ahora el Estado se va a ocupar de todo, no necesitamos más el aporte de ustedes”. Sin rodeos, el alto funcionario de la Cancillería despidió a sus azorados interlocutores en una de las varias reuniones que en los últimos dos años se fueron celebrando en distintas dependencias del Gobierno con representantes de organizaciones de la sociedad civil. No era más que la confirmación personal de unahostilidad que habían comenzado a sentir con claridad desde 2007, y que aún las sigue atenazando.

Durante dos meses, Clarín recopiló testimonios y pruebas de este acoso oficial, que a través de medidas expresas y otras difusas interfiere en la tarea de miles de organizaciones no gubernamentales tan disímiles como, por ejemplo, las fundaciones filantrópicas de las grandes empresas, las asociaciones civiles que controlan la transparencia gubernamental y la calidad democrática o las que velan por los intereses de los consumidores, los distintos grupos religiosos que realizan tareas específicas o los comedores populares y entidades de bien público que trabajan en los barrios humildes.

Multiplicación de papeles, permisos y licencias para funcionar, trabas legales o burocráticas para poder recibir donaciones o financiamiento internacional, retiro de la membresía en padrones oficiales en los que es clave figurar para trabajar bajo la ley, eliminación de foros y espacios de intercambio entre funcionarios y organizaciones civiles, sanción de leyes y reglamentos que restringen la información necesaria para desempeñarse, campañas de desprestigio emitidas por los medios de comunicación oficiales y hasta acciones de espionaje e infiltración, son algunas de las piedras que entorpecen la marcha de estas organizaciones.

Empecemos por el principio: el estatus legal. Aunque diversos estudios estiman que en Argentina funcionan entre 80.000 y 120.000 ONG, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por la Confederación de la Sociedad Civil la AFIP admitió tener en regla 7.637, y en la Inspección General de Justicia –donde se registran las fundaciones y las asociaciones civiles– hay sólo unas 10.000 con personería vigente.

AFIP concluyó en 2008 un reempadronamiento de las organizaciones sin fines de lucro que están exentas del impuesto a las ganancias, tras el cual cayó la cantidad de asociaciones civiles de 20.264 a 3.722.

Las fundaciones que gozan del beneficio son 3.915.

En la IGJ –que inscribe a las que funcionan en la ciudad de Buenos Aires– las asociaciones civiles registradas son 18.363, mientras que apenas 7.230 tienen personería jurídica vigente. También hay 6.243 fundaciones registradas, pero apenas 2.726 mantienen al día su personería. ¿Total?

Sólo 9.956 entidades tienen los papeles en regla para operar en el país: una de cada diez.

Aunque cada provincia tiene su organismo responsable de otorgar la personería jurídica, el registro porteño es el más representativo.

El altísimo nivel de informalidad –que por ejemplo reduce la posibilidad de recibir donaciones claves para la supervivencia– responde a una estructura legal inadecuada (ver página 42), pero también a una creciente maraña burocrática que multiplica los papeles necesarios para operar, o cambia las condiciones súbitamente. “Hay acciones combinadas que van restringiendo las capacidades de impacto y acción de las organizaciones de la sociedad civil”, dice el secretario de la Confederación, Carlos March. “Algunas fueron activadas por este gobierno, otras eran anteriores y no las cambiaron.” En palabras del titular de otra importante organización que tiene relación con muchas ONG locales y otras del exterior –y que contó su experiencia a cambio de mantener su nombre bajo reserva–, “se modificaron leyes que restringen las donaciones, y que dejaron a las organizaciones en un estado de fragilidad. No son medidas ilegales, pero están al límite de la ilegalidad.” Su diagnóstico con respecto al trato que el Gobierno dispensa al sector es sombrío: “hay un claro retroceso en el llamado ‘espacio de gestación de la sociedad civil’ ”.

El financiamiento es la llave maestra para asfixiar a las ONG menos robustas, o las que por su agenda son más dependientes de los fondos que reciben desde el exterior. Sin un criterio claro –ni mucho menos un soporte legal ecuánime–, la distribución y renovación de los subsidios estatales es casi totalmente discrecional, y una decena de fuentes consultadas por este diario coincidió en que funciona como látigo para condicionar la independencia de las organizaciones, o para seducir a las más proclives a sumarse al elenco oficial. Aunque los consultados enumeran varios ejemplos, el más famoso y contundente es el de las Madres de Plaza de Mayo, que entre otros subsidios y apoyos terminaron manipulando –con una pericia que está bajo la lupa de la justicia– cientos de millones de pesos a través del programa Sueños Compartidos.

El club de las organizaciones amigas se nutre de los autoproclamados “movimientos sociales”, como el Evita, Miles –creación de Luis D’Elía– o la jujeña Tupac Amaru de Milagro Sala, que nada tienen que ver con las ONG.

La afinidad ideológica también acercó al gobierno –casi sin objeciones– al prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una voz poderosa a nivel internacional entre los defensores de los derechos humanos. En varias reuniones con organizaciones del exterior interesadas en evaluar el funcionamiento institucional argentino – Clarín reconstruyó dos, una de las cuales fue convocada por representantes de la Unión Europea– la voz del CELS fue a contramano de la opinión de otras asociaciones con las que muchas veces había compartido acciones y campañas, como Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación por la Igualdad y la Justicia y el CIPPEC.

Estas cuatro organizaciones, que desde hace años trabajan por la calidad democrática, fueron acusadas desde el Estado de ser “destituyentes”, en un spot televisivo difundido por el noticiero de canal 7 (ver página 42). La misma técnica empleó hace pocos días Radio Nacional para ensuciar con información falsa al Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Volvamos al financiamiento. El 24 de agosto del año pasado, sin advertencia previa e inmediatamente después de haber difundido a través de Clarín un relevamiento de precios que reflejaba varios aumentos, la asociación Consumidores Libres, que dirige el ex diputado socialista Héctor Polino, fue suspendida del registro de asociaciones de consumidores que a través de la subsecretaría de Defensa del Consumidor, depende de la Secretaría de Comercio comandada por Guillermo Moreno. Esa suspensión, a su vez, lo inhabilita para recibir subsidios oficiales. “Hasta el día de hoy no resolvieron más nada. O la suspensión pasa a ser definitiva o se levanta. Pero desde entonces no pasó nada”, dice Polino a Clarín. “Esa suspensión nos dejó sin el subsidio, que durante 2011 había sumado 69.690 pesos y que para nosotros tiene un alto impacto, porque no cobramos ni un peso a los consumidores por nuestro asesoramiento. Si esto no se resuelve, en cuatro o cinco meses deberemos cerrar”.

La medida contra Consumidores Libres, que cayó como un rayo en el mundo de las ONG, se repitió hace menos de dos meses contra la Unión de Consumidores de Argentina que dirige Fernando Blanco Muiño –después de ser interrogado por el origen de los fondos con que pagó una solicitada publicada en Clarín contra el cepo publicitario de los supermercados– y hace sólo dos días contra Adecua, la asociación de consumidores que conduce Sandra González.

La horca presupuestaria aprieta especialmente a los destinatarios de la cooperación internacional, es decir de los fondos que gobiernos, fundaciones y organizaciones extranjeros u organismos multilaterales vuelcan en los proyectos de las organizaciones civiles argentinas que los consiguen. La primera valla es general: como para otras actividades, el cepo cambiario y las trabas al flujo de dólares entorpecen la llegada de este dinero. El acoso se acentúa con los“seguimientos especiales” de la AFIP o la Unidad de Investigación Financiera sobre esos fondos. Pero si esto no fuera suficiente, la presión puede ser más directa. Hace cuatro años, la Cancillería envió una carta reservada a las embajadas de los países más activos en la cooperación internacional, para pedirles información sobre los destinatarios de ese dinero, y una futura participación en la selección de los afortunados (ver facsímil). Aún bajo la sordina que impone la diplomacia, el escándalo congeló la iniciativa.

Otro mecanismo de desaliento a la cooperación internacional es el discurso oficial sobre el éxito del modelo económico argentino y la posición del país más como donante que como potencial receptor de fondos. “Como el nuestro es un país de renta media, las organizaciones que se dedican a temas descuidados por el Estado o que se ocupan de controlar la acción estatal deben desarrollar una política pro activa de posicionamiento del país para conseguir donaciones”, advierte Carlos March.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es otra fuente de recursos para las ONG. Pero para que sus proyectos puedan aspirar a ese dinero, es necesario que el gobierno argentino emita una carta de “no objeción” a la transferencia. Esa carta se tramita en una Secretaría de la Cancillería, pero también en otra dependencia del Ministerio de Economía. Y entre malentendidos, omisiones y superposiciones, no siempre llega.

Clarín recogió testimonios sobre interferencias directas del gobierno al acceso de al menos dos organizaciones al FOMIN, pero fuentes del BID niegan problemas: “en este momento hay 30 proyectos en curso, por un total de 41,5 millones de dólares.” Sin embargo, y en coincidencia con las denuncias que recibió este diario, la página web del FOMIN no registra desembolsos aprobados a la Argentina desde el 4 de noviembre de 2011. La Cancillería no respondió las preguntas de Clarín.

Para reducir esta dependencia de los fondos oficiales o internacionales, organizaciones como la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS) entrenan a las ONG para diversificar sus fuentes de ingresos, y apuestan al despertar de los donantes individuales.

“Hay muchas organizaciones en Argentina que ya cuentan con miles de donantes que realizan un aporte (muchas veces pequeño) todos los meses con su tarjeta de crédito. Sin embargo, esta forma de participación es todavía baja. Desde AEDROS queremos aportar a este cambio cultural, para ayudar a la sustentabilidad de las organizaciones, pero sobre todo porque un aumento en este sentido reflejaría un crecimiento de la conciencia e interés en la sociedad por el bien común”, dice la directora ejecutiva de la asociación, Mariel Becker.

En Argentina circulan unos doce millones de tarjetas de crédito, pero apenas medio millón de donantes regulares. Según un estudio de Poliarquía difundido este verano, sólo el 10% de los argentinos hace aportes regulares a entidades de bien público. ¿El principal motivo? La falta de información sobre cómo y a quién donar dinero. Para revertir este panorama, y junto con la Fundación Noble, AEDROS lanzó la campaña de concientización “Cansate de donar”. En la página webcansatededonar.org se publica información útil, consejos, respuestas a preguntas frecuentes y un directorio de organizaciones.

El velo que el Gobierno tiende para ensombrecer la tarea de las ONG puede ser sutil, como el que según dos testimonios soportó la prestigiosa organización Cimientos, que se dedica a la educación y de golpe habría sido desplazada de las escuelas en las que trabajaba en Mar del Plata y enredada en una burocracia de permisos en Santa Fe. Aunque sus voceros amablemente declinaron hablar con Clarín, fuentes del sector también aseguran que el ministerio de Educación nacional canceló las reuniones periódicas con organizaciones dedicadas a ese tema, que se realizaban desde hace años.

Pero hay otras formas de intervención más brutales, como la que padecieron las instituciones espiadas por el Estado a través del Proyecto X de la Gendarmería, o la infiltración del policía federal Américo Balbuena como falso periodista de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, cuya presencia era habitual, por ejemplo, en las marchas y escraches que la fundación La Alameda realiza contra prostíbulos y talleres clandestinos de costura en los que emplea mano de obra esclava, y que –denuncian ellos– en muchos casos cuentan con protección policial.

El verdadero trabajo de Balbuena fue descubierto este año. “Nosotros pedimos de inmediato un Habeas Data al ministerio de Seguridad para conocer qué información había recogido, pero no nos respondieron. Después lo replicamos ante la justicia, pero aún esperamos respuesta. Estoy muy preocupado, no puede ser que a 30 años de la recuperación de la democracia ocurran estas cosas con total impunidad”, se indigna el abogado de La Alameda y de la Defensoría del Pueblo porteña, Mario Ganora. Y supone que nada puede ser peor.


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