Ahorcar a la sociedad civil es asfixiar a la democracia.
Es privarla del oxígeno de la alternancia de roles, de la diversidad de actores, de la pluralidad de ideas, de la libertad de acción. Cooptar organizaciones sociales desde la discrecionalidad de los subsidios a cambio de obediencia debida, es apretar el cuello de la democracia en su punto más débil.
A diez años de gobierno, mantener vigentes laspolíticas impulsadas por Domingo Cavalloen relación a la restricción de beneficios fiscales de fomento de la filantropía y a la negación de marcos legales que faciliten la tarea de las organizaciones sociales, es ponerle la soga al cuello a la sustentabilidad y formalización de la sociedad civil.
Cuando se implementa desde Cancillería un relato que aleja a la Argentina del foco de la cooperación internacional y se diseñan políticas de aislamiento internacional que hacen que los organismos multilaterales no aprueben más donaciones para el país como sucede desde hace un año y medio, se secan los presupuestos de las organizaciones sociales y se le practica un submarino seco a la democracia.
Emplear los medios de comunicación estatales para difamar a las organizaciones con informes amañados, suspender de los registros públicos a entidades sociales sometiéndolas a la asfixia financiera, utilizar a policías para infiltrar agencias de noticias para obtener información sobre los movimientos sociales y atesorar datos de dirigentes sociales en bases de información con el objetivo de que Gendarmería Nacional monte un Proyecto X para hacerles la cruz, es ahogar a la democracia con la misma espina que el relato oficial se jacta de habernos quitado.
Esta situación demuestra que no se necesita implementar el estado de sitio para sitiar a la sociedad civil.
*Secretario de la Confederación de la Sociedad CIvil
El Gobierno acosa y hostiga a las ONG no oficialistas
Usa espionaje, burocracia o traba su financiamiento. Y busca reemplazarlas
01/09/13
“La crisis económica ya terminó, gracias por lo que hicieron en estos años.
Ahora el Estado se va a ocupar de todo, no necesitamos más el aporte de ustedes”. Sin rodeos, el alto funcionario de la Cancillería despidió a sus azorados interlocutores en una de las varias reuniones que en los últimos dos años se fueron celebrando en distintas dependencias del Gobierno con representantes de organizaciones de la sociedad civil. No era más que la confirmación personal de unahostilidad que habían comenzado a sentir con claridad desde 2007, y que aún las sigue atenazando.
Durante dos meses, Clarín recopiló testimonios y pruebas de este acoso oficial, que a través de medidas expresas y otras difusas interfiere en la tarea de miles de organizaciones no gubernamentales tan disímiles como, por ejemplo, las fundaciones filantrópicas de las grandes empresas, las asociaciones civiles que controlan la transparencia gubernamental y la calidad democrática o las que velan por los intereses de los consumidores, los distintos grupos religiosos que realizan tareas específicas o los comedores populares y entidades de bien público que trabajan en los barrios humildes.
Multiplicación de papeles, permisos y licencias para funcionar, trabas legales o burocráticas para poder recibir donaciones o financiamiento internacional, retiro de la membresía en padrones oficiales en los que es clave figurar para trabajar bajo la ley, eliminación de foros y espacios de intercambio entre funcionarios y organizaciones civiles, sanción de leyes y reglamentos que restringen la información necesaria para desempeñarse, campañas de desprestigio emitidas por los medios de comunicación oficiales y hasta acciones de espionaje e infiltración, son algunas de las piedras que entorpecen la marcha de estas organizaciones.
Empecemos por el principio: el estatus legal. Aunque diversos estudios estiman que en Argentina funcionan entre 80.000 y 120.000 ONG, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por la Confederación de la Sociedad Civil la AFIP admitió tener en regla 7.637, y en la Inspección General de Justicia –donde se registran las fundaciones y las asociaciones civiles– hay sólo unas 10.000 con personería vigente.
AFIP concluyó en 2008 un reempadronamiento de las organizaciones sin fines de lucro que están exentas del impuesto a las ganancias, tras el cual cayó la cantidad de asociaciones civiles de 20.264 a 3.722.
Las fundaciones que gozan del beneficio son 3.915.
En la IGJ –que inscribe a las que funcionan en la ciudad de Buenos Aires– las asociaciones civiles registradas son 18.363, mientras que apenas 7.230 tienen personería jurídica vigente. También hay 6.243 fundaciones registradas, pero apenas 2.726 mantienen al día su personería. ¿Total?
Sólo 9.956 entidades tienen los papeles en regla para operar en el país: una de cada diez.
Aunque cada provincia tiene su organismo responsable de otorgar la personería jurídica, el registro porteño es el más representativo.
El altísimo nivel de informalidad –que por ejemplo reduce la posibilidad de recibir donaciones claves para la supervivencia– responde a una estructura legal inadecuada (ver página 42), pero también a una creciente maraña burocrática que multiplica los papeles necesarios para operar, o cambia las condiciones súbitamente. “Hay acciones combinadas que van restringiendo las capacidades de impacto y acción de las organizaciones de la sociedad civil”, dice el secretario de la Confederación, Carlos March. “Algunas fueron activadas por este gobierno, otras eran anteriores y no las cambiaron.” En palabras del titular de otra importante organización que tiene relación con muchas ONG locales y otras del exterior –y que contó su experiencia a cambio de mantener su nombre bajo reserva–, “se modificaron leyes que restringen las donaciones, y que dejaron a las organizaciones en un estado de fragilidad. No son medidas ilegales, pero están al límite de la ilegalidad.” Su diagnóstico con respecto al trato que el Gobierno dispensa al sector es sombrío: “hay un claro retroceso en el llamado ‘espacio de gestación de la sociedad civil’ ”.
El financiamiento es la llave maestra para asfixiar a las ONG menos robustas, o las que por su agenda son más dependientes de los fondos que reciben desde el exterior. Sin un criterio claro –ni mucho menos un soporte legal ecuánime–, la distribución y renovación de los subsidios estatales es casi totalmente discrecional, y una decena de fuentes consultadas por este diario coincidió en que funciona como látigo para condicionar la independencia de las organizaciones, o para seducir a las más proclives a sumarse al elenco oficial. Aunque los consultados enumeran varios ejemplos, el más famoso y contundente es el de las Madres de Plaza de Mayo, que entre otros subsidios y apoyos terminaron manipulando –con una pericia que está bajo la lupa de la justicia– cientos de millones de pesos a través del programa Sueños Compartidos.
El club de las organizaciones amigas se nutre de los autoproclamados “movimientos sociales”, como el Evita, Miles –creación de Luis D’Elía– o la jujeña Tupac Amaru de Milagro Sala, que nada tienen que ver con las ONG.
La afinidad ideológica también acercó al gobierno –casi sin objeciones– al prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una voz poderosa a nivel internacional entre los defensores de los derechos humanos. En varias reuniones con organizaciones del exterior interesadas en evaluar el funcionamiento institucional argentino – Clarín reconstruyó dos, una de las cuales fue convocada por representantes de la Unión Europea– la voz del CELS fue a contramano de la opinión de otras asociaciones con las que muchas veces había compartido acciones y campañas, como Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles, la Asociación por la Igualdad y la Justicia y el CIPPEC.
Estas cuatro organizaciones, que desde hace años trabajan por la calidad democrática, fueron acusadas desde el Estado de ser “destituyentes”, en un spot televisivo difundido por el noticiero de canal 7 (ver página 42). La misma técnica empleó hace pocos días Radio Nacional para ensuciar con información falsa al Foro de Periodismo Argentino (Fopea).
Volvamos al financiamiento. El 24 de agosto del año pasado, sin advertencia previa e inmediatamente después de haber difundido a través de Clarín un relevamiento de precios que reflejaba varios aumentos, la asociación Consumidores Libres, que dirige el ex diputado socialista Héctor Polino, fue suspendida del registro de asociaciones de consumidores que a través de la subsecretaría de Defensa del Consumidor, depende de la Secretaría de Comercio comandada por Guillermo Moreno. Esa suspensión, a su vez, lo inhabilita para recibir subsidios oficiales. “Hasta el día de hoy no resolvieron más nada. O la suspensión pasa a ser definitiva o se levanta. Pero desde entonces no pasó nada”, dice Polino a Clarín. “Esa suspensión nos dejó sin el subsidio, que durante 2011 había sumado 69.690 pesos y que para nosotros tiene un alto impacto, porque no cobramos ni un peso a los consumidores por nuestro asesoramiento. Si esto no se resuelve, en cuatro o cinco meses deberemos cerrar”.
La medida contra Consumidores Libres, que cayó como un rayo en el mundo de las ONG, se repitió hace menos de dos meses contra la Unión de Consumidores de Argentina que dirige Fernando Blanco Muiño –después de ser interrogado por el origen de los fondos con que pagó una solicitada publicada en Clarín contra el cepo publicitario de los supermercados– y hace sólo dos días contra Adecua, la asociación de consumidores que conduce Sandra González.
La horca presupuestaria aprieta especialmente a los destinatarios de la cooperación internacional, es decir de los fondos que gobiernos, fundaciones y organizaciones extranjeros u organismos multilaterales vuelcan en los proyectos de las organizaciones civiles argentinas que los consiguen. La primera valla es general: como para otras actividades, el cepo cambiario y las trabas al flujo de dólares entorpecen la llegada de este dinero. El acoso se acentúa con los“seguimientos especiales” de la AFIP o la Unidad de Investigación Financiera sobre esos fondos. Pero si esto no fuera suficiente, la presión puede ser más directa. Hace cuatro años, la Cancillería envió una carta reservada a las embajadas de los países más activos en la cooperación internacional, para pedirles información sobre los destinatarios de ese dinero, y una futura participación en la selección de los afortunados (ver facsímil). Aún bajo la sordina que impone la diplomacia, el escándalo congeló la iniciativa.
Otro mecanismo de desaliento a la cooperación internacional es el discurso oficial sobre el éxito del modelo económico argentino y la posición del país más como donante que como potencial receptor de fondos. “Como el nuestro es un país de renta media, las organizaciones que se dedican a temas descuidados por el Estado o que se ocupan de controlar la acción estatal deben desarrollar una política pro activa de posicionamiento del país para conseguir donaciones”, advierte Carlos March.
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es otra fuente de recursos para las ONG. Pero para que sus proyectos puedan aspirar a ese dinero, es necesario que el gobierno argentino emita una carta de “no objeción” a la transferencia. Esa carta se tramita en una Secretaría de la Cancillería, pero también en otra dependencia del Ministerio de Economía. Y entre malentendidos, omisiones y superposiciones, no siempre llega.
Clarín recogió testimonios sobre interferencias directas del gobierno al acceso de al menos dos organizaciones al FOMIN, pero fuentes del BID niegan problemas: “en este momento hay 30 proyectos en curso, por un total de 41,5 millones de dólares.” Sin embargo, y en coincidencia con las denuncias que recibió este diario, la página web del FOMIN no registra desembolsos aprobados a la Argentina desde el 4 de noviembre de 2011. La Cancillería no respondió las preguntas de Clarín.
Para reducir esta dependencia de los fondos oficiales o internacionales, organizaciones como la Asociación de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales (AEDROS) entrenan a las ONG para diversificar sus fuentes de ingresos, y apuestan al despertar de los donantes individuales.
“Hay muchas organizaciones en Argentina que ya cuentan con miles de donantes que realizan un aporte (muchas veces pequeño) todos los meses con su tarjeta de crédito. Sin embargo, esta forma de participación es todavía baja. Desde AEDROS queremos aportar a este cambio cultural, para ayudar a la sustentabilidad de las organizaciones, pero sobre todo porque un aumento en este sentido reflejaría un crecimiento de la conciencia e interés en la sociedad por el bien común”, dice la directora ejecutiva de la asociación, Mariel Becker.
En Argentina circulan unos doce millones de tarjetas de crédito, pero apenas medio millón de donantes regulares. Según un estudio de Poliarquía difundido este verano, sólo el 10% de los argentinos hace aportes regulares a entidades de bien público. ¿El principal motivo? La falta de información sobre cómo y a quién donar dinero. Para revertir este panorama, y junto con la Fundación Noble, AEDROS lanzó la campaña de concientización “Cansate de donar”. En la página webcansatededonar.org se publica información útil, consejos, respuestas a preguntas frecuentes y un directorio de organizaciones.
El velo que el Gobierno tiende para ensombrecer la tarea de las ONG puede ser sutil, como el que según dos testimonios soportó la prestigiosa organización Cimientos, que se dedica a la educación y de golpe habría sido desplazada de las escuelas en las que trabajaba en Mar del Plata y enredada en una burocracia de permisos en Santa Fe. Aunque sus voceros amablemente declinaron hablar con Clarín, fuentes del sector también aseguran que el ministerio de Educación nacional canceló las reuniones periódicas con organizaciones dedicadas a ese tema, que se realizaban desde hace años.
Pero hay otras formas de intervención más brutales, como la que padecieron las instituciones espiadas por el Estado a través del Proyecto X de la Gendarmería, o la infiltración del policía federal Américo Balbuena como falso periodista de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, cuya presencia era habitual, por ejemplo, en las marchas y escraches que la fundación La Alameda realiza contra prostíbulos y talleres clandestinos de costura en los que emplea mano de obra esclava, y que –denuncian ellos– en muchos casos cuentan con protección policial.
El verdadero trabajo de Balbuena fue descubierto este año. “Nosotros pedimos de inmediato un Habeas Data al ministerio de Seguridad para conocer qué información había recogido, pero no nos respondieron. Después lo replicamos ante la justicia, pero aún esperamos respuesta. Estoy muy preocupado, no puede ser que a 30 años de la recuperación de la democracia ocurran estas cosas con total impunidad”, se indigna el abogado de La Alameda y de la Defensoría del Pueblo porteña, Mario Ganora. Y supone que nada puede ser peor.
La Fundación Alameda radicó este miércoles 7 una denuncia penal contra el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Arturo Puricelli y operativamente de Sergio Berni, por la negativa de la Policía Federal Argentina (PFA) a informar respecto a las tareas del oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, que había ingresado a la Agencia Walsh de noticias haciéndose pasar por periodista, y desde allí realizó espionaje durante años a los integrantes de la Alameda.
El espía Américo Balbuena
Mediante la ley de Habeas Data (art. 14 de la ley 25326) requerimos por nota al Ministerio de Seguridad de la Nación el 13 de mayo poder acceder a los datos que las fuerzas de seguridad disponen de la ong, y exigir la corrección de la información inexacta y la supresión de los datos cuyo registro está prohibido.
Todas las divisiones de la PFA rechazaron ante la cartera de Seguridad que realicen espionaje (esto quedó registrado en el expediente MS N°14.719/13). Pero esta respuesta formal del Ministerio de Seguridad es grotesca ya que nunca pidieron explicaciones al oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, tampoco a su superior el comisario mayor Roque Carlos Luna,jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.
Este proceder del ministro Puricelli y su segundo Berni no hace más que ponerse objetivamente del lado de la fuerza de seguridad que debe controlar y realizan espionaje, es lo contrario a la tutela de la garantía constitucional del habeas data prevista en el art. 43 C.N.
Por esa respuesta ridícula es que en la denuncia penal en los tribunales federales del fuero Contencioso y Administrativo requerimos se libre oficio al Ministerio de Seguridad para que libre un amplio informe circunstanciado acerca de la información que dispone de a Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo originada en labores de inteligencia de la Policía Federal Argentina. Asimismo que informe las funciones que desempeña o desempeñaba el señor Américo Alejandro Balbuena en la Policía Federal Argentina el Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.
También solicitamos que se libre oficio a la cartera de Seguridad a fin de que remita el expediente MS N°14.719/13.
Gustavo Vera grabado por Belbuena
Como prueba del espionaje acompañamos en la denuncia una filmación de las reiteradas presencias del oficial Balbuena en los escraches y manifestaciones realizadas por La Alameda así como la copia de alguna de las notas publicadas por dicha persona en la Agencia Walsh de noticias relativas a nuestra organización.
Igual no desconocemos que por la ley orgánica de la PFA y su reglamentación (decreto-ley 333/58 y decreto-ley 6580/58 ratificados por ley 14.467) se autoriza la realización de tareas de espionaje que hoy están en colisión con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estas normativas surgidas en otra época no respetuosa de la dignidad humana no pueden ser utilizadas para convalidar la vulneración de privacidad ni el espionaje de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia.
Cabe destacar que es habitual que en las tareas de espionaje se utilice la fachada del periodismo por cuanto permite fisgonear, ganar la confianza, simular la simpatía por la lucha que se lleva a cabo, obtener información y sacar vistas fotográficas sin despertar sospechas de las personas objeto de vigilancia. El proceder de Balbuena es, en este sentido, “de libro de texto”.
Más información:
4115-5071 / 4671-4690
DENUNCIA PENAL COMPLETA:
INTERPONE ACCIÓN DE HABEAS DATA (art. 43 C.N. y 33 y cc. Ley 25.326)
Señor Juez:
Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo” (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011), con el patrocinio letrado de los Dres. Mario Fernando Ganora ( T° 36 F° 227 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) y Alfredo Carlos Beizuhn (T° 109 F° 372 CACF), con domicilio en Av. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta y dice:
1) Objeto:
Que por el presente vienen a articular acción de habeas data prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional y 33 y concordantes de la ley 25326 contra el Ministerio de Seguridad de la Nación dependiente del Poder Ejecutivo Nacional con domicilio en de Capital Federal a fin de tener fehacientemente acceso a los datos que esta repartición disponga acerca de la actora, exigir la corrección de la información inexacta y la supresión de los datos cuyo registro está prohibido (art. 33 incs. a) y b) de la ley 25.326).
2) Hechos:
La “Fundación Alameda Por la Lucha contra el Trabajo Esclavo” (aprobada por Res. IGJ 553 del 29 de abril de 2011) tiene como objeto las “Acciones tendientes a erradicar, concientizar e informar, sobre el trabajo esclavo y sus formas análogas, como así también sobre el trabajo irregular en sus distintas variantes, impulsando acciones tendientes a defender los derechos del trabajador en sus diferentes modalidades. Los objetivos expuestos son enunciativos y en ningún caso limitativos de la acción de la fundación”
En cumplimiento de sus fines específicos y como es de público conocimiento, la Fundación investiga y denuncia casos de esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y trabajo forzado así como los mecanismos de trata de personas asociados a ellos tanto en lo que hace a la explotación laboral y como a la sexual, sea de adultos o de niños. Estos delitos están, por su naturaleza vinculados con el crimen organizado.
En la actualidad tenemos denunciadas penalmente numerosas marcas de ropa ante juzgados federales por basar su producción en talleres en los que habría situaciones de explotación de la mano de obra reclutada mediante mecanismos de trata y reducida a condiciones análogas a la esclavitud. También se han denunciado a varias redes de trata de personas y explotación de la prostitución ajena en locales sitos en los barrios de Flores, Once, Monserrat, Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires como en las ciudades de Mar del Plata y La Plata en Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Asimismo se ha denunciado a decenas de empresas por utilización de trabajo esclavo e infantil ubicadas en tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la de Mendoza. Varias de esas denuncias las realizamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con el GCBA (durante el período en que Jorge Telerman se desempeñó como) Jefe de Gobierno) con el respaldo de diputados nacionales de varios partidos, etc. También hemos patrocinado a la auxiliar de la policía, Gladys Nancy Miño Velázquez en su detallada denuncia sobre corrupción de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.
En la gran mayoría de las investigaciones realizadas fue común encontrarse con situaciones de participación o, en el mejor de los casos, de encubrimiento y cohecho en las que estaban involucrados efectivos y comisarías de la Policía Federal que oportunamente fueron denunciados a los juzgados donde se tramitan las causas en las que se investigan las denuncias. Los resultados de nuestras investigaciones fueron también puestos en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación y se mantuvieron reuniones con los funcionarios del área en reiteradas ocasiones para hacer llegar nuestras inquietudes.
Teníamos entendido que el Ministerio de Seguridad tenía bien clara idea de nuestra legal y transparente forma de proceder, por lo que resultó de nuestra máxima sorpresa la circunstancia de que un funcionario de la Policía Federal Argentina, el oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena, que había ingresado a la Agencia Walsh de noticias haciéndose pasar por periodista, realizara tareas de espionaje en nuestra Fundación. Este oficial de policía responde al Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos. Corresponde dejar sentado que de conformidad con el art. 39 de la ley 24.059 la Policía Federal Argentina depende orgánicamente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Como prueba de lo afirmado acompañamos la filmación de la presencia del oficial Balbuena en las marchas y manifestaciones realizadas por La Alameda así como la copia de alguna de las notas publicadas por dicha persona en la Agencia Walsh de noticias relativas a nuestra organización. Este individuo, que, como dijimos, se hacía pasar por periodista, recababa mediante esta impostura información de las personas y de los acontecimientos para luego comunicarla a sus superiores. Cabe destacar que es habitual que en las tareas de espionaje se utilice la fachada del periodismo por cuanto permite fisgonear, ganar la confianza, simular la simpatía por la lucha que se lleva a cabo, obtener información y sacar vistas fotográficas sin despertar sospechas de las personas objeto de vigilancia. El proceder de Balbuena es, en este sentido, “de libro de texto”.
Pero independientemente de lo grosero de la maniobra, lo cierto es que esta conducta de infiltración y espionaje es ilícita de conformidad con el art. 4 inc. 2 de la ley 25520 que dispone que está prohibido: “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”
También resulta ilícita según lo dispuesto en los arts. 2, 4 y 7 de la ley 25326. En efecto, la privacidad es un Derecho Humano reconocido en los arts. 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propia ley civil recoge estos principios en el art. 1071 bis C.C. y provee de una acción para poner fin a la actividad de quienes se entrometen en la intimidad ajena. La Policía Federal no está exenta de esas obligaciones y responsabilidades.
La realización de actividad de inteligencia respecto de la Fundación y de sus integrantes sólo podría encontrar justificación si se estuviera realizando en el marco de una investigación criminal y con intervención de los magistrados judiciales y del Ministerio público Fiscal.
No se nos escapa que la ley orgánica de la Policía Federal Argentina y su reglamentación (Decreto-Ley 333/58 y Decreto-Ley 6580/58 ratificados por ley 14.467) autorizan la realización de tareas de espionaje que hoy están en colisión con la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Estas normativas surgidas en otra época no respetuosa de la dignidad humana no pueden ser utilizadas para convalidar la vulneración de privacidad ni el espionaje de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia.
En virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 25326 (Habeas Data) requerimos al Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente acción prevista en los arts. 33 y concordantes de la ley 23.326, que en el plazo de diez días corridos informara sobre los siguientes puntos:
1 Si la Fundación Alameda por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo se encuentra sometida a vigilancia por parte de la Policía Federal Argentina en razón de lo dispuesto en el art. 58 del Decreto- Ley 6580/58.
2 Si los directivos e integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, así como aquellos frecuentan su trato personal o comercial y los lugares o locales donde se reúnen se encuentran sometidos a vigilancia especial por parte de la Policía Federal Argentina en virtud de lo dispuesto en el art. 79 del Decreto –Ley 6580/58.
3 Si las informaciones que habrían sido recogidas en virtud de la vigilancia dispuesta por las razones precedentes han sido reunidas en registros individualizadores conforme lo dispuesto en el art. 82 del Decreto-Ley 6580/58.
4 Si se han recibido en la Policía Federal Argentina comunicaciones de otras fuerzas de seguridad, nacionales o extranjeras, que califiquen de peligrosas las personas de los integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo o de las actividades que realizan que hayan justificado la observación o calificación por parte de la superintendencia de Investigaciones (art. 85 del Decreto-Ley 6580/58).
5 De ser así se exhiban los datos recogidos a los fines de su rectificación o supresión (art. 43 de la Constitución Nacional.
6 Para el supuesto caso de que las medidas de inteligencia se hubieren realizado en el marco de una investigación judicial solicitamos se informe cuál es el tribunal interviniente,
Lamentablemente no obtuvimos una respuesta satisfactoria en los términos del art. 14 inc. 2° la ley 25.326 por lo que nos vimos en la necesidad de promover la presente acción. En efecto, al tomar conocimiento del Expediente MS N°14.719/13 del Ministerio de Seguridad observamos que éste sólo se limitó a requerir un informe a las distintas reparticiones de la Policía Federal las que, por supuesto, respondieron negativamente a lo que se les requería. Pero esta actividad puramente formal del Ministerio de Seguridad es más que insatisfactoria por cuanto no toma en cuenta lo manifestado por la requirente respecto del accionar del oficial de inteligencia Américo Alejandro Balbuena ni de su superior el Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos, los que no fueron inquiridos acerca de su actividad respecto de La Alameda. Este proceder puramente formal del Ministerio de Seguridad, que en definitiva no hace más que ponerse objetivamente del lado de la fuerza de seguridad que debe controlar, es lo contrario a la tutela de la garantía constitucional del habeas data prevista en el art. 43 C.N. Debemos recordar que respecto de la garantía del habeas corpus se plantearon situaciones similares con motivo de que el Poder Ejecutivo Nacional no se tomaba en serio la obligación de proveer de los informes. Fue así necesario que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se viera en la obligación de llamar la atención del poder Ejecutivo en los casos “Pérez de Smith, Ana M y otros” (CJN Fallos 297:338) y “Diez, Cristina” (CJN Fallos (302:964) exigiéndole que intensificaran las medidas de investigación para que los jueces pudieran ejercer su imperio constitucional resolviendo con la necesaria efectividad que exige el derecho, los recursos interpuestos. La idea de la Corte Suprema de la Nación es que las garantías constitucionales deben tener efectiva vigencia y no ser una pura declamación. En este caso, mutatis mutandis, la garantía constitucional del habeas data se torna una abstracción declamatoria de admitirse la validez de informes así confeccionados.
3) Derecho:
Como se ha dicho más arriba la privacidad es un Derecho Humano reconocido en los arts. 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propia ley civil recoge estos principios en el art. 1071 bis C.C. y provee de una acción para poner fin a la actividad de quienes se entrometen en la intimidad ajena. Cabe destacar que el actual art. 43 de la Constitución Nacional consagra como remedio para este tipo de casos la acción de habeas data.
En efecto, nos asiste el derecho de tomar conocimiento de los datos que existen sobre nosotros en los registros o bancos de datos privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación exigir judicialmente la supresión, rectificación o actualización de los mismos.
Demás está decir el peligro para la libertad, el honor y la propiedad de las personas que entrañan los referidos registros cuando son mal llevados o se distorsiona la finalidad para la que fueron creados. El actual art. 43 de la Constitución Nacional se enmarca en esa doctrina de la necesidad de contener el abuso del poder mediante el acceso a la información disponible sobre datos personales en los registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes para evitar que con falsedades o fines ajenos a los de su creación y mantenimiento se perjudiquen los derechos de las personas.
Como bien se ha señalado por nuestros tribunales: “El habeas data tiene cinco objetivos principales: a) que una persona pueda acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos; b) que se actualicen datos atrasados; c) que se rectifiquen datos inexactos; d) que se asegure la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su conocimiento por terceros; y e) supresión del requisito de la llamada información sensible como tal la referida a la vida íntima, ideas políticas, religiosas o gremiales” (C. Nac. Cont. Adm. sala 4 5/9/95- Farrel, Desmond A. v. Banco central de la república Argentina y otros s/ amparo ley 16.986) J.A. 1995-IV-350.
Así se ha sostenido que:
“La vía del art. 43 C.N. se encuentra prevista para tomar conocimiento de datos referidos al afectado y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos” (C.Nac. Com., sala D, 13/5/96- Figueroa Hnos. S.A. v. Banco de la provincia de Santiago del estero s/sumarísimo).
“El art. 43 C.N. prevé que toda persona puede interponer la acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. (C.Nac/ Cont. Adm., sala IV 4/10/95- Gaziglia, Carlos R. y otro v. BCRA y otro s/amparo ley 16.986).
3.2. Trámite de la acción:
Atento a que se ha dictado la ley 25.326 que reglamenta el ejercicio de la acción de habeas data, corresponde que se le de a la presente el trámite previsto en los arts. 33 y concordantes del referido cuerpo legal sin perjuicio de aplicar directamente los preceptos constitucionales en aquellas cuestiones que no estén específicamente contempladas.
Por otra parte, no se puede pasar por alto que el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, da suficientes criterios como para organizar dichas acciones aún cuando no exista una exhaustiva reglamentación legal.
Para finalizar cabe tener en cuenta que la acción de habeas data es una garantía constitucional y que por lo tanto resulta pertinente traer a colación lo sostenido ya hace mucho tiempo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Siri” el 27 de diciembre de 1957 en el sentido de que “Que basta esta comprobación inmediata para que la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, las cuales son requeridas para establecer “en qué caso y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación”, como dice el art. 18 a propósito de una de ellas. Ya a fines del siglo pasado señalaba “Joaquín V. González: “No son, como puede creerse, las ‘declaraciones, derechos y garantías’, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina” (Manual de la Constitución Argentina, en Obras Completas, Vol 3, Bs. As. 1935, nº 82; confr., además, nº 89 y 90)…”.
Debo señalar asimismo que la circunstancia de que la presente acción vaya dirigida contra un órgano del Estado vinculado a la protección de la seguridad pública no empece a la procedencia de la acción toda vez que resulta de aplicación en la especie la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en el leading case “Ganora, Mario Fernando y otra s/ habeas corpus” (CSJN 322: 2139). En efecto, lo que aquí está en juego es el derecho a la seguridad personal y cabe traer a colación lo expresado por el Dr. Carlos Fayt en el mencionado precedente:
7) Que, sentado lo expuesto, corresponde declarar admisible el recurso interpuesto por los doctores Ganora y Magrini, toda vez que la interpretación que ha efectuado el a quo de la cláusula constitucional del art. 43, párrafo 3Q, ha sido en contra del derecho que en dicha cláusula han fundado los recurrentes (art. 14, inc. 32, de la ley 48).
8) Que, en directa relación con lo resuelto en el considerando 6, debe recordarse -como se ha establecido en Fallos: 321:2767, voto del juez Fayt-, la protección legal que establece el hábeas data se dirige a que el particular interesado tenga la posibilidad de controlar la veracidad de la información y el uso que de ella se haga. En tal sentido, este derecho forma parte de la vida privada y se trata, como el honor y la propia imagen, de uno de los bienes que integran la personalidad. El señorío del hombre sobre sí se extiende a los datos sobre sus hábitos y costumbres, su sistema de valores y de creencias, su patrimonio, sus relaciones familiares, económicas y sociales, respecto de todo lo cual tiene derecho a la autodeterminación informativa. A nivel internacional, y en términos similares, el derecho a la intimidad fue expresamente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al disponerse que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (arts. 12 y 17, respectivamente).
El hábeas data establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional, en este aspecto del análisis, protege la identidad personal y garantiza que el interesado -él y sólo él- tome conocimiento de los datos a él referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos públicos o los privados destinados a proveer informes. Constituye, por tanto, una garantía frente a informes falsos o discriminatorios que pudieran contener y autoriza a obtener su supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
Se trata, pues, de una dimensión del derecho a la intimidad, en conexión de sentido con el art. 19 de la Constitución Nacional; constituye la acción que garantiza el derecho que toda persona tiene “a decidir por sí misma en qué medida compartirá con los demás sus sentimientos, pensamiento y los hechos de su vida personal” (caso “Ponzetti de Balbín”, Fallos: 306:1892).
Por consiguiente, el hábeas data en tanto garantía de un derecho individual, personalísimo, sólo puede ser ejercida por el titular del derecho a interponer la acción, en defensa de aspectos de su personalidad, vinculados con su intimidad, que no pueden encontrarse a disposición del público ni ser utilizados sin derecho; así, garantiza a toda persona que su filiación política, sus creencias religiosas, su militancia gremial, sus antecedentes laborales o académicos, no pueden ser divulgados ni utilizados en su perjuicio por órganos públicos o entes privados.
9) Que, en efecto, corresponde descalificar la inteligencia que fue asignada en autos al texto del art. 43, tercer párrafo de la constitución Nacional, puesto que el alcance irrelevante que consagró esa interpretación, ha generado un absurdo que debe rechazarse (Fa- llos: 111:339 y 289:200, entre otros).
Ello es así, pues la confirmación por la cámara de lo decidido en primera instancia, en tanto sólo sería posible el acceso a la información “pública” o “al alcance de los particulares”, importa desnaturalizar la vigorosa garantía incorporada -como subtipo del amparo- en la Constitución recientemente reformada. Precisamente, frente a la disponibilidad de datos abiertos al público, la norma protege aquellos otros que no se encuentran regularmente “al alcance de los particulares”. De allí la insustituible actividad de la persona a quien ellos se refieren, puesto que de otro modo, la dimensión del derecho a la intimidad que esta garantía contiene, se vería contradictoria e irracionalmente afectada. ::..
De tal manera, los datos obrantes en las fuerzas y organismos de seguridad, incluso los reservados y con carácter secreto, están especialmente contenidos en la norma examinada. Así lo expresaron con énfasis los constituyentes en ocasión de la reciente reforma de 1994: “…estamos condicionando -no necesariamente anulando, pero sí condicionando parcialmente- lo que es el secreto de Estado; una de las mayores instituciones del Estado moderno, del Estado de Maquiavelo para aquí. A mucha gente molesta el secreto de Estado y con razón porque es evidente que cuanto más amplia es la zona del secreto, tanto más reducida es la zona de transparencia ligada a la construcción de la democracia en la sociedad. De modo que nadie podría hacer el elogio de la necesidad indefinida del secreto de Estado; pero también es cierto que nadie podría imaginar un Estado que no sea capaz de guardar y proteger esta zona oscura, muchas veces ligada a otra de las características del Estado moderno, que es la razón de Estado. Entonces, digo sí; la única solución que tenemos -y es la que vamos a instrumentar con este instituto- no es pensar o imaginar un Estado absolutamente carente de secreto. Lo que sí vamos a hacer es posibilitar que este secreto no sea para siempre. Este secreto está acotado. En la medida en que se funda en alguna necesidad, nadie puede imaginar que ella se prolongue para siempre. Tiene que haber un momento en el cual este secreto se decide racionalmente, y otro en el cual ese secreto es levantado. Entonces, nosotros no desprotegemos al Estado pero tampoco a la sociedad. No dejamos al Estado sin una herramienta decisiva; pero tampoco posibilitamos que un ciudada- no esté indefenso frente a los secretos de Estado…” {Convencional Delich, Sesiones Plenarias de la Convención Nacional Constituyen- te, págs. 5885/86, asimismo, págs. 5888, 5912, 5977, entre otras).
Desde el punto de vista estrictamente procesal corresponde entonces imprimirle el trámite del juicio sumarísimo de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la ley 25.326.
3.3. Competencia:
Resulta competente la justicia federal en razón de que los archivos policiales son nacionales y están interconectados (art. 36 de la ley 25.326).
4. Prueba:
Informativa: Se libre oficio a la demandada a fin de que de un amplio informe circunstanciado acerca de la información que dispone de a Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo originada en labores de inteligencia de la Policía Federal Argentina. Asimismo informe las funciones que desempeña o desempeñaba el señor Américo Alejandro Balbuena en la Policía Federal Argentina el Comisario Mayor Roque Carlos Luna, jefe de la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos.
Se libre oficio a la demandada a fin de que remita el expediente MS N°14.719/13.
Documental: copia del requerimiento formulado al Ministerio de Seguridad de la Nación en virtud de lo dispuesto en el art. 14 de la ley 25.326.
Copia de la documentación que acredita la inscripción de la Fundación Alameda Por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo en la IGJ y para el caso de que sea desconocida se libre oficio a la referida institución estatal de control para que informe acerca de la inscripción de la Fundación.
CD donde consta la circunstancia de la infiltración y espionaje practicado por el señor Amárico Alejandro Balbuena así como las notas periodísticas de la Agencia Walsh.
Copia simple de las partes pertinentes del Expediente MS n° 14.719/13.
Testimonial: Se llame a prestar declaración testimonial a los señores Lucas Schaerer y Lucas Manjon con domicilio en Av. Directorio 3998 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Petitorio
Por todo lo expuesto solicitamos:
1) Se nos tenga por presentados, por parte y con el domicilio constituido;
2) Se determine como primera providencia sustanciar el presente proceso como juicio sumarísimo
3) Se corra traslado de la presente demanda y se solicite informe circunstanciado respecto de los siguientes puntos:
Si la Fundación Alameda por la Lucha Contra el Trabajo Esclavo se encuentra sometida a vigilancia por parte de la Policía Federal Argentina en razón de lo dispuesto en el art. 58 del Decreto- Ley 6580/58.
Si los directivos e integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo, así como aquellos frecuentan su trato personal o comercial y los lugares o locales donde se reúnen se encuentran sometidos a vigilancia especial por parte de la Policía Federal Argentina en virtud de lo dispuesto en el art. 79 del Decreto –Ley 6580/58.
Si las informaciones que habrían sido recogidas en virtud de la vigilancia dispuesta por las razones precedentes han sido reunidas en registros individualizadores conforme lo dispuesto en el art. 82 del Decreto-Ley 6580/58.
Si se han recibido en la Policía Federal Argentina comunicaciones de otras fuerzas de seguridad, nacionales o extranjeras, que califiquen de peligrosas las personas de los integrantes de la Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo o de las actividades que realizan que hayan justificado la observación o calificación por parte de la superintendencia de Investigaciones (art. 85 del Decreto-Ley 6580/58).
De ser así se exhiban los datos recogidos a los fines de su rectificación o supresión (art. 43 de la Constitución Nacional.
Para el supuesto caso de que las medidas de inteligencia se hubieren realizado en el marco de una investigación judicial solicitamos se informe cuál es el tribunal interviniente,
4) Que oportunamente se haga lugar al restablecimiento de los derechos afectados y a la rectificación o supresión de los datos.
(Por La Retaguardia) Durante los últimos meses se registraron varios hechos relacionados con la SIDE y la inteligencia en la Argentina. Uno de los casos más recientes fue el asesinato en su propia casa de “el Lauchón”, nombre con el que se conocía al ex miembro de la SIDE Pedro Viale, vinculado a través de una denuncia de la Fundación La Alameda con el proxeneta y espía Raúl Martins. A su vez, esta semana se conoció la designación al frente del Ejército de César Milani, a quien no solo se acusa por su actuación en la última dictadura militar, sino también por sus tareas de inteligencia dentro de la fuerza. Conversamos con el titular de La Alameda, Gustavo Vera, acerca de estos temas y sobre qué está pasando actualmente con los servicios de inteligencia en el país.
En diálogo con La Retaguardia, Gustavo Vera explicó que «hay una guerra entre los dos sectores que existen dentro de los servicios de inteligencia argentinos. Por un lado se encuentra el sector histórico, que se sostiene desde la época de la triple A hasta ahora, comandado por Antonio Horacio Stiusso, más conocido como ‘Jaime’, que viene sosteniéndose en base a las carpetas y la extorsión. Es el grupo que armó a fines de la década del ’70 y principios de los ’80 una serie de prostíbulos VIP. Al principio, el objetivo era tratar de agarrar ricos y famosos incautos y encarpetarlos, como fue el caso Spartacus y Oyarbide, el caso del Apart Hotel Anchorena; filmaron a políticos, funcionarios judiciales y policiales en situaciones comprometidas para en el momento oportuno poder extorsionarlos y sacar algún beneficio económico o impedir algún tipo de medidas”, señaló Vera. El otro grupo está integrado por quienes se van incorporando a la SIDE con la llegada de cada gobierno al poder: “en el caso del kirchnerismo llegó la banda de José Larcher y Héctor Icazuriaga, pero en realidad el operador visible, es decir la cabeza, es Fernando Pocino. En los principios del kirchnerismo, Gustavo Beliz intentó dinamitar todo esto. Más allá de los matices ideológicos, Beliz era una persona decente y proponía algo piola, que era disolver esa cueva de delincuentes, armar una especie de FBI local, dirigido por un civil, que fuera votado por mayoría especial en el Congreso. Tuvo un enfrentamiento muy grande con Stiusso que le ganó la partida. Beliz tuvo que irse, comerse una causa y exiliarse en el exterior vaya a saber con qué amenazas. Antes de lo de Beliz, el primer jefe de la SIDE que designa Néstor Kirchner fue el ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo, y es conocida la anécdota de cuando llega Stiusso y le pide la carpeta de la pareja presidencial y se agarran a trompadas directamente en la SIDE. Creo que Acevedo duró solo dos semanas. El gobierno tuvo que ceder frente a las maniobras de la SIDE, vaya a saber con qué lo estarían extorsionando. Ante el fracaso de Beliz y Acevedo, el gobierno empezó a armar directamente una especie de inteligencia paralela centrada fundamentalmente en el aparato de inteligencia militar”, explicó Vera. Actualmente se destinan nueve millones de pesos anuales y mil setecientos personas del ejército están dedicadas al espionaje interno: “ninguno está cumpliendo la función legal por la que supuestamente existen –aseguró Vera–, que en el caso del ejército es para la defensa nacional, y en el de la SIDE tiene que ver con los delitos federales. Por el contrario, son dos cuevas que en realidad se disputan los negocios que tienen que ver con las mafias, el crimen organizado y el espionaje interno. En este escenario de disputa es que se puede entender el asesinato de El Lauchón, que por otra parte aparece vinculado a una causa de narcotráfico, pero es el mismo que intentó asesinar a Lorena Martins a fines de 2010, eso está en el expediente judicial; es el mismo que aparece en el video del prostíbulo que mostramos. Era una persona que estaba todo el tiempo moviéndose en este mundo turbio y que pertenecía de alguna manera al tronco histórico”. Sobre las dos facciones que se encuentran actualmente en los servicios de inteligencia, Vera especificó: “por un lado, tenés la banda de Stiusso que ha llegado a armar una red muy sofisticada de prostíbulos VIP que se conecta con el narcotráfico, que con Martins lo vemos asociado al cartel de los Zetas; y por otro lado, tenés la banda de Milani, que como es de público conocimiento tuvo algo que ver con el Operativo Independencia, con la desaparición de Alberto Ledo y de otros detenidos que están haciendo denuncias en estos mismos días. Milani es un camaleón que se fue adaptando a los distintos gobiernos y que fue enriqueciéndose sin explicar de qué manera, porque su sueldo nunca superó los catorce mil pesos. Entonces, de un lado está Stiusso, una bosta que tiene que ir presa, porque tiene que ver con la trata, con la mafia, la ley banelco, innumerables causas de corrupción, y del otro tenés también a gente vinculada a negocios turbios con la diferencia que en el caso de Milani tenés al Ejército, que empieza a ser el eje alrededor del cual se organiza el espionaje a la oposición, al periodismo y a organizaciones sociales, y esto es muy grave”. El titular de La Alameda criticó la inactividad de la comisión bicameral creada en el Congreso para controlar periódicamente a los servicios de inteligencia, función que no cumple. “El presupuesto aumenta año tras año para todos los servicios de inteligencia en general y no se resuelve ninguna causa, por el contrario, todas las grandes causas en las que estuvo involucrada la SIDE aparecían situaciones de encubrimiento, como la voladura de Río Tercero, Tragedia de Once, Tragedia de Cromañón, AMIA, causa Martins, en todas las causas aparecen borrando huellas, pistas, tratando de salvar crápulas y nunca tratando de investigar nada. Aumenta el presupuesto y tenemos la paradoja de que según Naciones Unidas somos el tercer exportador mundial de cocaína y el primer consumidor promedio de Latinoamérica. O sea que si la SIDE tiene como función investigar delitos federales, todo da a suponer que por las estadísticas que están manejando organismos internacionales reconocidos claramente lo que se está haciendo es participar de negocios mafiosos”, agregó Vera. Ninguna de las personas que se mencionan en esta entrevista fue detenida, todas se encuentran en libertad continuando con sus distintas “actividades”. Particularmente sobre Raúl Martins, Vera contó: “sigue en Cancún con sus prostíbulos, facturando, con algunos que todavía tiene abiertos acá, algunos se lograron clausurar, pero la causa está archivada en el juzgado de Servini de Cubría. Vamos a tratar de reactivarla en los próximos días, pero está archivada porque cuando había posibilidades de que fuera extraditado, Martins amenazó con que iba a empezar a mostrar los videos que tenía y los medios oficialistas acallaron la causa, que fue al juzgado de Servini que la archivó con el argumento de que la hija no podía denunciar al padre. Además, rechazó que las ONGs se constituyan como querellantes para impedir que cualquiera pudiera continuar la causa. Lo que hicieron fue básicamente congelarla y quien tramitó la causa en el juzgado de Servini fue una empleada de confianza de la jueza, que trabaja en su despacho, y que es la hija de Jaime Stiusso. Yo dije esto mismo en un programa de televisión del canal América y estuve censurado seis meses hasta que fue elegido el Papa Francisco y como necesitaban hablar con algún amigo de él, no les quedó otra que volver a llamarme”. También consultamos a Vera acerca de cómo juega en esta trama el caso de Américo Balbuena y la salida de Nilda Garré del Ministerio de Seguridad. Al respecto, manifestó: “esta trama se está poniendo turbia, el gobierno de alguna manera se está apoyando cada vez más en la militarización de las fuerzas de seguridad. Garré no es santa de mi devoción pero tengo que reconocer que al lado de Sergio Berni por lo menos depuraba. Aunque sea formalmente pasaba a disponibilidad a comisiones corruptas, con Berni volvió de alguna manera el apañamiento de la llave en mano de las comisarías con todo un equipo que te llena de comisarios, subcomisarios, jefe de brigadas y una concepción represiva a tono con la ley antiterrorista, y si a esto le sumamos que a Milani se lo convierte en jefe del ejército y sigue manejando la inteligencia y además está aliado al sector de la SIDE que responde al gobierno, estamos frente un escenario que es realmente muy preocupante”. Finalmente Vera se refirió a su candidatura como primer legislador en las próximas elecciones de octubre en la lista de la Coalición Sur . El titular de La Alameda afirmó que las modificaciones se verán dentro de la propia legislatura porteña: “que no quepa la menor duda de que nosotros vamos a denunciar los sobres que vuelen por el aire. Será con el mismo énfasis con el que denunciamos las mafias hacia afuera. Si me preguntan si vamos contentos a la Legislatura, yo respondo que no, pero es una tarea que hay que hacer en este momento histórico, porque concretamente hoy vas por ejemplo a la Comisión de Presupuesto y vuelan los sobres por todos lados”. En este sentido, Vera aseguró que mantendrá en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires su coherencia de denunciar todos los delitos con los que se enfrenta en los distintos ámbitos que se mueve y actúa la Fundación La Alameda.
La Secretaría de Inteligencia (SI), más conocida como ex SIDE, tiene a varios de su más altos agentes en funcionamiento dedicados al crimen organizado, puntualmente a la trata y explotación de mujeres en prostíbulos.Por esto hoy al mediodía, Fernando “Pino” Solanas junto a otros miembros de Coalición Sur denunciará al titular de la SI, Héctor Icazuriaga, y al subsecretario de la SI, Francisco “Paco” Larcher, por violación de los deberes de funcionario público. Y por la tarde, a las 16.30, con el apoyo de la Alameda se realizará un escrache a la sede central de la ex SIDE (25 de Mayo y Rivadavia) para dejar en evidencia a los servicios de inteligencia mafiosos. En este inédito video en el interior del prostíbulo Top Secret, en Artigas 1438, se ve al ex agente de la SIDE, Raúl Martins, rematando mujeres inmigrantes junto alrepresentante de artistas y periodista, Cacho Rubio. Este hombre del espectáculo a su vez fue quien intercedió ante el Gobierno de la Ciudad el año pasado con el objetivo de levantar la clausura del narco-prostíbulo, Madaho’s, habilitado como boliche, frente al cementerio de Recoleta.
La causa contra Raúl Martins radicada en el juzgado Federanal n° 1, a cargo de Romilda Servini de Cubria, fue archivada. La razón de cajonear la causa se debe a que los servicios de inteligencia cuenta con la presencia de una persona clave en el juzgado de Servini. La hija de Antonio Horacio Stiusso, más conocido por su apodo “Jaime”, es la razón del archivo de la causa donde se llegó aportar la explotación sexual de una menor de edad, de nacionalidad colombiana, en el prostíbulo Brut ubicado Vicente López a metros de av Pueyrredón en el barrio de Recoleta. La jueza Servini de Cubria nunca aceptó la querella de Lorena Martins y tampoco de la Fundación Alameda.
El Lauchón
En el video también aparece El Lauchón, en realidad Pedro Tomás Viale asesinado la semana pasada en un turbio allanamiento por una causa de drogas, integraba la ex SIDE y era parte de la banda de Stiusso y, Martins. De hecho El Lauchón fue acusado en su momento por Lorena Martins de haberla amenazado cuando ella denunció a su propio padre.
El actual abogado de la familia del Lauchón es Santiago Blanco Bermúez. Éste letrado defiende al poderoso espía Stiusso, y fue apoderado de Casinos bs.As. S.A., como defensor de genocidas en causas de lesa humanidad.
“Jaime” Stiusso en el 2004 era acusado por el entonces ministro de justicia, Gustavo Beliz, de ser el real poder en los servicio de inteligencia y quien había llevado adelante las grabaciones subrepticias en los prostíbulos, como el antro Spartacus, al que asistía el juez Oyarbide.
Stiusso (de profesión ingeniero y casado) con fondos de la SI mantiene una red prostibularia y de empresas proveedoras del Estado con el director de Contrainteligencia SI, Horacio Germán García(ingeniero de UTN y casado). La sede formal de estos servicios queda en el barrio de Boedo, ubicada en Estados Unidos 3057.
Stiusso, quien figura al año 2008 en la AFIP como peluquero, y Horacio G. García mantienen prostíbulos con la administradora Paola Karina Fagil, conocida como “Yahid” y titular de varias cuentas bancarias.
Las sedes prostibularias donde suelen reunirse Stiusso y García es avenida Callao 1350, piso 14, “A”, quien regentea este privado es una tal “Macarena Bechara”, y en otro departamento en av Callao 1441, “E”. Las empresas de estos espías sostenidas con fondos reservados: “Construcciones y Tecnologías SA” (comercial, financiera e inmobiliaria), “American Tape SRL”, “Establecimiento del Peregrino SA” (explotación de establecimientos agropecuarios y forestales) y “Juramento y Tres SRL”.
La regenteadora prostibularia
American Tape SRL, la integran Stiusso, García y Juan Carlos Loanu. Este último registrado como trabajador autonomo con ganancias de 15 mil pesos tiene su domicilio en Callao 1350, piso 14, “A”, la sede prostibularia. Loanu representante de Glikana S.A. fue investigado en el 2008 por contrabando y a su vez es señalado como testaferro de Stiusso.
DENUNCIA PENAL DE PINO SOLANAS
Señor Juez Federal:
FERNANDO EZEQUIEL SOLANAS, Diputado de la Nación, con domicilio real en la calle Riobamba 25, piso 12, 1217 y constituyéndolo a los efectos legales en la calle Rivadavia 1829, piso 6°, ante V.S. me presento y como mejor proceda en derecho digo: Que vengo a promover formal denuncia penal contra el Secretario de Inteligencia, Dr. HECTOR ICAZURIAGA, el Subsecretario de Inteligencia, Sr. JOSÉ F. LARCHER, ambos con domicilio en la Secretaría de Inteligencia, calle 25 de mayo 11/33 de esta ciudad de Buenos Aires, por la posible comisión de los delitos previstos y penados por los arts. 248 y 249 del Código Penal de la Nación, de conformidad con las circunstancias de hecho que a continuación se exponen. Hechos: Tal como surge de lo que consignan los diversos medios de prensa, el día martes 9 de julio el Grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entró en el inmueble de la calle Rocha Blaquier 1502, de la localidad de Moreno, matando de cuatro tiros a una persona a la que se individualizó como Pedro Tomás Viale, apodado “El Lauchón”, quien supuestamente se habría resistido al allanamiento efectuado. Todo lo relacionado con este hecho criminal, no ha sido aclarado, como tampoco se informó oficialmente sobre las actividades que realizaba la víctima, en su carácter de miembro de la Secretaría de Inteligencia. Debido a que quizás las fuerzas policiales se habrían extralimitado en el procedimiento, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer un comunicado donde se expresaba: “En relación al enfrentamiento armado de fecha 9 de julio de 2013 en el cual resultara muerto Pedro Tomás Viale y herido el oficial principal Ricardo Núñez de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Justicia y Seguridad relevó al jefe de Narcotráfico, Superintendente Comisario General Marcelo Peña. “Ello, atento a la responsabilidad funcional en la ejecución de las órdenes de allanamiento y detención dictadas por el Juez Federal de Tres de Febrero, Dr. Juan Manuel Culotta.”Los procedimientos no contaron con la supervisión directa ni directivas del funcionario policial relevado tendientes a evitar el riesgo de vida del imputado y del personal policial interviniente”
Pedro Viale (el Lauchón) entro a trabajar a la entonces llamada Secretaría de Inteligencia del estado (SIDE) en el año 1977, con la categoría más baja de personal secreto ( B2, IN10), siendo destinado al edificio del Correo Central, con el nombre de fantasía del Agente Vélez. Según algunas informaciones con posterioridad conoció a Raul Martins, célebre dueño de prostíbulos en la Argentina y en el exterior. Este sujeto fue denunciado por su propia hija y debido a ello la organización La Alameda investigó uno de sus prostíbulos, donde se encontró una menor de edad, y se hizo la respectiva presentación ante la UFASE, que es la Fiscalía Antitrata, habiéndose inspeccionado los prostíbulos que fueron clausurados. Según las pocas informaciones que se conocen, conoció después a Horacio Stiuso, que estaba al frente del área de Contrainteligencia, y a partir de allí su carrera fue ascendente, centrando su actividad en unos de los edificios secretos de la SI en la calle Estados Unidos, donde pareciera que estuvo casi 23 años. En su actividad, el referido Viale se habría conectado con narcotraficantes, supuestos terroristas, prostitutas. Contrabandistas y una serie de personajes que siempre se encuentran al margen de la ley.
Cabe mencionar que Horacio Stiuso u Horacio Jaime Stiuso, es Director de Operación de la Secretaría de Inteligencia y en tal carácter ha tenido una inescindible vinculación con una serie de hechos delictivos en los que se vieron involucrados funcionarios de los tres poderes del Estado. De esa vinculación también fueron partícipes, las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia, como se encuentra acreditado en las diversas causas judiciales que tramitan en la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal.
De la cantidad de actividades ilícitas realizadas por la Secretaría de Inteligencia, cabe mencionar lo actuado durante el atentado a la AMIA, donde se suministraron fondos para obtener la confesión de Carlos Telleldín, imputado en la causa. También de allí salieron supuestamente los fondos para entregar a diversos senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo José Constanzo, y Ricardo Alberto Branda y Emilio Marcelo Cantarero, en una causa donde existen varios procesamientos. Esas causas tomaron estado público, debido a la relevancia del hecho criminal en el caso AMIA, y el carácter de senadores de personas que habrían recibido diversas sumas de dinero para aprobar un proyecto de ley presentado por el gobierno de Fernando de la Rua, pero eso en modo alguno significa, que no hayan intervenido en otras actividades, que cuando fueron denunciadas, se archivaron de inmediato, o no se le dio ningún trámite debido a ese manto de silencio y secretismo que cubre todas las actividades que realiza la Secretaría de Inteligencia. Claro ejemplo de ello, son las relaciones con aquellos que regentean prostíbulos y que supuestamente la Secretaría de Inteligencia recluta, para recabar información sobre diversos personajes. Es tal el secretismo, y el poder de ese organismo, que el primer Ministro de Justicia y derecho Humanos del Presidente Kirchner, Gustavo Beliz, se vió obligado a renunciar por haber violado secretos “políticos y militares” mostrando en televisión la fotografía de Horacio Antonio Stiuso, alias Jaime. Cuando lo expulsaran del gobierno en julio de 2004, Beliz denunció a Stiuso, personaje público y conocido de la prensa, imputándole liderar una suerte de “Estado paralelo que genera un nivel de impunidad que no se quiere tocar”, osadía que lo llevó a tener que afrontar un largo proceso judicial. Beliz además tenía un proyecto que se apoyaba en el armado de un “FBI argentino”, con rango de Subsecretaria, dotada de una Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dirigida por una personalidad civil elegida por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El diseño respondía a la voluntad de sanear los aparatos de justicia y seguridad, otorgándoles a los civiles nombrados democráticamente la supervisión de la represión interna, junto a la potestad de revisar los estatutos de la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia. Esta última perdía así su razón de ser. Se programaba incluso quitarle sus posibilidades de intervención a lo ancho del país en los llamados “delitos complejos”, por ejemplo los secuestros, el narcotráfico, la falsificación de documentos y ciertas infracciones económicas. El enfrentamiento con el todopoderoso Director de la Secretaría de Inteligencia, fue aumentando a raíz del seguimiento por parte de Beliz de hechos en los que había denuncias vinculadas con Stiuso: entre otras, las célebres grabaciones en el prostíbulo gay Spartacus, que tuvieron a maltraer al todavía juez federal Norberto Oyarbide, y censuras por parte de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA por la actuación en esa investigación de elementos vinculados con la Inteligencia del Estado.
Si bien por su naturaleza, las actividades de inteligencia deben ejercerse con la reserva debida, y en muchos casos secretamente a los efectos de detectar acciones delictivas, ello no significa en modo alguno permitir la permanente intromisión en actos que le son ajenos, la falta de control sobre los fondos que recibe, la contratación de personal no idóneo, que no se ajusta a la normativa legal y el involucramiento en actividades al margen de la ley. En caso de Viale, es un ejemplo de los manejos y de la forma de trabajar de la Secretaría de Inteligencia, que escapa a toda normativa legal y a todo control, por lo cual es un poder, dentro del poder, al que nadie se anima a cuestionar, y desnuda como se transgrede impunemente el orden jurídico del Estado.
La Ley 25.550 de Inteligencia Nacional, establece con claridad los lineamientos de los organismos de inteligencia y en forma específica de la Secretaria de Inteligencia, con una serie prohibiciones como los establecen los artículos que se trascriben a continuación: ARTICULO 4° — Ningún organismo de inteligencia podrá: 1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley. 2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. 3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo. 4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial. ARTICULO 5° — Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario de prohibiciones. Como lo denunciara el ex Ministro Beliz, esas normas han sido sistemáticamente violadas por la Secretaría de Inteligencia, y cabría efectuar una investigación exhaustiva, sobre las personas que son materia de la presente imputación, y de todas aquellas que participaron en acciones expresamente prohibidas por la legislación.
La referida norma legal, también establece en su artículo 23 que: “Los funcionarios o miembros de un organismo de inteligencia serán ciudadanos nativos, naturalizados o por opción y mayores de edad que cumplan con las condiciones fijadas en la presente ley y en su reglamentación, y que por su conducta y vida pública proporcionen adecuadas garantías de respeto a la Constitución Nacional y a las normas legales y reglamentarias vigentes. No podrán desempeñarse como funcionarios o miembros de ningún organismo de inteligencia las siguientes personas: 1. Quienes registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la Humanidad o por violación a los derechos humanos, en los archivos de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de cualquier otro organismo o dependencia que pudieren sustituirlos en el futuro. 2. Quienes se encontraren incluidos en las inhabilitaciones que se establezcan en los estatutos en los que se encuentre encuadrado el personal de los respectivos organismos de inteligencia.”. Al respecto, las normas en la cuales debería encuadrarse el personal de inteligencia, están contenidas en la Ley 18.503 que tuviera carácter secreto, hasta que la ley 26.134, dejó sin efecto ese carácter y de todas las leyes secretas, estableciendo la prohibición de dictar ese tipo de normas en lo sucesivo, y allí se establecen determinadas prohibiciones que se deberían observar y que pareciera que el Sr. Viale transgredió, sin haber sido observado por sus superiores, al tener conocimiento de que se estaba violando la Ley. Ello surge de la causa por drogas que lleva adelante el Juzgado federal de Tres de Febrero a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, que hacía más de un año estaba realizando investigaciones, habiendo individualizado a Viale, por lo cual se procedió a intervenir sus teléfonos, con intervención de la propia Secretaría de Inteligencia, que de tal manera conocía perfectamente sus actividades. Hay informaciones, que indican que también tenía una causa abierta por estafa, y estaba con pedido de captura, pero en toda la confusa información que da marco a todos estos hechos, no puede establecerse por ahora con certeza, la realidad o no de un prontuario complicado.
Lo que resulta inconcebible, es que un funcionario de nivel de la Secretaría de Inteligencia esté vinculado a una serie de actos claramente delictivos, resultando además claramente sospechosa la forma en que fue abatido; como si el Grupo Halcón, altamente especializado en este tipo de operaciones, hubiera recibido una suerte de “autorización” para matarlo, a los efectos de impedir que hablara. A ello se suma que los máximos dirigentes del organismo hayan tolerado la presencia de un presunto delincuente entre el personal jerárquico, lo que hace suponer que existen cantidad de situaciones parecidas y personal reclutado que no reviste las mínimas condiciones operativas y legales para trabajar en la institución.
Como lo mencionara anteriormente, el más absoluto secreto rige, no solo sobre las actividades que desarrolla la Secretaría de Inteligencia, sino que también resulta imposible conocer sus presupuestos, su nómina de personal, y el resultado concreto de las investigaciones realizadas, como si ninguna disposición legal la alcanzara. Es importante mencionar que en el año 2006 el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó conocer el nombre de sus agentes sobre la dictadura militar y no obtuvo ninguna respuesta; que el funcionario Horacio Stiuso prestó servicios en 1978 para el Gral. Carlos Alberto Martínez, quien concentraba junto al Batallón de Inteligencia 601 toda la información sobre la represión ilegal, y que tenía vinculaciones con el coronel Rubén Visuara, de quien dependía el centro clandestino Automotores Orletti.
Resulta inaceptable que en un régimen supuestamente democrático y republicano, exista un organismo fuera de todo control estatal, que no rinde cuenta de sus actos, que se maneja con presupuestos secretos, que viola la propia normativa de inteligencia, que afecta los derechos constitucionales de los ciudadanos, que dispone de dinero para la realización de operaciones delictivas, como ha quedado demostrado en la causa Amia, y en el pago de coimas a senadores nacionales en el año 2001. También, que haya personal asignado a ese organismo que tenga vinculación efectiva con regenteadores, dueños de prostíbulos y con aquellos que se dedican sistemáticamente a la trata de personas, y extrañamente no son investigados, y las denuncias siempre se pierden en un mar de trámites burocráticos, cuando no prescriben, permitiendo que los delincuentes se vayan del país, para retornar cuando los procesos legales hayan terminado.
La actividad de Pedro Viale y de todos los que se encuentran en situación parecida ejerciendo actividades al margen de la Ley, debe ser materia de una rigurosa investigación judicial, ya que no resulta un hecho menor que esa clase de individuos formen parte de un organismo que depende de la Presidencia de la Nación, máxime cuando uno de ellos, ha sido materia de dos investigaciones criminales, que terminaran con su muerte. También resulta necesario, que V.S. investigue sobre todas aquellas actividades que han violado y lo siguen haciendo la normativa que rige las actividades del organismo, ya que no estamos ante un simple incumplimiento de disposiciones legales, sino ante una verdadera consagración del delito como sistema operativo, y de la violación clara de normas constitucionales que protegen a los ciudadanos en su intimidad. En el caso del denominado “Lauchón”, resulta evidente que su actividad nada tenía que ver con operaciones encubiertas, porque de otra manera resulta inexplicable que el Juez Federal de Tres de Febrero ordenara su detención, a lo que se suma la supuesta relación que tenía con el Director de Operaciones, el ya citado Antonio Stiuso o Antonio Jaime Stiuso, ya que las pocas informaciones que se tienen de su persona, no muestran la claridad suficiente para saber con exactitud su nombre, aunque si su apellido. En el caso de este funcionario de inteligencia, es importante destacar, que ha participado en las operaciones más importantes del organismo, y en los mencionados casos de la AMIA, y el pago de dinero a los senadores. Que sin perjuicio de otras responsabilidades penales que pueden surgir, en el curso de la investigación es evidente, que el Dr. Icazuriaga y el Sr. Larcher tienen responsabilidad directa en todo lo actuado por sus subordinados, tanto Viale como Stiuso, además de estar hace diez años al Frente de la Secretaría de Inteligencia y siendo participes de todas las operaciones de la misma, y en razón de ello deben ser investigados, como así todo lo actuado por el organismo durante el tiempo que lo dirigieron, a los efectos de poder acreditar la realidad de las operaciones de Viale, y de todas aquellas en la que interviniera Horacio Stiuso, el intocable hombre, al que nadie se ha animado a investigar. La justicia Federal realizará un inestimable aporte a la República, al poner en claro la realidad de una institución presidencial que resulta una verdadera afrenta a los valores democráticos, condenando a los que violaran la legalidad y participaran o fueran cómplices de delitos.
Por lo anteriormente expuesto a V.S. solicito:
1.- Se tenga por efectuada la presente denuncia contra las personas indicadas en el párrafo segundo de este escrito, eventuales coparticipes y responsables. 2.- Se cite al suscripto a ratificar la misma, a los efectos que correspondan. 3.- Oportunamente se proceda a la apertura de la investigación, procediéndose a la condena de los responsables de los delitos denunciados. Proveer de Conformidad SERA JUSTICIA
ESCLAVITUD CERO repudia las nuevas amenazas sufridas por Sonia Sanchez. se solidariza con ella y con su trabajo y exige al Estado Nacional que se investiguen adecuadamente estas amenazas, se detenga y juzgue a los culpables, y se brinde protección adecuada a la activista de derechos humanos. Responsabilizamos al Estado Nacional por la seguridad física y psíquica de Sonia.
Año a año, los activistas anti trata y anti mafia, debemos sufrir toda clase de ataques, difamaciones, acusaciones infundadas, hackeos, seguimientos, escuchas telefónicas e interceptación de correspondencia electrónica.
Es hora de que esta ola de ataques termine. Es hora de que el Estado deje de hacer inteligencia sobre las ONGs y se ocupe de hacer inteligencia sobre las redes de crimen organizado que operan impunemente en el país. Son las mafias las que deben ser investigadas, perseguidas, hackeadas y escuchadas, no los líderes sociales que las combaten.
Enviamos un abrazo solidario a Sonia Sanchez y esperamos que las ONG se sumen a este repudio y nos acompañen en la solicitud al Estado para terminar con una situación en la cual, aquellos que intentan combatir la trata y el crimen organizado en Argentina resultan criminalizados y agredidos, las mafias siguen actuando tranquilamente.
SUMATE AL REPUDIO DEJANDO TU NOMBRE Y DNI EN COMENTARIOS
Sonia Sánchez conoció el negocio de la prostitución en su extremo más oscuro: como mujer explotada. Tras publicar Ninguna mujer nace para puta, milita contra el tráfico de personas y el proxenetismo. Volvieron a amenazarla por eso.
A las once de la noche del domingo 19 de mayo, Sonia Sánchez salía de dar una conferencia contra la prostitución, la trata, los prostituyentes, los proxenetas, la complicidad del Estado y la violencia contra la mujer. A eso se dedica: esta mujer de 48 años, traficada a los 17, que publicó –con María Galindo– el libro Ninguna mujer nace para puta, es una activista contra un negocio basado en la explotación denigrante de las personas, mujeres en su enorme mayoría. En la esquina desolada de Rojas y Rivadavia, hizo señas al primer taxi que vio. Al subir, Sánchez ingresó en una pesadilla de casi dos horas.
–¿Sabés quién soy yo? –le dijo el hombre, cuyo aspecto físico no se correspondía, observó la mujer, con un trabajo sedentario como manejar horas y horas. –No, no lo conozco. –Así que no me conocés… –No, disculpe. –Dale, chaqueña…
“Empezó a darme datos de mi vida, a mezclar mi pasado y mi presente”, detalló aMiradas al Sur. “Cosas que no están en Internet ni en mi libro. Describió una foto de cuando era chica, la única que tenía porque era pobre; también fotos de cuando la Comisaría 50 me llevaba presa con otras putas; sabía el nombre de mi hijo y otra información que sólo conocen los íntimos, como los horarios de entrada y salida de mi casa. Describió la ropa que llevaba cuatro días antes mientras esperaba el 86.”
Cuando mencionó la esquina donde paraba Sánchez treinta años antes, ella pensó que tal vez era un proxeneta o un prostituyente, y le dijo: –No trabajo más. –Ya lo sabemos –le respondió el hombre.
El plural le hizo correr frío por la espalda. Quedaba claro que el conductor no pertenecía al gremio del taxi. “Me bloquée emocionalmente. El tipo empezó a zigzaguear, a tomar una calle, doblar a la cuadra, y otra vez a la siguiente… Estaba paralizada. Pero al fin en un momento me desbloqueé y traté de abrir la puerta; él frenó de golpe, me fui para adelante. Él se dio vuelta y me agarró las dos piernas con una mano enorme”. Sánchez temió que la golpeara. Pero el hombre sólo habló: –Mirame bien: donde te veo, te paro. Sánchez se bajó y corrió en dirección contraria al tránsito.
Dado que se trató de la enésima intimidación que recibió –dos de las anteriores incluyeron exhibición de armas de fuego–, Sánchez se decidió a denunciar el hecho ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), donde la recibió el titular de la fiscalía, Marcelo Colombo, quien otorgó importancia al hecho y lo relacionó con los episodios anteriores.
La actividad de denuncia y educación que realiza Sánchez es parte del Capítulo Argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pidhdd), que “articula organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil, promueve la vigencia de los derechos humanos y trabaja por la construcción de sociedades en las que la economía, la cultura y la política estén al servicio de la dignidad humana, la equidad, el respeto a la diversidad y el medio ambiente”, según definió la asamblea de la organización en 2008. “Me dedico a capacitar a la policía y la gendarmería en derechos humanos en el Sur, porque la ruta del tráfico de personas es hacia Neuquén para abajo. Río Gallegos es la meca de la explotación sexual: hay dos cuadras enteras de prostíbulos. Donde hay minería, donde hay petróleo, hay explotación sexual. Las mal llamadas casitas de tolerancia, en realidad son prostíbulos admitidos por el Estado municipal bajo el nombre de whiskerías, pero en la parte de atrás están las habitaciones donde viven y son prostituidas las mujeres.”
Ella las conoció en carne propia. “Migré del Chaco a buscar trabajo”, explicó, “harta de pobreza, de comer cada tres días. Primero fui explotada laboralmente: un día vi en el diario que otras empleadas con cama adentro ganaban más que yo, pedí aumento y me dejaron en la calle. Dormí en Plaza Once durante cinco meses. Tenía 17 años y fui prostituida y luego traficada hacia el prostíbulo VIP de Río Gallegos por un proxeneta al que recién pude ver detenido hace un mes, allí mismo: le decían Tarantini, su nombre real es Álvaro Santos y es el propietario del cabaret Las Vegas en El Calafate, entre otros lugares similares. Es millonario pero tiene todo tercerizado”.
En el sur, precisamente, recibió una reciente amenaza con arma. Tras dar una charla en un auditorio universitario de Comodoro Rivadavia, se sentó en un bar a comer algo. Era la 1.30 de la tarde y a su mesa se acercó un hombre y, tras mostrarle un revólver, le sugirió: “Dejate de joder con la trata y los derechos humanos”. Poco antes había hecho una carta de denuncia de un proyecto legislativo municipal que proponía reglamentar la prostitución con el fin de promover el turismo en esa ciudad; a los tres días le hackearon su cuenta de correo electrónico y perdió todos los materiales que acostumbraba guardar allí más su lista de contactos. Y en 2007, cuando presentó su libro, debió mandar a su hijo a una provincia y ella se fue del país por unos meses. “Los fiolos y fiolas del barrio de Flores me apretaron mal, con armas, por medio de mi compañero: ‘Que se deje de joder con las putas’, le dijeron”.
Dado que rescatar a las mujeres es trabajo del Estado, según lo considera, Sánchez enfocó su práctica en la prevención. “Voy a las escuelas primarias y secundarias a dar talleres para que las adolescentes de hoy no sean las putas del futuro y los varones no se conviertan en los demandantes prostituyentes”, contó. “Les explico qué es la prostitución, qué es la trata, qué es un prostituyente, qué es un fiolo o una fiola, qué es una puta, cómo el Estado las prepara, cómo comenzar a deconstruir la cultura prostituyente y el lenguaje fiolo que maquilla y tapa la violencia; les hablo del ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales.”
Porque ahí, cree, se halla el eje: “Las mujeres rescatadas en el sur vuelven a ser putas en sus provincias del norte, porque ni el gobierno de donde la víctima es oriunda ni el nacional les devuelven el ejercicio pleno de esos derechos. A algunas les dan un plan social, pero eso no es un derecho económico, social o cultural. No pueden salir del sistema prostibulario porque un plan social no es un trabajo”.
La prostitución tampoco: basta con pensar que no hay modo de encontrarle el aspecto dignificante de la persona. “Cuando te parás en una esquina o te meten en un burdel tu identidad queda en el pasado”, definió. Por eso, ella se separó del grupo de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) que se creó en la CTA, ya que partía de la concepción de que una prostituta era una trabajadora sexual. “¿Ah, sí? ¿Y vamos a tener vacaciones, aguinaldo y jubilación?”, se preguntó, mientras pensaba en cuál era su propia definición de eso que ella hacía. Se escindió en un grupo, Ammar-Capital, que llamó al cliente “prostituyente”; al trabajo sexual, “violación”; a los espacios como la esquina o el burdel, “campos de concentración a cielo abierto”.
Hoy les insiste a las adolescentes: “La prostitución no es un trabajo, es la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y humanos. El primero que tendría que reconocerse como proxeneta es el Estado: vulnera mis derechos –en mi caso, dejándome hambreada– para que otros abusen de mi vulnerabilidad. Y les explico lo que la prostitución produce en una mujer: destruye nuestra identidad de sujeto de derecho, nos convierte en un objeto de uso y abuso. También les explico que no se elige con libertad ser puta, como se elige ser periodista o abogada; hay un elección coaccionada, entonces no es elección”.
A Sánchez le resuenan todavía las palabras del presunto taxista: “Adonde te veo, te paro”. No sabe cómo interpretarlas. Pero no le importa. La Ufase investiga su denuncia y ella está segura de la vida que quiere: “Voy a seguir denunciando públicamente el tráfico y la prostitución”.
La explotación sexual a la vuelta de la esquina El volante que entregaba la mujer mostraba el Mapa del Crimen Organizado en el barrio porteño de la Recoleta y un punteo de los logros de la asamblea Recoleta Insegura: “Destitución del comisario (Claudio) Lucione de la Comisaría 17º, por estar relacionado a delitos”; “Clausura administrativa de los narco-prostíbulos Madaho’s, Black, Brut y Plays, donde demostramos que había trata de menores”; “Desplazamiento del titular de los inspectores porteños, Rafael Roldán, posentrega de una lista de 126 prostíbulos de los llamados Privados”.
Este segundo mapa se realizó, como el anterior, con la fundación La Alameda, que ya había hecho lo mismo en Monserrat, donde hallaron prostíbulos alrededor del Departamento Central de la Policía Federal y Constitución. “Trabajamos con los vecinos para que entiendan que la madre de la inseguridad no es la ausencia del Estado sino su presencia mafiosa”, dijo Lucas Schaerer, de esa ONG, a Miradas al Sur. Ahora le tocó a Recoleta porque “es la cabeza del sistema narco-proxeneta instalado en Buenos Aires”. Según La Alameda, en la Ciudad existen alrededor de 1.000 espacios de explotación sexual, habilitados bajo categorías como Boliche Clase C (bailables, aunque carecen de pista) o Juguetería, como la que funciona en un subsuelo vecino a la Comuna 2. Hace un año que trabajan junto con la asamblea vecinal.
Tras la presentación del mapa, Recoleta Insegura, el presbítero Julio Torres (párroco del Patrocinio de San José, la iglesia de Ayacucho y Santa Fe, donde lunes por medio se reúne la asamblea) y miembros de la ONG participaron en un escrache a los prostíbulos identificados.Pegaron una faja de cierre simbólico: “Clausurado. Violación de la Ley de Profilaxis 12.331”.
La Alameda hila tres hechos por los cuales se llegó a esta performance pública. En febrero de 2012 hicieron una cámara oculta en Madaho’s, “donde comprobamos proxenetismo y venta de cocaína, por lo que le iniciamos una acción penal junto a otros siete narcoprostíbulos”. Poco después Lorena Martins, hija de Raúl Martins, dueño de Brut y otros locales similares, acusó a su padre –ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)– de ser tratante y explotador sexual con la complicidad de las autoridades municipales; difundió una foto de un socio de su padre, Gabriel Conde, junto al jefe de Gobierno Mauricio Macri y su esposa. Por último, Karina Ramos, explotada en Madaho’s y Black, denunció su caso ante la Justicia y luego las presiones, extorsiones y amenazas que recibió por hacerlo. “Pero con la cámara oculta, la denuncia de la hija del zar del proxenetismo en la Argentina y el testimonio de una víctima no se logra romper la impunidad de esta mafia”, agregó Schaerer. “Por eso, el escrache”.
Hasta el momento lograron que Lucione apartara de la Comisaría 17, aunque no que lo echaran de la fuerza, acusado de enriquecimiento ilícito; denunciaron más de 40 narco-prostíbulos, que provocaron 60 órdenes de allanamiento de la jueza María Servini de Cubría; pusieron al descubierto que el jefe de inspectores porteño Roldán tenía conocimiento de la existencia de un centenar de estos locales, lo que causó su reemplazo por Juan José Gómez Centurión y presentaron a la Legislatura un proyecto de ley para que se cierren todos los lugares de explotación sexual.
Américo Balbuena hacía tareas de inteligencia haciéndose pasar como periodista. En el ambiente de los uniformados cuentan que “lo botonearon desde adentro” y que fue parte de “un vuelto de un conflicto” policial.
Por Fernando Oz | 11/05/2013 | 01:33
Agente. Balbuena con un grabador de periodista en un acto de la ONG La Alameda, cuando denunció la red de prostíbulos donde se ejercía la trata de personas.
Un nuevo escándalo de espionaje estalló en el Ministerio de Seguridad. Esta vez, la jefa de esa cartera, Nilda Garré, actuó con rapidez y ordenó la “disponibilidad preventiva” de Américo Alejandro Balbuena, un supuesto periodista que trabajaba en la agencia Rodolfo Walsh y hacía tareas de inteligencia a cuenta de la Policía Federal.
También fue eyectado el comisario Alejandro Sánchez, jefe de la División Análisis; uniformado al que reportaba Balbuena. “Los dos fueron apartados de la fuerza y se abrió un sumario. Ya hay una investigación interna en curso”, aseguró a PERFIL un oficial de alto rango.
Garré, a través de un comunicado de prensa, sólo se limitó a decir “que las unidades de las fuerzas policiales y de seguridad encargadas de reunir la información necesaria para disponer procedimientos para la protección de los ciudadanos deben ajustarse en todos los casos a lo que indica la ley”. La investigación está a cargo de la comisario mayor Ester Mabel Franco, jefa de la Superintendencia de Asuntos Internos.
En el viejo edificio de la calle Moreno 1550, sede de la Policía Federal, hay quienes dudan que Balbuena sea un agente de la Policía y sospechan que es un “tercerizado” dependiente del jefe de la Dirección General de Inteligencia Criminal, comisario mayor Rodolfo Oscar Bierwerth. “Uno de los tantos buches que trabaja por izquierda y cobra de la caja negra”, soltó una fuente policial.
¿Cómo fue que descubrieron a Balbuena después de haber trabajado once años en la agencia de noticias Rodolfo Walsh? En el ambiente de los “plumas” –como se llama a los agentes de inteligencia en la jerga policial– creen que a Balbuena “lo botonearon de adentro” y que fue “un vuelto de una interna contra el monje negro (Bierwerth)”. Una fuente del Ministerio de Seguridad confirma la historia, aunque a medias: “A Balbuena lo mandó al frente un ex integrante de la fuerza. Se ve que tenía algún problema personal con él”.
En los próximos meses Balbuena podría convertirse en una figura absurda e improbable. “Nadie” podría hacerse cargo de él y pasaría a ser un huérfano mal pago del laberíntico sistema de inteligencia. Lo admiten en voz baja desde la misma fuerza: “Es un descartable”.
Myriam Bregman, abogada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), dijo que “con el descubrimiento de que Balbuena estuvo infiltrado en la agencia Walsh durante once años se confirma que en esta fuerza también existe una estructura para infiltrar y espiar a las organizaciones populares”.
El caso Balbuena sale a la luz mientras el juez federal Sebastián Casanello realiza una ampliación sobre el peritaje informático de archivos de Gendarmería Nacional, en la causa en la que se investiga si la fuerza cometió espionaje a dirigentes sociales y políticos a través de su programa Proyecto X. “La Federal también tiene su ‘Proyecto X’ y es necesario que el gobierno kirchnerista, del cual depende esta fuerza, dé las explicaciones del caso y se juzgue a Balbuena y a los responsables políticos de este nuevo atropello. No basta un sumario administrativo, queremos a todos los responsables, queremos el listado completo de infiltrados en organizaciones populares”, aseguró Bregman.
Escrito por Esclavitud Cero 
Esclavitud Cero 