3 intendentes acusados x trata en La Pampa

Estimad@s:

Estoy feliz por estas detenciones, sobre todo por la detención de Luis Daniel De Luca, a quien venimos denunciando desde el año 2007 y quien tiene conexiones con prostíbulos en el Sur del País y en Mar del Plata también !!!. Por favor autoridades judiciales, sigan investigando. En su momento, Esclavitud Cero envió informes a la Dirección de Inteligencia Criminal sobre dicho personaje, si no los quemaron, deben seguir allí.

Sin embargo, lo más importante es que se está empezando a responsabilizar a los funcionarios públicos que son partícipes necesarios en este delito !!!. Un paso adelante sin dudas para terminar con las mafias en nuestro país.

Sin embargo, es necesario que los funcionarios públicos que estén involucrados en delitos tan graves como la trata de seres humanos, tengan inhabilitación absoluta y permanente para ejercer cargos públicos. Insistamos como sociedad en esto porque quien esclavizó o ayudó a que otros esclavizaran personas, no tiene la calidad moral que se requiere para ejercer cargos públicos.

Un saludo solidario, Mercedes Assorati

La caída de tres intendentes acusados por trata de mujeres en La Pampa

Un jefe comunal fue condenado a cinco años de prisión, otro fue inhabilitado para ocupar cargos públicos y un tercero fue a juicio oral. Nombres, lugares y víctimas de un delito que sigue golpeando.
Publicada: 24/08/2017 – 00:38 hs.

Agustin Ceruse
Todos, desde el comisario hasta el intendente, sabían lo que pasaba en «La Chicho Show». Mujeres de Argentina, Paraguay y República Dominicana eran explotadas sexualmente. Allí, incluso, Susana Trimarco buscó a Marita Verón. El cabaret funcionó en Macachín, La Pampa, hasta 2011. La fiscal federal subrogante de la provincia, Adriana Zapico, elevó el martes a juicio oral la causa contra el líder comunal, Jorge Luis Cabak, y contra el ex jefe policial, Hugo Mario Iglesias, como partícipes necesarios de la red de trata.

«La Chicho Show» nunca hubiera existido sin la complicidad del intendente. La banda era integrada por el dueño del prostíbulo, Luis Daniel De Luca, su socio, Esmundo Blas, el regenteador, Leandro Ariel Otero, y el reclutador, Oscar Moya. Los proxenetas les cobraban a sus víctimas pasajes de traslado, alojamientos y alimentos. Las mujeres, entonces, tenían que recibir a más «clientes» para pagar las deudas de su propia explotación.

Sin embargo, no es el primer intendente de La Pampa acusado de participar en una red de trata. El jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado en junio a cinco años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por ser partícipe necesario. Durante el juicio, el intendente declaró: «Ese lugar era de contención. Muchas personas que están solas, lejos de sus casas, buscaban pasar un rato de esparcimiento».

Susana Trimarco buscó a Marita Verón en «Good Night».
Carlos Fernández, dueño de ese «lugar de contención», llamado «Good Night», fue sentenciado a cinco años de prisión. El comisario del pueblo, Carlos Alanis, también fue condenado a la misma pena. Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs, partícipes necesarios, recibieron penas de dos años.

Este es el prostíbulo «lugar de contención» según el intendente de Lonquimay, Luis Rogers.

La pista sobre «Marita» Verón

El subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric, fue el fiscal que instruyó la causa. Durante su investigación, una persona denunció que a «Marita» Verón la enterraron en «Good Night». Otra persona denunció que fue en «La Chicho Show». El exfiscal explicó en diálogo con TN.com.ar: «Hicimos excavaciones en ambos lugares, trabajó el equipo de Antropología Forense de la Corte Suprema, pero sólo encontramos huesos de animales».
Trimarco y su nieta siguen buscando a «Marita».
María de los Ángeles Verón fue vista por última vez el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. La banda que la secuestró fue condenada en 2014, pero «Marita» sigue sin aparecer. Los hermanos José y Gonzalo Gómez y los otros imputados recibieron penas de entre 18 y 22 años. Susana Trimarco continúa buscando a su hija en los prostíbulos que aún existen a lo largo y ancho del país.

«El Sapo», primer condenado

David Bravo fue el primer intendente de La Pampa en ser sentenciado por trata de personas. El jefe comunal de Colonia 25 de Mayo fue sentenciado en 2013 a siete meses de prisión en suspenso y a 14 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos por no haber clausurado el prostíbulo. «El Sapo», como lo conocen en el pueblo de 10 mil habitantes, apeló hasta la Corte Suprema de Justicia, pero Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda dejaron firme la condena.

David Bravo fue condenado, pero zafó de la cárcel.

El dueño de «El Rancho», Omar Javier Ulrich, pasó cuatro años preso en la Unidad Penal 4 de Santa Rosa. «El Ruso», como se lo conocía, prometió darles trabajo a una boliviana y seis paraguayas, pero las redujo a condiciones inhumanas. Una cómplice del hombre las había trasladado desde Asunción hasta Colonia 25 de Mayo.

María Elena García estuvo en el ojo de la Justicia pero finalmente evitó una sentencia en su contra.

Hasta ahora, la única intendenta de la provincia que evitó una sentencia en su contra fue María Elena García. La exjefa comunal de General Acha fue sobreseída el 3 de julio de 2014. En cambio, los regenteadores de dos prostíbulos, Héctor Mario Molina y Julia Gil Solano, fueron condenados la semana pasada a cuatro años de prisión por el delito de «trata de personas con fines de explotación sexual». García finalmente renunció por la crisis financiera de la comuna.

En «El Delfín», instalado al costado de la Ruta Provincial 152, parada habitual de camioneros que viajan a la Patagonia, prostituyeron a una chica de San Juan. La obligaron a decir que tenía 23 años para conseguir su libreta sanitaria. Para los proxenetas, mientras más chica, más futuro. Más plata. Tenía sólo 17 años.

 

Indagan por Trata a funcionario municipal en Río Gallegos

Río Gallegos: reiteraron el pedido de indagatoria de un funcionario municipal involucrado en un caso de trata de personas
13.07.2017 en
Fiscalías
,
Trata
Se trata de Juan Carlos Ibañez, acusado de colaborar en la captación y traslado de mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en dos prostíbulos ubicados en esa ciudad. Además, habría puesto en aviso de posibles controles al dueño de ambos locales, quien se encuentra procesado en el marco de la misma causa.

El fiscal federal Gonzalo Miranda reiteró el pedido de indagatoria de Juan Carlos Ibañez y de Melisa Aylén Almada, involucrados en un caso de trata de personas. El hombre es un empleado de la municipalidad que habría colaborado en la captación y traslado de mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en dos prostíbulos denominados “Bar Pool Juan” y “El manantial”. Además, está acusado de advertirle al dueño por posibles controles en los locales.

Para la fiscalía, existen elementos para establecer la “conexión existente entre el dueño de los locales, Martín Viñas e Ibañez, atento a que éste último es quien internamente, además de preavisar sobre los controles públicos llevados a cabo por la Municipalidad de Río Gallegos, facilitaba la gestión de la tramitación de los permisos y/o habilitaciones de los locales».

Asimismo, Ibañez “cumplía un rol fundamental en la organización, ya que además de ser quien se encargaba de facilitar los trámites administrativos precitados era quien proveía de los pasajes para trasladar a las víctimas hasta esta ciudad”, concluye el dictamen del fiscal Miranda.

Los allanamientos fueron solicitados el 22 de enero de 2016 y luego de eso se realizó el primer pedido de indagatoria de Ibañez y de los otros imputados. Sin embargo, el Tribunal no hizo lugar al pedido sobre el funcionario público y por eso ahora el fiscal volvió a pedir su indagatoria.

Por su parte, en junio de este año, el Juzgado Federal de Primera Instancia de esa ciudad procesó sin prisión preventiva a Martín Hernán Viña, el dueño de los prostíbulos denominados “Bar Pool Juan” y “El manantial”. Además, ordenó trabar el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.

Como resultado de los procedimientos realizados el 24 de enero de 2016, fueron rescatadas seis mujeres de “El manantial” y otras tres de “Bar Pool Juan”.
El caso

La investigación se originó a raíz de varias denuncias que luego se unificaron. En primer lugar, un parte informativo elaborado por la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas en donde se informó que en el “Bar Pool Juan” se estarían llevando a cabo conductas contrarias a la ley de trata y que se estarían trayendo mujeres desde las provincias de Santa Fe y Córdoba, con el fin de explotarlas sexualmente.

Por otro lado, luego de una llamada recibida a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate un denunciante anónimo relató que una joven oriunda de la ciudad de Santa Fe iba a trasladarse en un vuelo desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad de Rio Gallegos. Cuando fue interrogada por los motivos, la joven se mostró muy nerviosa y la denunciante sospechó que podría tratarse de una víctima de trata de personas. Luego, en octubre de 2016, se le recibió declaración testimonial a la joven y ahí admitió que se había trasladado con el fin de “trabajar con Martín Viña” en un local nocturno y que el hombre se había hecho cargo de su traslado.

A raíz de las tareas investigativas llevadas adelante, se pudo saber que el acusado ya contaba con la denuncia de otra mujer que había detallado que había sido víctima de explotación sexual en un local denominado “El Manantial”, ubicado también en la ciudad de Río Gallegos, donde había estado cautiva junto a otras seis mujeres. Agregó que el acusado les había pagado el pasaje, las había trasladado a un departamento donde las habría tenido encerradas durante todo el día y por la noche las trasladaba en camioneta hasta el boliche.

Una vez que todas estas denuncias fueron unificadas, el Tribunal dispuso las órdenes de allanamiento en ambos locales nocturnos y en la vivienda de los dos acusados, Ibañez y Viña.

Como resultado de los procedimientos realizados el 24 de enero de 2016, fueron rescatadas seis mujeres de “El manantial” y otras tres de “Bar Pool Juan”.

A partir de las declaraciones de las víctimas, el Tribunal consideró que se encuentra acreditado que Viña contactaba y captaba a sus víctimas, en su mayoría oriundas de las provincias de Santa Fe y Córdoba, las trasladaba y las recibía en una casa que alquilaba a esos fines para, finalmente, explotarlas sexualmente en los dos bares que eran de su propiedad. Para eso, contaba con la colaboración de su esposa, Melisa Aylén Almada y con la cooperación de un funcionario municipal (Ibañez), que lo ayudaba al momento de la captación de mujeres. Asimismo, lo advertía de futuros controles e inspecciones en los locales para que “haga desaparecer a las mujeres y las vuelva a llevar al local una vez finalizado el mismo”.

LOS MEDIOS NO CUMPLEN LA PROHIBICIÓN DE AVISOS DE OFERTA SEXUAL

“Hay medios que violan la ley de trata”

Posted on 20 agosto, 2014 by HSC on-line

Repercusiones nacionales
Continúan las repercusiones respecto del denominado escándalo por los clasificados “engañosos” donde el diario Tiempo Sur publicaría, aún en contra a las normativas vigentes, avisos disfrazados para el ofrecimiento o explotación sexual.

Tal ha sido el malestar que existe por estos hechos que vuelven a poner en boga el tema de la trata de personas y la actuación de los medios de comunicación frente a estos delitos o hechos tan sensibles para toda la sociedad, es que desde la reconocida organización La Alameda, y la propia Susana Trimarco han repudiado estas acciones tan incomprensibles y fuera de todo entendimiento social.
“Hay varios medios que violan claramente el decreto presidencial e incluso las normativas que establece la nueva Ley de Trata donde se los podría tipificar como apología del delito porque se está fomentando la explotación sexual”, remarcó hoy Gustavo Vera, de La Alameda, en el programa Ciudad Mediática de LU14 Radio Provincia, quien también fundamentó en que “éste es, lamentablemente, un país donde existen las leyes y no se cumplen”.
En este sentido, Vera, recordó que actuaron contra el diario La Capital de Mar del Plata donde “con diferentes reclamos sociales, manifestaciones públicas y presentaciones de denuncias penales logramos el cese de las publicaciones de avisos de oferta sexual o casas de tolerancia” y solicitó que “en Santa Cruz lo que deberían hacer los funcionarios es intimar a las autoridades del diario para que deje de publicar este tipo de avisos donde están camuflados como peluqueros y kinesiólogos”.
Vera dijo que “se sabe que el negocio es millonario y muchos dueños de diarios se empeñan a no cumplir la ley por dinero”. Y lo que es peor “el que maneja o el que está en contacto con los proxenetas tiene contacto directo con el diario y lo que significa eso”.
Finalmente, el representante sentenció que “nosotros con el material que se elaboró haremos una presentación formal ante la procuración general obviamente para que se imparta instrucciones a los fiscales de la provincia y actúe en consecuencia.

Programa “Género y Derecho”. Trata de personas: esclavitud en el siglo XXI

Programa “Género y Derecho”. Trata de personas: esclavitud en el siglo XXI

Mario Ganora, Marcelo Colombo, Fernanda Gil Lozano y Mercedes Assorati

A través del Programa “Género y Derecho”, la Facultad organizó el pasado 22 de octubre una actividad que constituyó un espacio de reflexión y análisis sobre la problemática vinculada a la trata de personas.

La Decana Mónica Pinto fue la primera en hacer uso de la palabra para resaltar: “de la trata se habla muchísimo, de la trata nos ocupamos todos, pero la realidad es que ese todos a veces quiere decir nadie”. Por otro lado, explicó que hace ya un año se aprobó en el Consejo Directivo una resolución impulsada por la agrupación estudiantil Sur, en la que, además de declarar el 23 de septiembre como día internacional de la lucha contra la trata de personas, se confeccionó también un protocolo de asistencia. Este protocolo preventivo tiene por objeto facilitar la denuncia de las redes de trata de personas.

A continuación, Mercedes Assorati, del Programa Esclavitud Cero, expuso sobre trata de personas considerándola como una forma de esclavitud. “El término ‘trata de personas’ es relativamente moderno y no es otra cosa más que la esclavitud”, sentenció. Explicó que con posterioridad al descubrimiento de América se traficaron alrededor de 11 millones de esclavos provenientes de África. “En la actualidad, pleno siglo XXI, existe más esclavitud que en cualquier momento de la historia”, remarcó. De hecho, segúnla Organización Internacional del Trabajo hay aproximadamente unas 13 millones de personas sometidas a esclavitud cada año. Aún peor, la oradora indicó que en la época colonial un esclavo tenía un valor comercial de 40.000 dólares, en tanto que enla Argentina se ha constatado la compra de mujeres por 3.000 pesos. Alertó que “de lo que está hablando esta situación es de una depreciación del valor de la vida humana y también una naturalización de la esclavitud en el mundo”. Agregó que de acuerdo ala Organización Internacional del Trabajo la trata de personas, en este momento, es el segundo delito más importante por recaudación ilegal en el mundo. En el año 2009la Comunidad Europea reconoció que en su continente la trata de personas es el primer delito por recaudación ilegal, superando así al narcotráfico y la venta de armamento al margen de la ley. Adicionalmente, Assorati definió a la esclavitud como la situación en la cual una persona ejerce sobre otra los atributos del derecho de propiedad o, al menos, alguno de ellos.

La siguió Mario Ganora, dela Defensoría del Pueblo dela Ciudad de Buenos Aires, quien disertó sobre la trata laboral en Argentina. Relató que su actividad laboral le permitió tomar conocimiento de la explotación de trabajadores migrantes de origen boliviano en talleres clandestinos de costura. La aparición de casos concretos tiene su explosión a partir del año 2004 y 2005 cuando se apersonan ala Defensoría del Pueblo representantes de la organizaciónLa Alameda que denuncian una enorme cantidad de talleres textiles clandestinos en la zona oeste de la ciudad en donde se encontraban personas reducidas a la servidumbre. Así, se verifica la existencia de una sistemática violación de los Derechos Humanos por omisión del Estado. “En ese momento no estaba dictada la ley de trata (por la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas), la denuncia abarcaba la violación de la ley de migraciones (ley 25.871) artículos 116 y 117, y la violación del artículo 140 del Código Penal”, detalló. En los informes que elaborala Defensoría del Pueblo y que luego son presentados en la legislatura porteña, se advierte que la captación del trabajador se da en países limítrofes: Bolivia para los trabajadores de la industria de la indumentaria y Paraguay para la industria de la construcción. A estas personas se les prometen amplios beneficios pero, en última instancia, se los termina obligando a endeudarse. Estas deudas fuerzan a estas personas a sujetarse a sus trabajos en condiciones infrahumanas contrarias a toda la legislación laboral vigente. “La jornada es de14 a 16 horas, las interrupciones durante la jornada de trabajo son muy limitadas, media hora para almorzar, 15 minutos para el desayuno”, amplió.

Seguidamente, Fernanda Gil Lozano, Diputada Nacional por la Coalición Cívica, explicó que muchas veces el sistema capitalista en el cual estamos inmersos pudo compatibilizar producción industrial como pueden ser los talleres en Manchester y producción esclavista en los Estados Unidos o Brasil. Recordó la obra La Creación del patriarcado, de Gerda Lerner, en la que se especifica que la esclavitud en la historia estuvo mayoritariamente compuesta por mujeres, niñas y niños. “En los momentos de crisis sociales, en los momentos donde no hay dinero o no se reparte el que hay, rápidamente nuestras cárceles van a ir llenándose de varones que delinquen y nuestras calles de mujeres en situación de prostitución, es decir, que hasta la pobreza tiene un trámite diferente de acuerdo a que seas varón o seas mujer”, enfatizó.

Ya sobre el final de la actividad, Marcelo Colombo, dela Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), analizó la situación de la trata en Argentina. Así, indicó que la trata de personas queda comprendida en aquellos delitos trasnacionales de delincuencia organizada -Convención de Palermo-. Uno de los principales caracteres de los mismos es la cooptación que existe de determinados espacios del Estado para que el crimen pueda desarrollarse. Se refirió también al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementala Convención de las Naciones Unidas contrala Delincuencia Organizada Transnacional. Dicho texto entiende por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Además, se añade que esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Puede consultar el protocolo preventivo contra la trata de personas en www.derecho.uba.ar/protocolo-preventivo-trata

“

TUCUMAN APROBO LA LEY DE PROSTIBULOS CERO

Provincia argentina aprueba una ley de «prostíbulos cero»

La Legislatura de Tucumán aprobó hoy una ley que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos en esa provincia del noroeste argentino, escenario de un emblemático caso de trata de personas, informaron fuentes oficiales.

Buenos Aires, EFE 15 de agosto de 2012

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Foto: La denominada ley de «prostíbulos cero» fue impulsada por el Ejecutivo provincial como una medida para combatir la trata de personas y sigue a una norma similar aprobada recientemente en la central provincia de Córdoba. EFE/Archivo

La denominada ley de «prostíbulos cero» fue impulsada por el Ejecutivo provincial como una medida para combatir la trata de personas y sigue a una norma similar aprobada recientemente en la central provincia de Córdoba.

El proyecto del Ejecutivo tomó como base una iniciativa anterior elaborada por el diputado provincial Jesús Salim con la colaboración de Susana Trimarco, madre de una joven secuestrada en Tucumán, cuyo caso se convirtió en un emblema de la trata de personas en Argentina.

La nueva ley prevé la creación de un «comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual».

En este sentido, Trimarco, madre de María de los Ángeles «Marita» Verón, ofreció su experiencia para asesorar en la atención a las víctimas rescatadas de los prostíbulos.

María de los Ángeles «Marita» Verón fue secuestrada en Tucumán el 3 de abril de 2002, cuando tenía 22 años.

En la búsqueda de su hija, a pesar de las pistas falsas, Trimarco descubrió evidencias de redes de trata que operan en prostíbulos de las provincias argentinas de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz y logró el rescate de más de un centenar de víctimas.

Por la desaparición de la joven está en curso en Tucumán un juicio oral contra trece personas acusadas haber participado en el hecho.

Trimarco creó en octubre de 2007 una fundación que acoge a víctimas de la trata de personas y lucha por la recuperación de cerca de 600 personas que fueron secuestradas por traficantes y son buscadas por sus familiares.

La madre de «Marita» es un referente en Argentina de la lucha contra la trata de personas y su cruzada inspiró hace cuatro años una exitosa telenovela, «Vidas robadas», que concienció sobre un fenómeno del que hasta entonces hablaba poco la opinión pública argentina.

Fue aprobado el dictamen en comisión de la modificación de la Ley 26.364

La labor en comisiones se demoró más de los que se podía suponer en un principio, debiéndose postergar su votación en varias oportunidades. En el día de ayer, este también parecía ser el escenario, pero con el correr de los minutos el plenario de Comisiones logró el quórum y avanzar en la discusión del predictamen.  El proyecto de reforma que será debatido en el recinto a la brevedad.

Las modificaciones que se pretenden introducir en la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que lleva dos años aprobada y aún no cuenta con su reglamentación necesaria para su correcta utilización, registra según opinión de legisladores y de numerosa organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nosotros, carencias, faltas y baches legales que permiten que la comisión de este delito, considerado de lesa humanidad en la el derecho internacional y no fue incorporado en la proyecto de reforma, continúe y extienda sus actividades por el territorio argentino.

El dictamen puede ser desglosado en dos. En primer lugar las modificaciones a la Ley vigente y en segundo de las incorporaciones a la normativa.

Modificaciones

• Se elimina la figura del consentimiento. De esta manera se rompe la discriminatoria barrera de la edad. Igualando a las víctimas en condición de tales.
• Aumenta la pena de prisión máxima para el traficante de personas, o sea artículo 145 bis del código penal, de seis años a 10 años. En tanto que su agravante 145 ter por menor de 18 años subió la mínima que era cuatro a 5 años y el máximo de 10 pasaría a 15 años de prisión. Al ser menor de 13 años sube el mínimo a 10 años, aumentando la pena en cuatro años, y deja el tope en 15 años.

Incorporaciones

• El artículo 145 (quater) que es la represión de 3 a 8 años por sustraer, retener o destruir una acreditación de identidad.
• Se agregó entre los muchos agravantes de las penas el hecho de que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad social o si padece trastornos mentales o alguna discapacidad, así como el hecho de que la víctima esté embarazada.
• Se creará el “Programa Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas para la Protección y Asistencia de las Víctimas”, el mismo será de carácter interinstitucional y será monitoreado por legisladores de ambas cámaras.
• Se creará un Consejo Federal, con el ministerio de Justicia y Derechos Humanos al frente y será completado por tres ministerios más, dos consejos (niñez y mujer), la Procuración General de Justicia y un miembro de cada cámara elegido por la oposición.
• Se creará el Cuerpo Asesor que contará con conformación nacional, un representante por provincia y la participación de la sociedad civil, en un reducido número.

Esclavitud Cero